Lanzarote: el paraíso de los 200 imputados
La isla intentó frenar el tsunami del ladrillo
Ahora tiene 22 complejos turísticos ilegales y decenas de sumarios por corrupción
Las investigaciones salpican a empresarios y políticos de todos los colores
Caboandrés, la goleta de Pedro de Armas, continúa anclada junto al dique de Puerto Calero, en Lanzarote. Las olas la golpean a estribor, y en popa luce un cangrejo rojo, el animal que lleva por sobrenombre su dueño, Pedro el Cangrejo, un político y empresario singular. Aparatoso, fanático de los Beatles, hace un año su fama arribó a la Península al convertirse en el concejal fugado al Caribe. Desapareció de Arrecife cinco meses sin avisar de que disputaría con el Caboandrés una regata en la Martinica. La travesía fue tan absorbente que ni volvió por su Ayuntamiento cuando dimitió el alcalde. Lo delataron sus fotos en Facebook y 1.200 euros de factura del móvil corporativo.
Hace dos semanas se hizo público que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha investigado un año y medio a De Armas. Le ha localizado 112 fincas (una de 13.000 hectáreas en Argentina), nueve barcos y 66 cuentas corrientes, además de donaciones millonarias a sus hijos y cobros de cientos de miles de euros en operaciones urbanísticas. El edil, fundador del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), nunca ha sido imputado, pero su presencia lleva tiempo planeando sobre los grandes sumarios judiciales de Lanzarote. Dimas Martín, su mentor y capo di tutti capi isleño, dejó caer su nombre en el caso Unión en venganza por una denuncia de De Armas que lo llevó a la cárcel. También en el caso Costa Roja fue sospechoso de cobrar una comisión de tres millones del empresario Lleó, miembro de una de las grandes familias de la isla y otro habitual en los sumarios conejeros. Y en la Operación Yate se asoma en detalles como una factura de material náutico encontrada en el coche de José Francisco Reyes -exalcalde de Yaiza, del mismo PNL y multimputado por corrupción-; dato sospechoso después de que Reyes le otorgara licencias de construcción ilegales.
Lanzarote se convirtió en un pandemonio judicial a partir del caso Unión, que arranca en 2008 con unas grabaciones que registran cómo Lleóusó de intermediario a Fernando Becerra (hermano de Juan Carlos Becerra, el otro líder del PNL) para intentar comprar a un consejero socialista del Cabildo a cambio de que desbloqueara el proyecto urbanístico de Costa Roja, iniciado con una licencia concedida por Reyes. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) grabó la conversación entre Becerra y el consejero, y a partir de ahí los juzgados comenzaron a autorizar escuchas telefónicas. Se abría el vientre de la serpiente.
Para no levantar sospechas, los agentes de la UCO desembarcaron en la isla en 2009 entre la andanada de participantes en la triatlón Iron Man. Intervinieron el Ayuntamiento de Arrecife y el pánico cundió. Los más avisados podían sospechar cierta tendencia a la corrupción de parte de políticos y grandes empresarios, pero no de técnicos municipales ni de decenas de anónimos. Ciudadanos sin relación con la trama recuerdan cómo detenían a amigos que jamás habían sospechado que caminaran por los lindes de la legalidad; pero en Arrecife era muy sencillo mancharse: a menudo los contratos públicos no se regían por el derecho administrativo, sino por favores que los más poderosos otorgaban a quienes aceptaban pedírselos. Cinco años después, con la instrucción del Unión a punto de cerrarse, Lanzarote es la tierra de los imputados, con más de 200 repartidos entre decenas de causas, 11 de ellos alcaldes y exalcaldes de los siete municipios que componen la isla.
De Armas es un producto típico de este clima. De familia humilde, se sumó al desarrollismo en los setenta, cuando pedregales sin valor comenzaron a venderse por millones. A lo largo de los años ha entrado y salido de partidos: primero militó en el Partido Independiente de Lanzarote (PIL), luego creó el PNL, que se integró en Coalición Canaria (CC) para luego retomar su andadura en solitario y, luego sumarse a Nueva Canarias. Mientras, ha ido encadenando cargos públicos de la importancia de presidente del Cabildo, concejal de urbanismo de Arrecife y director de Gesplan, empresa pública de planeamiento del Gobierno de Canarias. Entre 2003 y 2005 ya desapareció del Ayuntamiento, y en 2002 se le había investigado porque saldó una deuda del pesquero Ocean King, arribado a Arrecife desde Mauritania con 20 inmigrantes irregulares.
