MITSUBISHI CONTRATA A CUATRECASAS PARA DEMANDAR A ESPAÑA POR LOS RECORTES DE LAS RENOVABLES

La japonesa Mitsubishi contrata a Cuatrecasas para demandar a España por los recortes renovables

Se recrudece la guerra de los inversores internacionales contra el Gobierno por los drásticos recortes a las renovables. El gigante japonés Mitsubishi, aliado de Acciona en termosolar, ha contratado al bufete Cuatrecasas para preparar una demanda contra las últimas medidas de Industria en el sector de las energías verdes. Rajoy, en su visita a Japón a principios de octubre, fue advertido del malestar de los fondos y empresas niponas por la inseguridad jurídica y los ajustes retroactivos en España.

Uno de los gigantes internacionales con inversiones en el sector renovable español ha dado el primer paso tras la reforma energética aprobada por el Gobierno. El grupo japonés Mitsubishi, que entró en España en 2009 de la mano de Acciona en una alianza para el negocio termosolar, ha contratado al bufete de abogados Cuatrecasas para presentar una demanda contra España por el cambio retroactivo de las condiciones de sus plantas, la introducción de nuevos impuestos, los sucesivos recortes a las primas y la eliminación del actual sistema de retribución que recoge la reforma energética.

Fuentes del sector renovable confirmaron a Vozpópuli queMitsubishi y los abogados de Cuatrecasas están ahora decidiendo si plantean la demanda sólo ante los tribunales españoles, o también lo hacen por la vía del arbitraje internacional invocando la Carta de la Energía, un tratado ratificado por un gran número de países, entre ellos España, para la protección de las inversiones energéticas en los países firmantes.

Esta segunda vía es la que ha elegido la compañía sevillana Abengoa, que el pasado viernes desveló en Nueva York que su batalla judicial contra el Gobierno no sólo se dirimirá en los tribunales ordinarios españoles sino también en la Corte de Arbitraje de La Haya. Su argumentación jurídica es similar a la que prepara Mitsubishi, al considerar que "la reforma regulatoria del sector eléctrico aprobada por el Gobierno español ha roto las legítimas expectativas de CSP Equity Investment (filial de Abengoa) (…) y constituye una expropiación".

Mitsubishi, al igual que otros grandes inversores de Alemania, EEUU, Emiratos Árabes y Arabia Saudí, entre otros, desembarcó en el sector renovable español cuando éste representaba todo un modelo a seguir fuera de nuestras fronteras. Se unió a Acciona en una alianza estratégica para invertir 2.000 millones de euros en energías renovables, según anunciaron las dos compañías en el verano de 2009.

Abengoa abrió la veda al anunciar el viernes en Nueva York que ha demandado al Gobierno ante la Corte Arbitral de La Haya por la "expropiación" sufrida en España

El objetivo era poner en marcha nuevos proyectos eólicos, termosolares, fotovoltaicos y de bioenergía. El acuerdo deparó además una operación por la que Mitsubishi pagó a Acciona 45,8 millones de euros para entrar en su filial Acciona Termosolar, que contaba con cuatro plantas en Extremadura y Andalucía.

Fue en ese mismo año cuando el Gobierno Zapatero, ya en sus estertores, comenzó a aplicar medidas retroactivas de recorte de primas a las plantas fotovoltaicas para frenar la burbuja de este sector, que año tras año engordaba el déficit de tarifa.

Llegó Rajoy al Gobierno y a través del Ministerio de Industria y Energía, ha ido aplicando medidas que han cambiado las reglas de juego del sector renovable y ha hundido este negocio en España, según todos los expertos y analistas internacionales. Después de aplicar un nuevo impuesto del 7% desde enero y sacar adelante la reforma energética del pasado 12 de julio, ahora en proceso parlamentario, el Gobierno ha dejado al sector renovable sin sistema de ayudas para instaurar un modelo de rentabilidad razonable aún no definido.

La alianza de Mitsubishi con Acciona preveía inversiones de 2.000 millones de euros para el desarrollo de proyectos renovables y el intercambio accionarial entre las dos compañías

Estos cambios normativos han provocado un sonoro enfado no sólo entre los inversores afectados sino también en sus países de procedencia. De ahí que Embajadas como la de EEUU, la alemana y la japonesa hayan trasladado su malestar al Gobierno.

