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sábado, 7 de diciembre de 2013

ESPAÑA: SE PREPARAN MAS DESPIDOS EN LA AGENCIA TRIBUTARIA, MONTORO ARRASA


Montoro da luz verde para seguir con los cambios en la Agencia Tributaria

El director general del organismo prepara más relevos tras las destituciones de la última semana

  • Montoro acusa a los jefes dimitidos de ser socialistas
  • El director de la Agencia Tributaria hace una purga en la cúpula

La Agencia Tributaria vive uno de los momentos más convulsos de su historia. A las polémicas por los DNI falsos de la infanta, la amnistía de Bárcenas o el caso Nóos se ha sumado en las últimas semanas la polvareda por el expediente de Cemex, que ha desencadenado una cascada de dimisiones y destituciones que han agravado la crisis interna en la institución.
El Ejecutivo está preocupado por el desgaste de la Agencia
La dimisión esta semana del director de inspección de la Agencia Tributaria, Luis Jones, ha desbloqueado el plan del director general, Santiago Menéndez, para acometer una profunda reforma en el organismo. El director general cuenta con el beneplácito del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para continuar con los cambios internos sobre los que sobrevuelan las sospechas de purga alentadas por el propio Montoro, al asegurar el viernes en el Congreso que los dimisionarios eran socialistas. Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que habrá más cambios que se sumarán a las cuatro destituciones —el BOE publicó las de los delegados especiales de Cantabria, Castilla y León y Galicia así como la del jefe de planificación y relaciones instituciones— y a la dimisión del jefe de inspección anunciadas esta semana y los otros tres abandonos vinculados con elcaso Cemex. Las mismas fuentes enmarcan los relevos en un proceso normal de reorganización tras la llegada del nuevo director general.
La renuncia de Jones, la más sonada al ser el tercer cargo jerárquico en la Agencia, ha terminado por desencadenar una oleada de rumores que van desde lucha de poder de camarillas en el seno de la Agencia hasta purgas políticas para controlar la institución.
El secretario de Estado de Hacienda protegía al jefe de inspección dimitido
Jones, que goza de gran prestigio profesional en el sector, sobre todo en temas de fiscalidad internacional, fue nombrado jefe de inspección a propuesta del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, en lugar de la persona que había presentado la anterior directora de la Agencia, Beatriz Viana. Los tres son próximos al PP.
Tras la dimisión de Viana el pasado junio, salpicada por la polémica de los DNI falsos de la infanta Cristina, y la llegada del nuevo director general, Santiago Menéndez, se acentuaron las diferencias entre ambos. Los dos coincidieron anteriormente en la Onif, la oficina de lucha contra el fraude conocida como la "caballería de la Agencia", donde mantuvieron sus primeras discrepancias. Menéndez alejó de esta unidad de élite a los inspectores que habían participado en la investigación delcaso Gürtel, que afecta al PP.
La mayoría de los destituídos fueron designados por el Gobierno del PP
Desde la dirección de Inspección, Jones había auspiciado a su propio equipo de colaboradores entre el que se encontraba el jefe de la dependencia técnica de la oficina de grandes contribuyentes, Ignacio Ucelay, uno de los miembros de la cúpula de este departamento que ha dimitido por el caso Cemex. Al menos, otros dos altos cargos de la delegación central siguieron el ejemplo de Ucelay como señal de protesta por la destitución fulminante de una inspectora. Esta funcionaria había rechazado un recurso de la multinacional cementera contra una supuesta sanción millonaria y en contra del criterio de la dirección, que, al parecer, prefería aplazar la decisión para estudiar mejor el expediente, según el relato tejido tras hablar con media docena de trabajadores del organismo público.
El revuelo provocado por este caso, que no ha sido explicado por Hacienda acogiéndose al artículo 95 de la Ley Tributaria que establece el carácter reservado de los datos tributarios, y la acumulación de polémicas en la Agencia Tributaria, han puesto el foco en la institución. Cada movimiento de Menéndez se interpreta ya como una caza de brujas o una purga política en el seno de la Agencia, aunque la mayoría de los 29 cargos destituidos por el director general fueran nombrados bajo el Ejecutivo del PP. Fuentes próximas a Menéndez recuerdan que el director general ha aprobado menos cambios que sus antecesores. Desde la Agencia Tributaria siempre se ha insistido en que ninguno de los relevos ni de las polémicas han tenido un cariz político y, además, han defendido con insistencia la profesionalidad e independencia de la institución.
La institución ha iniciado una investigación por el ‘caso Cemex’
Existe cierta preocupación en la dirección porque se haya visto afectada la imagen de la Agencia Tributaria, una de las instituciones más reconocidas del Estado y a nivel internacional. La Organización de Inspectores de Hacienda (IHE), la asociación mayoritaria del sector, defiende su independencia y profesionalidad. La dirección del organismo ha hecho el esfuerzo de explicar la polémica, pero la dimisión de Jones y las sombras sobre el caso Cemex no han contribuido a despejar las dudas.
Para esclarecer el asunto, la dirección de la Agencia ha puesto en marcha una investigación interna para tratar de descubrir de dónde procedió la filtración sobre el caso Cemex. Ha ordenado que se rastree en el sistema informático de la AEAT la huella de quienes han accedido a dicho expediente. Cada vez que un inspector accede a un expediente queda registrada su consulta y debe justificarla. Pero aún no tienen resultados concluyentes. Desde la Agencia recuerdan que el protocolo de actuación de la institución es muy garantista y dificulta las injerencias políticas. En cada expediente de la delegación de grandes contribuyentes participan cerca de una decena de personas de diferentes departamentos, lo que complica que se den instrucciones. Aunque a veces surgen diferencias con la interpretación de algunos principios tributarios.

