FOTOS: LA GUARDIA CIVIL DETIENE A 4 PERSONAS EN UNA OPERACION CONTRA EL MALTRATO ANIMAL, (FOTOS DESAGRADABLES)

La Guardia Civil detiene a cuatro personas en Logroño en una operación contra el maltrato de animales en peleas organizadas

Se han incautado ocho perros de razas potencialmente peligrosas, ordenadores, discos duros externos, videos de peleas celebradas, y numerosa documentación

Efectivos de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Logroño, procedieron entre los días 26 y 28 del pasado mes de junio, a la detención de JM.J.J., de 35 años de edad, D.J.J., de 21 años de edad, FM.J.J., de 34 años de edad y de S.L.E., de 23 años de edad, todos ellos vecinos de Logroño, como presuntos autores de un delito de maltrato de animales domésticos.

La Operación denominada “J.J.”, comenzó a finales del pasado mes de marzo, cuando una Asociación Protectora de Animales, comunicó al Servicio de protección de la Naturaleza de Logroño, que una persona residente en La Rioja, había adoptado a través de su asociación, a varios perros de la razas potencialmente peligrosa, y que los pudiera estar empleando para organizar peleas ilegales de perros.

Tras las primeras investigaciones llevadas a cabo por el SEPRONA de La Rioja, se pudo constatar que el adoptante de los perros, no tenía licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, ni había realizado el cambio de registro de los perros en el R.I.A.C., siendo este el detonante que propicio esta Operación Policial.

Durante la investigación se comprueba que uno de los detenidos había recibido, a través de una empresa de transportes y durante los últimos tres años más de quince perros, todos ellos de razas potencialmente peligrosas, y con orígenes muy diversos, principalmente de particulares que anunciaban la venta o donación a través de Internet, con los que el detenido contactaba y concretaba la forma de envió.

Tras varios meses de investigación, el Seprona pudo localizar una finca en el término municipal de Entrena y otra en Ribafrecha, donde habían ido a parar algunos de los perros adoptados por el detenido, observando los Agentes que estos animales se encontraban en un estado lamentable, con múltiples hematomas y heridas abiertas por todo el cuerpo.

El pasado día 26 de junio tras haber recopilado pruebas suficientes y tener constancia del destino inminente que le esperaba a una de las perras, que iba a ser ahorcada (por no ser fértil para procrear) y de otro macho que estaban planeando matar porque no servía para la lucha, se procedió por Agentes del Seprona a la incautación de los animales, y el registro domiciliario de dos de los detenidos, donde se localizó abundante documentación, ordenadores, material informático y videos realizados en la finca localizada en Entrena, con espeluznantes imágenes de peleas ilegales, donde los anímales son sometidos a brutales combates, terminando estos con lesiones muy graves o la muerte de alguno de los perros participantes en las peleas.

Una vez localizados los autores se procedió a su detención y traslado a dependencias de SEPRONA en Logroño, donde se instruyeron las correspondientes diligencias, siendo puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Num. Dos de Logroño, junto con los detenidos.

Los animales incautados son depositados Centro Municipal de Recogida de Animales de Logroño, a disposición de la Autoridad Judicial. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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LA GUARDIA CIVIL APORTA MAS PRUEBAS DE QUE LAS ACTAS DE CAJA NAVARRA SE FALSEARON

La Guardia Civil aporta más pruebas de 

que las actas de CAN se falsearon

El informe pericial de la Guardia Civil sobre las actas de la Permanente ha acreditado que no hay constancia de esas reuniones en los ordenadores de la caja hasta un año después de celebrarse y después de que el escándalo saliera a la prensa. Además, 12 de las 16 actas fueron manipuladas después de ser creadas. La última alteración se hizo después de que Kontuz presentara la denuncia y la versión en papel de ese documento lleva la firma de Yolanda Barcina.

Aritz INTXUSTA | IRUÑEA

El informe pericial de la Guardia Civil confirma las sospechas de Kontuz sobre la autenticidad de las actas de la Permanente de la Junta de Entidades de CAN. Las 16 actas aparecen por primera vez en los servidores de la entidad más de un año después de las reuniones. Y, además de eso, la mayoría de ellas (12) sufrieron modificaciones. El dato más llamativo es que las dos últimas actas fueron modificadas después de que la denuncia de Kontuz llegara a los juzgados.

