CONFIRMADO: EL GOBIERNO CONGELA EL SUELDO A LOS FUNCIONARIOS EN 2014

Confirmado: el Gobierno congelará el sueldo de los funcionarios en 2014

• Las bajas por jubilación seguirán sin cubrirse salvo contadas excepciones
• La medida supone el cuarto año consecutivo de congelación salarial después de la rebaja del 5% en 2010

En los últimos días, desde distintos sectores se había especulado con la posibilidad de que el Gobierno decidiera aplicar una pequeña subida salarial, aunque fuera testimonial, a los empleados públicos para el próximo año.

Sin embargo, fuentes conocedoras del Presupuesto de 2014 –que el Ejecutivo ultima estos días– descartaron ayer cualquier posibilidad de incrementar las retribuciones a los asalariados del sector público. Ni siquiera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso aclarar este extremo ayer en el Senado, donde se limitó a garantizar que los empleados públicos cobrarán este año la extra de Navidad y las dos pagas en 2014.

De esta forma, los 2,6 millones de asalariados de todas las administraciones (estatal, autonómica y local) verán congeladas sus remuneraciones por quinto año consecutivo. Fue a mediados de 2010 cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó un primer decreto de recortes presupuestarios a instancias de Bruselas. En él bajó un 5% de manera fulminante el salario de los empleados públicos ya para la segunda mitad del año. Y desde entonces, ejercicio tras ejercicio, los distintos Gobiernos han mantenido esas retribuciones recortadas congeladas.

Estas mismas fuentes explicaron que el Ejecutivo mantendrá también la denominada tasa de reposición cero. Esto significa que las bajas que se produzcan por la jubilación de empleados públicos no podrán reponerse con nuevos trabajadores. Aunque se mantendrán algunas excepciones, en las que se reemplazará el 10% de las bajas. Será en sectores como la persecución del fraude fiscal (personal de la Agencia Tributaria) o laboral (Inspección de Trabajo); así como algunas áreas de educación, sanidad o cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, el Ejecutivo planea volver a congelar la aportación del Estado al fondo de pensiones de los trabajadores de la Administración General, como ya hizo el año pasado. No obstante, de momento, desde Hacienda no han contradicho la promesa del propio Rajoy, cuando aseguró que la paga de Navidad retirada en 2012 se repondría a partir de 2015, al menos a los empleados públicos estatales, a través de aportaciones a su fondo de pensiones. Todas estas medidas están orientadas a contener el gasto en personal, al que las administraciones públicas destinan anualmente unos 116.000 millones, el 27% del total.

Dicho todo esto, el diseño final de las cuentas de 2014, que Hacienda llevará al Congreso el próximo lunes, aún no está cerrado definitivamente. Por ello, cabría la posibilidad, muy poco probable en estos momentos, de que una decisión política de última hora aplicara una subida más que testimonial, por debajo incluso del 0,25% que subirán las pensiones como mínimo. O bien, posteriormente, en la tramitación parlamentaria, algún partido de la oposición logre algún incremento retributivo o de empleo público para el próximo año.

Menos prestaciones de Muface y un ‘moscoso’ más

El Ministerio de Hacienda negocia estos días la renovación del concierto con las aseguradoras que prestan la asistencia sanitaria a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Este organismo, dependiente de Hacienda, atiende a 1,5 millones de funcionarios y sus familias, que están inscritos en un régimen especial de la Seguridad Social. Las conversaciones para renovar este concierto no van por buen camino. Fuentes conocedoras de la negociación aseguran que Hacienda ya ha decidido no aplicar el incremento anual automático del 1,5% de la prima que abona a las aseguradoras (Asisa, Adeslas, DVK, Sanitas e Igualatorio Cantabria) para que éstas atiendan a los funcionarios de Muface. Estas compañías, que amenazaron con cesar de prestar sus servicios al colectivo, parece que podrían aceptar renovar el concierto sin recibir más dinero. Pero a cambio recortarán más la cartera de prestaciones que ofrecen –que ya han experimentado un ajuste este año–. Además, estas aseguradoras no estarán obligadas, como hasta ahora, a prestar atención sanitaria a estos funcionarios en todo el territorio nacional. Así, no serán multadas si no pueden atenderles en determinadas zonas del país por no tener infraestructura. Por otro lado, fuentes de distintos Ministerios barajan la posibilidad de que el Gobierno les devuelva uno de los tres moscosos (días libres para asuntos propios) que les retiró este año, cuando pasaron de contar con seis a tres anuales.