viernes, 6 de diciembre de 2013

MONTORO ACUSA A LOS DIRECTORES DE HACIENDA DIMITIDOS DE SER SOCIALISTAS


Montoro acusa a los directores de Hacienda dimitidos de ser socialistas

El ministro defiende la decisión del nuevo director general de relevar a media docena de altos cargos e insiste en desvincular el proceso del 'caso Cemex' o el proceso contra Urdangarín


Cristóbal Montoro ha vinculado hoy el "relevo" en el equipo directivo de la Unidad de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria a una circunstancia concreta relacionada con la anterior etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esto es, en opinión del titular de Hacienda ese equipo estaba lleno de socialistas. Aun así, Montoro niega que ese relevo suponga una purga o una caza de brujas. "Cesan porque no les gusta el director general", ha mantenido en una conversación informal con periodistas durante el acto de celebración del 35 aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados.
El titular de Hacienda, en cualquier caso, ha insistido en restar importancia a las casi 30 destituciones que se han producido en la Agencia Tributaria desde que fuera nombrado director general Santiago Menéndez a principios de verano y los ha comparado con los que se realizan en las empresas. Nada, en su opinión, tiene que ver con el caso Nóos y el error con el DNI de la infanta ni con la inspección en Cemex.
Los nombramientos han sido publicados este viernes en el Boletín Oficial del Estado. Todo tiene que ver, en su opinión, con el derecho del nuevo director a formar un nuevo equipo de confianza. en la Agencia Tributaria, y ha insistido en que en ningún caso se trata de una "caza de brujas", tal y como les acusa el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, también ha tratado de destacar la normalidad de esos relevos dentro de la carrera de los altos funcionarios. La número dos del Ejecutivo ha recordado que ella misma es abogada del Estado, y en el desempeño de su cargo tuvo varios destinos.

ESPAÑA: EL GOBIERNO YA PUEDE DESPEDIR FUNCIONARIOS, UN INFORME DE HACIENDA LO AVALA


Un informe encargado por Hacienda abre por primera vez la puerta al despido de funcionarios


  • Según la normativa actual, un funcionario que ha accedido a su puesto después de haber superado una oposición sólo puede ser separado del mismo por faltas disciplinarias de carácter muy grave.
  • Un informe técnico encargado por el Ministerio de Hacienda plantea poner en marcha un procedimiento que permita el "cese de un puesto de trabajo obtenido por concurso".

Revelar un secreto de Estado, incurrir en prácticas discriminatorias por razones de sexo, religión o nacionalidad, abandonar el puesto de trabajo durante días o semanas sin dar explicación alguna, aprovecharse de su cargo para obtener una ventaja para sí o para otra persona o desobedecer abiertamente las órdenes motivadas y ajustadas a la legalidad de un superior.
Éstas prácticas que en algunos casos constituyen directamente un delito y que en otros justificarían un despido procedente en cualquier empresa seria del sector privado son algunas de las escasas situaciones que podrían, sólo podrían, derivar en la "separación del servicio" de un funcionario que ha obtenido su puesto tras superar una oposición a día de hoy.
Se trata de faltas disciplinarias catalogadas como muy graves según elEstatuto Básico del Empleado Público, que prevé la "separación del servicio" de los funcionarios que incurran en las mismas.
¿Qué significa esto de "separación del servicio"? Pues la ley no lo deja muy claro, si bien sí deja entrever que no tiene por qué ser definitiva, ya que cuando habla de los efectos para los funcionarios interinos señala una consecuencia más definitiva: la "revocación de su nombramiento".
Para la mayoría de los legalistas expertos en Derecho Público consultados la conclusión está clara: "A día de hoy es prácticamente imposible, con la ley en la mano, despedir de forma definitiva a un funcionario de carrera, salvo que haya incurrido en un delito de cierta gravedad".
Este blindaje podría estar a punto de caer.