A pesar del carpetazo del Supremo al presunto cohecho en los cobros de Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Enrique Maya y Álvaro Miranda, la investigación sobre esta comisión no ha terminado. Seguía viva en Iruñea a la espera de este informe y, con su llegada, parece revivir con fuerza. En su escrito, la Guardia Civil no ha podido determinar cuáles fueron los cambios efectuados en esas actas modificados y hasta qué punto fueron sustanciales. Asimismo, tampoco ha conseguido averiguar si esos archivos existían antes de su aparición en los servidores de la entidad. Pero tan solo con el hecho de que doce actas estén manipuladas y el desfase en la cronología, se desmonta la versión oficial dada en los juzgados. Resulta bastante significativo que todas las actas de las reuniones aparezcan por primera vez en los servidores de CAN después de que el escándalo saltara a la prensa.

Extraoficialmente, el secretario de CAN, Alberto Pascual, asegura que él realizó las actas en el ordenador de casa y que no las volcó hasta tiempo después a los ordenadores de CAN. Es decir, las actas se elaboraron en tiempo y forma, y el desfase se debería a esa forma de trabajar tan poco diligente. Pero esto no explica por qué esos documentos se volvieron a abrir cuando estaban en la CAN para ser alterados. Y esta versión tampoco cuadra con el hecho de que las actas aparecieran en los servidores de CAN de forma gradual. ¿Si tenía todas las actas en casa, por qué van apareciendo de una y con intervalos de varias semanas y no las volcó de golpe?

En principio, lo más grave es la manipulación de estos documentos. La Guardia Civil ha constatado que se modificaron doce de los 16. Es decir, alguien accedió al documento, lo abrió, lo cambió y le dio a guardar. La gravedad de esta revelación parece explicar el por qué de la resistencia de la entidad a entregar esos archivos. Basta recordar que la juez se vio en la necesidad de enviar hasta en cuatro ocasiones a la Guardia Civil a la sede de CAN, porque los responsables no atendían a sus requerimientos de entregar las actas en soporte informático.

El papel de Barcina y de Sanz

Además de sembrar unas dudas enormes sobre la autenticidad de las actas presentadas a juicio, esta nueva prueba pericial abre una vía nueva de investigación, y la clave estará en las firmas. Para que las actas de la Permanente tuvieran validez, estas tenían que ser firmadas por el propio Pascual y el presidente de la Permanente (Sanz y Barcina). Ahora queda por determinar cuándo se firmaron y si se trata de los documentos originales o de los manipulados.

Durante la primera etapa (las diez reuniones que van desde el 31 de agosto de 2010 hasta el 30 de junio de 2011) el presidente de la Permanente fue Sanz. Las cuatro últimas reuniones (celebradas en los días 30 de agosto y 26 de setiembre de 2011) fueron presididas por Yolanda Barcina. El primer punto a dilucidar es si los presidentes firmaron los documentos que se sabe que fueron modificados, porque de esos sí que se conoce a ciencia cierta la fecha de su creación.

En el caso concreto de Barcina y de las dos actas manipuladas después de que Kontuz pusiera la denuncia, si el documento que firmó Barcina en papel coincide con el alterado el día 25 de enero de 2013, cabe interpretar que la presidenta habría intentado validar a un documento manipulado crucial para la investigación y, además, cuando ni siquiera ostentaba el cargo de presidenta de la Permanente. Independientemente de que el Supremo no vea cohecho, esto podría ser interpretado como la presentación de documento falso a juicio.

De otra parte, la nueva revelación desprende otras dudas, como quién fue el que modificó otros documentos y por qué lo hizo. Asimismo, una serie de indicios hacen más que cuestionable la versión «extraoficial» de Pascual que, por cierto, poco o nada tiene que ver con lo que declaró el secretario ante la juez María Paz Benito (que es la única versión que tiene validez a efectos legales) y también dista con el testimonio de la vicesecretaria CAN, Amaya Rández.

¿Testimonios falsos?

