TRANSPARENCIA INTERNACIONAL PIDE A ESPAÑA QUE PROHIBA LOS INDULTOS PARA CORRUPTOS

Transparencia Internacional pide a España que prohíba los indultos para los corruptos





La organización Transparencia Internacional (TI), que se dedica a combatir la corrupción en un centenar de países, pidió hoy que se restrinja “al máximo” el número de indultos que concede el Gobierno en España. Además, planteó prohibir esta medida de gracia para los condenados por corrupción.

Jesús Lizcano, presidente de la división española de TI, valoró así, en declaraciones a Servimedia, la proliferación de peticiones de indulto de personas de cierta notoriedad, como es el caso del expresidente balear Jaume Matas o el exjuez Baltasar Garzón. Lizcano manifestó que esta medida de gracia debe ser “excepcional” y “se debería prohibir para los casos de corrupción”.

El presidente en España de TI comentó que la ciudadanía española observa que “hay demasiadas excepciones” en lo que se refiere a la aplicación de la justicia, sensación que se acrecienta por el hecho de que exista una “percepción” de que se “generalizan los indultos”.

A su juicio, “es necesaria una transparencia previa a la concesión” de las medidas de gracia, ya que, en muchos casos, la concesión o petición de indulto se conoce “en los medios de comunicación” sin “justificar” los motivos.

WEB DE INDULTOS

Asimismo, Lizcano insistió en que “se deberían dar pocos indultos” en España, pero que, además, “se deberían difundir los motivos” por lo que el Ejecutivo decide eximir a un condenado de cumplir una condena.

Con este fin, el presidente de TI en España planteó la posibilidad de crear una “página institucional” donde se publicaran los indultos que se conceden y, de esta forma, “el ciudadano y la sociedad en su conjunto” pueda conocer los motivos que justifican esta medida.

Junto con el listado de indultos, TI también propone que se publiquen “los argumentos” que llevan a aprobar cada una de las peticiones, puesto que es “una información que atañe a la justicia y a los ciudadanos”.
FUENTE

ESPAÑA: LOS CORRUPTOS SE QUEDAN CON EL 25% DEL DINERO DE LAS CONTRATAS DE LA ADMINISTRACION

Los corruptos se quedan con el 25% del dinero de las contratas

• La UE cifra el dinero que se pierde por corrupción en las contratas en España

• El 97% de las empresas opina que hay actuaciones ilícitas en la Administración

Uno de cada cuatro euros destinados a contrataciones públicas en España se pierde en prácticas corruptas. Teniendo en cuenta que las licitaciones de este tipo mueven alrededor del 18,6% del PIB, la economía española pierde más de 47.000 millones de euros en prácticas ilegales. Unas cifras enormes que corresponden al informe sobre corrupción en la UE que ha elaborado la Comisión Europea y que pone de relieve los deficientes controles existentes en España para combatir esta lacra que afecta de algún modo a todos los Estados miembros y que cuesta a la UE más de 120.000 millones de euros al año.

Según el informe, los focos principales de corrupción en España sonla financiación de los partidos, las competencias urbanísticas en manos de las administraciones regionales y locales y los contratos públicos.

De acuerdo con este informe, el primero que lleva a cabo la Comisión Europea, la financiación de los partidos, las competencias autonómicas y municipales en desarrollo urbanístico y las licitaciones públicas son las tres puertas traseras por las que han salido miles de millones de euros durante años. Un tiempo en el que España se ha ido ganando un puesto en el podio de los países donde mayor percepción de corrupción existe en Europa.

Los resultados del Eurobarómetro que acompañan al documento de la Comisión señalan que el 97% de las empresas españolas detecta prácticas de corrupción en la Administración y un 83% considera que esas prácticas ilegales están muy extendidas en la contratación pública gestionada por las autoridades nacionales.

«La contratación pública es un área propensa a generar prácticas ilegales dadas las grandes cantidades que se mueven y España es uno de los países que más preocupación nos genera», admite un técnico del equipo de la comisaria de Interior, Cecilia Mälmstrom, encargado de coordinar la investigación.

Prácticas corruptas

El documento se apoya en un análisis previo para concluir que entreun 20% y un 25% del dinero gestionado en las contrataciones públicas se pierde en prácticas corruptas, aunque admite que, «en algunos casos, puede llegar hasta el 50% de los costes totales de los contratos».