La razón por la que ahora se revela la investigación a De Armas tampoco es reconfortante. En julio de 2013, el veterano juez Rafael Lis, recién llegado al juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, pidió a la policía que le informara de unas investigaciones aprobadas por sus predecesoras en el cargo. Tras recibir el informe con las posesiones de El Cangrejo, lo archivó por considerar que respondía a una persecución política “basada en suposiciones e intuiciones con una acreditación mínima”. La Fiscalía recurrió la decisión y la Audiencia Provincial le dio la razón, concluyendo que De Armas había reunido méritos para ser investigado.
Lanzarote tiene 150.000 habitantes y el 90% de su PIB procede del turismo. Su capital, Arrecife, es una ciudad muy humilde de casas blancas y bajas. Hombres maduros fotocopian sus currículos en los locutorios: “La cosa está muy dura”, explican desencantados. En un ordenador cercano un chico rellena un formulario para encontrar novia por Internet. “¿En trabajo, qué pongo?”. Un amigo se ríe: “Que estás parado, como todos”.
En las islas no suele ser fácil encontrar respuestas. La semana pasada De Armas explicó a este diario que tiene órdenes de su abogado de no hablar y que se encontraba fuera de la isla para un chequeo médico. En el 87 de la calle de León y Castillo, la sede del PNL ya no existe, y en la de Nueva Canarias, coalición en la que se ha integrado, no contestan. Es lo común en una isla en la que los partidos se fusionan y desaparecen a una velocidad muy superior a cualquier evolución ideológica conocida en la historia de la humanidad.
El último equipo de Gobierno que terminó unido la legislatura en Arrecife data de 1995. Esta legislatura el alcalde Cándido Reguera (imputado en la Operación Montecarlo) fue sustituido por Manolo Fajardo (CC) con apoyo de PSOE y Alternativa Ciudadana. Fajardo no quiso hacer declaraciones para este reportaje y dejó la decisión en manos de sus portavoces. En un homenaje al pactismo, CC y el PSOE discutieron el asunto y optaron por el silencio a pesar de que el consistorio lidia con la herencia de numerosas irregularidades, reconocidas incluso porinformes del Tribunal de Cuentas.
La policía asegura que Pedro de Armas, el concejal del Caribe, tiene 112 fincas, 9 barcos y 66 cuentas corrientes
Las sospechas en torno al proceso han sido siempre tan acendradas que César Romero Pamparacuatro, el juez que lanzó el Unión mientras esperaba que el Consejo General del Poder Judicial le diera un destino definitivo, decidió no introducir ninguna información en el programa informático de gestión de los juzgados. Su desconfianza se reveló fundada cuando la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, recibió el soplo de que iba a ser detenida. Déniz era hermana de la exviceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias y sospechosa de aceptar sobornos de empresas contratadas por su Ayuntamiento.
Recogida de basura, iluminación en las fiestas… Con los años los conejeros han ido descubriendo que todo era una oportunidad para que alguien se enriqueciera ilegalmente. También se han acostumbrado a que los nombres más importantes de la isla sean objeto de investigación. Estos días la novedad era la clausura de las bodegas Stratvs, un caso con 18 imputados y en el que vuelve a estar implicado Juan Francisco Rosa Marrero, el principal empresario local.
En el caso Stratvs, Rosa presuntamente cometió una serie de delitos contra el territorio que incluyen usurpación de terrenos. No es una novedad la laxa interpretación que hace el empresario de las regulaciones, a juzgar por su imputación en la Operación Jable, hija del Unión, en la que se perseguía el entramado de ocultamiento de bienes relacionados con el padrino Dimas Martín. Y aunque nunca se haya probado ningún delito en las actividades de Rosa, las investigaciones han desvelado que Martín vive en una casa del empresario y que fue inscrito como trabajador en uno de sus negocios para acceder al tercer grado penitenciario.