La versión que Pascual ha dado a «Diario de Navarra» es que él elaboró las actas en el ordenador de su casa a partir de unos Power Points que mostraba a los miembros de la Permanente. Sin embargo, el secretario ocultó a la juez este hecho tan relevante, limitándose a asegurar que los documentos generalmente los hizo él, pero que en ocasiones los pudo elaborar Rández. De lo que sí se acuerda Pascual es que se solían firmar en la sesión siguiente. Por su parte, Rández aseguró -según consta en su declaración- que a ella «le correspondía elaborar materialmente el acta conforme a las presentaciones que realizaba el secretario a los integrantes. Que ella lo pasaba a papel y se pasaba a la firma». Es evidente que, al menos, uno de los dos testigos mintió. Y eso es delito.

Además, Rández (militante de UPN al igual que Pascual) también queda en evidencia en otro punto de su declaración. A preguntas de Kontuz, Rández aseguró que cuando ella resolvió su contrato con la CAN las actas «iban a ser encuadernadas». Con los últimos datos conocidos, eso es imposible. La vicesecretaria resuelve su contrato el 23 de noviembre de 2012 y el último acta no apareció en los servidores de la CAN hasta semanas después, el 7 de diciembre.

El último testimonio vinculado a las actas de la Permanente es el de Sanz. La juez interrogó al expresidente sobre cuándo firmaba él las actas, pero Sanz fue víctima de una laguna. «Preguntado cundo se firmaban las actas, manifiesta que no recuerda con exactitud, que ha firmado muchas», reza textualmente la transcripción judicial.

La defensa trata de acreditar que las reuniones se celebraron a través de las fechas de creación de los documentos Power Point que, supuestamente, se pasaban a los miembros de la Permanente. La defensa asegura que es la prueba de que las reuniones se celebraron. Pero esta afirmación es incierta. Esos documentos Power Point se elaboraron para las reuniones de la Junta de Entidades Fundadoras y de ningún modo justifican los encuentros de la Permanente.

El Supremo, en evidencia por un carpetazo antes de tiempo

El Tribunal Supremo no quiso seguir adelante con la investigación que había iniciado la juez de Iruñea, María Paz Benito, que había instruido todo a la espera tan solo de dos cosas: el interrogatorio a Barcina y conocer el resultado de la pericial de la Guardia Civil. Y los jueces sabían que faltaba esta prueba. Los datos que ahora aporta la Guardia Civil -dejando en entredicho las versiones de los secretarios de la caja, la existencia de las actas antes de que el escándalo saliera a la prensa e, incluso, la celebración de esas reuniones por las que los políticos se embolsaban entre 57 y 89 euros por minuto- se vuelven ahora contra la integridad del tribunal, haciendo que el «caso CAN» no sea un escándalo navarro, sino un escádalo estatal. El archivo de la causa de la CAN se produjo la misma semana en que el Alto Tribunal daba carpetazo a dos casos que salpicaban al exministro, Pepe Blanco y al expresident Balear, Jaume Matas. A.I.

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LA GUARDIA CIVIL REQUISA PANCARTAS REPUBLICANAS EN HOMENAJE A LORCA EN EL ANIVERSARIO DE SU MUERTE

77 años del "adiós forzado" de Federico García Lorca

La Guardia Civil requisa pancartas de carácter republicano durante el tradicional acto de Alfacar de recuerdo al poeta en el aniversario de su asesinato

Mariana Pineda, ejecutada por garrote vil en 1831 por sus ideas liberales, compartió ayer protagonismo con Federico García Lorca, fusilado en 1936 a manos de los sublevados franquistas, en el 77 aniversario de su muerte. 

Una se conjuró contra el régimen absolutista de Fernando VII ; el otro perdió la vida pese a defender a la República legítimamente establecida. Dos historias muy diferentes y también parecidas, aunque cuando Lorca estrenó su Mariana Pineda en 1927 no podía siquiera imaginar estos paralelismos. 

El Parque de Alfacar acogió un año más Federico Vive, el acto de homenaje que organiza la Diputación de Granada y que, desde la llegada de Sebastián Pérez (PP) a la presidencia de la institución provincial, quiere ser un tributo a todas las víctimas de la Guerra Civil.