Despidos de funcionarios

Un informe técnico encargado en diciembre del año pasado por el Ministerio de Hacienda a un grupo de responsables de Función Pública de la Administración del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, para analizar el desarrollo pendiente del Estatuto Básico del Empleado Público, ha abierto por primera vez la puerta a fijar un procedimiento que permita el despido de funcionarios de carrera por causas no estrictamente disciplinarias.
El comité de expertos, a cuyas conclusiones ha tenido accesolainformacion.com, insta a Gobierno y comunidades autónomas a desarrollar un procedimiento que regule el "cese de un puesto de trabajo obtenido por concurso" en los casos en que exista una evaluación negativa del desempeño del funcionario en cuestión.
El posible despido de funcionarios, por tanto, ya no dependería únicamente de cuestiones disciplinarias sino también del cumplimiento de los objetivos establecidos para su puesto y de la positiva evaluación de su desempeño profesional.
En realidad, lo que plantea el comité de expertos constituído por Hacienda no es otra cosa que dar cuerpo a un principio que ya se establecía en la Ley reguladora del EBEP, aprobada por el ministro Jordi Sevilla en 2007.
La exposición de motivos de esa ley, aún pendiente de desarrollo en muchas de sus disposiciones, decía: "Hoy resulta ya socialmente inaceptable que se consoliden con carácter vitalicio derechos y posiciones profesionales por aquellos que, eventualmente, no atiendan satisfactoriamente a sus responsabilidades. La continuidad misma del funcionario en su puesto de trabajo alcanzado por concurso se ha de hacer depender de la evaluación positiva de su desempeño".
El problema es que en la actualidad no existe un sistema reglado de evaluación del desempeño en la Administración Pública española. Por ello el comité de expertos subraya que el desarrollo de este procedimiento debe ir ligado ineludiblemente al establecimiento de un sistema de evaluación del desempeño en la Administración Pública española.

Garantías para los afectados

Una pregunta surge inmediatamente: ¿significa esto que los funcionarios que no superaran el examen de evaluación del desempeño podrían ser automáticamente despedidos? No.
El comité de expertos subraya también la necesidad de modular el procedimiento para evitar arbitrariedades.
Se debe definir, por ejemplo, de forma muy clara los casos en que se podría cesar a un funcionario, los requisitos que se deben reunir para llegar a esta solución o en qué grado o ámbitos puede darse.
Del mismo modo, habría que diseñar un sistema de garantías para asistir a los afectados, que debería incluir en cualquier caso la posibilidad de audiencia por parte del órgano que adoptara la decisión y la exigencia de una resolución motivada para adoptar la decisión.

jueves, 5 de diciembre de 2013

CONTINUAN LOS DESPIDOS FULMINANTES EN HACIENDA, INCLUSO POR TELEFONO

Cadena de destituciones por teléfono en la Agencia Tributaria

  • El organismo ha destituido a cinco altos cargos en un sólo día

  • Tres delegados regionales, de Castilla y León, Galicia y Cantabria, han sido cesados

  • También los jefes de planificación y de control aduanero de grandes contribuyentes




Santiago Menéndez señalando.
Cinco altos cargos de la Agencia Tributaria (AEAT) han sido destituidos este jueves. Al menos tres delegados regionales, los de Galicia, Cantabria y Castilla y León, han recibido esta mañana una llamada telefónica del director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, para comunicarles su cese.
Asimismo, han sido cesados la directora de servicio de planificación y relaciones institucionales de la propia Agencia y el jefe de dependencia de Control Tributario y Aduanero de la delegación central de Grandes Contribuyentes.
Los delegados especiales, que son los máximos jefes regionales de la Agencia, fueron nombrados por la anterior directora de la AEAT,Beatriz Viana, que salió de su cargo por el escándalo del DNI de la Infanta Cristina.
Según fuentes fiscales, la dirección de la Agencia, que tenía previsto este ajuste en la estructura orgánica para enero, ha decidido adelantar "el cambio organizativo" tras la dimisión del Jefe de la Inspección, Luis Jones, mientras que en fuentes del Gobierno se insiste en que se trata "de un proceso habitual de reasignación de puestos de confianza".
La Agencia Tributaria ha nombrado a Luis María Sánchez González nuevo director del departamento de Inspección Financiera y Tributaria en sustitución de Luis Jones. Sánchez González ocupaba el cargo de subdirector general de Planificación y Control del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y es inspector de Hacienda del Estado desde 2000.

