ESPAÑA: LA POLICIA DISPARA BALAS DE GOMA A INMIGRANTES QUE SE ESTABAN AHOGANDO

La policía española disparó balas de goma contra inmigrantes que se estaban ahogando

El director general de la Guardia Civil española, Arsenio Fernández de Mesa, negó este viernes que los agentes emplearan armas de fuego y pelotas de goma contra los nueve inmigrantes subsaharianos que fallecieron ahogados cuando trataban de entrar a nado en Ceuta.

En unas declaraciones de radio, Fernández de Mesa tilda de “muy injusto” que alguien pueda pensar que la Guardia Civil haya disparado a algún inmigrante cuando lleva muchos años defendiendo y “arriesgando su vida” por estas personas.

Ha negado tajantemente el empleo de armas de fuego en el mar, así como el lanzamiento de pelotas de goma, que sí ha admitido se usaron en la valla fronteriza para impedir el asalto que pretendía un número importante de subsaharianos. Fernández de Mesa también ha señalado que la actitud de los inmigrantes fue de una agresividad “descomunal”, ya que no solo arrojaron objetos y piedras a los agentes, sino que también llegaron a destrozar una garita de vigilancia y dañaron un vehículo.

Pese a esa violencia “absoluta” que no es la primera vez que se da en las fronteras de Ceuta y Melilla, el director ha defendido que los agentes del instituto armado actúan “con una ejemplaridad y un trato exquisito” hacia los inmigrantes. “Lo que hace la Guardia Civil es cumplir y hacer cumplir la ley”, ha reiterado Fernández de Mesa que también ha negado que hubiera alguna orden para actuar con más contundencia contra los inmigrantes que trataban de entrar en Ceuta.

Vídeo amateur

Otras fuentes aseguran que la Guardia Civil sí ha reconocido que lanzó salvas y pelotas de goma, de hecho, este viernes se ha encontrado algún casquillo de bala de fogueo en la zona de la avalancha. En las imágenes del vídeo se observa cómo algunos inmigrantes están ya en aguas españolas, superada la avalancha, pero a punto de ser capturados por los agentes.

El delegado del Gobierno, asegura que el material antidisturbios se empleó únicamente como medida disuasoria y nunca directamente contra lo inmigrantes. La versión oficial es diferente a la de algunos supervivientes, que han contado que la Guardia Civil empleó contra ellos gases lacrimógenos. Ante la polémica, el ministro del Interior ha anunciado que comparecerá la semana que viene en el Congreso para explicar los hechos,

Investigación

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha abierto una investigación de oficio ante la Delegación del Gobierno en Ceuta para aclarar la actuación policial en relación al fallecimiento de al menos nueve inmigrantes cuando intentaban llegar a nado a la playa del Tarajal. Según han informado en fuentes de la institución, se pide al delegado del Gobierno que especifique “el número de personas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participaron en el refuerzo de la frontera y la descripción del material antidisturbios utilizado”.

La institución quiere “conocer con detalle las actuaciones realizadas” por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el intento de cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta perpetrado por unas 200 personas este jueves por la mañana, conforme las mismas fuentes.

Más de 200 personas, según las cifras oficiales, intentaron saltar la valla fronteriza en la zona del Tarajal este jueves. Ante la imposibilidad de conseguirlo, un grupo se echó al mar para intentar a nado bordear el espigón que separa la playa española del suelo marroquí. Según varios inmigrantes, los agentes españoles dispararon pelotas de goma y gases a quienes estaban en el agua. La Delegación del Gobierno en Ceuta ha reconocido que se usó este material antidisturbios, pero sólo con disparos al aire y nunca sobre las personas.

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ESPAÑA: LA MUJER HOSPITALIZADA POR LA CARGA POLICIAL DE GAMONAL, DENUNCIA PRESIONES DE LA POLICIA

Familiares de la mujer hospitalizada en Valladolid denuncian presiones de la policía

Una hija y una amiga de Encarna, ingresada en el Hospital Clínico de Valladolid con un ictus hemorrágico tras la intervención policial del pasado domingo, señalan que agentes de policía pidieron el parte médico de la mujer

"Mi madre está en el hospital por los golpes que tiene en la cabeza", señala la hija y añade: "Me da vergüenza vivir en este país"

Encarna, de 56 años, continúa ingresada en el Hospital Clínico de Valladolid a causa de un ictus hemorrágico que sufrió tras la intervención de la policía el pasado domingo, cuando se manifestaba a las puertas de un conocido restaurante donde comían algunos miembros del Partido Popular, que cerraban la convención que habían celebrado durante el fin de semana en la ciudad castellana.