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HUELGA DE FUNCIONARIOS PARO DE 48 HORAS EN GRECIA

Convocan nuevo paro de 48 horas en Grecia



El principal sindicato de funcionarios públicos de Grecia ha convocado para este miércoles una nueva huelga de 48 horas a fin de protestar contra el plan de eliminación de puestos de trabajo en el sector público. 

El paro coincidirá con otra huelga parcial programado en el sector privado y afectará a médicos, profesores y otros sectores del país europeo. 

La convocatoria de esta nueva huelga se produce mientras que el país heleno se quedó paralizado ayer martes por la segunda jornada de amplias huelgas, una movilización que se inició el pasado lunes para protestar contra el plan de la eliminación de varios puestos de trabajo en el sector público y colocar a miles de empleados de este sector en un programa de movilidad. 

Como parte de una reestructuración general del sector público, Atenas debe poner unos 25 mil trabajadores en este programa de movilidad hasta finales del año en curso, además de que en el período 2013-2014 unos 15 mil empleados del sector serán despedidos. 

Desde el inicio de la crisis financiera en 2008, Grecia ha sido escenario de multitudinarias protestas y paros indefinidos en rechazo a las severas medidas de austeridad aprobadas por el Gobierno, siguiendo los dictámenes de sus acreedores internacionales -Banco Central Europeo (BCE), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Comisión Europea (CE)- a cambio de rescates financieros
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ALCALDESA DE TELDE: "LAS BIBLIOTECAS NO DAN DINERO", Y QUIERE CERRARLAS

Castellano: "Las bibliotecas no dan dinero y hay 14 personas trabajando en ellas"

La alcaldesa apunta directamente a la línea de flotación de su socio minoritario, Coalición Canaria, y señala a las bibliotecas como ejemplo de situación inviable

Castellano se puso ayer el mono de faena, y habló claro y rotundo sobre la situación de la empresa Gestel, cuyos empleados llevan tres meses sin cobrar sus salarios, amén de sufrir continuos retrasos en el último año, y haber sufrido un ERE que puso en la calle a 25 trabajadores.

En una entrevista concedida ayer a Radio Faycán, la primera edila fue tajante. "Las bibliotecas no dan nada de dinero, y hay 14 personas trabajando en ellas". Con esta afirmación, la alcaldesa parece indicar que ha puesto el ojo sobre el servicio de las bibliotecas municipales, que actualmente tiene encomendado Gestel. Castellano explicó que, con la nueva ley de estabilidad presupuestaria, la empresa pública que acumulen dos años seguidos de pérdidas, deben cerrar.

Además, la regidora indicó que "los trabajadores deben buscar fuentes de financiación distintas al Ayuntamiento", si quiere que Gestel sea viable. De lo contrario, estarían abocados a la liquidación de la sociedad, de capital 100% municipal.

La liquidación de Gestel, y con ella de todo el personal, incluido el adscrito a las bibliotecas municipales, sería un duro golpe para el socio minoritario del actual tripartito, Coalición Canaria, pues son precisamente áreas que están bajo su control, las de Cultura.
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FUNCIONARIOS HONRADOS, APELAN A INVESTIGAR, LA ENDOGAMIA, NEPOTISMO Y ENCHUFISMO ENTRE POLITICOS

Funcionarios e investigadores honrados denuncian el “enchufe” familiar en el Estado

Funcionarios honrados apelan a investigar el enchufe familiar en los puestos públicos y políticos con este cartel.