Baile de nombres

La hasta ahora directora del servicio de Planificación y Relaciones Institucionales, Elena Guerrero, será sustituida por Ángel Rodríguez Rodríguez, que ocupaba el puesto de jefe de equipo en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.
Eduardo Córdoba Ocaña, hasta ahora jefe de equipo en la delegación central de Grandes Contribuyentes será el nuevo jefe deDependencia de Control Tributario y Aduanero de dicha delegación, en sustitución de Ignacio Ucelay Sanz.
Por otra parte, Georgina de la Lastra y Leralta, será la delegada especial de la AEAT en Castilla y León, mientras que María Imelda Capote Martín, ocupará el mismo cargo en Galicia.
El reemplazo de Adrián F. Montejo Jiménez como delegado especial de la AEAT en Cantabria está pendiente de decisión.

DESPIDO FULMINANTE DEL DELEGADO DE HACIENDA EN GALICIA


Destituido el delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia

José Luis Rodríguez ocupaba el cargo desde marzo del 2012 y será sustituido por María Imelda Capote Martín. Hacienda también ha destituido a la directora del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales, el jefe de dependencia de Control Tributario y Aduanero de la delegación central de Grandes Contribuyentes, y los delegados especiales de la AEAT en Castilla y León, Cantabria


El delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia, José Luis Rodríguez, ha sido destituido de su cargo, según confirmaron fuentes de la Agencia Tributaria. Hasta el momento no se conocen los motivos que han provocado esta decisión, pero se produce horas después de la dimisión del jefe de la Inspección de la Agencia Tributaria en Madrid, Luis Jones. José Luis Rodríguez ocupaba el cargo de delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia desde marzo del 2012. María Imelda Capote Martín, ocupará a partir de ahora el puesto de delegada especial de la AEAT en Galicia.
En un comunicado, la Agencia Tributaria asegura a efe que estos cambios ya han sido comunicados a los funcionarios implicados y se enmarcan en el proceso de renovación de equipos que acompaña a la nueva dirección general de la AEAT. Dejarán sus cargos la directora del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales, el jefe de dependencia de Control Tributario y Aduanero de la delegación central de Grandes Contribuyentes, y los delegados especiales de la AEAT en Castilla y León, Cantabria y Galicia.
Tras conocerse que Jones presentó su dimisión el martes y la desvinculó de «ningún intento de injerencia, ni de carácter político ni de ningún otro tipo», la Agencia Tributaria ha nombrado en el cargo a Sánchez González. Sánchez González ocupaba el cargo de subdirector general de Planificación y Control del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y es inspector de Hacienda del Estado desde 2000. Asimismo, la hasta ahora directora del servicio de Planificación y Relaciones Institucionales, Elena Guerrero, será sustituida por Ángel Rodríguez Rodríguez, que ocupaba el puesto de jefe de equipo en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Eduardo Córdoba Ocaña, hasta ahora jefe de equipo en la delegación central de Grandes Contribuyentes será el nuevo jefe de Dependencia de Control Tributario y Aduanero de dicha delegación, en sustitución de Ignacio Ucelay Sanz. Por otra parte, Georgina de la Lastra y Leralta, será la delegada especial de la AEAT en Castilla y León. El reemplazo de Adrián F. Montejo Jiménez como delegado especial de la AEAT en Cantabria está pendiente de decisión. Todos estos cambios deberán ser publicados próximamente en el BOE.

