ESPAÑA: LA DEFENSORA DEL PUEBLO SE "CEBA" CON LAS LISTAS DE ESPERA DE CASTILLA LA MANCHA

La Defensora del Pueblo se "ceba" con Castilla-La Mancha por sus listas de espera en 2013

El informe de la Oficina del Defensor del Pueblo correspondiente a 2013, que ha presentado hoy en las Cortes Generales su titular, Soledad Becerril, se "ceba" con el problema de las listas de espera en los centros hospitalarios de Castilla-La Mancha.

De las 14 recomendaciones que hace la Defensora del Pueblo a diversos hospitales de España por la abultada demora en algunos de sus servicios, cinco corresponden a centros hospitalarios de Castilla-La Mancha. Y de todos ellos, el Hospital "Virgen de la Salud", con tres, es el que más acumula de todo el país.

Así, el Gobierno de Cospedal acumula cinco recomendaciones de la Defensora del Pueblo: 3 para el Hospital de Toledo y 1 para cada uno de estos centros hospitalarios: Ciudad Real y Mancha Centro. 

Además, el Hospital Universitario de Guadalajara también tiene un toque de atención de la Oficina de Becerril por trabas en el acceso a las historias clínicas de los fallecidos por sus familiares o sus parejas de hecho.

Por comunidades autónomas, le sigue Castilla y León con tres recomendaciones (hospitales de Ávila, León y Valladolid), la mitad que Castilla-La Mancha; Cataluña, con otras tres (Hebrón, que se lleva dos, y Juan XXIII, de Tarragona) y con una Extremadura (San Pedro Alcántara, de Cáceres), Madrid (Doce de Octubre) y Baleares (San Espases).

Demoras por servicios

De las tres correspondientes al Virgen de la Salud, una reclama que se adopten las medidas oportunas para reducir la extraordinaria demora existente, al menos en algunos supuestos, en la realización de cirugía ortognática en el servicio de Maxilofacial. Fue aceptada.

Otra en el Servicio de Traumatología, que está pendiente, y la última en el Servicio de Radiodiagnóstico para la realización de TAC cerebrales, que ha sido aceptada.

En cuanto al Hospital General de Ciudad Real, las recomendaciones del Defensor del Pueblo se centran en las demoras existentes en el Servicio de Neurocirugía.

En cuanto al Hospital de Mancha-Centro, se refieren a las esperas en el Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario La Mancha-Centro y que están pendientes de ser atendidas.

La Oficina del Defensor del Pueblo pide que se adopten las medidas oportunas para reducir la notable demora existente en la realización de procedimientos quirúrgicos programados en ese servicio de Mancha Centro,

También, que "se dicten las instrucciones oportunas, en orden a que en el Complejo Hospitalario La Mancha-Centro se promuevan las acciones precisas para garantizar la efectividad de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 24/2002, de 5 de diciembre, de garantías en la atención sanitaria especializada".

Por último, aunque no tiene nada que ver con las listas de espera, el Hospital Universitario de Guadalajara ha aceptado la recomendación para que se garantice el acceso a la historia clínica de un paciente fallecido, a toda persona vinculada a él por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite.

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ESPAÑA: LA DEFENSORA DEL PUEBLO PIDE QUE RETIREN EL INCENTIVO PARA DELATAR A PARADOS

La Defensora del Pueblo pide a Empleo que retire el incentivo para que las ETT delaten a parados

El Ministerio introdujo una retribución para las agencias de colocación que denunciaran irregularidades de las personas en paro que pasaban por sus oficinas

La Defensora del Pueblo insta a Empleo a retirar un incentivo que considera "indebido" y que pervierte el sentido de la norma

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Ministerio de Empleo que retire el incentivo que concede a las agencias de colocación por delatar a las personas en paro que pasen por sus oficinas y que estén incurriendo en alguna irregularidad que implique una sanción.

Empleo incluyó este incentivo en el acuerdo marco que establecía las condiciones para que las agencias colaboraran con los servicios públicos de empleo. La Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET) recurrió a la Defensora, que ahora les da la razón y considera que se trata de una retribución "indebida" que pervierte el sentido de la norma.

Las agencias privadas de colocación cobrarán entre 300 y 3.000 euros por colocar a personas en desempleo, en función de la edad del parado y del tiempo que lleva en desempleo.

