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miércoles, 19 de junio de 2013

BAÑEZ INCENTIVA A FUNCIONARIOS POR QUITAR PRESTACIONES A LO CIUDADANOS


La 'caza' del parado tiene premio: Báñez paga más a los funcionarios que retiran más prestaciones

El 36% de la productividad por objetivos que perciben los funcionarios del Ministerio de Empleo depende del número de prestaciones por desempleo que dan de baja definitivamente. 

Desempleados hacen cola a la entrada de una oficina de empleo.

La 'caza' del parado tiene premio en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que dirige Fátima Báñez. Así se desprende de los criterios con que remunera la productividad de sus funcionarios. Concretamente, el 36% de la productividad por objetivos que perciben los trabajadores estatales del antiguo INEM depende del número de prestaciones por desempleo que dan de baja de manera definitiva. Es decir, el actual Gobierno de Rajoy considera que un trabajador público de Empleo es más productivo cuantos más desempleados expulse de por vida del sistema. Y paga en consecuencia. "Se trata de acabar con el paro a base de acabar con los parados. Y estos objetivos son un ejemplo", aseguran funcionarios consultados.

"No se está diciendo que cuantos más parados caces, o cuanto más cabrón seas, más ganas. El objetivo es repartir mejor los recursos, medir la productividad en función de cómo cumplen su trabajo los funcionarios y mejorar la colaboración con la inspección. Es un tema de gestión, no un sistema de persecución. Lo que pasa es que las instrucciones son muy fáciles de malinterpretar", han respondido a Vozpópuli fuentes del Ministerio.
De doce indicadores que determinan la productividad por objetivos de los trabajadores del (SEPE), cuatro están relacionadas con la eliminación permanente de la prestación 
Según un documento interno al que ha tenido acceso este periódico, de doce indicadores que determinan la productividad por objetivos de los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuatro están relacionadas con la eliminación permanente de la prestación. Así, el número de bajas "por control de requisitos" supone un 16% de la productividad. Las bajas definitivas derivadas de la "comprobación de la disponibilidad para el empleo" computan un 10%. Las expulsiones "por la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS)" cuentan un 6%. Y las revocaciones "por control de gestión" tienen un peso del 4%. En total, las bajas definitivas del sistema suponen un 36% de la productividad por objetivos. Por comparar, otros indicadores importantes, como el número de días de demora en el reconocimiento de las prestaciones, o el porcentaje de sentencias favorables para la Administración, tienen un peso del 3% cada uno en el ranking de la productividad.

'Apatrullando' la ciudad en cada 'campaña BBC'

A la acción de 'ir a pillar' parados que perciben prestación por desempleo, los funcionarios de la casa lo llaman "apatrullar", como guiño al personaje Torrente. Y como en la España de austeridad y sumisión a la Troika los bolsillos están muy resentidos, después de quedarse sin la extra, los trabajadores públicos afilan el lápiz y se disponen a ingresar unos duros más en concepto de productividad por objetivos en lo que queda del esquizofrénico INEM.

Los que sí que apatrullan la ciudad, literalmente, como 'el brazo tonto de la ley' de Santiago Segura, son los inspectores de trabajo, por ejemplo, en la llamada "Campaña BBC", esto es, Bodas Bodas, Banquetes y Comuniones, que tiene lugar cada primavera. Si los inspectores sorprenden en los restaurantes a trabajadores sin dar de alta, tienen premio. Si por casualidad pillan a un camarero haciendo una 'extra' que además es parado, entonces el premio es doble. "En ese caso, hemos matado dos pájaros de un tiro: Al empresario que no da de alta a sus extras, y al parado que estaba cobrando una prestación", informan las fuentes.

Excepción jurídica en las prestaciones por desempleo
Uno de los indicadores mencionados, el de las "revocaciones por control de gestión" es, a juicio de fuentes jurídicas consultadas, especialmente grave. "Esto significa que se controlan los derechos reconocidos y cuando no están bien reconocidos, se anulan. Revocar un derecho es una cosa muy grave, necesita la intervención de un juez", explican.

En muchas ocasiones, quien se ha confundido es la Administración. Y la Administración no puede ir contra sus propios actos, en virtud del principio de interdicción de los actos propios. Pues bien, en el SEPE, el volumen de trabajo es tal, que se ha retorcido la ley de tal manera que en lo que afecta a las prestaciones por desempleo, disfruta de una excepción al principio de interdicción de los actos propios de la Administración y puede revocar los derechos reconocidos sin necesidad de autorización judicial. Lo cual, según los letrados consultados, "provoca desconfianza en las instituciones y afecta a la seguridad jurídica".
Bruselas recomienda, España obedece
Tras las recomendaciones de Bruselas, las prestaciones ya sufrieron un ajuste a la baja. "Ahora lo que pide es coordinar mejor las políticas activas y las pasivas, entre las CCAA y el Estado
Vozpópuli ha preguntado al Ministerio si en años anteriores los criterios y los porcentajes de la productividad eran los mismos que en 2013. Y la respuesta ha sido que "no ha habido cambios en la persecución de los parados. Siempre ha habido un objetivo de bajas. Los criterios son los mismos desde hace bastantes años. En líneas generales, las productividades no han cambiado. Los porcentajes tampoco han cambiado, lo que sí ha cambiado es el margen".

¿Hasta qué punto la Troika marca los objetivos del Empleo español y la productividad de sus funcionarios?

Desde el Ministerio responden que, tras las recomendaciones de Bruselas, en julio del año pasado, las prestaciones por desempleo ya sufrieron un ajuste a la baja. "Ahora lo que pide es coordinar mejor las políticas activas y las pasivas, entre las CCAA y el Estado. Las últimas recomendaciones van por ahí. De hecho, el año que viene, el 40% de lo que reciban las CCAA dependerá de objetivos". Cabe señalar aquí que muy recientemente, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que las competencias sancionadoras en materia laboral pasan a depender de las Comunidades Autónomas y no del Estado (SEPE). ¿Seguirán apuntando esos objetivos a la 'caza' del parado?

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