La economía española se hunde, los comercios y pymes se asfixian y los más de 6 millones de parados gritan desesperados por su situación, mientras la “casta” política de partidos y sindicatos que se mira en el espejo de la Casa Real, cuyos desmanes ocultan o alaban, solo se preocupa de garantizar sus sueldos, dietas, pagas extras, gastos y días libres a costa del erario público. Pero frente a la corrupción e insensibilidad generalizada de las élites y privilegiados, un grupo de funcionarios honrados y otro de investigadores españoles exiliados denuncian la principal lacra del Estado: el “enchufe” familiar.

Si algún día se realiza una investigación independiente en España sobre las “familias” que no han trabajado nunca en la esfera privada o jamás han emprendido nada por su cuenta y riesgo pero cuyos sueldos siempre han dependido del Estado, nos llevaríamos una sorpresa. La política, la banca, la universidad, la judicatura o el funcionariado emergen como entes predominantemente familiares. Esto ha llevado a un grupo de funcionarios honrados a difundir por todos los paneles públicos de la administración española un significativo cartel. 

Técnica y jurídicamente se llama “endogamia”, pero en la jerga popular se conoce como “enchufe”. Cuando éste se refiere a la propia familia se denomina “nepotismo” y en los países avanzados está considerado el más alto grado de corrupción administrativa y el mayor obstáculo para el desarrollo de la economía. Lo contrario es la “meritocracia”: el acceso a los puestos o cargos en función de los méritos, la transparencia y la igualdad de oportunidades. España es un país corrupto y atrasado porque las élites han favorecido la endogamia, el enchufismo y el nepotismo, en lugar de la transparencia. Los mejores y los más honrados se han apartado del poder o se han tenido que exiliar, cuando no están en el más puro o duro desempleo. Por contra, los más mediocres, los “listillos” y los avezados con menos escrúpulos o más desparpajo para mentir o delinquir, ocupan los puestos de la cadena de mando y han tejido sobre sí una red de complicidades y connivencias para amparar, cubrir y ocultar sus delitos y corrupciones.

Ramón Rubial y abajo Eider Rubial, presidente y eurodiputada del PSOE, abuelo y nieta sorprendida en Bruselas en un caso de corrupción

Los funcionarios honrados que han emprendido esta campaña en la administración pública no quieren ser confundidos con los corruptos y han difundido un gráfico sobre empleados públicos y parentesco. Se trata de ayudar a descubrir a los familiares que han accedido a los puestos públicos o políticos con “primer”, “segundo” y hasta “tercer” y “cuarto” grado de la misma familia. Para identificarlos, hay que investigar apellidos y confirmar relaciones: primer grado serían los hijos, padres, nuera, yerno, padres y suegros. Es el más extendido en la administración.


No hay que perder de vista tampoco al segundo grado: nietos, hermanos, cuñados y abuelos, pues el nepotismo traspasa incluso las edades más dispares. Ayer desvelábamos el caso de la eurodiputada socialista Eider G. Rubial, nieta de Ramón Rubial y sorprendida en un caso de corrupción en el cobro fraudulento de las dietas del Parlamento Europeo. Porque una vez practicado el nepotismo, el delito es el hábitat común.

El tercer grado de parentesco en el enchufismo tampoco es desdeñable: tíos, sobrinos y hasta biznietos. Ahí los apellidos son los principales delatores. El cuarto grado es también una lacra en la administración española: los primos. La investigadora española Purificación López García, directora de investigación en Francia para el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), ha desvelado la existencia de una carta en la prestigiosa revista Science (4 abril 2003, vol. 300, p. 51) firmada por más de 2700 investigadores españoles exiliados en el extranjero: “Ahora que el gobierno español ha decidido acabar con la investigación científica por asfixia y que, incluso para él, el panorama científico para los próximos años se anuncia desolador, de repente se acuerda de nosotros como de Santa Bárbara. Y como, en efecto, somos muchos los científicos españoles en el extranjero, qué solución más natural que confiscar el producto de nuestro trabajo fuera de España”, señala Purificación López García.