LA POLITIZACION DE HACIENDA PROVOCA UNA CADENA DE CESES Y DIMISIONES EN EL SENO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA


Crisis histórica en Hacienda: la actuación del director general provoca una cadena de ceses

La designación de cargos de confianza y la imposición de criterios que contradicen el dictamen de los técnicos ha desatado una crisis histórica en Hacienda. Nunca en la historia de la Agencia Tributaria se habían producido dimisiones en cadena y denuncias de "injerencia política" por parte de inspectores y técnicos. Montoro mantiene su confianza en el hombre que reorganizó la ONIF para cesar a los equipos que investigaban la Gürtel y que ahora dirige la Agencia Tributaria. Los partidos de la oposición piden explicaciones al Gobierno.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados.
Nunca en la historia de la Agencia Tributaria un director general –un cargo con rango de subsecretario de Estado— había presentado su dimisión. Nunca los cuerpos de inspección de Hacienda habían denunciado intervencionismo político en sus actuaciones. Y nunca el fisco se había enfrentado a una batería de dimisiones a las que no daba trámite para no aumentar la sensación de crisis interna… hasta ahora. Pese a todo ello, la reestructuración que ha comenzado su nuevo director general, Santiago Menéndez, continúa.  
La primera dimisión del director de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, Luis Jones, se hacía pública por la mañana, después de que remitiera un email a sus compañeros y subordinados en el que Jones sugería que se había intentado torcer la voluntad de los inspectores: “Las notables diferencias que han surgido con el titular de dicha Dirección General en los últimos meses en relación con diversos asuntos que, en mi opinión, constituyen ámbitos esenciales de decisión del Departamento de Inspección, y que se han resuelto en contra de nuestro criterio, son la causa de esta decisión”. Por la tarde, tras hacerse pública su renuncia, Jones emitía una nota pública con el membrete de la Agencia Tributaria y que –según Hacienda— se redactaba a iniciativa propia en la que aseguraba que “esas discrepancias (…) no tienen relación alguna con la actuación de la Inspección de Hacienda en ningún expediente o caso concreto, ni con ningún intento de injerencia ni de carácter político ni de ningún otro tipo en las actuaciones de la inspección”. Esa carta de Jones coincide con el comunicado oficial de Hacienda que aseguraba que la renuncia “en ningún caso tiene que ver con expedientes concretos ni diferencias con criterios en expedientes de inspección".
Pese a la segunda versión, los cuerpos técnicos del ministerio siguen denunciando esa “injerencia”. En un comunicado, los subinspectores de la organización Gestha mostraban su confianza en que “acaben las actuaciones y los embargos mediáticos y con las prácticas que han dañado la imparcialidad y neutralidad de la institución". Por su parte, el presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ransés Pérez, reclamaba que "debe haber una dirección única, clara y firme contra el fraude" y exigía una "unicidad de criterios" en la lucha contra el fraude. Los inspectores denuncian que ha comenzado una “caza de brujas” interna en la Agencia Tributaria con la que se pretende señalar culpables y silenciar el malestar interno que las actuaciones de Santiago Menéndez están provocando.
Batería de dimisiones sin tramitar
A las dimisiones ya aceptadas y a las protestas ya expresadas se suma una batería de ceses sin tramitar. Fuentes internas de la Agencia Tributaria aseguran que son al menos cuatro los cargos que están pendientes de que se dé curso a su renuncia. Según esas mismas fuentes, los afectados no han forzado su reemplazo para no perjudicar a plazos y procesos en marcha pero sí han mostrado su disconformidad con la paralización de procedimientos y reclamaciones de sanciones que describen como “plenamente justificadas en criterios técnicos”. Oficialmente, el ministerio insiste en que "no le consta" que esas dimisiones se hayan materializado ya.
Entre las dimisiones ya presentadas a Menéndez y a las que Hacienda no está dando trámite figuran:
  • Inspectores: la responsable de la inspección a Cemex presentó su dimisión y le fue tramitada. Junto a ella, una segunda inspectora también presentó su renuncia. A día de hoy, sigue a la espera de respuesta.
  • Adjuntos a la dependencia: tres adjuntos a la dependencia han presentado también su renuncia al cargo. El director de la Agencia no les ha dado curso, según fuentes del fisco.
  • Equipo del director general de inspección: el equipo del hasta ahora director de inspección, Luis Jones, no ha presentado todavía su renuncia pero algunos de sus cargos tienen intención de hacerlo. Todos ellos esperan ser relevados en cualquier caso, con el nombramiento del nuevo cargo de confianza que designe el director Santiago Menéndez.
Hacienda mantiene su confianza en Santiago Menéndez
“El ministro Cristóbal Montoro mantiene su confianza en Santiago Menéndez”, afirma oficialmente Hacienda, que sostiene que seguirá adelante con la “reorganización del ministerio”. Cristóbal Montoro ha endurecido el control del fisco desde que llegó al cargo y suma ya más de 310 relevos en 18 meses en la Agencia Tributaria. Fue, precisamente, Santiago Menéndez quien cesó en la ONIF (la Oficina Nacional de Investigación del Fraude) a los inspectores encargados de casos como la trama Gürtel o la presunta financiación irregular del PP, algunos de ellos todavía a la espera de destino.  
Fuentes del Ejecutivo aseguran que la “reestructuración” todavía no está concluida y que seguirá adelante en las próximas semanas.
La oposición ha pedido ya explicaciones parlamentarias. El Partido Socialista denuncia un "profundo y progresivo deterioro de la Administración Tributaria" y ha presentado una interpelación para el pleno del Congreso en el que reclaman explicaciones a Cristóbal Montoro.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