Los sobornos y, en menor medida, las licitaciones fraudulentas son las prácticas más extendidas en España, de acuerdo con un informe encargado por la oficina antifraude europea (Olaf) el año pasado. En uno de cada tres contratos evaluados se detectó algún tipo de soborno, según aquel documento que, en realidad, no descubría nada nuevo: un año antes, el Tribunal de Cuentas había analizado2.500 contratos adjudicados entre 2006 y 2007 por una cuantía total de 10 millones de euros, en los que detectó un buen número de prácticas que, si no eran corruptas, al menos sí evidenciaban vulnerabilidades en los procedimientos, como el fraccionamiento de la cuantía de los contratos con el fin de eludir las normas de contratación pública.

Bruselas propone al Gobierno encargar «una evaluación independiente de los grandes contratos de obras públicas y de las decisiones de planificación urbana», así como «aumentar la capacidad del Tribunal de Cuentas y organismos similares a nivel regional para llevar a cabo controles sistemáticos y oportunos». No son las únicas recomendaciones que hace la Comisión en este informe, con carácter bienal y que se suma al que ya publicó el pasado año el Consejo de Europa con conclusiones igual de contundentes.

Mayor control a las administraciones

El informe europeo pone de relieve que los controles que hay son deficientes

Los focos a vigilar son los partidos, el urbanismo y las licitaciones públicas

También pide reforzar el control sobre las administraciones regionales y locales, donde se concentra la mayor parte de estas prácticas delictivas. «La eficacia de los controles de gasto público a nivel regional y local parece ser insuficiente, en la medida en que las amplias competencias atribuidas no se corresponden de manera equilibrada con una rendición de cuentas equilibrada». El «clientelismo» vinculado a los alcaldes y concejales municipales sonroja en Bruselas, donde ponen de relieve que «numerosos procesos penales pasados y en curso por denuncias de corrupción atañen a cargos electos y locales».

Una base de datos periodística y abierta a la que hace referencia este informe señala que entre 1996 y 2009 tuvieron lugar 5.144 casos de corrupción, en los que estuvieron involucrados 600 municipios. Las actividades más comunes son financiación ilegal, enriquecimiento ilícito, conflictos de intereses y desvío de fondos, tanto nacionales como de la UE. Precisamente, la Comisión Europea anunció hace dos semanas que ha congelado las ayudas regionales gestionadas por UGT y está investigando su presunto uso fraudulento.

1.754 procesos judiciales

Otro asunto que preocupa en Bruselas son los «amplios poderes discrecionales en materia de planificación urbana» que tienen los ayuntamientos y alcaldes españoles, frente al control «limitado» que ejercen los gobiernos regionales. En este sentido, los autores del documento llaman la atención sobre los 1.754 procesos judiciales relacionados con actos ilegales de ordenación del territorio que se incoaron en 2011. Las recomendaciones piden «reforzar los códigos de conducta», «reforzar las normas sobre publicidad patrimonial» y, con especial énfasis, «garantizar el necesario marco de aplicación de la nueva ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno».

Según explicó ayer la comisaria Mälmstrom, algunos indicadores apuntan a que la corrupción ha aumentado durante la crisis, aunque a la vez son precisamente las dificultades económicas las que agudizan la lucha contra esta «lacra». Aun así, los esfuerzos, no de España, sino del resto de países, son «insuficientes». Sólo los escandinavos registran unos comportamientos ejemplares en los que, según el Eurobarómetro, lo anómalo es que se den prácticas corruptas.

FUENTE

ESPAÑA: EL GOBIERNO PREPARA LA "GARANTIA MOBILIARIA" PARA FACILITAR LOS CREDITOS A PYMES

La garantía mobiliaria, nuevo modelo de financiación

El Gobierno prepara nuevas fórmulas para inyectar liquidez a las pymes

El Gobierno está trabajando en una batería de medidas para desatascar las canales de financiación a pymes y autónomos. Conseguir un crédito hipotecario se ha convertido en una misión casi imposible para las pequeñas y medianas empresas. Una de las nuevas vías que se están explorando es ordenar y clarificar la regulación sobre las garantías muebles. El objetivo final es hacer posible que, por ejemplo, un empresario del sector de la agricultura pueda hipotecar sus cosechas futuras ante un banco a cambio de un préstamo.