A pesar de las imágenes donde la policía se emplea contra los manifestantes, que en todo momento aseguraron comportarse de manera pacífica, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, señaló que "en la intervención no hubo carga policial".

La versión de los hechos de la Subdelegación del Gobierno también apunta a que el motivo del ingreso de Encarna en el hospital, que se encuentra estable, aunque grave y con pronóstico reservado, no es consecuencia de golpe o contusión alguna.

De nuevo esta versión de los hechos dista de la que cuentan los manifestantes que, además de señalar a las imágenes de vídeo donde Encarna fue zarandeada (la del abrigo blanco), también aseguraron ver cómo le golpearon en la cabeza.

Unos golpes que confirma una amiga de la víctima, Flori, que permanece con ella en el hospital: "Tiene dos porrazos visibles en la cabeza". La hija de Encarna también sale al paso de lo sucedido en la manifestación: "Mi madre sufrió un infarto hace diez años, pero está en el hospital por los golpes que le dieron". Respecto a los hechos señala que, "después de ver todo lo ocurrido y el comportamiento de la policía, me da vergüenza vivir en este país".

Tanto hija como amiga aseguran que los facultativos observaron una subida de la tensión fruto de las circunstancias que vivió en la manifestación y que le provocaron el ictus.

Otro punto al que se refieren la hija de Encarna y Flori, la amiga que la acompaña, es una serie de circunstancias anómalas desde que se produjo el ingreso hospitalario. "El domingo, cuando Encarna llegó, se cerró toda la planta donde estaba ingresada, yo tuve problemas para poder acceder cuando me iba a quedar a dormir con ella", recuerda Flori, quien explica que "la persona de seguridad que estaba en la planta nos dijo que le habían dado orden de cerrar".

A este hecho, que se produjo el primer día, las allegadas de Encarna suman que "la policía se ha presentado el lunes y el martes para pedir a los facultativos el parte médico de Encarna". Una práctica a la que los doctores se negaron a acceder sin permiso de la víctima, que no quiso ofrecérselo a los agentes que se personaron en el hospital, según sostienen la amiga y la hija de la convaleciente.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Valladolid señala que la versión de la policía es que ellos no van a por partes médicos y que tampoco lo han hecho en el caso de Encarna.

Las interpretaciones de lo sucedido el domingo

La intervención de la policía el pasado 2 de febrero terminó con tres detenidos y más de diez heridos. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, reprochó al subdelegado del Gobierno en Valladolid que las órdenes a la policía habían sido erróneas y expresó que con montar un cordón policial hubiera sido suficiente para controlar una manifestación pacífica.

Horas después de que se produjeran estas declaraciones, el secretario provincial del SUP en Valladolid, Jorge Morantes, defendía la actuación de la policía pero matizaba que habría que depurar responsabilidades individuales de aquellos policías que pudieran haber actuado fuera de la ley.

Los heridos en la manifestación se presentaron en una rueda de prensa con visibles heridas, hematomas, escayolas e incluso un collarín. Señalaron la brutalidad de la acción llevada a cabo por la policía y después mostraron algunos de los partes médicos de sus diferentes contusiones. Todos ellos anunciaron que presentarán una denuncia criminal conjunta ante el juzgado de instrucción de guardia en los próximos días.

Además de la intervención de los heridos, el colectivo autodenominado 'Gente muy harta de Valladolid' ha convocado una nueva manifestación el próximo viernes, 7 de febrero, a las ocho de la tarde, en la plaza Fuente Dorada, "en contra de la represión policial y por la libertad de expresión".

En ella se va a exigir que los detenidos e identificados queden libres de todos los cargos que se les imputa. También se va a pedir la identificación de los policías que causaron las agresiones y, por último, la dimisión del delegado del Gobierno en Castilla y León y del subdelegado del Gobierno en Valladolid.

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ESPAÑA: LA POLICIA INDICA QUE CASCOS FUE EL MAYOR PERCEPTOR DE FONDOS DE GURTEL

La Policía señala a Álvarez Cascos como "el mayor perceptor de fondos" de Gürtel

Los agentes toman nuevas revelaciones en la investigación de la 'caja b' del PP para señalar al antiguo número dos de Aznar

La red de corrupción anotó durante 14 años entradas y salidas de dinero a nombre de Álvarez Cascos, al que se refería de ocho formas diferentes 

Francisco Álvarez Cascos, el ‘todopoderoso’ escudero de José María Aznar, es “el mayor preceptor en la distribución de fondos” de una de las tramas que integran el ‘caso Gürtel’. Así lo pone de manifiesto la Policía en uno de los cuatro informes que acaba de entregar al juez Pablo Ruz y que comienzan a establecer conclusiones alcanzadas tras más de cinco años de investigación. Para  los investigadores de la UDEF,  tras las siglas ‘PAC’ se esconde Paco Álvarez Cascos, el “general secretario” del Partido Popular durante una década, ministro de Fomento cuatro años y vicepresidente del Gobierno de España durante otros cuatro.

