EL NUMERO 2 DE SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES COMPRO 7 CASAS DE LUJO

El 'número dos' de la SGAE compró siete 

casas de lujo y usó a su mujer de tapadera

Pablo Hernández, exdirector del Departamento Jurídico de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y actual número dos de la entidad, adquirió siete viviendas de lujo en la Comunidad de Madrid y la Costa del Sol durante un periodo de ocho años, a lo largo del cual utilizó como tapadera para cobrar una parte de su salario en la SGAE a una empresa inmobiliaria cuyo administrador único es su mujer, Carmen Cabezas.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el macroproceso contra la SGAE por apropiación indebida durante la etapa de Eduardo TeddyBautista al frente de la sociedad, investiga también a Hernández en una pieza separada del sumario principal por las presuntas irregularidades cometidas en el llamado Proyecto Arteria, la red de teatros de la SGAE. Hernández (Guadalajara, 1967) no está imputado en la causa.

Su llegada a la SGAE en 1996, primero como asesor jurídico, coincidió con un aumento vertiginoso de su patrimonio inmobiliario, según consta en un informe que la Guardia Civil entregó a la Fiscalía Anticorrupción y que está incorporado al sumario. Aquel mismo año adquirió un chalé de 199 metros cuadrados y 411 de parcela en Collado Mediano (Madrid). Tres años más tarde compró otro chalé de mayores dimensiones (261 metros cuadrados de superficie y otros 1.232 de parcela) en la misma localidad. Y en 2003 adquirió un tercero de 169 metros cuadrados y 150 de parcela también en Collado Mediano.

En 2005 compró un cuarto chalé, también en Collado Mediano, de superficie similar a los anteriores. Y un año más tarde se hizo con la propiedad de otra vivienda, esta de 108 metros cuadrados y situada en la localidad malagueña de Manilva, en la Costa del Sol. Los cinco inmuebles figuran a nombre de Hernández y su esposa, según el informe elaborado por la Guardia Civil.

Además, otros dos chalés y un inmueble de uso comercial (uno en Collado Villalba, también en Madrid, y dos en Collado Mediano) fueron adquiridos a mediados de la pasada década, cuando Hernández ya había escalado posiciones hasta llegar a la cúpula directiva de la SGAE. Esas tres propiedades, sin embargo, están registradas a nombre de Inmoconsulting Collado S. L., de la que su esposa es administradora única. Hernández figura como apoderado de la sociedad.

El actual secretario general de la SGAE se sirvió de Inmoconsulting Collado para facturar a la sociedad de autores unos supuestos servicios de asesoría que iban desde los 55.332 euros de 2006 a los 63.270,30 de 2010, tal y como refleja el informe encargado por la Fiscalía Anticorrupción. A esas cantidades sumaba sus emolumentos como director de los Servicios Jurídicos de la SGAE, querozaban los 160.000 euros anuales.

Hernández, sin embargo, nunca comunicó a la cúpula de la SGAE que estaba utilizando la empresa de su esposa como supuesta tapadera para cobrar aquel suculento sobresueldo. Y también ocultó ese dato a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo interrogaron el 6 de julio de 2011, cinco días después de que el juez Ruz ordenara la entrada y registro del palacio de Longoria, sede de la sociedad de autores.

Hernández aseguró aquel día a los agentes que una parte de su salario era abonada por la SGAE y otra por Iberautor Promociones Culturales, la sociedad impulsada por Teddy Bautista y precursora de la red de teatros Arteria. Esta última, dijo, "ascendía aproximadamente a 40.000 euros anuales" (aunque en realidad llegaron a ser más de 63.000) "y las percibía a través de facturas mensuales". Pero no mencionó que esas facturas las emitía la empresa de su mujer.

De hecho, Hernández trató de borrar el rastro de esos pagos. Para ello, pidió en 2011 a Natalia Gómez de Enterría, entonces directora de Recursos Humanos de la sociedad de autores, que "el dinero que percibía mediante dicha factura se lo incrementase como sueldo base en su nómina de la SGAE", según declaró la propia exdirectiva a la Guardia Civil tras su salida de la entidad.

El secretario general de la SGAE, en conversación telefónica con El Confidencial, reconoció ayer ser el copropietario de los chalés citados, excepto de uno de ellos, que atribuyó a "un error" de la Guardia Civil. "Siempre he tenido un salario alto, primero en un despacho de abogados que tuve y luego en la SGAE, y las cosas siempre me han ido bien". Y atribuyó a otro "error" de los agentes que le tomaron declaración el no haber incluido en esta su supuesta alusión a Inmoconsulting Collado.   