REDADA DE HACIENDA PARA EMBARGAR CAJAS FUERTES EN LOS BANCOS DE GRANDES CONTRIBUYENTES MOROSOS


Armas y drogas en las cajas fuertes requisadas por la Agencia Tributaria


Los bancos están aconsejando a sus clientes VIP que se lleven a casa los objetos que guardan para que no les sean confiscados: se anuncia una nueva redada
No solo dinero negro en efectivo, obras de arte y joyas. Los funcionarios de la Agencia Tributaria se están encontrando hasta con armas y drogas en algunas de las cajas fuertes bancarias que han embargado a morosos con la Hacienda Pública. Se anuncian ya nuevas actuaciones en las próximas semanas.


Cajas fuertes bancarias de morosos con Hacienda precintadas y embargadas.

En una operación sorpresa, la Agencia Tributaria embargó en octubre 542 cajas fuertes de grandes contribuyentes morosos con una deuda de 319 millones de euros con Hacienda ya en fase de embargo.

Entre esos contribuyentes figuran tanto personas físicas como jurídicas, y el capital al que asciende la deuda en fase de embargo indica que son personas con elevado nivel de ingresos y empresas con buen volumen de facturación.

La actuación movilizó a 660 funcionarios que se personaron en 270 sucursales bancarias pertenecientes a 24 entidades financieras.

Armas y drogas requisadas en las cajas
Pues bien. Según han confirmado a El Confidencial Digital fuentes de la Inspección de Hacienda, los jueces ya han avalado la apertura de alguna de estas cajas fuertes requisadas, a pesar de la negativa de sus titulares. La Ley General Tributaria permite embargar el contenido de las cajas fuertes de los deudores.

Además de obras de arte y otros bienes muebles, en la Agencia Tributaria tienen indicios de que alguna de las cajas puede contener también armas y hasta drogas.

Gente del deporte y artistas conocidos
Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD revelan que entre los casi 600 contribuyentes ‘intervenidos’ no se descarta que se encuentren personas del mundo del deporte y artistas muy conocidos en España.

Hay que recordar, precisamente, que son dos de los colectivos que Hacienda tiene en su punto de mira desde hace meses por “no pagar todos los impuestos que deberían”.
Sin embargo, el artículo 95 de la Ley General Tributaria es claro en este sentido e impide a la Agencia Tributaria realizar “comentarios sobre contribuyentes concretos”.
Inminente nueva redada en los bancos

Se trataba de la primera operación de este tipo en los últimos cinco años, ya que la anterior data de 2008 y fue de menor envergadura.

Pero, según las fuentes consultadas, en ámbitos de Hacienda y de la banca cuentan con una nueva redada en las próximas semanas. Se realizará, como en la anterior ocasión, sin previo aviso y de manera simultánea porque de otro modo –aseguran- no resultaría efectivo.

Aconsejan llevarse los objetos a casa
En los bancos consultados por este confidencial dan por hecho que existirá una fuga importante de contenidos de las cajas de seguridad ante esta amenaza de que la Agencia Tributaria repita la experiencia.

De hecho, desde algunas sucursales se está aconsejando a sus clientes que retiren cuanto antes sus pertenencias, e incluso “que se las lleven a casa”.
No solo porque alguien oculte dinero negro en las cajas, sino porque pueden tener objetos de valor que van a acabar subastados y de los que va a sacar apenas unos euros para, de todos modos, seguir teniendo una cuenta pendiente con Hacienda.
FUENTE

martes, 3 de diciembre de 2013

ESPAÑA: LA EMPRESA FCC DEBE 320 MILLONES A HACIENDA PESE A COBRAR LOS RETRASOS DE LAS OBRAS PUBLICAS


FCC adeuda 320 millones a Hacienda pese a cobrar los retrasos de las obras públicas


Esther Alcocer Koplowitz, presidenta de FCC, durante su intervención en la Junta General de Accionistas 2013.