La Policía ha logrado corroborar sospechas y establecer vínculos en el seno de sus pesquisas gracias a la pieza separada conocida como ‘caso Bárcenas’ y que no es otra cosa que la investigación de la financiación irregular del PP durante dos décadas.  Los agentes destacaN la declaración del extesorero del PP en el marco de esta pieza separada en la que señala a Francisco Álvarez Cascos. “Partiendo de este hecho ex novo”, dicen los investigadores, han realizado un  “análisis correccional del conjunto de elementos existentes que obran en la cusa y que permiten, una vez integrados en su conjunto, identificar de forma indiciaria a la persona que se designa bajo el acrónico ‘PAC’”

En el caso que ocupa el informe de la UDEF se investiga la relación del Grupo Ros Roca con la Administración. De esa empresa habrían recibido fondos los siguientes políticos del PP: Jesús Merino, Jesús Sepúlveda, Gerardo Galeote, Luis Bárcenas y la persona que se esconde en la documentación tras las siglas PAC. A cambio de mediar en favor de Ros Roca, todos ellos habrían recibido una comisión, así como “retornos derivados de la participación en la explotación del proyecto económico favorecido”, reza el informe, al que ha tenido acceso eldiario.es

Para dar forma a esta trama de corrupción, Francisco Correa habría utilizado a Luis Miguel Pérez, el ‘ingeniero’ de una madeja que incluía una estructura de sociedades mercantiles, otra financiera –para la circulación de fondos- y otra jurídica. Pero quien tomaba las decisiones era, según la Policía, Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego y presunto ‘número dos’ de la trama Gürtel.

Y aquí es donde entra Álvarez-Cascos. El político que durante 14 años (1990-2004) aparece en la contabilidad de la trama mencionado como "PAC, P.A.C, Paco A.C, Paco Alv-Casco, Paco A. Cascos, Paco, Cascos, Paco Álvarez". Una de las sociedades de la trama, Rialgreen S.L firmó contratos con el PP para la organización publicitaria de las campañas electorales de 2003 y 2004. En varios documentos, PAC aparece como receptor de comisiones. “Existen varios elementos, los cuales, una vez integrados de forma conjunta, permiten inferir de forma indiciaria que la persona cuaya identidad está detrás del acrónico MAC se estaría refiriendo a Francisco (Paco) Álvarez Cascos”, dicen los policías.

¿En qué se basan los agentes? En primer lugar, en que el exconcejal José Luis Peñas grabó a Correa diciendo que había llevado dinero a Bárcenas, a Génova y a su casa, “procedente de adjudicaciones de Fomento, cuando estaba Cascos”, recoge el informe. En sede judicial, Correa dijo que una de las cuentas que llevaba era la de AENA y que era así por decisión de Álvarez-Cascos . Aquí la UDEF recalca que aún se investigan las adjudicaciones del organismo público a las empresas de Correa.

Cascos vuelve a aparecer en el informe cuando se citan las relaciones comerciales establecidas en el año 2008 entre una empresa de Luis de Miguel Pérez, el “ingeniero” de Gürtel, con otra cuyo presidente, consejero delegado y máximo accionista era el exministro de Fomento. Su empresa le facturó a la de De Miguel 69.600 euros. Pero es que Bárcenas le dijo a Ruz que, sin género de duda, PAC era el exvicepresidente del Gobierno.

Aún así, la Policía solicita al juez nuevas diligencias para que requiera documentación a las empresas implicadas en la trama para constatar que quien se esconde tras los pagos de la Gürtel es Francisco Álvarez Cascos.

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ESPAÑA: LA POLICIA IMPLICA A ALVAREZ CASCOS EN EL CASO GURTEL

La UDEF implica a Álvarez Cascos en el 'caso Gürtel'

Según la UDEF fue el político "mayor perceptor de dinero" del entramado

Los agentes concluyen en un nuevo informe al juez Ruz que las siglas 'PAC' se corresponden con las del exministro y exsecretario general del PP

Las siglas PAC corresponden a Francisco Álvarez Cascos según el último informe de la UDEF remitido al juez Ruz, al que ha tenido acceso la SER. Hasta ahora, los agentes habían identificado el resto de acrónimos con los que la trama se refería a los políticos que supuestamente recibían mordidas, pero no "al más importante"; "mayor perceptor de dinero", según los policías.