La hipoteca mobiliaria no es una figura nueva. Está regulada en una ley de 1954 y es una práctica habitual en la financiación de grandes buques. En estas voluminosas operaciones, la nave a construir funciona a su vez como garantía ante la entidad financiera que pone el dinero por adelantado. La intención del Gobierno es actualizar y armonizar esta legislación para extender su uso. Desde los Ministerios de Economía, Justicia e Industria se están ultimando ya los detalles de un borrador de ley de garantías mobiliarias con más de 100 artículos. Según fuentes cercanas a la negociación, esta regulación iría en paralelo de la Ley Financiera, una norma paraguas que incluirá diferentes medidas para mejorar la financiación y que estará lista previsiblemente para finales de marzo.

“La actual legislación es muy dispersa. El Colegio de Registradores propugna desde hace tiempo una ley de garantías mobiliarias que aglutine y unifique esa dispersión normativa, la actualice y además contemple y regule nuevas figuras”, sostiene Ana del Valle, vocal del registro mercantil del Colegio de Registradores. Además de las aeronaves, la hipoteca suele usarse para maquinaria industrial y para establecimientos mercantiles. Es el caso, por ejemplo, de los farmacéuticos o los taxistas que aportan como garantía la propia licencia de su negocio para obtener financiación. Existen además otras herramientas donde el objeto a financiar funciona a la vez como garantía.

Así sucede con la reserva de dominio o la prenda. La primera fórmula es muy común para levantar crédito en coches y vehículos a motor. La segunda se utiliza sobre todo para bienes intangibles. “Puede ser objeto de garantía mobiliaria cualquier bien mueble que esté suficientemente determinado o que sea identificable por sus características propias y que sea enajenable”, subraya Del Valle.

Uno de los problemas es de valoración. En principio, parece más fácil valorar una finca o un inmueble que un bien intangible, como por ejemplo las futuras cosechas de un agricultor. Los expertos consultados coinciden, sin embargo, en que si hay valor patrimonial, siempre es posible la tasación. Menos estables, eso sí, y con más riesgos, que se verán a su vez reflejados en un mayor diferencial de interés en el crédito.

Se trata, en definitiva, de generalizar las categorías que han ido apareciendo y, sobre todo, dar confianza a los acreedores mediante fórmulas que aseguren la ejecución de la garantía en caso de impago o que se le reconozca una posición privilegiada en un hipotético proceso concursal. El objetivo es que gane cuerpo la percepción de que la hipoteca mobiliaria es tan eficaz como la mobiliaria.

Pierdes el negocio pero conservas la casa

Entre las virtudes que defienden los valedores de la garantía mobiliaria, destaca la protección que obtendrían los bienes inmuebles del empresario o autónomo. Es decir, al trasladar la tradicional carga hipotecaria de la vivienda al propio establecimiento mercantil o a las rentas futuras, el empresario lograría limitar su responsabilidad en caso de que el negocio vaya a pique.

Es el caso, por ejemplo, del taxista que pone como garantía la propia licencia. Si se produjera un impago, el resultado sería la ejecución de dicha garantía por parte del banco. Por tanto, se enajenaría la licencia y le liberaría para otro taxi. Esta medida va en la misma línea que una de las novedades incluida en la Ley de Emprendedores. La figura de las empresas de responsabilidad limitada. Los autónomos que se den de alta como empresas de responsabilidad limitada pueden salvar el coche y la casa del patrimonio embargable con unos límites.

Ante el temor de que la banca cierre aún más el grifo del crédito por la falta de garantías para el cobro, la propuesta de los registradores pasa precisamente por fortalecer las garantías para los avales mobiliarios, como por ejemplo, dar más protagonismo al registro de bienes muebles. “Un sistema moderno y sólido de garantías mobiliarias es un factor clave para la reactivación de la financiación. La posibilidad de ofrecer bienes mobiliarios en garantía no se ha usado suficientemente y aquí el registro es clave”, añaden.

FUENTE

ESPAÑA: PP Y PSOE IMPLICADOS EN UNA TRAMA EN GALICIA

Una trama de corrupción que salpica a PP y PSOE sacude la política gallega

La Operación Pokémon destapa una red de empresas y gobernantes a la caza de contratas

El sumario cuyo secreto se ha levantado parcialmente alcanza los cien imputados

• La red pactó con alcaldes las bases de concursos públicos
• El PP renovó los vínculos del PSOE con la trama investigada
• PP y PSOE se unen para apelar a la presunción de inocencia