Y el Ministerio añadió otro incentivo: uno para las agencias que encuentren irregularidades que acaben en una sanción al parado. "Se hará efectivo aunque no se consiga la inserción, siempre y cuando a consecuencia de la información que la agencia hubiera obtenido durante la prestación del servicio y proporcionase a los servicios públicos de empleo se inicie un procedimiento que concluya con la imposición al desempleado de alguna sanción", se exponía en los pliegos de condiciones de la licitación.

ANDET recurrió a la Defensora del Pueblo al considerar que el incentivo generaba "un nuevo modo de iniciar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación a la acción de denuncia" que era contrario y que vulneraba la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

"A nuestro juicio las agencias de colocación de carácter privado no resultan competentes para incoar, instruir o resolver los expedientes sancionadores, ni tan siquiera poner en conocimiento del Servicio Público de Empleo, como es el caso, posibles irregularidades por parte de desempleados sin llevar a cabo el trámite establecido por nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto esas funciones suponen el ejercicio de una autoridad pública que no puede corresponder a una sociedad mercantil aunque esta sea de capital público o goce de la firma de un convenio marco", decía la asociación en su escrito a Soledad Becerril. ANDET esgrimía también que la nueva condición vulneraba la Ley de Protección de Datos.

La Defensora del Pueblo ha respondido a la queja de la asociación y, tras requerir información de la Secretaría de Estado de Empleo, ha pedido al Ministerio que modifique esta cláusula y que suprima "el incentivo por resolución de irregularidades".

"Tras el análisis de las consideraciones de la Secretaría de Estado de Empleo esta institución considera que el incentivo o retribución por resolución de irregularidades [...] establece una retribución indebida, por cuanto retribuye una acción que no constituye intermediación laboral y pervierte el sentido de la norma, al convertir en objetivo susceptible de retribución con fondos públicos lo que constituye un deber exigible a la agencia de colocación, de obligado cumplimiento en el desarrollo de su actividad", manifiesta en su escrito la adjunta segunda de la Defensora, Concepció Ferrer i Casals.

Un portavoz del Ministerio de Empleo asegura que aún no tienen notificación de este escrito, pero que siempre han defendido que el acuerdo marco de colaboración con las agencias de colocación se ajusta a la legalidad. El concurso aún no se ha resuelto: cuando sea efectivo, se conocerán qué agencias son las que colaborarán con los servicios públicos de empleo y, por tanto, recibirán estos incentivos.

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ESPAÑA: LA DEFENSORA DEL PUEBLO ADMITE EMAILS PARA LAS QUEJAS DEL IVA

>La Defensora del Pueblo ha dado instrucciones para admitir a trámite las quejas de los contribuyentes sobre la obligación de tener que declarar el IVA por vía telemática




Según publica la edición digital del diario El Mundo, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha dado instrucciones para que se admitan a trámite todas las quejas de los contribuyentes sobre la obligación impuesta por la Agencia Tributaria de declarar el IVA por vía telemática. Y estas quejas, unido a las colas en busca de información y de ayuda en las administraciones, se suman a las que ya se están presentando ante la propia Hacienda al suprimir, de golpe, la declaración por papel del Modelo 390 (el resumen anual del IVA de 2013), que tendrá que ser presentado antes de fin de mes. 

 Esto afecta principalmente a contribuyentes de edad avanzada y arrendadores de locales comerciales que no disponen de ordenador para realizar la declaración, no tienen uno con las especificaciones exigidas, no entienden la aplicación ni saben descargársela, no disponen de móvil para recibir un SMS con un Pin de 24 horas, etc. E incluso existen, dice El Mundo, quienes aseguran que lo que se ha hecho «es un disparate», en tanto que es exigible para sociedades anónimas o limitadas, o para profesionales y parte de los autónomos, pero no para un país en el que millones de ciudadanos no tienen acceso a internet. 

 Y además, las quejas llegan incluso de organizaciones profesionales, como el Colegio de Abogados de Zaragoza, cuyo decano dice entender y compartir el interés de la Agencia Tributaria por agilizar la atención a los ciudadanos con comunicaciones por vía electrónica; pero admite que una medida aplicada con carácter general y de forma indiscriminada puede esconder una grave discriminación y restricción de los derechos hacia a aquellas personas que no están en condiciones de hacer uso de ella. 