La UDEF llega a esta conclusión tras cruzar las diligencias realizadas durante años con la supuesta contabilidad B de Bárcenas, que también se refiere al exsecretario general del PP por esas siglas.

Además, la UDEF constata una relación empresarial entre el abogado que diseñó la trama de evasión de capitales de Correa y el propio Cascos. El exministro habría recibido 69.000 euros por este concepto.

La Policía pide a Ruz que investigue esas vinculaciones

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ESPAÑA: LA POLICIA LOGRA IDENTIFICAR A 2 DONANTES DEL PP

La UDEF logra identificar a dos donantes del PP al año de estallar el 'caso Bárcenas'

La Policía señala a la apoderada de una empresa de ingeniería y al exdirigente de una asociación de constructores como autores de sendas entregas de dinero en 2008, el año en el que el juez Ruz centra ahora la investigación sobre la caja 'B' de Génova 13.

Durante casi un año, su verdadera identidad fue una incógnita. Ahora, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía les ha puesto nombre. La Policía remitió el pasado 29 de enero al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, un informe de siete folios en el que identifica a dos de los empresarios que aparecían en los 'papeles de Bárcenas' comoautores de un total de diez entregas de dinero y a quienes hasta ahora no se había podido poner nombres y apellidos. Se trata deMaría Pilar Pulido Fernández, apoderada de cuatro empresas dedicadas a la construcción, y Adolfo Sánchez García, quien fuera vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública (AERCO). Ambos comparecerán ante el magistrado el próximo miércoles como testigos para declarar sobre sendas aportaciones que realizaron en 2008, el año en el que Ruz ha centrado ahora buena parte de sus pesquisas tras descubrir presuntas irregularidades en las cuentas de Génova 13 referidas ala adquisición aquel año de un local en Logroño para servir de sede al partido en La Rioja.

Una acusación relacionó la anotación "Pilar Pulido" con una imputada por estafa. Ahora la Policía afirma que en realidad se trata de una empresaria santanderina que contrata habitualmente con la Administración

El informe de la UDEF, que llegó a la Audiencia Nacional el pasado jueves, es consecuencia del auto que el magistrado dictó el pasado 24 de enero y en el que, además de citar como testigo al presidente de Mercadona, Juan Roig, solicitaba a la Policía que investigara quién se encontraba detrás de varias entregas de dinero que figuraban en los papeles de Bárcenas como realizadas en 2008. En concreto, el juez señalaba uno en el que aparecía "Pilar Pulido"como supuesta autora de una aportación de 36.000 euros realizada según los apuntes contables de Luis Bárcenas el 20 de febrero de ese año; otro de junio de ese mismo año de 10.000 euros realizado por un enigmático "Adolfo S.", y un tercero de 50.000 euros efectuada el 22 de febrero de 2008 por un tal Luis Gálvez. El magistrado ordenaba a los agentes su identificación y su posterior citación para que comparecieran ante él el próximo miércoles. La Policía cree haber identificado ya plenamente a los dos primeros y última un segundo informe sobre el tercero.

En el auto, el juez daba algunas pistas sobre los tres engimáticos empresarios, aunque las pesquisas de la UDEF han revelado que algunas no iban por el buen camino. Así, sobre "Pilar Pulido" el magistrado recordaba que en la ampliación de la querella que IU hizo en septiembre se apuntaba a que ésta podría ser una directiva de ADS Brokers, una empresa ya quebrada y que está siendo investigada por un juzgado de Madrid por una supuesta estafa piramidal que ha afectado a cerca de 4.000 pequeños ahorradores. Su nombre figura en los 'papeles de Bárcenas' como la presunta autora de otra entrega de dinero anterior a la que ahora investiga el magistrado: de 12.000 euros realizada en enero de 2006. En esa anotación, el extesorero escribió la fecha, la cantidad y la anotación "Empresa Estudios" junto al nombre y primer apellido. Cuando fue preguntado por este apunte en su declaración del pasado 15 de julio, el político ahora encarcelado sólo pudo decir que se trataba de una "amiga" de Álvaro Lapuerta, quien fuera su antecesor al frente de las finanzas del PP.