FCC no sólo tiene que afrontar la refinanciación de 5.000 millones de deuda financiera. La compañía controlada por Esther Koplowitz también tiene que hacer frente a un pasivo de 320 millones de euros que tiene con Hacienda. No obstante, este ministerio le ha eximido (por ahora) de hacer frente a esa cantidad pese a haber cobrado ya una parte sustancial del Plan a Proveedores.

Como adelantó El Confidencial el pasado mes de marzo, FCC llegó a un acuerdo con la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para dispensarle de la obligación de pagar sus deudas con Hacienda por un periodo de cuatro años. A cambio, el grupo debe de abonar un interés del 5%, un coste que FCC considera demasiado alto y que le gustaría no tener que afrontar si el Estado le pagara a ella.
El problema es que las Administraciones Públicas ya le han abonado facturas por 1.222 millones en concepto de retrasos a través del llamado Fondo de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno. Sin embargo, ese ingreso no se ha destinado a cumplir con sus obligaciones con Hacienda, ya que la deuda con el fisco, lejos de bajar, ha subido hasta los 320 millones de euros.
Un importe que procede del impago temporal de determinados impuestos y de la seguridad social de sus empleados. Además, FCC debe de abonar 213,57 millones correspondientes al impuesto de valor añadido (IVA) y a otros 37,2 millones por impuestos corrientes. En total, 570,95 millones en la parte del pasivo, frente a los 280,6 pendientes de cobro por conceptos tributarios que le debe ingresar Hacienda.

Fuentes oficiales de la compañía argumentan que esta situación se deriva de los constantes impagos de los ayuntamientos y las comunidades autónomas y que lo ideal sería haber cobrado a tiempo para no tener que recurrir a un aplazamiento con Hacienda ni tener que satisfacer un 5% de interés, un diferencial que es más alto del que abona el grupo a la banca por sus 5.000 millones de deuda.
Una explicación que se produce al tiempo que Juan Béjar, el nuevo consejero delegado, ha aseverado en una entrevista que “las Administraciones ya están pagando bien, a cinco meses”, una mejoría entre los servicios que presta FCC y el cobro que no se ha trasladado a lo que la compañía debe a las Administraciones. En lo que va de año, el grupo presidido por Esther Alcocer, hija de la propietaria, Esther Koplowitz, no ha amortizado su pasivo con Hacienda. Hasta hace poco, el holding sostenía que no pagaba a Hacienda porque no cobraba, pero ahora ya ha ingresado dos tercios de los retrasos pendientes.
Según indican fuentes oficiales, la empresa de construcción y servicios medioambientales tiene aún algo más de 500 millones de euros pendientes de cobro por parte de ayuntamientos, activo que espera cobrar en cuanto el departamento que dirige Cristóbal Montoro ponga en marcha la segunda fase del Plan a Proveedores. Además, FCC confía en que el Gobierno apruebe de una vez la nueva ley de pago de las Administraciones, que les obligará a no retrasar sus facturas más allá de 30 días.
Juan Béjar, consejero delegado de FCC.Juan Béjar, consejero delegado de FCC.Fuentes bancarias indican que lo que le ocurre a la constructora de las Koplowitz es que sufre un problema acuciante de liquidez que le ha obligado a pedir un anticipo de 500 millones de euros a varios bancos españoles, entre otros, Santander, BBVA y Bankia, sus tres principales acreedores. Una situación que mejorará sensiblemente si consigue alargar el vencimiento de sus 5.000 millones de deuda bancaria, aplazamiento que se espera obtener antes de concluya el año. 
Dimisión en la patrimonial de la dueña
Mientras FCC negocia a dentelladas con la banca, Esther Koplowitz, dueña del 54% del capital, busca también un socio para capitalizar su sociedad instrumental, B-1998. La empresa soporta la deuda personal de la inversora, pasivo que asciende a unos 1.100 millones de euros.
En esta compañía se ha producido la dimisión del consejero Cartera Deva, en manos de la familia Aguinaga, que controla algo más del 5% de B-1998 y por extensión cerca del 2,6% de FCC. Este socio tradicional de Esther Koplowitz se comprometió en 2011 a permanecer en el capital de la constructora hasta 2016.

lunes, 2 de diciembre de 2013

DOCUMENTO: HACIENDA SE CORRIGE A SI MISMA PARA NO IMPUTAR A LA INFANTA CRISTINA


EL SEGUNDO INFORME DE LA AGENCIA TRIBUTARIA REMITIDO AL JUEZ CONTRADICE EL PRIMERO

Hacienda se corrige a sí misma para evitar imputar un delito fiscal a la infanta Cristina

Hacienda corrige su criterio original para evitar imputar un delito fiscal a la hija del Rey. En su informe original de 21 de junio apreciaba fraude en la "amortización acelerada" y "contratación ficticia" de personal por valor de 173.542,50 euros. En un segundo informe fechado en septiembre cambia de criterio, consiente esas desgravaciones y reclama sólo 258 euros. El fisco no explica el por qué del cambio de opinión.