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RADIOGRAFIA DE AFINSA, LOS AUTORES DEL ESCANDALO

Quién es quién en el escándalo de Afinsa

El 9 de mayo de 2006 Afinsa, el grupo empresarial especializado en la inversión en sellos, fue intervenido judicialmente por presunta estafa. Los responsables apenas pasaron un mes tras los barrotes de prisión, mientras que casi 200.000 clientes esperaban a recuperar sus ahorros.

Esta semana, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado a catorce altos cargos de Afinsa por ocasionar un perjuicio económico cuantificado en 1.928 millones de euros a través de la puesta en marcha de un negocio “ruinoso” e “inviable” creado mediante “una operativa piramidal”. Pero, ¿quiénes son los rostros del fraude?

El fundador del imperio 

Albertino de Figueiredo do Nascimento (Oliverinha, 1931) creó el grupo de la nada. Este portugués empezó a coleccionar sellos cuando todavía vivía en la pequeña aldea cerca de Oporto en la que nació. Su afición terminó por ser la primera piedra de un imperio, que a la postre terminaría convirtiéndose en una ruina para muchas familias españolas.

 
La Revolución de los Claveles marcó el punto de partida de su carrera comercial. Con la muerte de su padre, Albertino abandonó el país con su herencia convertida en sellos para evitar las barreras contra la evasión de divisas. Instalado en Madrid, fundó Afinsa en 1980, controlando eL 50,01% del capital.
Pese a lo cuestionable de su gestión su nombre no parece haberse visto salpicado; tampoco su fortuna, que le ha permitido engrosar una importante colección de arte y disfrutar de sus casas en París, Madrid y Mónaco.

El cachorro se convirtió en león 
Juan Antonio Cano Cuevas era un hombre de empresa. El perfecto empleado siempre dispuesto a sacrificarse por la causa. Llegó a Afinsa cuando tenía veinte años y, veintitrés años después, tras haber ido escalando por diferentes puestos en la compañía, alcanzó la presidencia.  

Su escalada profesional le llevó a controlar el 40% de las acciones, convirtiéndose en la mano derecha de Albertino, su maestro. De él aprendió los entresijos de la gestión empresarial y heredó el amor por el arte. Mecenas de muchos pintores del panorama artístico nacional, su detención como uno de los principales responsables del fraude le impidió asistir a la exposición de una de las artistas que apadrinaba.

Los rostros de la inversión y la revalorización
Vicente Martín Peña fue director general de Sistemas de Inversión. Era el hombre que susurraba a los clientes. Su principal labor consistió en desprestigiar los productos financieros de inversión: “Lo que valen son las cosas”, afirmaba.

Carlos de Figueiredo Escribá, hijo del fundador, fue el único vástago que formó parte de la empresa. Defendió siempre que “el catálogo ideal es el que tiene una revalorización mínima y sostenida”. 


Ambos son dos de los principales rostros del fraude. Afinsa fue una empresa cuyos clientes eran inversores, “no coleccionistas”, como reconocía Martín Peña en 2006, una semana después de abandonar la prisión. Los ahorradores colocaban su dinero en sellos con el objetivo de obtener unos intereses y la empresa les garantizaba una revalorización. "Sin embargo, ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos, ni se revalorizaron en la medida que se retribuía al ahorrador", afirma ahora el juez Pedraz.

El proveedor
Francisco Guijarro Lázaro fue el único proveedor de Afinsa durante más de dos décadas. Una posición privilegiada que le convirtió en un pilar básico del crecimiento de la empresa al tiempo que le hizo amasar una fortuna.

Coleccionista de sellos y padre de familia numerosa, utilizó a su mujer y a sus cuatro hijos para administrar el dinero de forma opaca. En 2003, la empresa detectó irregularidades en las partidas de sellos que le servía y prescindió de sus servicios. A partir de ese momento Guijarro cayó en el olvido, hasta que en 2006 la Fiscalía le imputó en la trama del fraude. Durante el registro de su vivienda en la Moraleja, la policía encontró emparedados 10 millones de euros en billetes de 500. Mucho dinero, como muchos son los afectados que todavía esperan a que la Justicia obligue a estos pocos señores a devolverles sus ahorros.  

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