 Pero las banderas republicanas se colaron pese al empeño de la Guardia Civil, que desplegó para el acto un importante dispositivo ­completado con efectivos de la Policía Local y seguridad privaSebastián Pérez Presidente de la Diputación Nadie muere tras la muerte, siempre vive la memoria y el legado de lo que hemos sido" da­ motivado en parte por la manifestación a la entrada de un grupo de trabajadores de la empresa Vigarso que, según sus responsables, llevan siete meses sin cobrar por el servicio de ayuda a domicilio que prestan en la localidad. 

El acto de homenaje comenzó a las 21 horas con la tradicional ofrenda floral en el monolito que recuerda a los represaliados de la Guerra Civil, con Sebastián Pérez, la delegada en funciones de la Junta de Anda77 años del "adiós forzado" de Federico La Guardia Civil requisa García Lorca pancartas de carácter republicano durante el tradicional acto de Alfacar de recuerdo al poeta en el aniversario de su asesinato lucía, Sandra García, y la alcaldesa de Alfacar, María José Pino. 

Después, en el paseíllo hasta el escenario en el que aguardaban los discursos y la representación teatral, la comitiva fue interpelada con gritos de "Lorca para los granadinos, no para los políticos". 

Las fuerzas del orden llegaron incluso a `requisar' un cartelito que sostenían una madre y una hija que decía: "Federico no murió, lo asesinaron". 

A continuación exhortaron a un cámara de Canal Sur a dejar de grabar este episodio aunque el profesional hizo oídos sordos y continuó con su labor en un episodio que, de manera lorquiana, podría haberse titulado Romance de la Guardia Civil.

 Pero las cosas volvieron a su cauce durante el acto principal y se permitieron los gritos recordando que Lorca era republicano sin mayor problema. En el estrado, Sebastián Pérez remarcó que Federico Vive continuará celebrándose cada año. "Seguiremos viniendo aquí para conmemorar su adiós forzado, su inútil ejecución para quienes pretendieron apagar su vida", dijo el presidente de la Diputación ante un auditorio en el que no sobraba ni una silla. 

"Fue  inútil insisto, porque como ya he dicho en años anteriores y seguiré diciendo: nadie muere tras la muerte porque siempre vive la memoria y el legado de lo que hemos sido". Pérez mostró su personal agradecimiento al autor de Romancero Gitano por todo lo que de las costumbres de la provincia y sentimientos más íntimos dejó reflejado en sus obras. 


"En ellas Federico vive y, por ello, la Diputación que me honro en presidir ha redimensionado la figura de un Federico que llega a cada a todos y cada uno de los rincones de las comarcas a los que está volviendo el espíritu de la Barraca con la que llevó su arte por España para cruzar fronteras y convertirse en universal". 

En este sentido, y casi por sorpresa, Sebastián Pérez anunció en su discurso que, en unas semanas, "los granadinos veremos reanudarse las obras que 4 Pérez anunció que las obras del Centro Lorca se retomarán en unas semanas teratura y nuestro patrimonio cultural común, Mariana Pineda fue uno de sus personajes más significativos", resaltó Pérez, destacando su doble faceta de luchadora por las libertades y de personaje literario. 

Los restos de Mariana reposan en la Catedral de Granada desde 1856 después de un periplo por el cementerio de Almengor, la Basílica de la Virgen de las Angustias, la Iglesia del Sagrario y dependencias municipales; el cuerpo de Lorca aún está bajo tierra en alguna cuneta entre Víznar y Alfacar desde hace exactamente 77 años... 
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TENEMOS LAS MULTAS DE TRAFICO MAS CARAS DE EUROPA

Los conductores españoles pagan las multas de tráfico más caras de Europa

Los conductores españoles afrontan el pago de multas más caro en toda Europa, a excepción de países escandinavos como Finlandia.

Donde sale más barata la infracción de tráfico, entre los grandes países europeos, es Alemania, según explica el diario El Confidencial.

Como ejemplo comparativo: mientras que una infracción por exceso de velocidad en ciudad cuesta a un conductor español una multa de 100 euros, en Alemania son 35 y en Francia, 68 euros más la pérdida de un punto del carné.

En Finlandia, se pagaría la multa más cara, de 115 euros. Sin embargo, en este país, al igual que en Suecia y Noruega, se tiene en cuenta el salario del conductor y sus circunstancias familiares a la hora de estipular el montante de la sanción.

