ESPAÑA: EL SUPREMO CONDENA A 2 PADRES POR INTERCAMBIAR A SUS HIJAS PARA VIOLARLAS

El Supremo condena a 10 y 8 años a los dos padres que se intercambiaron a sus hijas para violarlas

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó a diez y ocho años de cárcel, respectivamente, a los dos padres, cuñados entre sí, acusados de intercambiarse a sus hijas de seis y siete años de edad y abusar sexualmente de ellas.




Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, en una sentencia notificada esta semana a las partes, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremorechaza los recursos de los imputados y confirma el fallo dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

La Audiencia condenó a uno de los acusados, identificado como A.M.M., a diez años de cárcel y al pago de 20.000 euros de indemnización por un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal, mientras que lo absolvió de un delito del mismo tipo pero en este caso en comisión por omisión, por el que la Fiscalía pidió 10 años.

En la sentencia, de 50 páginas, la Audiencia condenó al segundo de los imputados, J.M.P., a ocho años de cárcel y 20.000 euros de indemnización por un delito de abuso sexual con acceso carnal al estimar que el delito no es continuado, absolviéndolo igualmente del delito de abuso sexual en comisión por omisión del que el Ministerio Público lo acusó en el juicio.

De este modo, la Audiencia consideró probado que los dos acusados abusaron sexualmente de sus sobrinas, en uno de los casos de modo continuado en el tiempo, pero no vio probado que fueran conscientes y permitieran expresamente que se abusara de sus hijas.

Asimismo, la Audiencia Provincial absolvió a las parejas de los acusados y madres de las niñas, para las que el Ministerio Público solicitó un año de cárcel a cuenta de sendos presuntos delitos de corrupción de menores y abandono de familia, han explicado las fuentes consultadas por Europa Press.

RECURSO ANTE EL SUPREMO

En el juicio celebrado en mayo de 2013, la acusación ejercida por la Junta de Andalucía pidió para cada una de las madres acusadas diez años de cárcel por un presunto delito de abusos sexuales con acceso carnal en comisión por omisión, ya que consideraba que "conocieron" los hechos y aún así "los admitieron".

El abogado del principal condenado recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo por las "contradicciones" en las que, a su juicio, incurrieron las víctimas en sus declaraciones y al entender que se había vulnerado el principio de presunción de inocencia de su cliente.

En el juicio, los dos acusados negaron los hechos y aseveraron que "ignoran lo que ha podido pasar" con las menores de edad, mientras que las madres de las niñas dijeron ante el tribunal que "desconocen que se hayan producido" dichos abusos sexuales.

INTENTO DE ACUERDO

En la vista oral comparecieron también las dos menores que presuntamente sufrieron los abusos, cuya tutela tiene la Junta y quienes ratificaron los abusos sexuales, aunque según abogados de las defensas presentes en la declaración "incurrieron en sucesivas contradicciones sobre las personas que habrían abusado de ellas".

Antes de comenzar el juicio, las acusaciones y las defensas intentaron llegar a un acuerdo de conformidad, dentro del cual, y únicamente respecto a los padres, la Fiscalía propuso rebajar de 20 a 10 años su petición de cárcel, pero los dos acusados rechazaron la propuesta porque la misma "significaría reconocer unos hechos que no reconocen de ninguna de las maneras".

Hay que recordar que los dos padres fueron imputados juntos a sus respectivas mujeres, R.M.R. y M.B.M., un tío de las menores y un vecino, aunque finalmente la Fiscalía y la Junta sólo dirigieron la acusación contra los cuatro primeros.

LOS HECHOS

Según el Ministerio Público, los hechos tuvieron lugar entre 2007 y mayo de 2008, cuando ambos acusados, "aprovechando" que todos convivían en la misma vivienda y contando con el "consentimiento" del padre y la "pasividad" de la madre, aprovecharon para mantener relaciones sexuales con sus respectivas sobrinas.

En el caso de A.M.M., la Fiscalía sostiene que los presuntos abusos se cometieron tanto en la vivienda referida como en casa de los abuelos maternos "donde el procesado visitaba a su sobrina".