Purificación López García, uno de los 2700 investigadores españoles exiliados

Ella denuncia el enchufismo como una lacra: “Vine a Francia en enero de 1995 y, salvo por un periodo de retorno de apenas dos años a una universidad española que me desalentó por su nivel de endogamia, he desarrollado desde entonces mi actividad investigadora en este país”. Y su grito de queja describe muy a las claras la realidad frente a la “versión oficial”: “Lamentablemente, la política científica en España siempre ha sido errática y miope. Aunque ha habido algún intento de limitar la fuga definitiva de cerebros a través de ciertas iniciativas, como los famosos contratos Ramón y Cajal, éstas han sido, debido a esa política a muy corto plazo y sin continuidad, ineficaces, por no decir incluso perjudiciales. En efecto, muchos científicos con una posición en el extranjero que decidieron volver abandonándola y que consiguieron un contrato de reincorporación a pesar de la endogamia y de tantas otras dificultades, se encuentran ahora abocados a un nuevo exilio tras pasar cinco años en España. Esto ya no es fácil cuando uno no es tan joven, ha formado una familia y ha ido relajando los contactos en el exterior”.

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BAÑEZ INCENTIVA A FUNCIONARIOS POR QUITAR PRESTACIONES A LO CIUDADANOS

La 'caza' del parado tiene premio: Báñez paga más a los funcionarios que retiran más prestaciones

El 36% de la productividad por objetivos que perciben los funcionarios del Ministerio de Empleo depende del número de prestaciones por desempleo que dan de baja definitivamente. 

La 'caza' del parado tiene premio en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que dirige Fátima Báñez. Así se desprende de los criterios con que remunera la productividad de sus funcionarios. Concretamente, el 36% de la productividad por objetivos que perciben los trabajadores estatales del antiguo INEM depende del número de prestaciones por desempleo que dan de baja de manera definitiva. Es decir, el actual Gobierno de Rajoy considera que un trabajador público de Empleo es más productivo cuantos más desempleados expulse de por vida del sistema. Y paga en consecuencia. "Se trata de acabar con el paro a base de acabar con los parados. Y estos objetivos son un ejemplo", aseguran funcionarios consultados.

"No se está diciendo que cuantos más parados caces, o cuanto más cabrón seas, más ganas. El objetivo es repartir mejor los recursos, medir la productividad en función de cómo cumplen su trabajo los funcionarios y mejorar la colaboración con la inspección. Es un tema de gestión, no un sistema de persecución. Lo que pasa es que las instrucciones son muy fáciles de malinterpretar", han respondido a Vozpópuli fuentes del Ministerio.

De doce indicadores que determinan la productividad por objetivos de los trabajadores del (SEPE), cuatro están relacionadas con la eliminación permanente de la prestación 

Según un documento interno al que ha tenido acceso este periódico, de doce indicadores que determinan la productividad por objetivos de los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuatro están relacionadas con la eliminación permanente de la prestación. Así, el número de bajas "por control de requisitos" supone un 16% de la productividad. Las bajas definitivas derivadas de la "comprobación de la disponibilidad para el empleo" computan un 10%. Las expulsiones "por la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS)" cuentan un 6%. Y las revocaciones "por control de gestión" tienen un peso del 4%. En total, las bajas definitivas del sistema suponen un 36% de la productividad por objetivos. Por comparar, otros indicadores importantes, como el número de días de demora en el reconocimiento de las prestaciones, o el porcentaje de sentencias favorables para la Administración, tienen un peso del 3% cada uno en el ranking de la productividad.

'Apatrullando' la ciudad en cada 'campaña BBC'

A la acción de 'ir a pillar' parados que perciben prestación por desempleo, los funcionarios de la casa lo llaman "apatrullar", como guiño al personaje Torrente. Y como en la España de austeridad y sumisión a la Troika los bolsillos están muy resentidos, después de quedarse sin la extra, los trabajadores públicos afilan el lápiz y se disponen a ingresar unos duros más en concepto de productividad por objetivos en lo que queda del esquizofrénico INEM.

Los que sí que apatrullan la ciudad, literalmente, como 'el brazo tonto de la ley' de Santiago Segura, son los inspectores de trabajo, por ejemplo, en la llamada "Campaña BBC", esto es, Bodas Bodas, Banquetes y Comuniones, que tiene lugar cada primavera. Si los inspectores sorprenden en los restaurantes a trabajadores sin dar de alta, tienen premio. Si por casualidad pillan a un camarero haciendo una 'extra' que además es parado, entonces el premio es doble. "En ese caso, hemos matado dos pájaros de un tiro: Al empresario que no da de alta a sus extras, y al parado que estaba cobrando una prestación", informan las fuentes.

