Los militares se manifiestan por primera vez contra el Gobierno del PP
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, duarante una
vistia a la base principal de las FAMET. / defensa.gob.es
La espoleta que ha hecho estallar la bomba de la indignación de los militares la quitó el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jaime Domínguez Buj, con la anuencia del ministro Pedro Morenés Eulate, al ordenar el arresto y encarcelamiento del presidente y portavoz de la AUME, Jorge Bravo Álvarez, por unas declaraciones públicas en las que contraponía los “gastos superfluos” con la reducción salarial, la congelación y la quita de la paga de Navidad. Los que más sufren el castigo salarial son las familias de los suboficiales, especialistas y soldados profesionales, encuadrados en las categorías más bajas de la Administración del Estado (C y D), y sin los cuáles, la maquinaria militar no podría funcionar.
El suboficial especialista Bravo dijo en la emisora desaparecida ABC Punto Radio que “los recortes en las Fuerzas Armadas deben comenzar en gastos superfluos como festejos, celebración de aniversarios, actos públicos, juras de bandera con población civil, uso irracional de vehículos oficiales, vinos, entrega de premios…” Sus palabras suscitaron una corriente de simpatía de sus compañeros “sin voz”, pero también provocaron el mal humor del alto mando del Ejército de Tierra que, de inmediato, ordenó que le abrieran un expediente sancionador, a pesar de que hablaba como representante elegido para el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
Después de varios meses bajo la espada de Damocles, Bravo recibió la notificación de la sanción e ingresó el 2 de abril en el calabozo del centro de arrestos de Colmenar Viejo (Madrid) para cumplir los 30 días de privación de libertad que le impusieron. Desde entonces ha visto restringidos sus derechos de comunicación telefónica y electrónica, no ha recibido la asistencia médica y ocupa una celda sin calefacción. Su encarcelamiento fue recurrido judicialmente mediante un procedimiento de habeas corpus. La resolución del juzgado togado militar número 11 denegando su libertad y dando por válidas unas condiciones de arresto equiparables a una condena penal, ni siquiera se le comunicó rápida y directamente, como previene la ley. Sus compañeros han instado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a que visite al arrestado y conozca las instalaciones del centro de castigo.
También desde entonces, el dirigente de AUME no ha dejado de recibir muestras de apoyo y solidaridad de sus compañeros y de la sociedad civil, singularmente de la Cumbre Social, que agrupa a los sindicatos UGT, CCOO, USO y a numerosas organizaciones de profesionales y entidades sociales. En un comunicado, la Cumbre calificó el arresto de Bravo de “atentado a la libertad de expresión y al asociacionismo militar” y destacó: “La lucha del asociacionismo militar en general y de AUME en particular por la mejora de las condiciones profesionales y sociales de los miembros de las Fuerzas Armadas es democrática, legal, legítima y necesaria”.
El arresto de Bravo también ha tenido repercusión internacional y ha merecido el reproche de las asociaciones que forman parte de EUROMIL, cuyo presidium se reunió los días 12 y 13 de abril en Nicosia (Chipre). Por cierto que, en la inauguración del encuentro, al que asistieron Miguel López y Fidel Gómez por AUME, el ministro chipriota de Defensa, Photis Photiou, apoyó la aplicación de las recomendaciones del Consejo de Europa sobre los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas. También el Foro Mediterráneo de Asociaciones Militares redactó una declaración instando al Gobierno español a poner en libertad al presidente de la asociación española. El escrito fue entregado al embajador de España en Nicosia.
Con la concentración del sábado, bajo el lema “Jorge Bravo ¡Gracias!”, los militares y sus familias quieren ensalzar la dignidad del sancionado y reivindicar entre otras cosas “un régimen disciplinario digno”. Sin entrar en las promesas del PP sobre las grandes mejoras profesionales, del controvertido régimen disciplinario ya conocen la “peor cara”, la que sanciona con crudeza a quienes se esfuerzan en mejorar las condiciones profesionales mediante los cauces del asociacionismo mientras, como denuncia la Cumbre Social, quedan sin sanción las insinuaciones golpistas de algunos militares de alta graduación.
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