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LA GUARDIA CIVIL IMPUTA A 2 PERSONAS DE UN DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

La Guardia Civil imputa a dos personas después de inspeccionar una finca agrícola en La Redondela




 12.25 h. Agentes del Equipo de Atención al Inmigrante (EDATI) han procedido a la imputación de D.A.B., y de E.M.R. como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores. Les adeudaban gran parte de los salarios y no les hicieron contrato laboral alguno. Por residir en una antigua nave de cría de pollos, rodeados de productos tóxicos y en condiciones antihigiénicas, les cobraban una mensualidad de 50 euros.

Las imputaciones han sido como consecuencia de una denuncia que interpuso un hombre de nacionalidad marroquí en el Puesto de la Guardia Civil de Lepe el pasado día 4 de junio. En la misma manifestó ante los agentes que, junto a otros compañeros, había estado trabajando durante la pasada campaña fresera en una finca de La Redondela y que los responsables de esta empresa les adeudaban aún gran parte de los salarios por el trabajo realizado. Según manifestó este hombre, ya habían interpuesto una queja ante la Oficina Provincial de la Inspección de Trabajo y querían también realizarla ante la Guardia Civil.



La finca situada en el municipio onubense de La Redondela. / h24
Estos empresarios no les habían hecho firmar ningún contrato, por lo que también sospechaban que no se habían encontrado de alta en la Seguridad Social y por lo tanto no estaban cotizados los días trabajados. También hizo constar que les habían tenido viviendo en una antigua nave destinada a la cría de pollos, donde aún vivían algunos inmigrantes y que se encontraba en unas condiciones deplorables, repartidos en habitáculos sin agua corriente y con muy malas condiciones higiénicas, compartiendo la estancia con productos nocivos como fertilizantes y fitosanitarios. Terminó de manifestar el trabajador que por residir en aquel lugar les cobraban una mensualidad de 50€.

Ante estos hechos, los agentes del EDATI realizaron una inspección a la citada empresa, descubriendo que los hechos relatados por el denunciante eran veraces. Para llegar a esta conclusión se entrevistaron con 14 personas, todas ellas inmigrantes y víctimas de la actuación de estos empresarios, que procedían de Marruecos y de Bulgaria, aunque también había dos mujeres de nacionalidad española.

Las malas condiciones en las que vivían los trabajadores. / h24
Las víctimas expusieron a los guardias civiles situaciones similares a las ya conocidas, como que se les adeudaban los salarios y que carecían de contrato laboral. También como que, reclamados los pagos a los empresarios, éstos les manifestaron que no podían pagarles por carecer de dinero y que el que no estuviera de acuerdo que se marchara, estando amenazados sobre que quien denunciara su situación sería inmediatamente despedido.

Después de esta inspección, los agentes procedieron a la imputación de los responsables de la empresa, habiendo instruido las correspondientes diligencias que, en unión de los imputados, han sido entregadas en los Juzgados de Instrucción competentes

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Detenido el expresidente del Castellón que pagó 145.000 euros por un conjuro de amor

En el operativo han participado efectivos de la Guardia Civil de Tarazona, pertenecientes a los Puestos de Mallén, Borja, La Almunia y Tarazona.

Todo sucedió sobre las 13.45 del miércoles tras recibir la Guardia Civil una llamada de una persona que exigía su presencia.