Alcaldes y concejales supuestamente a sueldo de una empresa de contratas públicas, funcionarios conseguidores, partidos políticos con labores de agencia de colocación, financiación ilegal en tiempos de elecciones, facturas falsas, infladas, trucadas, concursos amañados e incluso dictados a la Administración local, y regalos, muchos regalos para quien se quisiese dejar querer, presuntamente a cambio de favores: Rolex de oro por valor de seis mil euros y otros agasajos, como vinos de lujo en cantidad suficiente para “montar un bar”. Así se podría resumir la gruesa trama que intenta desenmarañar la Operación Pokémon, ahora que la juez de Lugo Pilar de Lara ha levantado el secreto de parte del sumario. De momento se conocen, en todo o en parte, solo 26 tomos, pero en ellos ya aparece descrito un panorama de corrupción que salpica igualmente a los dos grandes partidos de Españaademás de a CiU y BNG, y en el que aparecen en calidad de imputados tres alcaldes y cinco exalcaldes, seis de ellos gallegos, además de uno asturiano y otro catalán.

El entramado, tal y como se sostiene con testimonios recogidos por la magistrada y pinchazos de la Agencia Aduanera, se vertebra en torno al grupo Vendex, una colección de empresas a la presunta caza y captura de concesiones públicas. Vendex tiene su matriz en Madrid, pero posiblemente su mayor coto lo tuviese en Galicia. Gestión de ORA y grúa, servicios de conserjería y limpieza, guarderías, ayuda a domicilio para mayores y dependientes, instalaciones deportivas, museos, teatros, jardines públicos, acuarios, edificios emblemáticos... Cualquier materia susceptible de convertirse en una contrata con cargo al dinero de los ciudadanos. La operación suma ya un centenar de imputados que van desde el presidente del grupo Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, hasta sus tentáculos en la comunidad autónoma y políticos de la talla delalcalde de Lugo, Xosé Clemente López Orozco (PSOE); el que lo fue de Ourense hasta que estalló la Pokémon, Francisco Rodríguez (PSOE); el anterior y el actual regidor de Santiago, ambos del PP, Gerardo Conde Roa y Ángel Currás; y el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en tiempos del Gobierno socialista, Francisco Félix Fernández Liñares.

Este hombre precisamente, exconcejal poderosísimo y mano izquierda de Orozco en Lugo, fue, en realidad, el punto de partida, la primera pista, podría decirse que el primero de los personajes de esta colección Pokémon. El nombre del operativo lo eligieron los agentes de Aduanas, el equipo con el que ya siempre trabajan las dos juezas (las de Instrucción 1 y 3) que en Lugo, desde hace más de un lustro, han hecho temblar hasta los cimientos de la muralla romana, sacando a la luz toda la turbiedad de una ciudad disfrazada de apacible. El Queen's, el burdel que centralizaba la mayor mafia de prostitución que se investiga en Galicia, era propiedad de un exfuncionario y trabajador de la ORA del que Pilar de Lara siempre sospechó que era testaferro de Liñares. Y de ahí, de la Operación Carioca contra la prostitución, se llegó en poco tiempo al empresario de farmacia Jorge Dorribo, que terminó acusando a José Blanco y dio lugar al Caso Campeón. Mientras tanto, al hilo de Liñares, en origen objetivo principal de la juez, llegó la Pokémon, que en Santiago derivó en laOperación Manga y en Coruña (con el consistorio ahora en plena investigación), en la Pikachu. Esta última a punto estuvo de llamarseDoraemon, porque uno de los responsables del caso proponía “cambiar de saga”.

Todos estos universos aparecen cuajados de personajes conocidos por sus alias. El modo de actuar del grupo empresarial Vendex para captar contratos era, según un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera incluido en los tomos que se han conocido, semejante al de las “organizaciones criminales del narcotráfico o el blanqueo”. Los agentes pincharon sus teléfonos, siguieron a políticos y representantes de la empresa (incluso hasta el restaurante Zalacaín, en Madrid), grabaron vídeos y tomaron instantáneas de los encuentros furtivos. Esto, fundamentalmente, desde el año 2011 hasta verano de 2012. Cuando se sintieron espiados, según Aduanas, los protagonistas empezaron a hablar en clave, a dar vueltas laberínticas en sus citas para despistar, a anunciar direcciones erróneas para sus encuentros y a protegerse, incluso, con contravigilancia.

Paquetes de Seur con miles de euros

En el lenguaje de la trama, los paquetes de dinero negro que (puntualmente a veces o con un retraso que exasperaba a algún político) enviaba supuestamente Vendex desde Madrid a través de Seur, eran conocidos como “quesos”, “botes de pintura” o “prensa deportiva”, porque por lo general llegaban envueltos en papel de periódico con noticias de fútbol. La juez trata de demostrar que estos bultos de algo menos de un kilo se destinaban a pagar la mediación que supuestamente hicieron políticos como Orozco (del que un testigo dice que cobraba 2.000 euros), Liñares o el exconcejal del BNG en Ourense Fernando Varela.