Excepción jurídica en las prestaciones por desempleo
Uno de los indicadores mencionados, el de las "revocaciones por control de gestión" es, a juicio de fuentes jurídicas consultadas, especialmente grave. "Esto significa que se controlan los derechos reconocidos y cuando no están bien reconocidos, se anulan. Revocar un derecho es una cosa muy grave, necesita la intervención de un juez", explican.

En muchas ocasiones, quien se ha confundido es la Administración. Y la Administración no puede ir contra sus propios actos, en virtud del principio de interdicción de los actos propios. Pues bien, en el SEPE, el volumen de trabajo es tal, que se ha retorcido la ley de tal manera que en lo que afecta a las prestaciones por desempleo, disfruta de una excepción al principio de interdicción de los actos propios de la Administración y puede revocar los derechos reconocidos sin necesidad de autorización judicial. Lo cual, según los letrados consultados, "provoca desconfianza en las instituciones y afecta a la seguridad jurídica".
Bruselas recomienda, España obedece

Tras las recomendaciones de Bruselas, las prestaciones ya sufrieron un ajuste a la baja. "Ahora lo que pide es coordinar mejor las políticas activas y las pasivas, entre las CCAA y el Estado

Vozpópuli ha preguntado al Ministerio si en años anteriores los criterios y los porcentajes de la productividad eran los mismos que en 2013. Y la respuesta ha sido que "no ha habido cambios en la persecución de los parados. Siempre ha habido un objetivo de bajas. Los criterios son los mismos desde hace bastantes años. En líneas generales, las productividades no han cambiado. Los porcentajes tampoco han cambiado, lo que sí ha cambiado es el margen".

¿Hasta qué punto la Troika marca los objetivos del Empleo español y la productividad de sus funcionarios?

Desde el Ministerio responden que, tras las recomendaciones de Bruselas, en julio del año pasado, las prestaciones por desempleo ya sufrieron un ajuste a la baja. "Ahora lo que pide es coordinar mejor las políticas activas y las pasivas, entre las CCAA y el Estado. Las últimas recomendaciones van por ahí. De hecho, el año que viene, el 40% de lo que reciban las CCAA dependerá de objetivos". Cabe señalar aquí que muy recientemente, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que las competencias sancionadoras en materia laboral pasan a depender de las Comunidades Autónomas y no del Estado (SEPE). ¿Seguirán apuntando esos objetivos a la 'caza' del parado?

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PRIMERA CONDENA A LA ADMINISTRACION, POR LA RETIRADA DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD

Primera condena a la Administración por la retirada de la paga extra de Navidad

Dos funcionarias durante la 'comida de navidad' que celebraron en San Esteban. (Patxi Gomariz)

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia ha condenado a la Administración, a devolver a una funcionaria, afiliada a CSI-F, la parte devengada de la paga extra, entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor del Decreto de recortes del Gobierno.

En total, la Diputación de Palencia tendrá que devolver 501,30 euros. Se trata del primer reconocimiento judicial que afecta al personal funcionario. Hasta ahora los pronunciamientos judiciales solo afectaban a los trabajadores con relación de carácter laboral. Además, no es susceptible de recurso de apelación.

La sentencia reconoce la improcedencia de la actuación administrativa, teniendo en cuenta que “cercena con efectos retroactivos” las retribuciones del personal funcionario. Esta sentencia, por lo novedoso, abre el camino a nuevas reclamaciones en el resto de las administraciones.

Esta sentencia se conoce después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad contra la medida del Gobierno. Para CSI-F, estos pronunciamientos judiciales constatan las justas reivindicaciones de los empleados públicos contra una medida de carácter confiscatorio y por tanto injusta y de dudosa aplicación, tal y como señaló también la Defensora del Pueblo.