Rosa, que no ha respondido a los mensajes de este diario, posee dos hoteles ilegales y es protagonista de la que se considera historia seminal del descontrol urbanístico de Lanzarote: la del apartahotel Los Fariones. Y aquí se puede presentar a otro personaje fundamental en los sumarios de la isla: Felipe Fernández Camero, el abogado de todos.
En el litigio en torno a la legalidad de Los Fariones, Fernández Camero reunía la doble condición de defensor del apartahotel y asesor del Ayuntamiento de Tías, municipio donde se levantó. Esta ubicuidad es característica de la carrera de Camero (Granada, 1948), secretario del Ayuntamiento de Arrecife desde 1976 hasta 2004.
De los primeros funcionarios en llegar a la isla, Camero dominaba el derecho administrativo y el urbanismo, dos disciplinas que por entonces no contaban con la misma popularidad que hoy. Él mismo explica cómo eso lo colocó en una posición inmejorable para lograr el éxito profesional: “Tengo esos conocimiento y he estado mil años aquí solo. Ahora ha venido más gente, pero al principio me buscaba todo el mundo. El primero que llegaba me contrataba”.
“La mitad de la isla me tiene en los altares, la otra mitad en los infiernos”, abunda. Entre los detractores, la denuncia del caso Yatepresenta a Camero como una figura clave en la profesionalización de la corrupción en Lanzarotes.
Mientras era funcionario en Arrecife, Camero se convirtió en asesor de la mayoría de Ayuntamientos de la isla y, por las tardes, en abogado de los promotores inmobiliarios. El pluriempleo terminó cuando en 2004 la Secretaría de Estado de Organización Territorial lo destituyó como secretario por incompatibilidad muy grave.
El mismo patrón se repitió hasta la extenuación: siempre que un Ayuntamiento (fuera del partido que fuera) era denunciado por conceder una licencia polémica, Camero defendía en los juzgados tanto al consistorio como a los promotores. La investigación ha tratado de determinar sin mucho éxito si estas coincidencias fueron fruto de un plan.
“Creo que ha habido una exageración conmigo”, protesta Camero. “Por mi personalidad y conocimiento a veces he hablado yo porque, si no, no lo hacía nadie, pero no me interesa el poder. He estado metido en todo por las circunstancias, pero nunca he hecho un negocio que no fuera mi sueldo”.
Pero las investigaciones de De Armas, Rosa y Camero son solo la fumarola del volcán. Lanzarote se ha convertido en uno de los centros nacionales de la corrupción judicializada, un caso sobre el que se publican artículos en revistas académicas. En ellos se deja muy claro que para entender la situación hay que remitirse al pecado fundacional de esta isla: intentar limitar el poder del ladrillo.
A principios de los noventa, la sociedad de Lanzarote apostó por la contención del crecimiento. El movimiento lo patrocinaron las élites culturales, con César Manrique como profeta. Al regresar de Madrid y Nueva York en 1966, el pintor fue pionero en apostar por el turismo como factor de desarrollo y, al mismo tiempo, el primero que reaccionó al crecimiento excesivo. Pronto su discurso caló en la isla y se convirtió en hegemónico.
El Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) de 1991 fue el resultado legal de ese empuje. Limitó a las playas del sur la expansión urbanística y puso un techo de 110.000 camas turísticas, rompiendo la discrecionalidad de los Ayuntamientos para fijar su crecimiento. Lanzarote se convertía así en ejemplo para el resto del archipiélago y los defensores del desarrollo sostenible. Los promotores y los Ayuntamientos no se opusieron a los designios de Manrique (hubo solo seis recursos privados contra el PIOT, cinco de ellos defendidos por Fernández Camero), en parte porque el límite de 110.000 camas parecía aún lejano para una isla con 43.000.
Para premiar este experimento de defensa de un paisaje natural único, la isla fue declarada por la Unesco Reserva de la Biosfera en 1993. Los problemas comenzaron cuando en la década siguiente la explosión de la construcción demostró que las 110.000 camas podían ser un corsé más estrecho de lo pensado. Además, el Cabildo completó el PIOT con una ley de 2000 que limitaba la construcción a 10.000 camas en los 10 años venideros. El empresariado entró en ebullición y, rompiendo las normas, los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise comenzaron a conceder licencias sin permiso. El resultado son los 22 grandes complejos turísticos que hoy siguen siendo ilegales en la isla y cuya oscura gestación se ha revelado un nido de corrupción.
