Un imputado relata a la juez que Zarrías 'presionó' a Guerrero para agilizar pagos
- Los sindicatos sabían que las ayudas de la Junta no se publicaban en el BOJA
- Según Carlos Leal, Garrigues era el 'bufete de referencia' de la Junta
- Tres consejeros participaron en las reuniones con Lanzas y Ruiz Mateos
- La juez Alaya al acusado: "Me está usted mintiendo descaradamente"
El abogado Carlos Leal, al que la juez Alaya imputa hasta siete delitos en relación con la trama de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía, ha reconocido hoy ante la magistrada que el que fuera consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, llegó a 'presionar' al director general de Trabajo, Javier Guerrero, para que agilizara el pago de las pólizas de los expedientes (ERE) que se están investigando.
Concretamente, Carlos Leal ha relatado una conversación que tuvo con un ex alto cargo de UGT de Jaén Luis García de los Reyes en la que éste le anunció que hablaría con Zarrías para desbloquear los pagos a los antiguos trabajadores de la empresa Hijos de Andrés Molina. Según el imputado, días después acudió a la Dirección General de Trabajo y, "descompuesto", Guerrero dijo que ya le había llamado Gaspar y se quejó de las presiones: "A mí todo el mundo me pide..."
Carlos Leal le ha contado hoy a la juez Alaya que hasta tres consejeros participaron en la reunión celebrada en la Casa Rosa (sede provisional en aquel momento de la Presidencia de la Junta) con presencia del conseguidor Juan Lanzas en la que los Ruiz-Mateos reclamaron el apoyo económico de la Junta para construir dos plantas en Jaén que absorbería a los antiguos trabajadores de la cárnica jiennense Primayor SA.
Gaspar Zarrías, titular de Presidencia, ya confirmó este jueves que el encuentro se celebró en su despacho oficial. El imputado en el caso de los ERE fraudulentos Carlos Leal ha reconocido este viernes ante la juez Alaya que también asistieron Martín Soler, entonces consejero de Agricultura, y Francisco Vallejo, responsable de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Zarrías ha reconocido que aquella reunión con Nueva Rumasa fue propiciada por el comité de empresa de Primayor y que Lanzas, en prisión desde vísperas de la Semana Santa por su presunta implicación en el caso de los ERE, participó como representante de los trabajadores.
Lanzas habría sido decisivo para que la Consejería de Empleo financiara cinco expedientes de regulación de empleo de Nueva Rumasa, servicios por los que el ex sindicalista de UGT habría pactado cobrar tres millones de euros (a razón de 600.000 euros por ERE).
Duro enfrentamiento
Carlos Leal ha tenido este viernes con la magistrada un duro enfrentamiento durante su segunda jornada en el juzgado. Alaya ha llegado a espetar al imputado "usted me está mintiendo descaradamente", en relación a las comisiones sobre los ERE fraudulentos que presuntamente cobraban mediadores y sindicatos de manos de la Junta, extremo éste que Leal ha negado.
El socio director del Bufete Estudio Jurídico Villasís ha declarado que el cobro de comisiones por asesorar a trabajadores durante la puesta en marcha de un ERE obedecía a "un acuerdo histórico a nivel nacional". Estas comisiones oscilaban habitualmente entre un 0,5 y un 1 por ciento del importe total.
Además, Carlos Leal ha reconocido que los sindicatos eran conocedores de que las ayudas para los ERE de empresas con problemas de solvencia no se publicaban en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y que, por tanto, sólo algunos implicados y personas cercanas al sistema podían conocer la existencia de dichas subvenciones.
Por otra parte, la juez Mercedes Alaya se ha interesado por el papel que la firma de abogados Garrigues desempeñaba en la tramitación de ayudas. Leal ha respondido que "era el despacho de cabecera" para la Junta de Andalucía y que éste intervenía en casi todos los grandes conflictos. Esta relación entre Garrigues y la Administración andaluza se remonta a la crisis de la empresa Santana, pues el bufete madrileño actuaba como abogado en España de la multinacional Suzuki, el socio japonés de la marca de automoción española.
El acusado ha reconocido también que había adelantado 600.000 euros para el ERE de la Faja Pirítica de Huelva porque el director general de Empleo Francisco Javier Guerrero le confirmó que había llegado a un acuerdo verbal con los sindicatos, según informa Efe.
Ese ERE le costó finalmente a la Junta 1,3 millones de euros por distintos conceptos que se le añadieron, como los impuestos, han añadido las fuentes. Sin embargo, previamente Leal le había dicho a la juez que él sólo participaba en la negociación de los ERE y que la labor sobre las pólizas correspondía a los sindicatos.
Muy nervioso
Algunos abogados personados en la declaración han coincidido en afirmar que el letrado imputado está "muy nervioso", y han añadido que ha declarado que los sindicatos tenían acceso a la información muy restringida sobre ayudas sociolaborales.
El abogado, que empezó su declaración el jueves, está acusado de siete delitos: malversación, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, prevaricación impropia, contra la hacienda pública, asociación ilícita y cohecho, que habría cometido desde 1999, cuando se produjeron los primeros ERE fraudulentos.
Carlos Leal es el último en declarar de la rama de los ERE falsos relativa al cobro de sobrecomisiones, que se puso de manifiesto en marzo pasado tras la operación Heracles de la Guardia Civil, en la que se detuvieron a 22 personas.
