INFORMACION TOTALAMENTE ACTUALIZADA

Mostrando entradas con la etiqueta administracion. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta administracion. Mostrar todas las entradas

lunes, 4 de noviembre de 2013

EMPRESA ELECTRICA CON 6 EMPLEADOS DESPUNTA COMO CONTRATISTA DE LA ADMINISTRACION

Una eléctrica con seis empleados despunta como contratista de la Administración
En dos años, la catalana Aura Energía logra más de 18 millones en contratos del sector público, un cliente de riesgo por sus tensiones de tesorería. Suministra al Ministerio de Empleo, más de una decena de ayuntamientos e instituciones como la CNMV.

La CNMV es uno de los organismos que ha confiado en Aura Energía.
Al oligopolio eléctrico le ha salido un competidor inesperado en un segmento que, todo hay que decirlo, tampoco interesa demasiado a Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y demás grandes compañías del sector. Se trata de una empresa con una plantilla ínfima, que no destina un euro a publicidad y que de momento no ha fichado a ningún expolítico como consejero. Por no tener, no tiene ni consejo de administración.
Se trata de Aura Energía, comercializadora radicada en Sant Joan Despí (Barcelona) que echó a andar en 2011 y que desde entonces se ha adjudicado contratos para el suministro eléctrico de diferentes Administraciones públicas por un importe global de 18,4 millones de euros, más de 3.000 millones de las antiguas pesetas.
El importe es considerable si se tienen en cuenta las discretas magnitudes de una compañía que el año pasado empleó, según sus cuentas anuales, a una media de apenas 2,8 personas, plantilla que fuentes del sector elevan actualmente a unos seis efectivos. La empresa facturó poco más de 5,56 millones en 2012 y logró entrar en beneficios al registrar un resultado positivo de algo menos de 120.000 euros.
Cifras propias de un pigmeo empresarial si se comparan, por ejemplo, con las de Iberdrola, la primera eléctrica española, que en el ejercicio 2012 logró la misma facturación en apenas una hora y veinticinco minutos. 
Con esas credenciales, en tiempo récord y sin hacer ningún ruido, esta minúscula comercializadora eléctrica ha logrado hacerse con una cartera de contratos, en ningún caso superiores a los 3 millones de euros, con clientes entre los que destaca especialmente el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que en los últimos dos años ha seleccionado a Aura como proveedor de electricidad por cerca de 6,5 millones.
La empresa se ha convertido además en suministrador de otros ministerios como los de Hacienda y Agricultura y más de una decena de ayuntamientos, entre los que destacan Pinto (Madrid), CuencaCeuta o As Pontes, localidad gallega históricamente vinculada a Endesa.
Aura Energía también ha logrado contratos licitados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en la Comunidad Valenciana, región que concentra buena parte de su cartera de clientes.
La empresa ha elegido como target un mercado, el de las Administraciones públicas, ante el cual sus teóricos rivales (las grandes eléctricas) arrugan la nariz, porque contratar hoy con algunas entidades públicas es, dicen esos gigantes, una actividad, en ocasiones, de alto riesgo, por los problemas de tesorería que muchas de ellas atraviesan.
Como muestra están los casos de municipios como Valencia y Novelda (Alicante), o empresas públicas como Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), a los que la propia Iberdrola ha cortado la luz en los últimos años en respuesta a los repetidos impagos sufridos por la eléctrica.
Por otro lado, grandes ciudades como Murcia, instituciones como el Defensor del Pueblo o entidades públicas como la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid han tenido que declarar desiertos grandes concursos de suministro de luz que habían convocado ante la falta de ofertas.
La comercialización entraña un elevado riesgo porque la luz que se suministra se paga semana a semana y la fecha de cobro puede ser incierta
Como reza el topónimo de otro de sus clientes, el municipio granadino dePeligros, el mercado en el que opera Aura tiene sus ídems, ya que las pequeñas comercializadoras de electricidad, al no generar la energía que ofrecen, pagan el producto que suministran semana a semana. Y otra cosa es cuándo les pagan sus clientes.
No obstante, ser proveedor de la Administración también presenta la importante ventaja de no requerir de una potente red de ventas para captar contratos. Basta con acudir a las licitaciones y ganarlas. 
Aura Energía está controlada por Vopi 4, una constructora de tamaño pequeño y una larga experiencia como contratista de la Administración cuya red de contactos, presumiblemente, ha dado un empujón a las cifras de la empresa.
También presumiblemente (la empresa no ha querido hacer comentarios) el secreto de su éxito radique en lo ajustado de sus ofertas, ya que en este tipo de licitaciones, el precio suele ser el elemento decisivo a la hora de adjudicar. 

viernes, 20 de septiembre de 2013

LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRE LA PUERTA A LA ENTRADA DE CAPITAL PRIVADO ESPECULATIVO


La reforma de la Administración local abre la puerta a la entrada de capital privado especulativo

Asociaciones y plataformas rurales denuncian que el Proyecto de Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, diseñado por el Ministerio de Hacienda supone una "desamortización encubierta" de los bienes comunales.
Sostienen que la nueva Ley no supondrá un ahorro de costes para la administración y acaba con la descentralización eficiente de los recursos y servicios.