Numerosos clientes en la Administración

Escasos datos que hicieron que la Policía incluyera su nombre enuno de sus primeros informe sobre el caso como "aportante no identificado". Ahora, sin embargo, establece "en base a la actividad que desarrollan las sociedades en cuyos órganos de administración participa" que se trata supuestamente de María Pilar Pulido Fernández, una santanderina de 57 años de edad que figura en el Registro Mercantil como apoderada de cuatro sociedades: Control y Geología SA, Seguridad de Presas SA, Proyectos y Obras de Galicia SL y Andaluza de Desarrollo y Construcciones SA. De todas ellas, el inspector autor del documento llama la atención sobre la primera, "una consultora con más de 1.500 proyectos y estudios realizados que abarcan los más diversos campos de la ingeniería, infraestructuras viarias, agua y obras hidráulicas, saneamiento y depuración, medio ambiente, estudios de transportes, ferrocarriles, urbanismo y planeamiento". La UDEF destaca que "la mayoría" de sus clientes son, precisamente, Administraciones Públicas, de las que enumera una treintena.

El informe también destaca que María Pilar Pulido figura en los órganos sociales de diversas UTEs en la que participan dos de sus empresas y que, además, en febrero de 2010 ocupó el cargo de directora de la Asociación de Proyectistas y Consultoras de Estructuras (APYCE). Por todo ello, el autor del informe señala que tiene "correlación con el perfil de otras personas que constan como aportantes de fondos en la contabilidad aportada por Luis Bárcenas". Vozpópuli intentó ponerse en contacto con esta empresaria el pasado viernes para conocer su versión sobre el contenido del informe que le señala como donante del PP, pero no respondió a la llamada de este diario.

Ocho aportaciones por 98.000 euros

Mucho más generoso con el PP fue supuestamente el segundo empresario ahora identificado. La Policía considera que el donante que figura en los 'papeles de Bárcenas' como "Adolfo S." y "Adolfo Sánchez", presunto autor de ocho aportaciones por un total de 98.000 euros entre 2006 y 2008, es Adolfo Sánchez García, un empresario de 65 años que figura como apoderado y presidente de dos empresas constructoras actualmente en proceso de liquidación, Tracsa Edificación y Obra Civil SA y Asphalt Road SA, domiciliadas en Sevilla y Barcelona respetivamente. La Policía destaca en el informe remitido al juez Ruz que este empresario (que también figura como presidente de una fundación de ayuda a personas con problemas del habla) fue miembro de la Asociación Catalana de Constructores de Obra Pública (ConstCAT), en la que están integrados dos empresas con directivos ya imputados en la causa, el Grupo Romero Polo y Construcciones Rubau,

El segundo empresario identificado formó parte de una asociación de constructoras catalanas en la que están integrados dos sociedades cuyos máximos responsables están imputados en la causa

La UDEF también recoge que Adolfo Sánchez García fue vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública (AERCO)de la que resalta en el documento enviado a la Audiencia Nacional que su página web señala como su objetivo "la defensa de los intereses de las empresas asociadas en sus relaciones con la Administración Central". Por todo ello, y como en el caso de María Pilar Pulido, el informe concluye que, su "perfil" también es concordante con el de los empresarios ya identificados en la causa como presuntos donantes del PP. Por todo ello, él será uno de los empresarios que el próximo miércoles tendrá que acudir ante el juez Ruz a declarar como testigo por sus supuestas entregas de 2008.

Quedaría, por tanto, sólo un empresario por identificar: Luis Gálvez, quien en los papeles de Bárcenas aparece vinculado a una supuesta entrega de dinero de 50.000 euros efectuada el 22 de febrero de 2008. El magistrado recuerdaba en el auto del 24 de enero en el que ordenaba su identificación que en un informe anterior de la UDEF ya se apuntaba que podría tratarse del constructor Luis Gálvez Murcia, propietario de la constructora Ploder, una empresa cuyo nombre se ha relacionado en diversas informaciones periodísticas con varios escándalos ligados precisamente al 'caso Gürtel'. Gálvez es también el suegro del que fuera concejal de Vivienda en el Ayuntamiento de Madrid entre 2003 y 2005, Sigfrido Hérraez. Este político madrileño abandonó su cargo en el consistorio en octubre de 2005, tras lo cual se vio envuelto en un escándalo de incompatibilidades y, más adelante, se vio salpicado por la investigación de una adjudicación a una empresa de la trama de Francisco Correa realizada cuando aún era edil. Según fuentes jurídicas, la UDEF ha hecho llegar recientemente el informe sobre la identidad que hay detrás de esa anotación, cuyo contenido aún no ha trascendido.

