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viernes, 21 de febrero de 2014

ESPAÑA: UN INFORME DE LA CE Y LA OCDE ALERTAN QUE EL ALTO DESEMPLEO SEGUIRA POR MUCHOS AÑOS


Bruselas y la OCDE alertan que España está 
condenada a un alto desempleo muchos años

La economía española ha entrado en una nueva fase, pero los viejos problemas no desaparecen. Al contrario. Un informe de la Comisión Europea estima que la tasa ‘natural’ de desempleo, es decir, aquella que no genera tensiones inflacionistas, se situará hasta 2015 en el entorno del 26%. O dicho en otros términos, si el paro baja de esos niveles, el IPC tenderá a crecer pormayor presión de la demanda ante la insuficiencia de oferta económica.
Para hacerse una idea de lo que significa esa tasa, hay que tener en cuenta que en 2006, poco antes de que comenzara la crisis, se situaba en el 10,9%, lo que refleja la intensidad del problema.
Básicamente por el empecinamiento del paro de larga duración, que lejos de reducirse sigue creciendo. Hasta el extremo de que, según un informepublicado este jueves por la OCDE, España es, junto con Grecia, el país de la organización donde más tiempo se tarda en encontrar un puesto de trabajo. En palabras de los economistas de la OCDE,  “España se encuentra ahora ante unas tasas de desempleo de dos dígitos y sin indicios claros de que se pueda producir una recuperación rápida”. Más claro no se puede decir.
Sus conclusiones coinciden con las de la Comisión Europea, que en un reciente documento analizado por JP Morgan Chase Bank situaba el potencial de crecimiento de la economía española en el -1,2% este año y el próximo. Lógicamente, por restricciones desde el lado de la oferta. Según el banco de inversiones estadounidense, se trata de una “visión apocalíptica”que, en su opinión, está sesgada hacia el lado negativo.
Sea como fuera, lo relevante es que la cifra que finalmente se observe –según JP Morgan, la tasa de paro estructural es del 17%– determina en gran medida la política presupuestaria del Gobierno, toda vez que si el componente cíclico del déficit fiscal es menor, las necesidades de nuevos recortes son mayores. Para sus economistas, el Gobierno debe realizar un nuevo ajuste presupuestario del 2% del PIB (unos 20.000 millones de euros) para lograr que el déficit estructural se sitúe en el 0,5%, como exige Bruselas.
Como recuerda JP Morgan, existen una serie de razones por las cuales la Comisión Europea tiene una visión tan pesimista sobre España desde el lado de la oferta. En primer lugar, el desempleo de larga duración (por encima de un año sin encontrar un puesto de trabajo) ha aumentado considerablemente; en segundo lugar, la escasez de personal cualificado en relación con un desempleo tan elevado y, por último, la inflación no ha caído tanto como podría haberse esperado tras el pronunciado descenso de la demanda interna.

Por el contrato único
Para salvar esta situación, la OCDE vuelve a la carga y, de nuevo, reclama al Gobierno una nueva reforma laboral. Y en concreto, propone “considerar la adopción de un contrato único con una indemnización por despido inicialmente baja pero que se vaya incrementando gradualmente, de manera que se reduzca la brecha existente en materia de protección laboral entre contratos temporales e indefinidos”.
Igualmente, propone reformar la educación secundaria y terciariaa fin de mejorar el nivel de competencias generales y la productividad”. Y, por último, reducir las barreras de entrada en los sectores de servicios para favorecer la productividad y la creación de empleo. La OCDE, de la misma manera, propone que los salarios “sean más sensibles a las condiciones específicas de las empresas y de la economía en general, fundamentalmente suprimiendo las prórrogas legales de los convenios colectivos”.
La tasa de desempleo no aceleradora de inflación se conoce por las siglas en inglés NAIRU, y refleja el punto de equilibrio de una economía. Aunque existen desde hace décadas acaloradas discusiones académicas sobre su importancia, lo cierto es que es una herramienta útil para los gestores de la política económica y financiera. Por ejemplo, para saber cuándo hay que modificar los tipos de  interés en función de la tasa de desempleo.