El Gobierno nunca debió suprimir la paga extra y no debe perder más tiempo en sentarse a negociar con los sindicatos para determinar los cauces para su devolución, porque cada día que pasa crece el agravio hacia un colectivo injustamente maltratado desde el comienzo de la crisis.

En este sentido, CSI-F reclama la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas con el fin de negociar la devolución para evitar que los múltiples contenciosos iniciados en toda España colapsen el funcionamiento de la Justicia y supongan un coste añadido al Estado. CSI-F anuncia que, en el ámbito de su responsabilidad, no va a cejar hasta que los empleados públicos recuperen el cien por cien de la paga extra, hasta el último euro.

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HACIENDA LIMITARA EL SALARIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

Hacienda limitará el salario a decenas de miles de empleados municipales

El Ejecutivo calcula que el ahorro será de 870 millones de euros

El ministerio calcula que 5.927 Ayuntamientos son ineficientes

Hacienda mantiene los aspectos más polémicos de la reforma local

La rebaja afectará a miles de trabajadores de los ayuntamientos

• El Gobierno acelera la reforma local y aumenta a 8.000 millones el ahorro

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Cristóbal Montoro junto a Antonio Beteta. / Zipi (EFE)

El Gobierno tiene intención de profundizar en las medidas de reducción de masa salarial en la Administración, y así se lo ha hecho saber a Bruselas a través del Plan Nacional de Reformas. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguraron que el objetivo es conseguir un ahorro de 870 millones en las nóminas de los empleados de los Ayuntamientos españoles durante el 2014 y el 2015. ¿Cómo? Poniendo límites al complemento específico (el que se cobra por las características especiales de un puesto de trabajo y que es variable, junto a los pluses de productividad), con topes en función del grupo profesional al que cada empleado pertenece y que vendrán definidos cada año en la Ley de Presupuestos. “Se establecerán horquillas salariales para homogeneizar las retribuciones y evitar la disparidad actual”, señala Hacienda.

El ministerio que dirige Cristóbal Montoro ha añadido esta medida al ahorro ya previsto de otros 7.129 millones que espera lograr con la reforma de la Administración local, que hoy será debatida con los alcaldes en la Comisión Nacional de Administración Local y que, en esencia, mantiene los puntos más polémicos del texto aprobado en febrero por el Gobierno.
La nueva rebaja de las retribuciones se ha comenzado a esbozar y no hay cifras concretas de a cuántos Ayuntamientos afectará, ya que hay disparidad entre unos y otros a la hora de establecer los complementos. Lo que no baraja el Ejecutivo es modificar la parte fija de las nóminas de los funcionarios (la antigüedad y el complemento de destino).

Para conseguir este ahorro sin ninguna otra medida adicional, la limitación salarial tiene que afectar a decenas de miles de funcionarios. Los 8.116 Ayuntamientos españoles tienen contratadas a 526.248 personas (datos de febrero), de las que 190.169 son funcionarios y 304.005 personal laboral. Otros 32.074 trabajadores figuran con otro tipo de contratos.

En cuanto reforma local, que está enquistada desde hace meses por las tensiones políticas, el ministerio ha decidido obviar la mayoría de las críticas de la Federación Española de Municipios (FEMP). Montoro mantiene la posibilidad de que los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes sean despojados de competencias en favor de las Diputaciones si no ajustan sus costes a una tabla que será definida por el Gobierno en los próximos meses. Hacienda calcula que 5.927 municipios de menos de 20.000 habitantes pagan más que los grandes por prestar los mismos servicios obligatorios (como alumbrado, basuras, suministro de agua o funerarios). “Solo un 8% de los que tienen menos de 5.000 habitantes y el 40% de los que tienen entre 5.000 y 20.000 han demostrado que son eficientes. Lo saben, y a lo largo de este año ya están ajustando al máximo, esta es una reforma que ha entrado en vigor antes de aprobarse”, reflexionan fuentes ministeriales.

El año pasado 4.623 Ayuntamientos cerraron el ejercicio con superávit, 600 más que en 2009. El gasto en personal se ha reducido entre julio de 2011 y julio de 2012 en un 12%, fundamentalmente por la extinción de contratos. Las empresas públicas locales también se han visto mermadas de 3.656 a 3.294 en el último año.

