Amnistía acusa al Gobierno de obstaculizar la causa argentina y denuncia la impunidad del franquismo
- La organización se reúne con enviados de la ONU y exige al Gobierno que extradite a los cuatro exfuncionarios reclamados en la causa argentina contra la dictadura
- La Unión Progresista de Fiscales se felicita por la resolución de la jueza Servini y lamenta que no sean los tribunales españoles los que persigan los delitos del franquismo
- La Fiscalía sostiene que la detención de las detenciones ordenadas por la Justicia argentina no son necesarias por la antigüedad de los hechos
El grupo de expertos de Naciones Unidas que estos días visitan España se ha reunido este lunes con representantes de Amnistía Internacional (AI). Un día después del encuentro, que califica de "muy satisfactorio" y "cordial", la organización ha emitido un comunicado en el que denuncia la impunidad de los crímenes de desaparición cometidos durante la dictadura franquista.
En concreto, AI señala que España sigue sin investigar los al menos 114.266 crímenes de desaparición cometidos entre 1936 y 1951, y que quedaron documentados en la querella presentada ante la Audiencia Nacional en 2006. "No podemos olvidar que todas las víctimas, incluidas las del franquismo, tiene derecho a verdad, justicia y reparción, y el Estado español tiene la obligación de garantizar estos derechos", ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional.
En la misma línea, y tras la reunión, fuentes de la organización han confiado en que la visita del grupo de enviados de la ONU sea una "oportunidad para hacer cumplir" al Gobierno los tratados internacionales y "para poner fin a la impunidad de la que goza el franquismo y los crímenes de la Guerra Civil". Así, y frente a la falta de respuestas de las autoridades españoles, señalan que "la vía es la presión de la comunidad internacional" si se quiere poner fin a "muchos años sin afrontar estos temas", aún pendientes.
La esperanza argentina
En referencia a la causa abierta contra la dictadura en Argentina, la ONG acusa al Estado de no colaborar de forma adecuada con los tribunales extranjeros que inician esas investigaciones, alegando, entre otras cosas, la prescripción de los delitos o la Ley de Amnistía. AI califica de "histórica" la decisión de la Justicia de aquel país y reclama la cooperación del Ejecutivo: "El Gobierno deberá proceder a la extradición de cuatro ciudadanos españoles acusados de cometer tortura durante el franquismo", señala
Aunque Amnistía considera que "España se halla obligada bajo el derecho internacional a conceder la extradición" tras la resolución de la jueza María Servini de Cubria, basada en el principio de jurisdicción universal, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha hecho público este martes un escrito en el que califica las detenciones de los ex altos funcionarios reclamados de "no necesarias". Así, la Fiscalia cree que "habida cuenta de la antigüedad de los hechos", no procede la extradición de las cuatro personas reclamadas en Argentina.
El argumento de la Fiscalía es que al no constar "datos de tiempo" y del "lugar de la comisión" de los delitos referidos por la jueza Servini, las órdenes internacionales de detención dictadas por la magistrada provocarían "una causa de denegación". En este sentido, el Ministerio Público ha insistido en que, en virtud de Convenio Bilateral sobre Extradición y Asistencia Judicial en vigor entre España y Argentina, las órdenes deben ir acompañadas de "un relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión del delito", que en este caso no se ha adjuntado.
Los fiscales progresistas se pronuncian
En la misma línea que Amnistía, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha hecho pñublico un comunicado en el que se felicita por la reciente resolución de la Justicia argentina "que acepta la competencia de ese país para perseguir alguno de los crímenes contra la humanidad acaecidos durante la dictadura franquista". Al tiempo, la Unión lamenta la incapacidad de los tribunales españoles para afrontar esa mismas persecución.
La UPF recuerda otros procesos iniciados en la Audiencia Nacional en base al principio de jurisdicción universal, el mismo ahora invocado por la jueza Servini para motivar su causa contra la represión franquista, por ejemplo, las causas contra las dictaduras de Argentina y Chile. "Resulta paradójico que estos avances de nuestra Justicia solo hayan servido para perseguir este tipo de delitos en el extranjero y resurjan todo tipo de obstáculos para siquiera iniciar un proceso de estas características en relación con nuestros propios crímenes históricos", añade la nota.
Los enviados de la ONU con los que se reunió AI son expertos en materia de desapariciones forzosas y permanecerán en España hasta el próximo lunes día 30. Su misión es comprobar qué acciones ha tomado el Ejecutivo en materia de investigación de los crímenes de ese tipo y, especialmente, en el terreno de reparación a las víctimas. Hasta el momento se han reunido con activistas y juristas, y hay también previstos encuentros con autoridades del Gobierno central y de la administración autonómica. En el último día de su visita ofrecerán en una rueda de prensa sus conclusiones preliminares. Posteriormente, a principios de 2014, expondrán en el pleno de la ONU el informe relativo a España.
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