Los pinchazos telefónicos, que también implican de lleno en la trama a responsables de la empresa Aquagest, revelan que, incluso durante la noche electoral de las últimas municipales, los empresarios estaban inquietos porque los Gobiernos locales cambiasen de manos. “Están perdidas, y ahora hay que agarrarse los machos”, comentaban por teléfono, a la vista de que los supuestos pactos con el PSOE serían papel mojado al llegar el PP. Pero no fue así. Tanto en Santiago como en A Coruña, según las escuchas, integrantes y asesores de las nuevas Corporaciones heredaron de los socialistas los vínculos con las tramas. Y casi desde el primer momento de llegar al Gobierno, con miembros del PP como el concejal coruñés Julio Flores o, en Santiago, buena parte del equipo. Mientras tanto, los investigadores creen que Vendex seguía beneficiándose de los servicios prestados por ediles que habían sido deportados por las urnas a la oposición, como Bernardino Rama (Santiago) y José Nogueira (A Coruña). A cambio, supuestamente, en bastantes de los casos además de dinero los políticos lograrían enchufar a personas próximas en las contratas favorecidas.

Para hablar sobre estos políticos, cuando sospechan que están siendo vigilados, los representantes de las empresas usan motes. Así, por las decenas de miles de folios de la Pokémon desfilan Garbancito, Ojo de Lince, Cachas Negras, El Cura, Pijolandia, Puñales o Amapola.

FUENTE

ESPAÑA: " SOLAMENTE LOS JUECES PUEDEN PARARLE LOS PIES AL PODER ", JUAN DE LA CRUZ, DIRECTOR DE LOPEZ RODO&CRUZ FERRER

Juan de la Cruz Ferrer, socio-director de López 

Rodó & Cruz Ferrer: “Solamente los Jueces 

pueden pararle los pies al Poder”

A Juan de la Cruz Ferrer se le conoce ya como el abogado que paralizó la privatización de la sanidad madrileña. Este curtido profesional del Derecho, especializado, entre otras áreas, en regulación Económica y Derecho de la Competencia, Derecho Administrativo y Contratación administrativa e infraestructuras, es responsable del equipo de abogados que entabló los tres primeros recursos judiciales que llegaron a los tribunales para paralizar el proceso de privatización sanitaria. El socio-director del bufete López Rodó & Cruz Ferrer asegura que, desde el primer momento “había motivos para confiar en la victoria”. Así ha sido, y mucho antes de los que muchos en el sector sanitario esperaban. Tras ratificarse el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en su decisión de suspender cautelarmente el proceso, el presidente madrileño, Ignacio González, ha dado marcha atrás a su proyecto sanitario.

De la Cruz, que confía en que el Gobierno madrileño no vuelva a intentar su plan privatizador, se muestra convencido de que las demandas colectivas han llegado a España para quedarse. “Van a ir a más porque ponen de manifiesto que una determinada acción legal está respaldada por un colectivo de personas suficientemente significativo y que se sienten gravemente agredidas por una decisión del poder público o de una empresa”.

¿Esperaba un éxito tan rápido de los recursos presentados contra la privatización sanitaria emprendida por la Comunidad de Madrid?

Había motivos para pensar que era posible porque la Comunidad de Madrid había aprobado el euro por receta y el Gobierno de España lo impugnó ante el Tribunal Constitucional con la consiguiente suspensión. El proyecto de privatización sanitaria tenía unas dimensiones muy superiores al euro por receta por lo que parecía lógico esperar una reacción similar… que no se ha producido. La solución ha venido por otro lado.

¿Cuál cree que es la mejor forma de plantear este tipo de actuaciones en las que se mezcla lo social, lo jurídico y lo político?

En el caso reciente de Madrid, sorprende la vehemencia con la que se sostienen las opiniones a favor o en contra de la privatización sanitaria y la pobreza de los argumentos que se esgrimen. Más bien parecen prejuicios o clichés.

Por eso, el primer paso, necesariamente es la formación de equipos interdisciplinares para desarrollar y estructurar las diferentes líneas de trabajo. Volviendo a la privatización, es imposible analizar la asistencia sanitaria especializada que prestan los hospitales de Madrid si los médicos no te explican cuál es la realidad y los problemas que tienen. Poca gente sabe que el sistema sanitario español, que lógicamente tiene deficiencias importantes, está valorado entre los mejores del mundo por diferentes organizaciones internacionales.