De hecho, el 1 de octubre llegaba Rajoy en visita oficial a Japón, donde fue reprendido (de forma educada y silenciosa, muy a la japonesa) por su política contra las renovables.

Así que Mitsubishi ha dado el primer paso, pero hay otras compañías y bancos nipones que están estudiando también demandar a España. Corporaciones de la talla de Mitsui (socio de FCC), Itochu y JCG Corporation (socios de Abengoa), respaldados a su vez por entidades financieras niponas comoMitsubishi Tokyo UFJ Bank, Mitsui Sumimoto Bank o Mizuho Bank, entre otros, tienen enterrados en España unos 2.000 millones de euros en inversiones en proyectos renovables, señalan fuentes oficiales del sector.

La visita oficial de Rajoy a Japón se vio enturbiada por el malestar de compañías y bancos nipones, que ven peligrar la rentabilidad de los más de 2.000 millones de euros que en conjunto tienen enterrados en España

Los sectores renovables más dañados por los sucesivos recortes de primas y cambios normativos son el termosolar, donde opera Mitsubishi, y el fotovoltaico, si bien con la última reforma aprobada el Gobierno también ha asestado un duro golpe a un sector tan consolidado como el eólico (en algunos días del año aporta más del 50% de toda la energía que se consume) y también al de la cogeneración.

Es tal la avalancha de pleitos y arbitrajes que espera el Ejecutivo que ha centralizado en el Ministerio de Justicia la estrategia de defensa, con la creación de una unidad especializada

En el sector fotovoltaico ya hay un proceso arbitral abierto. Un grupo de fondos internacionales, bajo la dirección deldespacho de abogados Allen & Overy, demandó al Reino de España en 2011 por los cambios aplicados en su día por Zapatero.

Es tal la avalancha de demandas, pleitos y arbitrajes que teme el Gobierno por parte de decenas de inversores españoles e internacionales tras los cambios normativos aplicados que el Ministerio de Justicia ha creado una unidad especializada, formada por abogados del Estado que contará con asesoramiento externo, para dirigir la estrategia de defensa del Ejecutivo frente a todos los procesos que se avecinan,

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BRUSELAS FIJARA REGLAS PARA LAS AYUDAS A LAS ENERGIAS RENOVABLES Y NUCLEAR

Bruselas quiere fijar reglas para las ayudas a la energía nuclear y renovables

La Comisión Europea debate hoy las pautas que quiere fijar en 2014

Bruselas quiere fijar reglas claras para las ayudas de estado al sector energético. El vicepresidente y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha elevado una petición al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, para que los comisarios se reúnan este martes en un debate de orientación al respecto, para después abrir un proceso de consultas públicas y tener listas las líneas maestras en el primer trimestre de 2014. Fuentes europeas explicaron ayer que el objetivo es dotar de más claridad y transparencia a las reglas del juego —para evitar la presión que ejercen los lobbies, los grupos de interés— en ámbitos como la energía nuclear, las renovables y la financiación de infraestructuras, así como el tratamiento que algunos Estados dan a las industrias intensivas en energía.

Se trata de un debate espinoso, en especial en lo relativo a la energía nuclear. Los ecologistas y los grupos de presión contrarios al uso de esa fuente de energía pusieron el grito en el cielo a principios de verano, cuando trascendió que Bruselas podía decantarse por el camino que arranca hoy. Greenpeace volvió ayer a la carga y aseguró que la Comisión “no debería acordar esas directrices porque en la práctica eso supondrá subsidiar al sector nuclear y creará distorsiones de mercado injustificables y riesgos ambientales”. Los planes de Competencia han creado controversia en varios países, como Austria y Alemania.

Las fuentes europeas consultadas afirman que esa oposición a la apertura de un debate se basa en un malentendido: la Comisión no está ni a favor ni en contra de la energía nuclear, y en ningún caso esas reglas del juego van a facilitar los subsidios. Competencia analiza ahora las ayudas caso por caso, pero preferiría dejar claras las reglas en un ejercicio de transparencia que ahora es inexistente. Pero los contrarios a esa pretensión recuerdan que el comisario alemán de energía, Günther Oettinger, aseguró hace un par de semanas que es necesario acordar “una adaptación pragmática de las reglas de ayudas de Estado”, en el sentido de la adopción de criterios más laxos para facilitar los subsidios. Bruselas sostiene que esa interpretación es errónea: se trata de fijar los criterios generales que ahora se aplican caso por caso, y el sistema de acordar directrices claras, con luz y taquígrafos, es mejor desde el punto de vista democrático.