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ESPAÑA: LA POLICIA VE INDICIOS DE FRAUDE EN EL GRUPO BOLUDA A LA UNION EUROPEA

La policía ve indicios de fraude del grupo Boluda a la Unión Europea

La UDEF detecta irregularidades por 400.000 euros en una treintena de facturas

La policía ve indicios de fraude de grupo Boluda al Fondo Social Europeo. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detectado “irregularidades” en una treintena de facturas de Unión Naval de Valencia SA, el astillero del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda. Se trata de facturas emitidas por el excontratista de riesgos laborales Progene Segurlabor, cuyo concepto habría sido manipulado por el astillero para cobrar de forma fraudulenta ayudas comunitarias a la formación entre 2008 y julio de 2011. La cifra defraudada podría rozar los 400.000 euros, según fuentes de la investigación.

Una vez rematada la investigación policial, el caso encara su segunda fase: las pesquisas judiciales. El juzgado de Instrucción número dos de Valencia tomará declaración en febrero en calidad de testigos a tres excontratistas del astillero. Entre ellos, el gerente de Progene Segurlabor, el denunciante Fernando Sánchez. Después, podrían comparecer ante la juez el director de Recursos Humanos de Unión Naval de Valencia, SA, Francisco T. H., y la exdirectora del astillero Alicia M. G. Uno de los dos podría visitar la Ciudad de la Justicia en calidad de imputado. El cobro irregular de subvenciones de la UE contempla penas de entre uno y cinco años de cárcel y la obligación de devolver la cantidad defraudada multiplicada por seis.La UDEF se incautó el pasado día 15 más de un centenar de documentos en la sede del puerto de Valencia de la firma del presidente de AVE tras una denuncia de Progene Segurlabor. Los agentes se llevaron las facturas emitidas por esta empresa entre 2008 y 2009. Pero no hallaron las de 2010, según las mismas fuentes. La policía infiere en su informe que el astillero introdujo a posteriori el concepto de docencia en una decena de facturas al año. La supuesta maniobra habría tenido por objeto enmascarar trabajos rutinarios prestados por la subcontrata de prevención de riesgos laborales —control de accesos, desgasificación de tanques— por cursos que nunca se impartieron.

Las pesquisas abordan, inicialmente, las supuestas irregularidades del astillero con el proveedor denunciante. Pero la citación a declarar de otros dos subcontratistas podría ampliar la lente de la investigación. La compañía del presidente de AVE trabajó con una veintena de empresas externas en la construcción de buques. Soldadores, electricistas, peones. El astillero cerró en mayo de 2012 después de que Bruselas suprimirse el Tax Lease, que reducía las cargas fiscales un 20%. Y el denunciante quebró en 2011 cuando le rescindió el contrato su único cliente, la sociedad de Boluda. Suponía 900.000 euros anuales en su facturación. Una portavoz de la firma investigada declinó este martes hacer declaraciones a EL PAÍS.La investigación judicial centrará sus esfuerzos en averiguar quién manipuló las facturas de la discordia y quién autorizó la operación. El responsable de Recursos Humanos de Unión Naval Valencia, SA, explicó a la UDEF que actuó “según los gerentes de la empresa”. Mientras que la exdirectora de la firma de grupo Boluda dijo que estaba desvinculada del astillero “desde hace años”, según fuentes de la investigación. La UDEF no prevé nuevas visitas para recabar información al puerto de Valencia.

La factura de la discordia

Suma 30.238,86 euros y fue emitida el 30 de abril de 2010. Un requerimiento aleatorio de Hacienda al excontratista del astillero Progene Segurlabor interesándose por la factura 026L/10 destapó el presunto fraude a la UE de grupo Boluda. La Intervención General de la Administración del Estado pidió el pasado junio al antiguo proveedor información sobre el cobro de esta factura para cotejar la legalidad de una subvención comunitaria recibida por Unión Naval de Valencia, SA. El gerente de Progene Segurlabor, Fernando Sánchez, descubrió entonces que el astillero “modificó” el concepto real de la factura —limpieza de unos tanques— por la “implantación de docencia del curso de la GSN”.

Fernando Sánchez asegura que no prestó este trabajo. Pero admite que su rúbrica aparece en la versión supuestamente modificada. “En noviembre me pedían que firmase unos papeles para administración. Una vez objeté y me dijeron: Si desconfías, no te renovamos el contrato”.

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EE.UU.: LA POLICIA CONFIRMA QUE UNA CASA ESTA HABITADA POR DEMONIOS

EE.UU.: La Policía confirma que una casa en Indiana está habitada por demonios

Un capitán de la Policía de Gary (Indiana) ha declarado que cree que hay demonios en 'una casa maldita', alquilada por la familia de Latoya Ammons en Carolina Street en noviembre de 2011.