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en Magallón, entre ellas el expresidente del Club Deportivo Castellón, José Laparra, según han confirmado fuentes de la investigación, como presuntas autoras de allanamiento de morada, amenazas con arma de fuego, extorsión, pertenencia a grupo criminal y usurpación de funciones de funcionario público. Se habían desplazado desde Valencia hasta la citada localidad zaragozana para recuperar más de 145.000 euros que una de estas personas había entregado a una pitonisa a cambio de sus servicios.Sobre las 13.45 horas del miércoles, día 15 de mayo, el Centro Operativo Complejo (COC) de la Guardia Civil de Zaragoza recibió una llamada del 112 comunicando que una persona de Magallón solicitaba la presencia policial en su domicilio, ya que varias personas habían accedido al interior sin el consentimiento de su padre y lo tenían retenido.
Ante estos hechos se puso en marcha un amplio dispositivo de agentes que se personaron inmediatamente en el citado domicilio, y tras varias llamadas insistentes lograron que el propietario abriese la puerta con un evidente estado de nerviosismo, comprobando que estaba acompañado de cuatro personas.
Su hija, que se dedicaba a ofrecer asesoramiento espiritual, se encontraba escondida en la planta superior de la vivienda por miedo a las personas que habían accedido al domicilio sin su autorización y con motivo de un supuesto cobro de una deuda.
Los agentes procedieron rápidamente a verificar el estado e integridad de su hija, que estaba escondida bajo el colchón de una habitación en perfecto estado físico pero muy nerviosa y alterada.
Al mismo tiempo, los tres hombres y una mujer que acompañaban al dueño del inmueble fueron identificadas e inspeccionadas sus pertenencias, interviniendo a uno de ellos más de 22.500 euros en efectivo, así como una microcámara camuflada en forma de botón que portaba en la solapa de la chaqueta. También hallaron en el interior del bolso de la mujer un arma corta simulada, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza.
Debido a que esas personas se encontraban en dicho lugar a cobrar una supuesta deuda, la Benemérita procedió a realizar una inspección del inmueble en la que se localizaron más de 145.000 euros distribuidos en diferentes puntos de la vivienda. El dinero estaba en el interior de una bolsa de tela oculta bajo el mantel de una mesita de cristal, en el interior de una cómoda y en dos habitaciones.
Por todo ello, se procedió a la detención de las cuatro personas por un presunto delito de allanamiento de morada, amenazas con arma de fuego, extorsión y pertenencia a grupo criminal.
De igual modo se llevó a cabo la detención del conductor del vehículo con el que se habían desplazado desde Valencia, como presunto autor de los mismos hechos delictivos que los anteriores, además de un delito de usurpación de funciones de funcionario público, ya que se había identificado en todo momento como agente de la autoridad ante el dueño de la vivienda.
Del estudio de las informaciones obtenidas y gestiones realizadas, la Benemérita pudo determinar que la perjudicada se dedicaba a ofrecer servicios de asesoramiento espiritual y que, a través de una conocida se puso en contacto con uno de los ahora detenidos, el cual quería contratar sus servicios para resolver asuntos personales. Un servicio que aceptó realizar, pero por el que el interesado debía pagar una elevada cantidad de dinero que fue abonada, en efectivo, en la ciudad de Valencia.
Debido al paso del tiempo y al no obtener el cliente los resultados esperados con los rituales contratados, éste trasladó a la pitonisa su disconformidad, no llegando a una solución, motivo por el que decidió trasladarse junto con cuatro personas más hasta Magallón para recuperar el dinero.
Entonces, entraron en el domicilio sin consentimiento, exigieron la devolución del efectivo con amenazas y al hacerle entrega el padre de parte de la cantidad solicitada y no corresponderse con lo reclamado registraron la casa, momento en el que llegó la Guardia Civil.
Se han intervenido en la vivienda más de 145.000 euros, la mayoría de esta cantidad en billetes de 500 y 200 euros; una microcámara de 4 Gb, camuflada en forma de botón, un arma corta simulada y un turismo de alta gama.
Los detenidos son cuatro hombres José F. Laparra, de 46 años, de nacionalidad española; Y.L., de 25 años, de nacionalidad marroquí; J. J.R.F., de 27 años, de nacionalidad española; J.A.R., de 42 años, y de nacionalidad española, y una mujer C.F.G., de 50 años, y de nacionalidad española. Todos ellos, vecinos de Valencia, pasaron a disposición judicial este viernes.
En el operativo han participado efectivos de la Guardia Civil de Tarazona, pertenecientes a los Puestos de Mallén, Borja, La Almunia y Tarazona


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BEATRIZ ETXEBARRIA, FUE VIOLADA EN LOS CALABOZOS EN 2011, DICHO POR EL COMITE EUROPEO

El Comité Europeo recoge que Beatriz Etxebarria fue violada en los calabozos en 2011

Publica su informe de la visita realizada dos meses después, en el que destaca como «creíbles y consistentes» los testimonios de torturas de diez detenidos durante la primera mitad de ese año