En el mismo paquete se incluirán las renovables: la Comisión asegura que las ayudas de Estado actuales están creando distorsiones en el mercado. Las fuentes europeas consultadas prefieren un sistema más gradual, con mayores subsidios para las tecnologías de renovables al principio, que vayan menguando cuando las condiciones de eficiencia se acerquen a las de mercado.

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ESPAÑA PONE UN IMPUESTO AL SOL Y EUROPA LE ABRE UN EXPEDIENTE POR PONER TRABAS AL USO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES

Bruselas expedienta a España por impedir los objetivos en renovables

Bruselas ha dejado a un lado las amenazas para pasar a la acción al abrir un expediente a España por no haber comunicado las medidas que tiene previsto adoptar para cumplir el objetivo de que en 2020 el 20 por ciento de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables.

Tanto España como Italia debían comunicar las nuevas políticas energéticas antes del 5 de diciembre de 2010. El Gobierno comunitario ha sido muy benévolo durante este tiempo y ha dejado pasar más de dos años para iniciar este expediente.

Unos cambios que no gustan

En este sentido, a nadie se le escapa que los últimos cambios regulatorios aprobados para acabar con el déficit de tarifa no han gustado nada a la Comisión Europea, concretamente al comisario de Energía, Günther Oettinger, quien pidió explícitamente que la reforma energética no hiciera peligrar las renovables.

Bruselas exigía a España e Italia esta comunicación para comprobar cómo se avanza en la transposición de las directivas de renovables a sus legislaciones nacionales.

Se trata de la segunda fase de un procedimiento de infracción. Ahora si en el plazo de dos meses los gobiernos español e italiano no han corregido la situación, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Uno de los pilares de esta directiva es priorizar el acceso a la red de las energías renovables, una filosofía con la que la reforma energética acaba de un plumazo al imponer una retribución fija basada en unos estándares que se calcularán para toda la vida del proyecto.

Esta decisión de Bruselas sigue a diecisiete procedimientos similares que afectan a Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta y Polonia, según Efe.

Entre tanto, el Gobierno comunitario también ha abierto un expediente informativo a España contra la reforma energética que entró en vigor este año y que recoge una tasa a la generación eléctrica del 7 por ciento, de manera indiscriminada a todas las tecnologías.

El expediente fue comunicado a finales de agosto y Bruselas dio diez días al Gobierno español para informar a la Comisión sobre dicho impuesto indirecto. Si la CE no estuviera conforme con la respuesta de España, iniciará un procedimiento de incumplimiento contra España.

Sin contestación

Según las fuentes consultadas, el Gobierno español todavía no ha contestado a la petición de Bruselas, lo que podría haber acelerado el expediente comunicado ayer, ya que ambos expedientes están relacionados.

A juicio del Gobierno comunitario, la nueva tasa del 7 por ciento, en vigor desde principios de año, podría ser contraria al Derecho de la Unión.

Este expediente está motivado por una denuncia elaborada por los abogados de Holtrop en nombre de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que es la segunda de una serie de seis demandas, de las cuales tres ya han sido presentadas, y en las que se solicita a la Comisión Europea que inicie diversos procedimientos de incumplimiento contra España, porque su legislación en este ámbito es contraria al Derecho Europeo.

A pesar de los recortes, el Ministerio de Industria sigue afirmando que apuesta por las renovables.

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EL MINISTRO DE INDUSTRIA COMETERA "FRAUDE DE LEY" SI DESPRECIA EL INFORME DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA

Anpier dice que Soria cometerá 'fraude de ley' si desprecia el informe de la CNE sobre renovables

  En un comunicado, Anpier califica de "inaudito" que Soria haya "desacreditado" a la CNE al decir que no prestará atención al informe del regulador.

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) considera que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, incurriría en un "fraude de ley" si no presta atención al informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) acerca de las energías renovables.

   En un comunicado, Anpier califica de "inaudito" que Soria haya "desacreditado" a la CNE al decir que no prestará atención al informe del regulador. El ministro realizó ayer este comentario en los pasillos del Senado, al ser preguntado acerca del punto del informe en el que se desaconsejaba dar un trato diferencial a las renovables en Canarias.