Según afirmaba Latoya, a su familia y a ella les empezaron a ocurrir cosas sobrenaturales tras mudarse a una nueva casa: su hija de 12 años levitaba sobre la cama, había enjambres de moscas en pleno invierno, huellas misteriosas, 'amigos invisibles' y otras cosas más propias de una película de terror.

El caso se hizo famoso después de que publicaran una foto de la casa, en cuyo porche cubierto aparece una 'figura' visible. La foto fue tomada por los funcionarios de la Policía local que aseguran que no había nadie en la casa en ese momento. Aparte de la foto distribuida por el departamento policial, también existe un informe oficial de 800 páginas sobre los extraños sucesos.

Los clarividentes locales, a los que recurrió la mujer, ofrecieron un diagnóstico muy específico: la pequeña casa en la calle Carolina estaba abarrotada de más de 200 demonios, los cuales poseían a los tres niños. "Ammons dijo que los demonios la poseían a ella y a los niños a menudo. Cada vez que sucedía, los pequeños tenían los ojos saltones, una sonrisa malvada cruzaba sus rostros y sus voces se volvían cavernosas", escribe el periódico local 'Indy Star'.

Entre los que creen en la historia sobrenatural figuran los asistentes sociales, el sacerdote católico Michael Maginot, los funcionarios de policía y el capitán de este cuerpo Charles Austin. Este último, un oficial con 36 años de experiencia, al principio se mostró escéptico considerando la historia "un cuento elaborado". Sin embargo, cambió su opinión tras visitar la casa y entrevistar a los testigos.

A pesar de la histeria en torno a la 'casa encantada', el médico de la familia indicó tras visitarla que Latoya Ammons mostraba una "conducta delirante", tenía "alucinaciones y delirios sobre fantasmas en su hogar". Además, un testigo anónimo dijo que los niños "actuaban" bajo las órdenes de su madre, quien los animaba a una conducta rara.

Los Ammons se mudaron de la casa y los niños fueron internados en una clínica. Ahora la familia, reunida de nuevo, vive al parecer felizmente en una nueva casa sin demonios ni fantasmas.
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CUBA: VENDEDORES DE PRODUCTOS DOMESTICOS SON DESVALIJADOS POR LA POLICIA

Cuba: fuerte choque entre comerciantes y la 

policía por confiscación de artículos

Vendedores de productos domésticos fueron desvalijados por el cuerpo oficial en la ciudad de Holguín. Crece el descontento acumulado y testigos describen:"Ya no es la oposición, es el pueblo"

Pocas veces se observa que el pueblo cubano se alce contra el régimen castrista. Sin embargo, este lunes cerca de mil personas chocaron contra la policía en la ciudad de Holguín, luego de que las autoridades confiscaran los artículos de uso doméstico que estaban vendiendo los negociantes en la Plaza Central de esa localidad.

La última protesta semejante a esta magnitud que tomó lugar en la isla fue en 1994, cuando miles de personas se concentraron en Centro Habana tras rumores de que una lancha cruzaba a la gente a través de la Bahía de La Habana hacia Miami. Pero estas versiones eran falsas.

La manifestación de este lunes se extendió hacia las oficinas del gobierno municipal, donde los"cuentapropistas", como se conoce a estos comerciantes, exigieron su derecho al trabajo. A un lado del establecimiento se encuentran las oficinas del Ministerio del Interior, cuyos agentes de seguridad del Estado tienen la orden de reprimir cualquier tipo de disidencia.

"La policía, acostumbrada a reprimir, comenzó a voltearlos", narra Karel Becerra, delegado del partido Cuba Independiente y Democrática (CID) en Argentina, en diálogo con Infobae. Además, cuenta que el cuerpo oficialdespojó a los manifestantes de sus celulares y transitó por la zona para custodiar los distintos lugares con acceso a Internet para que la noticia no se filtrara hacia el exterior.

La protesta en el gobierno municipal comenzó con "unos 70 u 80 cuentapropistas". Pero con el correr de los minutos cientos de vecinos se acercaron para apoyar su reclamo. El clima tomó mayor temperatura cuando un cuerpo oficial, vestido de civil y conocido como G2, intervino a los golpes contra los manifestantes.

Apremiado por la situación, el gobierno envió a una funcionaria del Partido Comunista, quien hizo ingresar a parte de los manifestantes a la gobernación, y allí, lejos de mostrar una intención de negociación, "les dijo que iban a ir presos y que iban a aplicar multas".