 O incluso del Forum Jurídico, desde el que se advierte que la ley de 2007 (de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos) prevé su el artículo 27 que son los ciudadanos los que pueden elegir la manera de comunicarse; y solamente las administraciones podrán establecer esta obligatoriedad por medios electrónicos cuando se trate de "grupos o colectivos que por razones de capacidad económica, técnica, profesional, etc. tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos".
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LA DEFESORA DEL PUEBLO SE NIEGA A APOYAR LA LEY ANTIDESAHUCIOS

La defensora del Pueblo no recurrirá la "ley antidesahucios" ante el Constitucional

• Soledad Becerril ha tomado la decisión tras reunirse con la Junta de Coordinación en el último día de plazo legal para registrar la iniciativa ante este tribunal.
• La PAH elaboró un recurso de inconstitucionalidad de la ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios.
• Esta ley suspende los desahucios de viviendas modifica el régimen de subastas de viviendas para que el precio de adjudicación sea mayor.

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha decidido no recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la "ley antidesahucios", a pesar de la petición que le había hecho la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En el último día de plazo legal para registrar la iniciativa ante el TC, Becerril ha tomado esta decisión tras reunirse con la Junta de Coordinación del organismo que ella dirige.

El Grupo Socialista ha presentado este viernes un recurso contra la norma
Becerril convocó una reunión del cuadro directivo de la institución a las diez y media de la mañana de este viernes, en la que se analizó la petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La PAH había elaborado un recurso de inconstitucionalidad de la ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios pero, como no tiene legitimidad para presentarlo ante el TC, pidió a 50 diputados, 50 senadores o al Defensor del Pueblo que lo "avalen" y lo trasladen al alto tribunal.
Asimismo, tal y como se explica en la resolución comunicada a los interesados, este asunto ha sido sometido ya al Tribunal Constitucional, dado que parlamentarios del Grupo Socialista han presentado mismo recurso contra la citada norma. Por ello, entiende que la intervención de la Defensora del Pueblo no es "necesaria" en este caso para asegurar la garantía de los derechos fundamentales y las libertades públicas o para salvaguardar la adecuación constitucional del ordenamiento jurídico.

Protección a los deudores

No obstante, Becerril ha resaltado que sigue siendo necesario reforzar más la protección de los deudores hipotecarios para "impedir los efectos nocivos que se han producido". A su juicio, la ley contiene elementos positivos respecto de la regulación anterior, si bien es todavía necesario establecer un procedimiento de insolvencia de las personas físicas, para facilitar pagos más flexibles y que exista una segunda oportunidad. Además, contempla aumentar las facultades de los jueces para facilitar acuerdos entre acreedores y deudores e imponer, en su caso, una solución razonable.
El aval del Defensor del Pueblo era una de las vías para que los ciudadanos puedan recurrir una norma
En abril de 2013, la institución presentó en el Parlamento actuaciones y propuestas para una reforma profunda en la regulación de las deudas hipotecarias. También se pidió limitar los elevados intereses de demora y los gastos de ejecución, y establecer un proceso previo de conciliación entre las partes que dote al juez de mayores facultades de decisión. Asimismo, solicitó a la Asociación Española de Banca (AEB) y a la Confederación Estatal de Cajas de Ahorros (CECA) que se comprometieran a informar a los deudores hipotecarios de las nuevas posibilidades que les asisten tras la entrada en vigor de la Ley.

Actuación de la PAH

Esta decisión ya ha sido comunicada a la PAH. En los últimos días esta plataforma había intensificado su campaña para lograr que el Defensor del Pueblo respaldara su petición mediante la promoción en redes sociales de las etiquetas #bancCriminal, #DefensoraDefienda y #ElRecursoDeLaPAH y difundiendo el teléfono de la Alta Institución animando a los ciudadanos a llamar y mostrar su apoyo al recurso.
El aval del Defensor del Pueblo era una de las vías que ofrece el sistema para que los ciudadanos puedan llegar a recurrir una norma ante el Tribunal Constitucional. La otra posibilidad es conseguir la firma de 50 diputados o senadores, algo en este caso más difícil porque el apoyo anunciado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC, Amaiur y Compromís-Equo al texto de la PAH no supone avales suficientes
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