El principal responsable de la quiebra de CatalunyaCaixa se libra de ir a la cárcel
La lista de 54 miembros del consejo de CatalunyaCaixa (ahora Catalunya Banc) que pretende imputar la Fiscalía Anticorrupción contiene una ausencia clamorosa: Josep María Loza, el director general de la antigua Caixa Catalunya entre 1998 y 2008 y artífice de la febril expansión territorial y de la ingente exposición al ladrillo, que han terminado con la nacionalización de la entidad y un rescate público de 12.052 millones (de momento), lo cual significa que se librará de las condenas que se puedan imponer en este proceso. Loza se llevó una indemnización superior a 6 millones de euros (algunos medios hablan de 10), parte de la cual está"meditando devolver", aunque no se considera culpable del desastre.
Loza fue señalado como responsable del hundimiento de la antigua caja de la Diputación de Barcelona por dos expresidentes de la entidad que sí aparecen en la lista del fiscal -Narcís Serra y Adolf Todó- en sus recientes comparecencias ante la comisión del Parlamento de Cataluña que investiga la crisis de las cajas. Sin embargo, Anticorrupción sólo ha pedido la imputación de las personas que estaban en el consejo de CatalunyaCaixa en 2010, año en que se fusionaron Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona y recibieron las primeras ayudas públicas (el FROB 1) por 1.250 millones. Loza abandonó la entidad en 2008.
El fiscal Fernando Maldonado denunció ayer a los consejeros que adoptaron los acuerdos del 19 de enero de 2010 y del 13 de octubre de 2010, en los que se suscribieron fondos de pensiones, seguros, pólizas e indemnizaciones quepudieron suponer un delito de "administración desleal", según la denuncia. "Retribuciones e indemnizaciones que merecen ser investigadas máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica imperante en nuestro país" y cuando la entidad había pedido la inyección de dinero público de fondos del FROB, reza su escrito.
Sin embargo, esta práctica era habitual en la entidad en los tiempos de la burbuja inmobiliaria y de crédito, como evidencia la indemnización de Loza. Es más, si la entidad tuvo que acometer la fusión y pedir dinero público fue a consecuencia de la gestión de los años anteriores, no sólo de lo ocurrido en 2010. Además, las principales pensiones acordadas en 2010, las de Todó y Jaume Massana, no llegaron a pagarse. No obstante, el fiscal no lo ha considerado así y por eso no ha pedido la imputación del responsable de dicha gestión en la década anterior a su hundimiento.
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