Según la Fiscalía, las dos madres acusadas, aunque "no eran conscientes" de lo que estaba sucediendo, "se desatendieron de sus deberes relativos a la patria potestad" y "dejaron solas" a sus hijas "en numerosas ocasiones", ya que "abandonaban" la vivienda "para satisfacer sus deseos y placeres, propiciando con su actitud el clima idóneo" para que se produjeran los hechos descritos.
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DUBAI: VIOLAN A UNA ESTUDIANTE AUSTRIACA, LA ENCARCELAN Y DESPUES LA OBLIGAN A CASARSE CON SU VIOLADOR

Encarcelan a una austriaca tras ser violada en Dubái y la obligan a casarse con su violador

Una estudiante austriaca ha sido forzada en Dubái a contraer matrimonio con el hombre que la violó para no acabar en la cárcel por tener sexo extramatrimonial.

La mujer austriaca fue arrestada después de denunciar que había sido violada el 1 de diciembre de 2013 en el aparcamiento de un hotel de Dubái. Le imputaron los cargos de consumo de alcohol y sexo extramatrimonial, que está prohibido en el emirato árabe. Los policías le dieron a entender que, según las normas de la sharia, la única manera de evitar la cárcel era casarse con su violador, que procede de Yemen.

Sin embargo, la ciudadana austriaca logró regresar a su país tras la gestión de un grupo diplomático especial austriaco enviado a Dubái, y también por una petición firmada por más de 272.000 simpatizantes en unos pocos días.

En los últimos años varias mujeres extranjeras han sido acusadas en los Emiratos Árabes Unidos de situaciones similares. En mayo pasado se reveló el caso de una joven australiana que pasó en la cárcel unos 8 meses por ser violada. En julio del mismo año un tribunal del país sentenció a un año y cuatro meses de cárcel a una ciudadana noruega por consumir alcohol y por adulterio tras ser violada, pero fue perdonada pocos días después.
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EEUU: "La policía dijo que no fue violación porque él no llegó al orgasmo"

"La policía dijo que no fue violación porque él no llegó al orgasmo"

La alarma saltó cuando Tucker Reed, una estudiante de la University of Southen California, fue agredida sexualmente en 2010. La joven se dirigió de inmediato a lo oficiales de la universidad que, lejos de ayudarla, mostraron su “ignorancia e indiferencia”, tal y como ha afirmado la estudiante, que se vio claramente afectada por la reacción de aquellos a quienes acudió en busca de ayuda. Los oficiales argumentaron que su objetivo no era “castigar” al agresor, sino más bien ofrecerle un proceso “educativo”.

Reed se sintió sola: “La violación no es una experiencia educativa. Es violencia inhumana, demoledora, que te cambia la vida”. La estudiante buscó entre todas las opciones que tenía y, finalmente, rellenó una queja formal al Departamento de Educación en la que denunciaba que la administración de su universidad no había sabido responder a la agresión sufrida. A esta queja se sumaron las de otros estudiantes, también víctimas de violación en otras prestigiosas universidades tan reconocidas como la University of California Berkeley, la Darmouth College o la Swarthmore College.

Hay una absoluta indiferencia hacia las mujeres y las estudiantes que sufren una experiencia traumática

Tres años más tarde, la University of Southern California (USC) se está sometiendo a una investigación federal debido a las presuntas faltas de la policía del campus a la hora de procesar las violaciones. La Oficina por los Derechos Civiles del Departamento de Educación de EEUU comenzó la investigación el 26 de junio, aunque las demandantes no lo han sabido hasta el fin de semana. Se trata de un grupo de 13 estudiantes que, junto con otras muchas jóvenes que han preferido permanecer en el anonimato, denuncian las innumerables faltas que han cometido tanto los administradores de la USC como el Departamento de Sanidad Pública. Las primeras damnificadas son ellas, víctimas de agresiones sexuales que no han sido notificadas debidamente.

 

Charles R. Love, gerente del programa de la Oficina por los Derechos Civiles, ha confirmado en una carta a Tucker Reed que la agencia está investigando estas alegaciones. La falta de procesamiento de estas agresiones, así como la ausencia de constatación de la violencia sexual  y la nula respuesta a las quejas de acoso serían violaciones del llamado ‘Title IX’, una ley federal de igualdad de género.

Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina de Igualdad y Diversidad Jody Shipper, no duda en afirmar que la universidad “está siempre pendiente de abordar cualquier asunto tan pronto como surja” y ha insistido en asegurar que cumplen con la ley federal. El director ha añadido que “están deseando trabajar con la Oficina por los Derechos Civiles para asumir las preocupaciones mostradas y revisar nuestros protocolos tanto como sea necesario”.

Pero estas declaraciones no parecen coincidir con las de Reed, quien denuncia que “los problemas están descontrolados en cada departamento, básicamente en cada servicio del campus. Hay una absoluta indiferencia hacia las mujeres y las estudiantes que están sufriendo una experiencia traumática, lo que no hace sino alimentar aún más dicho trauma”.

Otros casos sorprendentes

Otra alumna de la USC, que ha presentado queja pero que prefiere mantenerse anónima, declara que un detective del Departamento de Sanidad Pública le dijo que la policía del campus no considerada su caso una violación, ya que su presunto agresor no llegó al orgasmo, y por lo tanto decidieron no referir el caso al Departamento de Policía de Los Ángeles.

“No fue una violación porque él paró”, fue la respuesta a su demanda. “Aunque su pene penetrase tu vagina, no fue un crimen porque paró”.

La ropa provocativa no da licencia para abusar de nadie

Otra estudiante de la misma universidad acudió igualmente al Departamento de Sanidad Pública para denunciar una agresión sexual que tuvo lugar en la fiesta de un colegio mayor. La joven fue con una amiga que también había sido víctima de una violación aquella noche. El oficial que las recibió les dijo que una mujer no puede “salir, emborracharse y esperar que no la violen”.

 

Las declaraciones son realmente sorprendentes y nos hacen pensar en la campaña publicitaria que tuvo lugar en Reino Unido conocida como This is not an invitation to rape me (“Esto no es una invitación para violarme”). Ésta estaba destinada a facilitar ayuda a las jóvenes víctimas de alguna agresión sexual y, al tiempo, a denunciar una serie de “mitos”, como los llamaron, acerca de las mujeres, la sexualidad y las relaciones sociales. Los principales mitos hacen referencia a cuatro aspectos distintos: la ropa (la ropa provocativa no da licencia para abusar de nadie); la intimidad (consentir un determinado acercamiento sexual no implica la obligatoriedad de una relación completa); la bebida (una mujer que se emborracha no ha descuidado su propia seguridad) y, finalmente, las relaciones (mantener con alguien una relación estable no obliga a la mujer automáticamente a consentir un encuentro sexual).

Las consecuencias de las demandas

Las denuncias de las estudiantes no atañen solamente a la falta de atención de la policía con respecto a las agresiones. Añaden, además, que cuando los jóvenes han sido finalmente declarados culpables de violación, sólo algunos han debido cumplir castigos moderados, y a todos ellos se les permitió graduarse en la universidad de rigor.

R. Love afirma que la oficina ha obviado algunos aspectos de las quejas porque a menudo las estudiantes no ofrecían toda la información necesaria, porque la agencia no tiene jurisdicción en ese caso concreto o porque el incidente ocurrió hacía más de 180 días, sobrepasando el tiempo límite para denunciar.

El objetivo de la investigación no es castigar a la universidad privada

La Oficina por los Derechos Civiles está actualmente comprometida con investigaciones similares en la Occidental College (Los Ángeles), la Swartthmore College (Philladelphia), la University of North Carolina-Chapell Hill y la University of Colorado (Boulder).
La estudiante de la USC Alexa Schwartz dice que rellenar la demanda no fue fácil, pero que espera que una revisión federal se traduzca en mejoras en la universidad. “Ahora la pelota está en el campo de la USC”, alega, “su respuesta determinará si todo este esfuerzo ha valido la pena”.

Sin embargo, como afirma otra de las demandantes, Francesca Bessey, el objetivo de la investigación no es tanto castigar a la universidad privada como asegurarse de que las estudiantes universitarias de todo el país reciban una reacción mejor por parte de las instituciones en un futuro. Pero los moderados objetivos de la investigación no hacen sino corroborar la sorpresa de que esto suceda en uno de los países occidentales que supuestamente se encuentra entre los más desarrollados del mundo, y que tanto se ufana de sus férreas medidas de seguridad.

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