Iñaki Urdangarín junto a su esposa, la infanta Cristina
La Agencia Tributaria corrige su propio criterio para evitar la imputación de un delito fiscal a la hija del Rey, la infanta Cristina de Borbón Es lo que ha hecho en el segundo informe sobre las actividades económicas de los Duques de Palma. El fisco permite al matrimonio que se desgrave gastos que antes no consideraba legales lo que evita exactamente que el presunto fraude supere los 120.000 euros, el límite que constituye el delito fiscal.
La consecuencia práctica y más inmediata del nuevo criterio es que la infanta Cristina queda al margen de toda responsabilidad. Con las nuevas cuantías reclamadas no se incurre en delito fiscal en ningún ejercicio pese a que en todos ellos se bordea esa cifra. Así se reclaman 99,787,19 euros en 2007; 91.101,95 en 2008; 71.073,46 euros en 2009 y una cifra mucho menor en 2010 que suma apenas 19.148,78 euros.
El cambio de criterio queda patente desde el año 2007. En suinforme original sobre movimientos fechado el pasado 21 de junio, Hacienda constataba que la “apariencia de nuevas contrataciones de personal era, en primer lugar, el aumento de gastos deducibles y la correlativa disminución de la base imponible del Impuesto de Sociedades”. Hacienda cifraba ese presunto fraude al fisco en aquel ejercicio en 173.542,50 euros, una cuantía que superaba el límite del fraude fiscal.


Sin embargo, en su segunda opinión después de que el juez requiriera al fisco que cuantificara exactamente la cuantía de lo defraudado año a año, la Agencia Tributaria corrige su dictamen anterior y considera legal la desgravación de personal ficticio. De hecho, en las liquidaciones que propone para saldar las cuentas con el fisco y pese a haber denunciado “irregularidades” por amortizaciones aceleradas que antes valoraba en más de 170.000 euros, ahora plantea que esa deuda se salde con un ajuste de 258,41 euros.

El nuevo informe aplica ese mismo nuevo criterio a los ejercicios no prescritos desde el año 2007 hasta la actualidad.

Un criterio extendido y no explicado
El informe está fechado en la Delegación Especial de Cataluña y viene firmado por los mismos dos inspectores identificados como NUMA 20.251 y NUMA 14.928 que en casos anteriores. Sin embargo, la Agencia Tributaria no justifica en ningún momento del documento el cambio de criterios contables ni las razones que le han llevado a considerar inicialmente como “irregulares” ciertas amortizaciones y desgravaciones que ahora son consentidas en el informe de liquidaciones de Aizoon S.L.
Ese criterio más flexible se extiende no sólo a las amortizaciones presuntamente irregulares ni a las contrataciones que el propio fisco describe como “ficticias”. También se amplía a conceptos de “gastos generales” y “cargas sociales” que antes se denunciaban y que ahora desaparecen de los ajustes exigidos.

HACIENDA Y OTROS CRITERIOS SORPRENDENTES
La Agencia Tributaria está sorprendiendo a los tribunales con nuevos criterios que permiten desgravaciones prohibidas hasta ahora en casos políticamente sensibles.
El más destacado ha sido el llamado "caso Bárcenas" por el que Hacienda ha permitido al Partido Popular desgravarse las donaciones ilegales que ingresó en los últimos años a través de su ex tesorero.
Las conclusiones están provocando tal estupor entre las acusaciones que algunas de ellas han presentado ya informes periciales para denunciar que Hacienda “llega a la conclusión sorprendente de que la realización de una actividad ilícita, prohibida por el ordenamiento, puede dar lugar al disfrute de un beneficio fiscal”. Esa conclusión es calificada de “absurda” y “contraria a la voluntad del legislador”.
Sin ese criterio, también en el caso del Partido Popular se habría producido un delito fiscal y, por tanto, la imputación correspondiente.