Nuestro Despacho elaboró un Informe sobre la Constitucionalidad de la Ley madrileña de diciembre de 2012, que habilitaba la privatización, en el que se aportan datos que permitieran a la gente formarse su propio criterio sobre una cuestión tan compleja y tan importante para todos. Este informe ha sido difundido por AFEM y puede consultarse en su página web.

Además junto al estudio de la constitucionalidad del modelo, era necesario estudiar la operativa de los Contratos de Concesión de los hospitales que ya están en funcionamiento, tanto en su perspectiva jurídica como en el análisis de sus costes reales; los problemas que planteaban para el Derecho de la Competencia; y las posibles prácticas que se estaban produciendo en estos hospitales y en los procesos de derivación de pacientes.

¿En qué se basan los recursos en los que se ha acordado la suspensión cautelar?

El Informe de constitucionalidad del modelo privatizador que acabo de indicar, sirvió para generar debates sobre datos y planteamientos concretos, que por suerte llegaron a algunos medios de comunicación. Además, facilitó que cincuenta senadores socialistas interpusieran recurso de inconstitucionalidad contra la Ley; y que la Defensora del Pueblo emitiera una importante Resolución en la que se advertía y se conminaba a la Comunidad de Madrid sobre los graves riesgos de desigualdad, inseguridad y falta de equidad que genera el desarrollo de un modelo de concesiones de hospitales. Más adelante, nuestro Despacho elaboró un segundo Informe –también difundido por AFEM y accesible en la web– en el que se analizaban los Pliegos de Condiciones elaborados por la Comunidad de Madrid. Las conclusiones a las que se llegó no podían ser más contundentes sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad de las previsiones contractuales, resultando manifiesta la usurpación por parte de la CAM de competencias propias del Estado en materia de Seguridad Social, Sanidad y Concesiones.

A partir de este momento, los medios de comunicación han ido dando cuenta de las diferentes acciones entabladas en los Tribunales: contencioso ordinario contra los pliegos; contencioso de protección de derechos fundamentales; y un contencioso específico contra la resolución de “corrección de errores” por la que se redujeron las garantías un 90%.

En estos procesos se han ido dictando resoluciones judiciales que, como es sabido, han tenido un notable impacto mediático y social: el Juzgado nº 4 dictó Auto el 2 de septiembre de 2013 suspendiendo el proceso de contratación-privatización; también el Tribunal Superior de Justicia dictó Auto de Suspensión el 11 de septiembre de 2013. Este último Auto es el que ha sido confirmado el pasado 27 de enero y el que ha llevado a la Comunidad de Madrid a cancelar el proceso de privatización.

¿La formación de equipos interdisciplinares y la publicación de Informes es una forma novedosa de operar del bufete?

No, es nuestra manera habitual de trabajar cuando intervenimos en sectores complejos y sometidos a regulación. Aunque debo matizar que, en este caso, la publicidad de los informes no la hemos dado nosotros, sino quien los encargó. Lo importante es darse cuenta de que si no se conoce y comprende la realidad técnica, económica o social de un determinado sector no es posible analizar su regulación y evaluar las medidas de intervención de los poderes públicos y si sus políticas públicas resultan conformes con nuestro sistema constitucional y legal.

¿En la renuncia del Gobierno autonómico a su proyecto de privatización qué cree que ha jugado más la movilización social o la estrategia judicial? ¿Se hubiera conseguido el éxito sólo con una de ellas?

El compromiso de los profesionales de la Sanidad Pública con la defensa del Sistema de Salud, que es imprescindible para la mayoría de los ciudadanos, me parece un ejemplo admirable de responsabilidad social y de espíritu cívico. Sin este compromiso personal y sin este esfuerzo el proyecto de privatización del Gobierno autonómico se hubiera ejecutado sin mayores problemas y los jueces no habrían intervenido. Además, la movilización social ha puesto de manifiesto que las acciones legales respondían a las preocupaciones e inquietudes de amplios sectores de la población y no sólo de los profesionales de la sanidad.

Ahora bien, de no haber sido por las Resoluciones de Suspensión de los Tribunales me temo que el Gobierno no hubiera renunciado a su proyecto; y por eso algunos médicos tuvieron claro desde el principio que era imprescindible entablar acciones judiciales y participar activamente en la defensa del Sistema: la contribución del personal directamente afectado es siempre, en estos casos, necesaria para que los recursos no sólo esgriman normas, sino que expliquen el dinamismo vital del sector amenazado. Aparte lógicamente de las elecciones, solamente los Jueces pueden pararle los pies al Poder: aquí esta la grandeza del sistema democrático.