El PSOE, que ha lanzado una intensa campaña contra la reforma, sospecha que lo único que se conseguirá con el “coste estándar” delimitado por Hacienda es abrir el camino de la privatización de los servicios, porque las Diputaciones no tendrán ni personal ni capacidad para hacerlo directamente. “En el anteproyecto no se menciona ni una sola vez la palabra privatización”, responden desde Hacienda. En cambio, señalan que un estudio del ministerio ha llegado a determinar que en los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes el coste medio de todos los servicios es de 1.219 euros por persona y año, mientras que en los mayores de 100.000 habitantes no pasa de 445 euros.

La reforma también pretende modificar los artículos 25 y 26 de Ley de Bases de Régimen Local para eliminar competencias municipales como las que tienen que ver con la educación, la prestación de servicios sociales, promoción y reinserción o actividades como promoción de la mujer o la sanidad. A menos que la negociación de la ley modifique el planteamiento del Gobierno, se restará a los Ayuntamientos la financiación correspondiente para estos servicios. “La financiación va con la competencia”, señala el ministerio, que cree que con la reforma se garantizará la dotación presupuestaria de cada servicio, algo que ahora es más difuso.

El próximo 1 de enero de 2014, si la ley avanza con los plazos que ha marcado el Gobierno, miles de consistorios deberán dejar en manos de las Diputaciones en el plazo de tres meses buena parte de su poder de gestión. Incluso de la capacidad de establecer tasas. También desaparecerán miles de entidades menores (pedanías) que no presentan cuentas ante la Administración central, y se limitarán salarios de cargos electos.

 Lo que no ha previsto la ley es qué ocurrirá con los cientos de concejales y alcaldes que se quedarán sin capacidad ejecutiva. “La labor política seguirá manteniéndose, porque tendrán que ser los interlocutores con las Diputaciones y vigilar la calidad de los servicios”, dice Hacienda, que no ha querido forzar con la reforma las fusiones municipales.

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LOS FUNCIONARIOS, HASTA 2015, NO RECIBIRAN LA PARTE DE LA EXTRA DE NAVIDAD, Y SE PAGARA EN EL FONDO DE PENSIONES

Los funcionarios no recibirán hasta 2015 la parte de la extra de Navidad suprimida irregularmente por el Gobierno. Y se abonará en el fondo de pensiones

Los funcionarios tendrán que esperar para recibir el dinero que les corresponde de los 44 días a los que tienen derecho a cobrar de la extra de Navidad suprimida el año pasado. El Gobierno ha decidido que ese dinero sólo se abonará en 2015, y en el fondo de pensiones de los empleados públicos.

Según ha sabido El Confidencial Digital, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha transmitido a los líderes sindicales que representan los intereses de los funcionarios que la intención del Gobierno es no pagar, de momento, la parte de la extra reclamada por los empleados públicos.

Tal y como se contó en estas páginas¸ ya existen sentencias a favor de los recursos presentados por los funcionarios, al aceptar que el derecho a cobro de esa extra suprimida por el Gobierno empezaba el 1 de junio el año anterior y la medida no entró en vigor hasta el 4 de julio, por lo que a los demandantes les correspondería el abono de esos 44 días.

Sin embargo, y a pesar de que en algunos ayuntamientos y pequeñas administraciones ya se está abonando esa cantidad a los empleados públicos, Beteta ha asegurado, en reuniones privadas, que no pagará ese dinero a la espera de próximas sentencias en contra de la decisión del Gobierno. Y, para cuando éstas se produzcan, el secretario de Estado ya tiene un plan.

La idea de Antonio Beteta es, según las fuentes consultadas, retrasar el pago de ese dinero a todos los funcionarios de la Administración hasta 2015 para, de esta manera, no comprometer los presupuestos aprobados para este año ni los del año próximo, último de la recesión según los cálculos del Gobierno.

El secretario de Estado, además, no pagará los 250 euros de media a los que tiene derecho cada empleado público en una nómina, sino a través del abono de esa cantidad en el fondo de pensiones que le corresponde a cada funcionario.

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