¿Cuáles serán las consecuencias de esto para Lanzarote? “No se puede pensar que un caso de corrupción vaya a cargarse la categoría de Reserva”, tranquiliza Aquilino Miguélez, coordinador del Observatorio de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. “El proyecto es impresionante, y por eso la Unesco lo distingue; lo otro, la corrupción y el intento de anteponer el bien personal al general, es coherente con ciertos aspectos de la naturaleza humana”.
Miguélez resume bien la confrontación que marca la isla. Se trata de la colisión de dos modelos encarnados en dos hombres: César Manrique y Dimas Martín En los años en los que el segundo ascendía al culmen de su poder, el primero moría en un accidente de tráfico.
Lanzarote no solo es una isla. Padece de la denominada doble insularidad. “Somos la colonia de la colonia: un mal perfume”, resume un poeta llamado Pablo Hernández en un café de Arrecife la distancia respecto a las grandes islas: Gran Canaria y Tenerife. Dimas Martín, un hombre del pueblo, supo explotar esa sensación de desamparo. Se envolvió en la bandera del insularismo en insumisión contra la Península y las familias de caciques que hasta entonces regían Lanzarote. De paso, también arremetió contra “la mafia verde”, los ecologistas que consideraba que trataban de limitar las posibilidades de enriquecimiento de las clases populares emergentes.
Las aventuras de este político, fundador del PIL, ya se han glosado mil veces. En los ochenta fue de los primeros políticos condenados por cohecho. En mayo de 2003 llegó a la presidencia del Cabildo por segunda vez y en diciembre fue encarcelado. Posteriormente se probó que dirigía redes mafiosas desde prisión y, a pesar de ello, el PIL organizó una campaña de liberación de Dimas, “preso político”. Ahora se le imputa en el Unión y la Operación Jable. Con cinco condenas, está en tercer grado cumpliendo.
Muchos piensan que Dimas no era peor que otros, pero que le hundió su carácter bravucón. Por ejemplo, retó a la UCO a que lo investigara, con el resultado de que estos presentaron una retahíla de pruebas contra él. “Toda una generación de políticos aquí son hijos de Dimas”, explica Saúl García, periodista considerado una constante en la investigación de la corrupción lanzaroteña, que la prensa local tiene a menudo demasiados reparos en enfrentar: “Pedro de Armas es un alumno aventajado y uno de sus enemigos íntimos, y a él también le pierde el carácter”.
La corrupción ha herido no solo al terreno y la economía de Lanzarote: también ha emponzoñado las relaciones sociales, especialmente desde el momento en que “la mafia verde” llevó a los tribunales la guerra contra los constructores de hoteles ilegales. Ninguna de las sentencias firmes de derribo se ha ejecutado. Moles como el Volcán, Gran Castillo, Natura Palace, Rubicón Palace, Papagayo Arenas, Son Bou o Princesa Yaiza continúan desafiantes ocupando el litoral. El propio ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, veranea regularmente en el Volcán.
Un denunciante en casos de corrupción guarda en la cartera la impresión de correos electrónicos con amenazas
Los imputados no son los únicos que no quieren hablar. Ni siquiera de los centros de más recalcitrante oposición al urbanismo es sencillo arrancar más que una declaración oficial. En Tahiche, donde los volcanes cambian de color cuando pasan las nubes y las plantas crasas crecen entre la ceniza, se levanta la casa blanca de César Manrique, sede de su fundación.
Esta institución privada de defensa del legado del pintor se presenta a todos los procesos judiciales contra delitos urbanísticos, organiza jornadas internacionales sobre corrupción y acoge a investigadores que estudian el tema. Sin embargo, sus portavoces solo aceptan emitir una escueta declaración: “La corrupción es un problema grave que afecta a la gobernanza de esta isla”.