Si bien apenas hubo dos presos, que salieron en libertad a las pocas horas, el martes los policías volvieron al lugar para confiscar a los comerciantes que se habían resistido a dejar su negocio. En tanto, las multas alcanzaron los 700 pesos cubanos, una cifra elevadísima para los sueldos medios que se manejan en la isla.

Un comercio regulado por el Estado

"Todo el comercio minorista es controlado por los militares a través de tiendas que pertenecen al Estado. Venden en dólares a precios altísimos", explica el disidente cubano.

Hasta agosto del año pasado, la ley habilitaba a los ciudadanos a ejercer este tipo de comercio. Pero la caída de las ventas de los comercios en manos del Estado llevó al régimen de Raúl Castro a lanzar una ley para prohibir esta actividad. Estos vendedores importaban distintos artículos de exterior, y luego los vendían a precios considerablemente más bajos.

Esa norma comenzó a regir desde diciembre de 2013. Es decir, entre agosto y diciembre, todavía estaban habilitadospara vender el resto de la mercancía que disponían, según el encargado de Relaciones Públicas de la CID.

Crece el descontento en la sociedad

La última gran revuelta que se vivió en la isla fue en 1994. En aquel entonces, sumado a las versiones de una supuesta lancha que cruzaba a la gente hacia Miami, la gran crisis financiera de Cuba, luego de la caída de la Unión Soviética,convulsionó aún más a la sociedad.

Tras lo sucedido en Holguín, Eduardo Cardet, médico de esa ciudad y miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, subrayó que "ya no es la oposición, ahora es el pueblo" el que manifiesta su descontento contra el régimen.

Por aquellos años, el gobierno castrista recibió el apoyo económico de Venezuela, con la aparición de Hugo Chávez. Soporte que se extendió durante toda la gestión chavista hasta estos días.

"Se está repitiendo lo mismo de 1994. Una crisis económica absoluta que no tiene salida viable a corto plazo", resume Becerra.

Y concluyó: "Esta crisis financiera (de este año), más un intento de crisis migratoria, lleva a este punto; que quizás sea un punto sin salida, a menos que aparezca un nuevo salvador".

A continuación, exponemos declaraciones de tres manifestantes que se encontraban en el lugar de los hechos(Gentileza de Karel Becerra).

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ESPAÑA: COLEGIO DE ABOGADOS NO PRESTARA SERVICIOS JURIDICOS A POLICIAS ENCAPUCHADOS

El Consejo General de la Abogacía se suma a la iniciativa del ICAM de no prestar asistencia letrada si los policías ocultan su rostro

 La abogacía española apoya las medidas adoptadas por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) para garantizar el derecho de defensa, cuando los agentes de policía encargados de la toma de declaración a detenidos oculten su rostro con prendas que no forman parte de la uniformidad reglamentaria. 

Esta situación, desde hace ya meses, ha provocado diversas actuaciones y recomendaciones del Defensor del Pueblo que la Dirección General de la Policía se niega a incorporar en sus actuaciones.
En este sentido, el Consejo de la Abogacía apoya el acuerdo adoptado por el ICAM para que, en el caso de que el policía insista en tomar declaración al detenido con el rostro cubierto, el abogado se niegue a prestar asistencia letrada.

El presidente del Consejo, Carlos Carnicer, ha dado traslado del acuerdo del ICAM al resto de Colegios, “a fin de que por sus Juntas de Gobierno se adopten las medidas oportunas para adherirse al citado acuerdo y difundirlo entre sus colegiados con la finalidad de salvaguardar el derecho fundamental de defensa”.

El Colegio de Madrid adoptó este acuerdo tras la solicitud de la Asociación Libre de Abogados (ALA) para que tomara medidas que garanticen el derecho de defensa, “a raíz de las irregularidades ocurridas en las detenciones de ciudadanos con ocasión de su participación en actos reivindicativos”.

Según el acuerdo de la Junta de Gobierno del ICAM, el abogado que se niegue a la prestación de asistencia habrá de solicitar que conste dicha circunstancia en el atestado mediante la oportuna diligencia de comparecencia y habrá de articular las medidas necesarias para evitar cualquier prolongación indebida de la privación de libertad poniéndola en conocimiento del juez de guardia mediante la fórmula que entienda más ajustada a la defensa de los derechos de su defendido.

El Colegio de Abogados de Madrid,  que brindará su amparo y protección a la libertad e independencia de los letrados, ha trasladado su acuerdo al Defensor del Pueblo, a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio del Interior y al Consejo General del Poder Judicial para su conocimiento y efectos.

También solicita la implantación de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre,  sobre el derecho de asistencia de letrado en los procesos penales y en los proceso relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se  informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad.

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