Según un estudio del Banco de España realizado por los economistasHernández de CosMario Izquierdo y Alberto Urtasun, entre los factores estructurales que afectan al crecimiento de la NAIRU se encuentran los impuestos sobre el trabajo, mientras que, en sentido contrario, actúa el incremento de la participación femenina y de la población extranjera en elmercado laboral. Eso es lo que ocurrió entre 2000 y 2007, años de fuerte descenso del desempleo que no se trasladó a la inflación por el hecho de que los inmigrantes entraron con menos salarios que los nacionales, lo que evitó tensiones inflacionistas.
Aun así, y pese a este efecto, España ha tenido de forma estructural una inflación más alta que en la Eurozona a medida que se ha ido reduciendo el desempleo.
Según los autores del estudio, la tasa de desempleo no aceleradora de inflación se situará en valores ligeramente superiores al 14% en 2015. Es decir, que aunque el ciclo mejore, los problemas de fondo siguen ahí. O dicho en otros términos, nada menos que una tercera parte del paro generado por la crisis se ha trasladado al desempleo de forma estructural. O sea, permanente.

sábado, 31 de agosto de 2013

LA COMISION EUROPEA ABRE EXPEDIENTE A ESPAÑA POR EL TASAZO ELECTRICO


La CE abre expediente administrativo a España por el tasazo eléctrico


La Comisión Europea ha decidido tramitar la denuncia presentada por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético contra España por el establecimiento de un impuesto indirecto a la generación eléctrica, que podría ser contrario al Derecho de la Unión.
La CE abre expediente administrativo a España por el tasazo eléctrico
La Plataforma informa en un comunicado que ayer recibió, en la sede de sus abogados, una notificación de la CE  informándole de la apertura del expediente administrativo

La denuncia, elaborada por los abogados de Holtrop S.L.P., es la segunda de una serie de seis denuncias, de las cuales tres ya han sido presentadas, en las que se solicita a la Comisión Europea que inicie diversos procedimientos de incumplimiento contra España, porque su legislación del sector eléctrico, y en particular de las renovables, es contraria al Derecho Europeo.

Una representación de la Plataforma se reunió el pasado julio con la Comisión para informar en persona sobre las denuncias presentadas, y a raíz de dicho encuentro la Comisión consideró que la denuncia contra el tasazo eléctrico debía ser tramitada. Ahora el gobierno español contará con un plazo de 10 semanas para informar a la Comisión sobre dicho impuesto indirecto. Si la Comisión no estuviera conforme con la respuesta de España, iniciará un procedimiento de incumplimiento contra España.

Esta decisión de la Comisión supone un respaldo a las tesis de los abogados de la Plataforma, según las cuales existen serias dudas sobre la compatibilidad del Derecho energético español, especialmente en la legislación sobre renovables, con el Derecho de la Unión Europea.

Normativa denunciadaLa Plataforma denuncia que las leyes 15/2012 y 17/2012 comportan una infracción por parte de España de la siguiente normativa:

A) La Directiva 2009/28/CE en su artículo 3.2, al poner ulteriormente en peligro en conseguimiento de los objetivos de cuota de energías renovables en el mix energético español en el 2020

B) La Directiva 2009/28/CE en su artículo 13, prohíbe la discriminación entre tecnologías. La tasa del 7% prevista en la Ley 15/2012 no diferenciando discrimina claramente aquellas tecnologías que más necesitan de primas para ser rentables.

D) Los artículos 107 y 108.3 TFUE por no notificar previamente a la Comisión, lo que constituye de hecho una ayuda de Estado inversa al régimen ordinario.

E) Los  artículos 107 y 108.3 TFUE por no notificar previamente a la Comisión Europea, lo que constituye una ayuda Estado al régimen especial.

F) La estrategia europea de vehículos limpios y eficientes por hacer más difícil el desarrollo de los coches eléctricos.

La Plataforma espera que esta decisión de la Comisión sirva para que España rectifique las actuales propuestas de Reales Decretos de renovables y autoconsumo, y derogue el Real Decreto-Ley 9/2013, que aplica recortes retroactivos a la retribución a las energías renovables de dudosa conformidad con el Derecho Europeo.