Quienes conocen bien la fundación ven en esa parquedad una respuesta natural. Los costes de elevar la voz en Lanzarote son altos. Muchos de los que lo han hecho hablan de amenazas continuas. Un denunciante en casos de corrupción guarda en la cartera la impresión de correos electrónicos con amenazas para que retire sus demandas. Son amenazas elegantes, que invitan a respetar un orden establecido. En las propias oficinas de la fundación, una larga cita del escritor José Saramago sale en su defensa, denunciando en 2004 el linchamiento que sufrió en medios de comunicación subvencionados.
Esta dinámica de confrontación ha dado un papel relevante a colectivos como Transparencia Urbanística, personado en los casos Unión, Jable, Stratvs y en el Plan Parcial de Playa Blanca. Uno de sus miembros protesta: “No queremos mandar a la cárcel a media isla. Es un problema de convivencia, y aquí hay gente que pretende forrarse con cosas que son de todos. Cuando se les descubre y van a los juzgados, en lugar de negociar contratan abogados para tumbar los casos”.
Imputados como Felipe Fernández Camero también admiten lo insostenible de la situación. “Vivimos una guerra civil sin armas. Esta es una lucha de poder entre la oligarquía tradicional y las clases emergentes, de extracción humilde. No gana nadie. Y te das cuentas de que llevas muchos años, y así no se puede vivir”.
Fernando Jiménez Sánchez, especialista en corrupción de la Universidad de Murcia, ha estudiado a fondo el caso de Lanzarote. Su opinión es que la fuerza de las redes clientelares está en la base del problema. “Lo esencial es empezar por cortar el clima de impunidad”, explica. “Cuando escuchas las conversaciones grabadas a los dirigentes de estas redes, te das cuenta de la tranquilidad que disfrutan”.
Tras destapar el Unión, en 2011 el CGPJ denegó al juez Pamparacuatro la prórroga que pedía y se trasladó a Tenerife; desde entonces el caso ha pasado por las manos de tres magistrados, retrasando la instrucción. En estos momentos en los que la causa parece comprometida por las irregularidades, la judicatura intenta tranquilizar a los ciudadanos. “Elcaso Unión atascó su juzgado, pero los refuerzos lo han relanzado”, asegura Glòria Poyatos, juez decana de Lanzarote: “Dos de las 11 piezas están listas para juzgar, y para el resto esperamos que termine la instrucción en 2014. La causa no se va a tambalear por la anulación de los registros”.
Sin embargo, la sensación de impunidad parece difícil de combatir. El Gobierno canario prepara una ley para regularizar los hoteles ilegales. La empresa Urbaser, investigada en la Jable por sobornos, ha presentado la oferta más baja en el concurso para la recogida de basura de Arrecife. En enero, unos días después del cierre de su bodega, el Ministerio de Agricultura concedió un premio a los quesos de cabra que produce Juan Francisco Rosa. Fernández Camero rige un gran bufete en Lanzarote. Pedro de Armas venía anunciando que se iba a retirar de la política, y el juez Lis ya explicó cuando quiso archivar la investigación lo que piensa de los informes que la policía elabora para él. Todos temen que cuando baje la marea en la red no vuelva a quedar ningún cangrejo.
Los grandes sumarios abiertos en Lanzarote
UNIÓN
Comienza en 2008 con un intento de soborno a Carlos Espino, consejero del Cabildo de Lanzarote (actualmente imputado en otra causa). Se divide en 11 piezas con decenas de encusados, por delitos de cohecho, comisiones ilegales, blanqueo...
YATE
Concesión de decenas de licencias ilegales a cambio de comisiones en el Ayuntamiento de Yaiza. Además del exalcalde José Francisco Reyes y sus familiares (sospechosos de blanqueo), están imputados políticos y trabajadores municipales.
JABLE
Tercera fase del caso Unión, investiga el pago de comisiones de empresas a políticos del Ayuntamiento de Arrecife a cambio del contrato de determinados servicios, como la recogida de basura.
MONTECARLO
Red de pagos inflados a empresas de José Montesinos por sus servicios de suministro en los Ayuntamientos de San Bartolomé, La Oliva y Arrecife. Delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y falsedad en documento público.
STRATVS
Último caso en sumarse a la lista. Dieciocho imputados por construir una de las bodegas más modernas de Europa presentando documentación falsa sobre su tamaño y ubicación.
