La Audiencia Nacional admite a trámite la
petición del ICAV de inconstitucionalidad de
las tasas judiciales
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que el Colegio de Abogados de Valencia interpuso contra la Ley de Tasas el pasado 12 de febrero de 2013 y ha considerado igualmente procedente “suspender el procedimiento en el estado en que se encuentra hasta que por el Tribunal Constitucional se dicte resolución”.
La solicitud de cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional se fundamenta, entre otras resoluciones, en la Sentencia 20/2012 del Tribunal Constitucional que cuestiona la legalidad de aquellas tasas que “son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables”.
Según ha afirmado el Decano del ICAV, Mariano Durán, “es una satisfacción que la Audiencia Nacional haya admitido a trámite la posible vulneración constitucional, presentado por el Colegio de Abogados de Valencia contra las Tasas Judiciales, y la primera admisión de entre todos los recursos interpuestos por los colegios de abogados españoles, ya que las tasas judiciales suponen una barrera infranqueable para ejercer el derecho de defensa de millones de ciudadanos y un grave atentado para la Justicia”. En su opinión, “el efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por jueces, magistrados, abogados y secretarios judiciales”.
La última concentración de protesta contra las tasas judiciales tuvo lugar el pasado 20 de noviembre a las puertas de muchos juzgados españoles, con el objeto de pedir la derogación inmediata de la norma impulsada por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En esta fecha la norma cumplía su primer año de vigencia y según la abogacía ha supuesto un serio obstáculo para el acceso a la Justicia de los ciudadanos.
El cambio más sustancial de la Ley de Tasas con respecto a sus precedentes radica en la incorporación al ámbito subjetivo de este tributo de los ciudadanos, que hasta ahora estaban exentos y sólo se aplicaba a entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación. En este sentido, Mariano Durán considera que “este sistema de tasas no ha resultado eficaz, el número de asuntos ha disminuido un 30% desde su entrada en vigor y en un 35% en primera instancia: Es un error del Gobierno generar unas tasas disuasorias, ya que la limitación del acceso a la justicia supone una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”.Asímismo, el Decano ha explicado que el destino de los fondos recaudados por las tasas no han sido transferidos hacia la mejora de la asistencia jurídica gratuita y no figura siquiera en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia”.
