CORRUPCIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL | ENRIQUE SANTIAGO, ABOGADO EN LA QUERELLA DE IU CONTRA BÁRCENAS
«Hablamos de un sistema que ha comprado consejos de ministros»
Nacido en Madrid en 1964, Enrique Santiago es una de las cabezas visibles de la querella interpuesta por IU, Ecologistas en Acción, Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de Abogados y Abogadas y la Confederación de los Verdes contra Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y otros dirigentes del PP, así como empresarios. La denuncia fue cursada poco después de que estallase el escándalo de «los papeles de Bárcenas». Sin embargo, el extesorero no había declarado hasta el pasado lunes.
Alberto PRADILLA | MADRID
La declaración del lunes supuso un cambio en la estrategia judicial de Luis Bárcenas. ¿Qué puede buscar el extesorero del PP?
Él ahora reconoce la autenticidad de los papeles y entrega documentos que permiten verificarla. Es evidente que en su declaración no dijo todo lo que sabía ni entregó todo. Su estrategia consiste ahora en atribuirse delitos que tienen una condena escasa para poder implicar y a dirigentes del PP en otro tipo de comportamientos ilícitos, yo entiendo que con el fin de continuar una negociación que debe de estar intentando retomar. Seguro que se reserva elementos más importantes y lo que está es lanzando una advertencia a la dirección del PP: «puedo hablar más y enseñar más documentos, así que negociemos».
¿Cree que fue el ingreso en prisión el motivo de que ahora decida «tirar de la manta»?
Ha entrado en prisión y eso es lo que ha cambiado. Como ocurre en estos casos, ahí se rompe la «omertá» mafiosa. Es la sensación que parece que hay en Génova, porque inmediatamente le mandan a los enviados para proponer un nuevo acuerdo. Por lo que él declaró, se produjo una situación completamente anómala. Le sacaron de la zona de internos y le llevaron al despacho del vicedirector de seguridad de la cárcel. Allí se reunió con un abogado que enviaba el PP. No dio el nombre, pero todo el mundo sabe que es Javier Iglesias, el abogado de Álvaro Lapuerta.
¿Cuál cree que es el objetivo de estas negociaciones?
Durante estos días estamos viendo que la operación para decretar la nulidad de las actuaciones está en marcha. Hay muchos indicios y se trataría de lo mismo que ocurrió con el caso Naseiro, en los años 80. El primer indicio es cómo relata el propio Bárcenas el mensaje que le llevan a Soto del Real. Allí le ofrecen, a cambio de deje de divulgar papeles y niegue la autenticidad, que entre septiembre y octubre se anularía el proceso. También dijo que le ofrecieron el cese del ministro Gallardón e incluso medio millón de euros en efectivo y la posibilidad de que conserve el 25% de los saldos de las cuentas en Suiza. Desde mi punto de vista, que en la negociación metan eso significa que quien hace esta propuesta conoce el saldo de las cuentas en Suiza. Esto es un indicio más de lo que nosotros mantenemos: que el dinero de Bárcenas no es solo suyo. No sabemos si es del PP o de otras personas dentro del PP.
Desde que interpusieron la querella, el pasado 28 de febrero, esta es la primera ocasión en la que Bárcenas ha declarado por el caso de «los papeles»
No tiene mucha lógica, pero está en el origen de la operación que hizo en marzo la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, con Enrique López a la cabeza, cuando impidió la declaración de Bárcenas en el procedimiento de los papeles. Aquella operación se produjo con mucha prisa porque eran conscientes de que había un altísimo riesgo de que Gómez Bermúdez decretase el ingreso en prisión, ya que es lo que íbamos a solicitar nosotros. No tiene mucha explicación que Bárcenas haya declarado nueve veces por la trama Gürtel y ninguna acusación hubiese pedido cárcel.
¿Cómo le vio en su declaración ante el juez?
Estaba muy tranquilo, con una declaración muy pensada, meditada y preparada, con la documentación precisa para acreditar lo que declaraba. Estuvo muy colaborador. Midió mucho lo que decía. Al único que no identifica respecto a las iniciales es a Aznar. Se cuida mucho de no tocarle y de no poner en problemas a Pío García Escudero, actual presidente del Senado. Dispara únicamente contra los empresarios que necesita poner en evidencia para implicar a Cospedal y Rajoy respecto a dos pagos, el de Sacyr Vallehermoso al PP de Castilla-La Mancha y los 300.000 euros que, según él, entrega directamente Villar Mir en septiembre de 2011. Aunque lo básico es que rompe la línea que mantenía de intentar proteger al PP porque valora que no han cumplido las promesas que le han hecho.
¿Cree que ahora deberían de abrirse nuevas líneas de investigación?