   Anpier recuerda el carácter preceptivo de los informes de este tipo de la CNE y exige al ministro que preste atención a su contenido. "Un Gobierno que regula 'manu militari' lo contrario de lo que manifestó en sede parlamentaria en la oposición y en contra de las advertencias del regulador sectorial queda bajo sospecha", afirma el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca.

   La asociación fotovoltaica considera "muy certeras" algunas de las valoraciones de la CNE en su informe sobre la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

   Entre ellas, destaca la de que el regulador advierte del riesgo de resultados negativos para los productores de energías renovables y lamenta la precipitación, singularidad y falta de transparencia del proceso.

   Anpier califica además de "alarmante la deriva del Ministerio de Industria, Energía y Turismo", que "da la espalda al sector y la sociedad y busca el dictamen favorable a sus tesis en consultoras seleccionadas, sin siquiera convocar concurso público, mientras descalifica públicamente al órgano regulador del sector".

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LAS ELECTRICAS Y EL GOBIERNO, FORMAN UNA ALIANZA PARA ACABAR DE CARGARSE LAS RENOVABLES

"Las empresas eléctricas y el Gobierno se han aliado para cargarse las energías renovables"

La cooperativa de energía verde GoiEner acusa al Ejecutivo de aplicar medidas disuasorias para evitar el autocosumo a través de paneles solares.

GoiEner seguirá adelante con sus planes de expansión, a pesar de que deberá ralentizar el ritmo debido al descenso de la rentabilidad y las trabas impuestas por la reforma en el sector eléctrico.

"Se quieren cargar el sector de las energías renovables, pero nosotros vamos a seguir adelante porque el futuro será renovable o no habrá futuro". Alberto Bezunartea, socio promotor de GoiEner, una cooperativa integrada por casi 500 socios que han sumado sus fuerzas para impulsar un modelo de energía verde en Euskadi, asegura que la reforma del sector eléctrico elaborada por el Gobierno central busca el "fin de las renovables". "El Ejecutivo", añade, "se ha aliado con las grandes empresas eléctricas porque no les interesan las renovables. Es increíble que algo así ocurra en un país con un potencial tan enorme de sol, viento y agua".

El autoconsumo a través de los paneles solares y otras tecnologías dejará de ser rentable para rebajar el coste que pagan los usuarios en la factura de la luz tras la reforma que ha presentado el Gobierno. Las nuevas condiciones para el sector eléctrico contemplan un impuesto —peaje de respaldo— que tendrán que pagar los productores de electricidad para consumo propio. A esto hay que sumar, los sucesivos recortes de los Gobiernos socialista y popular al sector —primero redujeron los años que les garantizaban las primas a los productores, después hubo una limitación horaria en la retribución—, lo que ha llevado al sector de las renovables a una situación límite.

A pesar de todo, GoiEner sigue adelante con sus planes de expansión. Su modelo se basa en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como el sol (energía solar), el agua (hidráulica) o el viento (eólica). Una iniciativa que desde junio comercializa (comprar) este tipo de energía 100% verde entre sus socios. En la actualidad, la comercialización y generación de electricidad están liberalizadas, pero el transporte (alta tensión en manos de Red Eléctrica Española) y la distribución (media y baja tensión en manos de las grandes compañías) siguen regulados. GoiEner es la primera comercializadora vasca de energía sostenible y una de las pocas que actualmente existe en el país.

Bezunartea recuerda que la cooperativa cuenta ya con cerca de 500 socios y aunque admite que la rentabilidad de los proyectos de generación será más reducida, el camino está trazado. "La reforma impone más avales por cada nuevo socio y unas medidas absolutamente disuasorias para el autoconsumo, pero para nuestra cooperativa no hay marcha atrás. Apostamos por esta energía porque es más razonable, económica, limpia y ecológica. Este año ha habido mucha producción de energías renovables. Eso ha obligado a parar durante algún tiempo a las centrales de ciclo combinado de las grandes eléctricas, lo que no les ha gustado".

Y prueba de que a GoiEner no le va disuadir la reforma es su integración en la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y su asesoramiento a dos cooperativas verdes que acaban de nacer: Enerplus (Cantabria) y Noxa Energía (Galicia). "Se trata de defender los derechos de los ciudadanos", apostilla Alberto Bezunartea.

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