Extinguidos dos incendios surgidos la pasada noche que quemaron 62 hectáras en Riós
Asociaciones y plataformas rurales denuncian que el Proyecto de Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local desarrollado por Hacienda abrirá la puerta a la especulación y al capital privado de las grandes corporaciones. "Esta ley supone una desamortización encubierta de los bienes comunales (agua, bosques, cotos de caza, reservas micológicas) que son propiedad de las pequeñas entidades locales y pasarían a ser propiedad de administraciones públicas como ayuntamientos o diputaciones", señalan representantes de plataformas rurales.
Además lamentan que "con este Proyecto de Ley se termina con la capacidad de decisión de las juntas vecinales (órganos de gestión y administración formado por los propios habitantes de los pequeñas localidades rurales) sobre sus propios recursos y se facilita la privatización del agua, el fracking y otro tipo de actividades especulativas que sólo buscan la rentabilidad a corto plazo".
Las plataformas rurales intentan desmontar uno de los objetivos que según Moncloa pretende esta reforma: eliminar duplicidades y ahorrar costes administrativos. Según los representantes de las entidades locales menores, esto sólo sirve para "maquillar las cifras ante Bruselas", "podrán decir que han reducido el número de políticos pero la realidad es que los pequeños núcleos rurales no han generado déficit y los representantes no cobran nada" recalcaron. 
Entre los postulados que destaca Moncloa sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada por el Consejo de Ministros el 26 de julio de 2013 está "favorecer la actividad económica local con medidas liberalizadoras".
Los bienes comunales abarcan en España, según las plataformas de representación del mundo rural, cuatro millones y medio de hectáreas. Sostienen que ahora mismo las grandes corporaciones están interesadas en las materias primas para especular y que estos territorios son uno de los patrimonios más valiosos que posee España.
En una rueda de prensa organizada por Ecologistas en Acción en la que han participado diferentes asociaciones del mundo rural y algunos representantes públicos de entidades menores, han señalado que "detrás de esta ley está acabar con la gestión del territorio y de los servicios además de eliminar la capacidad de decisión de los representantes locales que pasaría a administraciones superiores más permeables a la entrada de gestiones publico-privadas o directamente privadas".

EL GOBIERNO QUIERE "MILITALIZAR" LA ADMINISTRACION DEL ESTADO


El Gobierno quiere 'militarizar' la Administración del Estado

Propone que los oficiales del Ejército puedan pasar a ser funcionarios civiles y trasladen a sus nuevos compañeros los "valores aprehendidos dentro de la institución militar


Aseguraba esta semana Cristóbal Montoro que España no tardaría en asombrar de nuevo el mundo y puede que el Gobierno esté a punto de conseguirlo. A propuesta de Defensa, el Consejo de Ministros tiene hoy sobre la mesa un proyecto para modificar la carrera militar que, en esencia, consiste en convertir a militares de carrera en funcionarios civiles y, ya de paso, ‘militarizar' la Administración del Estado.
Más allá de intentar recolocar a los altos mandos militares que sobran en el mastodóntico cuerpo de oficiales del Ejército, la memoria explicativa del proyecto da cuenta también de otro objetivo no menos ambicioso: "beneficiar al resto de las Administraciones públicas del potencial y la experiencia de este personal a través de los valores aprehendidos dentro de la institución militar, generando al mismo tiempo una cultura de defensa y cercanía entre el mundo civil y militar".
Los militares exportarán sus "valores" a los funcionarios civiles
Entre estos valores, obviamente, están el orden, la disciplina, el espíritu de sacrificio y el amor a España que, por lo visto, el Gobierno del PP debe de echar en falta entre los funcionarios civiles del Estado.
La modificación de la ley 39/2007 de la Carrera Militar regulará una nueva situación administrativa a la que se denominará "servicio en otras Administraciones Públicas ajenas a la Administración Militar".
Según Defensa, ello permitirá ampliar las expectativas profesionales de los oficiales y optimizar la gestión de los recursos humanos entre las administraciones públicas. En último extremo, como ya se ha mencionado, permitirá "exportar e intercambiar los conocimientos, experiencia y valores del personal militar al resto de la Administración Pública".
Defensa hace hincapié en que se trata de "dar un impulso a la política de recursos humanos basada en el mérito, la profesionalidad y la responsabilidad: flexible y sensible a las necesidades del servicio público". Los oficiales que se acojan a esta nueva situación administrativa mantendrá su condición de militares, si bien en suspenso. 

sábado, 15 de junio de 2013

REGALAMOS 300 EUROS A LAS EMPRESAS ELECTRICAS, POR UN DESPISTE DE LA ADMINISTRACION


Cada familia española “regaló” 300 euros a las eléctricas por un “despiste” de la administración.