Ramón SOLA | DONOSTIA

En marzo de 2011, en un momento en que ya existía un alto el fuego de ETA, la Guardia Civil practicó una redada en Bizkaia que concluyó con gravísimas denuncias de torturas. Sobresalía la de Beatriz Etxebarria, que incluía una violación en los calabozos. Aquel caso fue denunciado por las organizaciones habituales y por algunos medios como GARA, pero no hubo respuesta del Gobierno español y tampoco mereció la atención de la práctica totalidad de partidos e instituciones vascas. Ahora, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ha recogido ese caso en el informe relativo a la visita al Estado español que mantuvo dos meses después. Sitúa el testimonio como «creíble y consistente», igual que otros nueve más.
Se trata de personas que fueron detenidas, siempre por la Guardia Civil, en los seis primeros meses de 2011. El CPT remarca que los testimonios son coincidentes en detalles como que recibieron golpes y que «les colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, provocándoles sensación de asfixia, una práctica conocida como `la bolsa', y que simultáneamente les obligaron a realizar ejercicios físicos prolongados». Refiere también amenazas y abusos sexuales.

Entre estos últimos, la delegación europea se detiene en el caso de Etxebarria (aunque el informe no incluye nombres concretos en ningún momento y tampoco cita que se trata de ciudadanos vascos). «Una tercera persona -explica en su página 16- alegó que había recibido bofetadas y puñetazos durante el traslado a Madrid a cargo de la Guardia Civil, y que en el curso del primer interrogatorio en la calle Guzmán el Bueno la mantuvieron desnuda, la envolvieron en una manta en el suelo y la golpearon repetidamente. También dijo que en el curso de otro interrogatorio, mientras llevaba puesta `la bolsa', le aplicaron vaselina en la vagina y el ano y le introdujeron un palo en el recto, al tiempo que le amenazaban con más abusos sexuales si se negaba a hablar. Además, dijo que la mantuvieron desnuda durante todos los interrogatorios y que continuó recibiendo amenazas de abusos sexuales a ella y a su pareja: en particular, dijo que después de haberla mojado con agua, le ataron electrodos al cuerpo y le amenazaron con aplicarle electricidad».

«El maltrato cesó una vez que decidió prestar declaración el último día de su detención en régimen de incomunicación -sigue diciendo el Comité Europeo-. Las alegaciones de malos tratos, incluido el abuso sexual y las amenazas de aplicarle electricidad, fueron registradas en los informes del médico forense en el tercer y cuarto examen», concluye.
Tras resumir todos estos testimonios, el CPT indica que «a la vista de la información recopilada, parece que el objetivo de los malos tratos alegados era el de conseguir que la persona detenida firmara una declaración (es decir, una confesión) antes de que acabara la detención en régimen de incomunicación y confirmar dicha declaración antes de la vista oral».

Este informe del CPT ha sido publicado ahora junto a las alegaciones correspondientes emitidas por el Gobierno español. Curiosamente, pese a que estas últimas ocupan más del doble de espacio que aquel (205 páginas frente a 102), no hay réplica alguna contra los párrafos que recogen estos testimonios de detenidos vascos.

Sí se efectúa una consideración general posterior, tras enumerar quiénes fueron los detenidos incomunicados durante esos seis meses (incluida Etxebarria). Madrid asegura que «las personas detenidas fueron tratadas de forma correcta durante su estancia en las dependencias de la Guardia Civil y, en concreto, no se les tomó declaración esposadas, ni encapuchadas ni con los ojos vendados. Tampoco permanecieron de pie durante largo rato. No se realizaron tomas de declaración sin la asistencia de abogado de oficio».

«Todas las declaraciones se tomaron siguiendo las prescripciones legales y en las diligencias instruidas constan las horas de comienzo y finalización de los interrogatorios, queda constancia de los agentes que las realizaron, así como del instructor y secretario en cada una de las diligencias y actos de instrucción policial realizados», añade.

Insta a investigar

El argumentario del Gobierno español ante el CPT se basa en sostener que la incomunicación es una práctica poco frecuente pero justificada debido a la presunción de vinculación con ETA de estos detenidos. Asegura que es un régimen que cuenta con garantías. Y recurre una vez más a afirmar que este tipo de denuncias de torturas son habituales y forman parte de una maniobra orquestada.