¿Esta combinación de movilizaciones sociales junto a una estrategia judicial paralela ha llegado para quedarse? ¿Cree que las demandas colectivas van a ir a más?

Estamos atravesando un cambio histórico acelerado, profundo y amplio que afecta de manera muy importante a los ciudadanos; y no hay más remedio que desarrollar nuevas políticas públicas. Si estas decisiones de los Gobiernos no están suficientemente estudiadas, justificadas y explicadas es lógico que surja la contestación social. No se debe olvidar que los derechos de manifestación y de recurso a los tribunales son derechos fundamentales y que, siempre que se ejerzan conforme a ley, fortalecen el sistema democrático que todavía es muy poco participativo.

Las demandas colectivas van a más porque ponen de manifiesto que una determinada acción legal está respaldada por un colectivo de personas suficientemente significativo y que se sienten gravemente agredidas por una decisión del poder público, de una empresa, etc. Además, es una manera económicamente accesible para un grupo de ciudadanos -que normalmente no disponen de grandes recursos económicos- de entablar acciones legales importantes; y que por ello requieren equipos de letrados con diferentes especialidades, que dispongan de experiencia y de los recursos necesarios para actuar de manera ágil y operativa en cada caso.

Entrando en el contenido de la decisión judicial hecha pública ¿Cómo justifica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la suspensión del proceso privatizador?

El Auto del Juzgado nº 4 de 2 de septiembre y los Autos del Tribunal Superior de 11 de septiembre de 2013 y de 27 de enero de 2014 están exhaustivamente motivados: me parece completamente injustificada la acusación de “gobierno de los jueces” lanzada por algún medio de comunicación, que parece no haber entendido que una mayoría electoral no legitima para vulnerar el Derecho. Estos Autos pueden consultarse para comprobarlo y que cada cual saque sus propias conclusiones. La razón esencial es que desde la perspectiva de los intereses públicos (funcionamiento de seis hospitales con 1.149 camas, cuatro centros de especialidades y cuatro centros de salud mental, 1.151.588 personas que pasaban a constituir la “población protegida” por los nuevos concesionarios, 5.128 profesionales sanitarios y no sanitarios; extinción de contratos; subrogación en 392 contratos de servicios y suministros a los hospitales, etc. ) los eventuales perjuicios de ejecutar los contratos antes de que se dictara la Sentencia hubieran sido superiores a los beneficios. Además, el Tribunal ha valorado detenidamente el hecho de que mediante una corrección de errores(¡) la Comunidad de Madrid redujera en un 90% (de 225 millones a 25) las fianzas que debían depositar los concesionarios cuatro días antes de que venciera el plazo de presentación de ofertas. Esto supuso restringir la competencia, pues pudo haber empresas que no se presentaran a la vista de las fianzas inicialmente exigidas. Además, el importe de estas fianzas difícilmente satisfaría las finalidades por las que las exige la Ley de Contratos y ni siquiera serían suficientes para cubrir los pagos por adelantado que la Administración hubiera debido efectuar mensualmente a los concesionarios.

Esperanza Aguirre, presidenta del PP madrileño, ha avisado de que el PP no renuncia a la privatización de la sanidad. ¿Cree que la decisión de Ignacio González de dar marcha atrás es sólo temporal de cara a las elecciones Europeas (primero) y municipales (después) y que volverán a retomar el proyecto privatizador?

Una de las cosas que más nos llamó la atención de este tipo de privatización de la sanidad pública (aprovecho para aclarar que no tiene nada que ver con los conciertos tradicionales) es que no se ha aplicado por ningún país del mundo salvo España, primero en Valencia y ahora en Madrid. En los Informes que he citado entendemos que el modelo de gestión de la sanidad pública que se plantea no sólo es inconstitucional e ilegal; sino contrario al modelo coherente e integrado diseñado por la Ley General de Sanidad de 1986 y por la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003.

Por supuesto que hay que adoptar medidas para racionalizar y mejorar el Sistema de Salud. Tampoco conviene olvidar que los problemas económicos de la Sanidad de Madrid vienen de un exceso de infraestructuras… En cualquier caso, no me parece viable reformar el Sistema de Salud sin contar con los médicos y con las enfermeras… Dudo de que vuelva a plantearse un modelo de privatización de la asistencia sanitaria como éste; porque, en realidad, es un contrato de seguro de salud que vulnera elementos esenciales de nuestros sistemas de Seguridad Social y de Sanidad pública.