No es que se abra ninguna línea, sino que ha confirmado al 100% todo lo que nosotros decimos en la querella: que lo grave no son los trajes o los sobresueldos de Rajoy. Lo grave es que durante años ha existido un sistema por el cual las grandes compañías de infraestructuras compraban los consejos de ministros. Nosotros creemos que no estaban pagando estrictamente por contratos, aunque en ocasiones fuese así. Por lo que estaban pagando era por determinar las políticas de infraestructuras: el Plan Hidrológico Nacional, los planes del AVE... De hecho hay declaraciones de imputados que nos llevan a confirmar eso. Villar Mir intentando eludir responsabilidades por negociar contratos dijo que no se había reunido con Jaume Matas para esto, sino para hablar sobre el Plan Hidrológico Nacional.
También hay otro elemento importante que ha confirmado ahora Bárcenas y lo dijo Vileda, responsable querellado del grupo Rubau Construcciones, que ha trabajado mucho en autopistas y AVE y que aparece como uno de los pagadores habituales. En su declaración habla de una comisión de infraestructuras del PP. Una comisión que no figura en los estatutos, que nadie sabe qué es y en la que, según su declaración, estaban Bárcenas, Lapuerta y distintos empresarios, entre ellos, él. Es evidente que esa comisión no era para ver si funcionaban los ascensores de la calle Génova. Le preguntamos y él no supo aclarar para qué servía. Bárcenas dijo que en esa comisión se definían los grandes planes de infraestructuras que el PP iba a incluir en su programa electoral y si ganaba iba a ejecutar. Nosotros creemos que la esencia del asunto es este.
Entonces, ¿hablamos del «caso Bárcenas», del «caso PP» o lo que se pone en tela de juicio es todo un sistema?
Nosotros no pusimos una querella porque pensásemos que Rajoy se había metido al bolsillo 2.000 euros al mes o le habían pagado los trajes. La pusimos porque apreciamos que estamos hablando de un sistema de cooptación mafiosa, un sistema criminal que ha cooptado o comprado consejos de ministros. El asunto no es que estuvieran pagando sobres a determinados dirigentes del PP. El problema es que esos dirigentes, en los períodos en los que gobiernan, se sientan en los consejos de ministros. Y entonces también percibían ese dinero. Por lo tanto, hablamos de un consejo de ministros comprado, cooptado o como quieras llamarlo. Eso es lo grave. Esto ha tenido un coste brutal para toda la ciudadanía. Hay tramos de AVE cuyos presupuestos se han incrementado en 2.000 o 3.000. Hablamos del «caso constructoras» y «caso cooptación del Gobierno» por esas mismas constructoras.
¿Habrá nuevas imputaciones?
Debería de haberlas. Bárcenas dice que en este sistema, que estaba absolutamente reglado, quien tomaba la decisión de a quién se le pagaba y cuánto era en todo momento el secretario general del partido. Nosotros pedimos hace tiempo la declaración de tres de ellos, Cascos, Arenas y Cospedal. El juez lo tiene pendiente y todo parece indicar que se mostrará favorable a que declaren. Luego ya veremos si son imputados o no. El tema es que si por ejemplo Cospedal es imputada, por ser presidenta de Comunidad Autónoma, la competencia saldría de la Audiencia Nacional.
¿Rajoy podría estar entre los citados ante el juez?
No somos partidarios de hacer esta citación todavía porque, por motivos obvios, no se iba a aprobar. Es el presidente del Gobierno y, de momento, la única imputación que hay en su contra es la de un señor que está en la cárcel. Nuestro criterio es que hay que buscar más indicios.
Además de la estructura a nivel estatal, ¿pudo haber otros sistemas similares en territorios?
Bárcenas dice en su declaración que este es el sistema que siempre se ha llevado en el PP. Que es el sistema de Naseiro, que cuando entró le dijeron cómo funcionaba y le entregaron la documentación y el dinero. Y que él, cuando terminó, hizo lo propio con el siguiente tesorero. Él dice que le consta que existen sistemas similares, si no idénticos, en el resto de organizaciones territoriales del PP. Cita sobre todo a Galicia, diciendo que aquello era un chorro constante de donaciones recogidas entre empresarios. Habrá que ver qué empresarios eran porque vistas las amistades del actual presidente con los narcos no sería de extrañar que hubiese implicaciones con el narcotráfico en Galicia. Habrá que investigarlo.
¿Pueden haber prescrito los delitos?
Salvo la prevaricación y el cohecho podrían estar prescritos todos, salvo que se acredite, y todo apunta a que es así, un delito continuado. Desde nuestro punto de vista son los más importantes por las nefastas consecuencias que hemos sufrido todos los ciudadanos.