Alega además que cada denuncia de torturas es trasladada a los juzgados y que a los sumarios se incorporan los informes forenses correspondientes. Sin embargo, tras reflejar los testimionios que recabó, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura «solicita a las autoridades españolas que lleven a cabo una investigación rigurosa e independiente sobre los métodos utilizados por oficiales de la Guardia Civil cuando retengan e interroguen a personas detenidas». Y añade que «el CPT desea recibir dentro de un plazo de tres meses un informe detallado sobre las acciones adoptadas para aplicar estas recomendaciones».

Tras recordar al Estado que anteriormente ya le trasladó «los criterios necesarios para que una investigación sobre malos tratos sea eficaz», el CPT lamenta que «parece deducirse que cuando se formulan estas alegaciones son sistemáticamente consideradas como no fiables». Indica que le consta que en estos diez casos se han emitido informes forenses, pero desde los juzgados no se ha tomado medida alguna para investigar los casos.

En este contexto, hay que recordar que Europa viene poniendo de manifiesto su constancia de la negativa del Estado español a investigar torturas. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ya ha dictado tres condenas por este motivo: Mikel San Argimiro, Aritz Beristan y Martxelo Otamendi.

El caso de Etxebarria también será visto por Estrasburgo. TAT y Behatokia anunciaron una demanda el pasado noviembre tras constatar que las diferentes instancias españolas «se han negado a proceder a cualquier tipo de investigación con el beneplácito incluso del Constitucional».

«Sorprendente» que todas las redadas sean de un mismo juez: Grande-Marlaska

El carácter periódico de estas visitas permite al Comité Europeo ir viendo la evolución de la legislación y la práctica. Así, en este informe de 2011 saluda positivamente que haya aumentado el número de jueces de Instrucción que aplican un protocolo de «salvaguardias específicas» para limitar los efectos de la incomunicación. La delegación europea dice que en 2007 eran dos de los magistrados del tribunal especial los que tomaban estas medidas y que ahora, cuatro años después, son tres. Sin embargo, a continuación califica de «sorprendente» que todas las detenciones en régimen de incomunicación producidas en los cinco meses investigados de 2011 «fueron autorizadas por un juez que no aplica ninguna de estas salvaguardias».
Aunque el informe evita detallarlo, se trata de Fernando Grande-Marlaska, que fue el que ordenó la redada de Bilbo en la que fue detenida Beatriz Etxebarria junto a Daniel Pastor, Lorena López e Iñigo Zapirain. Todos ellos fueron encarcelados. Pastor pasó por el hospital durante el periodo de incomunicación; la versión oficial fue que «se autolesionó».

En sus alegaciones, el Gobierno español reconoce catorce detenciones incomunicadas durante ese periodo (siete en enero en Nafarroa contra acusados de integrar Ekin, las cuatro citadas de Bilbo y dos más en Legorreta y otra en Bera en abril). Niega cualquier caso de maltrato.

En la actualidad, según afirmó recientemente en Bilbo el exjefe de lo Penal de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional están dispuestos a aplicar eso que el CPT denomina «salvaguardias». Las últimas denuncias de torturas producidas en Euskal Herria son las de Iñaki Igerategi e Iñaxio Otaño, detenidos en Tolosa y Andoain en febrero de 2012, hace catorce meses.

TAT y Behatokia, colectivos que lideran la lucha contra la tortura en Euskal Herria, tomaron este informe como «un espaldarazo» a su labor. Tras resumir las demandas del Comité Europeo, subrayan «la falta de voluntad evidente que tiene el Estado español para modificar su actitud». Así las cosas, invitan a Europa «a tomar medidas al respecto, haciendo uso por ejemplo de la capacitación ofrecida por el artículo 10, apartado 2 del Convenio: `Si la parte no coopera o se niega a mejorar la situación a la vista de las recomendaciones del Comité, este podrá (...) hacer una declaración pública al respecto».

Por su parte, Amaiur ha anunciado iniciativas tanto en las Cortes españolas. En el Congreso ha pedido la comparecencia urgente del ministro del Interior para que dé explicaciones. Y en el Senado, Iñaki Goioaga ha presentado una pregunta dirigida a Mariano Rajoy para que aclare si piensa hacer efectivas las recomendaciones de este Comité Europeo. R.S.

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