En marzo de 2011, en un momento en que ya existía un alto el fuego de ETA, la
Guardia Civil practicó una redada en Bizkaia que concluyó con gravísimas
denuncias de torturas. Sobresalía la de Beatriz Etxebarria, que incluía una
violación en los calabozos. Aquel caso fue denunciado por las organizaciones
habituales y por algunos medios como GARA, pero no hubo respuesta del Gobierno
español y tampoco mereció la atención de la práctica totalidad de partidos e
instituciones vascas. Ahora, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura
(CPT) ha recogido ese caso en el informe relativo a la visita al Estado español
que mantuvo dos meses después. Sitúa el testimonio como «creíble y consistente»,
igual que otros nueve más.
Se trata de personas que fueron detenidas, siempre por la Guardia Civil, en
los seis primeros meses de 2011. El CPT remarca que los testimonios son
coincidentes en detalles como que recibieron golpes y que «les colocaron una
bolsa de plástico en la cabeza, provocándoles sensación de asfixia, una práctica
conocida como `la bolsa', y que simultáneamente les obligaron a realizar
ejercicios físicos prolongados». Refiere también amenazas y abusos sexuales.
Entre estos últimos, la delegación europea se detiene en el caso de
Etxebarria (aunque el informe no incluye nombres concretos en ningún momento y
tampoco cita que se trata de ciudadanos vascos). «Una tercera persona -explica
en su página 16- alegó que había recibido bofetadas y puñetazos durante el
traslado a Madrid a cargo de la Guardia Civil, y que en el curso del primer
interrogatorio en la calle Guzmán el Bueno la mantuvieron desnuda, la
envolvieron en una manta en el suelo y la golpearon repetidamente. También dijo
que en el curso de otro interrogatorio, mientras llevaba puesta `la bolsa', le
aplicaron vaselina en la vagina y el ano y le introdujeron un palo en el recto,
al tiempo que le amenazaban con más abusos sexuales si se negaba a hablar.
Además, dijo que la mantuvieron desnuda durante todos los interrogatorios y que
continuó recibiendo amenazas de abusos sexuales a ella y a su pareja: en
particular, dijo que después de haberla mojado con agua, le ataron electrodos al
cuerpo y le amenazaron con aplicarle electricidad».
«El maltrato cesó una vez que decidió prestar declaración el último día de su
detención en régimen de incomunicación -sigue diciendo el Comité Europeo-. Las
alegaciones de malos tratos, incluido el abuso sexual y las amenazas de
aplicarle electricidad, fueron registradas en los informes del médico forense en
el tercer y cuarto examen», concluye.
Tras resumir todos estos testimonios, el CPT indica que «a la vista de la
información recopilada, parece que el objetivo de los malos tratos alegados era
el de conseguir que la persona detenida firmara una declaración (es decir, una
confesión) antes de que acabara la detención en régimen de incomunicación y
confirmar dicha declaración antes de la vista oral».
Este informe del CPT ha sido publicado ahora junto a las alegaciones
correspondientes emitidas por el Gobierno español. Curiosamente, pese a que
estas últimas ocupan más del doble de espacio que aquel (205 páginas frente a
102), no hay réplica alguna contra los párrafos que recogen estos testimonios de
detenidos vascos.
Sí se efectúa una consideración general posterior, tras enumerar quiénes
fueron los detenidos incomunicados durante esos seis meses (incluida
Etxebarria). Madrid asegura que «las personas detenidas fueron tratadas de forma
correcta durante su estancia en las dependencias de la Guardia Civil y, en
concreto, no se les tomó declaración esposadas, ni encapuchadas ni con los ojos
vendados. Tampoco permanecieron de pie durante largo rato. No se realizaron
tomas de declaración sin la asistencia de abogado de oficio».
«Todas las declaraciones se tomaron siguiendo las prescripciones legales y en
las diligencias instruidas constan las horas de comienzo y finalización de los
interrogatorios, queda constancia de los agentes que las realizaron, así como
del instructor y secretario en cada una de las diligencias y actos de
instrucción policial realizados», añade.
Insta a investigar
El argumentario del Gobierno español ante el CPT se basa en sostener que la
incomunicación es una práctica poco frecuente pero justificada debido a la
presunción de vinculación con ETA de estos detenidos. Asegura que es un régimen
que cuenta con garantías. Y recurre una vez más a afirmar que este tipo de
denuncias de torturas son habituales y forman parte de una maniobra
orquestada.
Alega además que cada denuncia de torturas es trasladada a los juzgados y que
a los sumarios se incorporan los informes forenses correspondientes. Sin
embargo, tras reflejar los testimionios que recabó, el Comité Europeo para la
Prevención de la Tortura «solicita a las autoridades españolas que lleven a cabo
una investigación rigurosa e independiente sobre los métodos utilizados por
oficiales de la Guardia Civil cuando retengan e interroguen a personas
detenidas». Y añade que «el CPT desea recibir dentro de un plazo de tres meses
un informe detallado sobre las acciones adoptadas para aplicar estas
recomendaciones».
Tras recordar al Estado que anteriormente ya le trasladó «los criterios
necesarios para que una investigación sobre malos tratos sea eficaz», el CPT
lamenta que «parece deducirse que cuando se formulan estas alegaciones son
sistemáticamente consideradas como no fiables». Indica que le consta que en
estos diez casos se han emitido informes forenses, pero desde los juzgados no se
ha tomado medida alguna para investigar los casos.
En este contexto, hay que recordar que Europa viene poniendo de manifiesto su
constancia de la negativa del Estado español a investigar torturas. El Tribunal
de Derechos Humanos de Estrasburgo ya ha dictado tres condenas por este motivo:
Mikel San Argimiro, Aritz Beristan y Martxelo Otamendi.
El caso de Etxebarria también será visto por Estrasburgo. TAT y Behatokia
anunciaron una demanda el pasado noviembre tras constatar que las diferentes
instancias españolas «se han negado a proceder a cualquier tipo de investigación
con el beneplácito incluso del Constitucional».