Personalmente, ¿saca alguna enseñanza de este caso?

Por supuesto. La abogacía tiene mucho de oficio que se va aprendiendo con la experiencia y casos como éste -complejos, arduos… ¡apasionantes!- ofrecen muchas lecciones a cualquier profesional. Trabajar codo con codo con otros profesionales es siempre muy aleccionador. Hay profesiones con los que la abogacía guarda muchas similitudes. Por ejemplo, en los ámbitos jurídico y médico se dan metodologías parecidas: hay que elaborar muy bien los antecedentes, con pruebas “empíricas”, formular un diagnóstico, diseñar un tratamiento… la cuestión es que en la práctica del Derecho como ciencia, técnica o arte los juristas no disponemos tanto de pruebas empíricas… y por eso tenemos que ser modestos…

En el terreno científico como Profesor e investigador cada vez estamos recurriendo más a los métodos institucionalistas: las normas jurídicas son determinantes porque marcan las reglas del juego, pero lo importante es el juego, las instituciones y como las viven las personas. En el caso de la Sanidad, arrancar del análisis de la relación médico-paciente, de su profunda e insalvable asimetría y de cómo compromete aspectos esenciales de la dignidad y de la integridad de la persona es imprescindible; para luego valorar la operativa de los servicios, de los hospitales y del Sistema. En el caso de España quien no conozca lo que supone, por ejemplo, disponer de un nivel de Atención Primaria como el que tenemos; o el grado de compromiso y rigor profesional, de afán de servicio y de perfeccionamiento de los profesionales de la salud difícilmente puede entender nuestro Sistema y por qué es uno de los servicios mejor valorados por los ciudadanos.

FUENTE

LA UE OBSTRUYE EL GASEODUCTO RUSO, DENUNCIA SERGUEI LAVROV

Unión Europea obstruye gasoducto trasnacional ruso, denuncia Lavrov

Moscú, 4 ene (PL) El canciller ruso, Serguei Lavrov, denunció hoy los planes de la Unión Europea (UE) de revisar los compromisos suscritos entre Moscú y siete países de ese bloque integracionista, participantes en el proyecto del gasoducto Flujo del Sur.

Lavrov expresó preocupación y asombro por la decisión de la UE de reconsiderar acuerdos intergubernamentales de Moscú con Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Hungría y Serbia sobre la tubería que transportará anualmente 63 mil millones de metros cúbicos de gas.

Advirtió el jefe de la diplomacia del Kremlin que el propósito de Bruselas es homologar los tratados con el denominado Tercer Paquete Energético de la UE.

Este documento pretende limitar el papel de Moscú a simple suministrador de hidrocarburos y vetar su presencia en la distribución de los carburantes dentro del territorio del Viejo Continente, lo cual genera discrepancias entre ambas partes.

Subrayó el ministro de Exteriores que esta tubería conductora constituye un aporte de Rusia a la seguridad energética europea porque permitirá diversificar las rutas de transportación del combustible azul en Europa.

Deploró que la legislación de la UE impida la realización de los acuerdos bilaterales suscritos, los cuales son parte inalienable del derecho internacional y no pueden ser revisados de forma unilateral.

Moscú propuso a la UE rubricar un compromiso para regular las operaciones de la infraestructura energética interfronteriza, y para su ejecución ya redactó y envió a Bruselas un proyecto de texto, informó Lavrov.

El Ministerio de Energía de Rusia confirmó el 6 de diciembre último la recepción de una misiva oficial de la Comisión Europea con la advertencia de que resulta necesario revisar los acuerdos firmados con las naciones por las que pasará la tubería.

Los líderes europeos consideran que los entendimientos entre Rusia y los siete países de la UE involucrados en el proyecto Flujo del Sur violan las leyes vigentes en el territorio de esta zona integracionista.

Gazprom, el gigante energético ruso controla un 50 por ciento de este negocio trasnacional mientras que la otra mitad corresponde a la firma italiana ENI, inversionista de 10 mil millones de dólares.

El ducto recorrerá 900 kilómetros por el fondo del mar Negro desde Krasnodar, en Rusia, hasta Varna, en Bulgaria, y después por tierra deberá surtir a las siete naciones involucradas.

Las obras en Rusia fueron inauguradas por el presidente Vladimit Putin, y el proyecto total debe estar concluido en diciembre de 2015, según Gazprom.
FUENTE