Cada familia española “regaló” 300 euros a las eléctricas por un “despiste” de la administración.
En 2010 prescribía la acción de reclamación de los 3.400 millones, mientras se recortaban más de 2.500 millones a 55.000 familias fotovoltaicas. Se le debe un explicación a la ciudadanía española.
En 1997 el Estado reconoció, para cada una de las diferentes tecnologías de producción de las grandes eléctricas, unos gastos de inversión que debían recuperarse a largo plazo a través de la tarifa regulada; una situación que ahora se les niega a las energías renovables.

A juicio de las eléctricas, los costes de inversión no se habían sido recuperados en su totalidad, por lo que se establecieron los denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC), que les garantizaba la recuperación de las inversiones, de tal forma que recibían una subvención, en concepto  de CTC, que se calculó en 3,606 cent€/kWh, como la diferencia entre el precio de mercado y el precio de referencia establecido; de tal manera que, si el precio de mercado era inferior al de referencia, las empresas eléctricas recibirían una compensación, y si ocurría lo contrario, y el precio de mercado era superior al de referencia, se les descontaría la diferencia.

Sin embargo, al obtener precios de mercado muy superiores al de referencia, a finales de 2005 los CTC pendientes de cobro resultaban negativos, es decir, las empresas habían recibido más dinero por los precios fijados en el mercado que el que se habían estimado para garantizar las rentabilidades, por lo que, mediante el RD 7/2006, se suprimieron los CTC; pero sin que se les reclamará a las eléctricas el montante percibido de manera indebida: 3.400.000.000 Euros, que vienen a ser más de 300 Euros por familia española.

El informe que elaboró en su día la Abogacía del Estado, enviado por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), en junio de 2008, calculaba que las empresas habrían cobrado ese dinero de más sin que ningún Gobierno lo hubiera reclamado. Y en algún momento entre 2010 y 2011, el asunto, y por tanto la posibilidad de reclamar el exceso pagado, habría prescrito.

En ese mismo momento que prescribía la acción de reclamación de los 3.400 millones, se aprobaban los RDL 14/2010 y el R.D. 1565/2010 que recortaban más de 2.500 millones a 55.000 familias fotovoltaicos, que destinaron sus ahorros a una inversión responsable y ética al amparo de un Boletín Oficial del Estado y se les cercenaba hasta en un 40% los retornos garantizados por el Estado y con ello cualquier posibilidad de mantener los pagos de sus préstamos, avalados en la mayoría de los casos con sus propias viviendas.

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha lamentado que “la Administración sea tan exhaustiva con el ciudadano en sus obligaciones con el Estado, pero tan laxa en ocasiones con grandes empresas que remuneran a ex Presidentes, ex ministros y ex altos cargos de las Administraciones” y exige que se tomen las medidas necesarias para depurar responsabilidades por respeto a la democracia y a la ciudadanía.

martes, 4 de junio de 2013

PRIMERA CONDENA A LA ADMINISTRACION, POR LA RETIRADA DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD


Primera condena a la Administración por la retirada de la paga extra de Navidad


Dos funcionarias durante la 'comida de navidad' que celebraron en San Esteban. (Patxi Gomariz)
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia ha condenado a la Administración, a devolver a una funcionaria, afiliada a CSI-F, la parte devengada de la paga extra, entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor del Decreto de recortes del Gobierno.
En total, la Diputación de Palencia tendrá que devolver 501,30 euros. Se trata del primer reconocimiento judicial que afecta al personal funcionario. Hasta ahora los pronunciamientos judiciales solo afectaban a los trabajadores con relación de carácter laboral. Además, no es susceptible de recurso de apelación.
La sentencia reconoce la improcedencia de la actuación administrativa, teniendo en cuenta que “cercena con efectos retroactivos” las retribuciones del personal funcionario. Esta sentencia, por lo novedoso, abre el camino a nuevas reclamaciones en el resto de las administraciones.
Esta sentencia se conoce después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad contra la medida del Gobierno. Para CSI-F, estos pronunciamientos judiciales constatan las justas reivindicaciones de los empleados públicos contra una medida de carácter confiscatorio y por tanto injusta y de dudosa aplicación, tal y como señaló también la Defensora del Pueblo.
El Gobierno nunca debió suprimir la paga extra y no debe perder más tiempo en sentarse a negociar con los sindicatos para determinar los cauces para su devolución, porque cada día que pasa crece el agravio hacia un colectivo injustamente maltratado desde el comienzo de la crisis.
En este sentido, CSI-F reclama la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas con el fin de negociar la devolución para evitar que los múltiples contenciosos iniciados en toda España colapsen el funcionamiento de la Justicia y supongan un coste añadido al Estado. CSI-F anuncia que, en el ámbito de su responsabilidad, no va a cejar hasta que los empleados públicos recuperen el cien por cien de la paga extra, hasta el último euro.