Más de 9.000 presos están en las cárceles españolas sin condena
En 2013, el Defensor del Pueblo recibió 541 quejas de reclusos. El organismo insta a la Administración a "avanzar" en contra de los malos tratos en prisión
España tiene una de las poblaciones reclusas más numerosas de Europa y una parte importante de la misma, el 13,8%, está en la cárcel aún sin haber sido condenada por ningún tribunal. Los últimos datos registrados sobre las personas que se hallaban privadas en libertad son de 2013. Y al final de ese año, de los 66.995 ciudadanos que estaban en prisión 9.294 seguían recluídos de manera preventiva mientras el resto, 57.701 sí permanecían ingresados en virtud a una sentencia judicial.
Estos son los datos que se desprenden del Informe del Defensor del Pueblo de 2013 (ver PDF) que la defensora, Soledad Becerril, defenderá hoy ante el pleno del Congreso de los Diputados, y que ya expuso la pasada semana ante la comisión mixta del relaciones con su organismo. De las cifras referidas a los centros penitenciarios que se recogen en dicha memoria llama la atención que del total de reclusos que permanecían en las cárceles españolas a finales del año pasado el 92,38% eran hombres, mientras sólo el 7,62% eran mujeres.
El informe también da cuenta de los fallecimientos producidos en prisión, si bien los últimos datos que aporta son de un año antes. Así, el Defensor del Pueblo reconoce que en 2012 la tasa de mortalidad en las cárceles del Estado fue superior a la de 2011 y se situó en 2,78 muertes por 1.000 internos. En total fallecieron ese año 166 reclusos, si bien el organismo que dirige Becerril considera que a pesar del incremento al año anterior "lo relevante es que se mantiene la tendencia descendente de la tasa de fallecimientos" de años anteriores.
31 muertes por sobredosis en 2012
A pesar de estar ingresados en una institución que se supone que es de máxima seguridad y que está controlada por funcionarios, en 2012 se siguieron registrando muertes en prisión por sobredosis. Fueron, en concreto, 31, lo que representa un 18,7% del total de fallecimientos y la segunda causa tras la muerte natural por causas distintas del VIH, en la que se agrupa el 57,8% de los fallecimientos habidos. Al virus del Sida se atribuyen, en cambio, el 5,4% del total. La tercera causa de fallecimiento en prisión es el suicidio, donde se agrupan 25 casos que representan el 15,1% de los fallecimientos. La edad media de los muertos entre rejas en 2012 se situó en 46,5 años, frente a los 45,6 de 2011.
El Defensor del Pueblo recibió en el último año 541 quejas de internos y ha realizado 49 actuaciones de oficio en esta materia, diez más que el año anterior. Según explica en su informe, las quejas recibidas sobre malos tratos presentan una doble tipología. Por una parte asegura que están aquellas de carácter individual que presenta un preso, "que refiere un episodio concreto en el que manifiesta haber sido objeto de trato incorrecto".
La "inadmisibilidad" del maltrato
"Por otra parte, se reciben quejas normalmente con un texto que ha circulado entre diversos recintos penitenciarios que, bien a título individual o remitidas por grupos de internos, hacen referencia de forma genérica a haber sido objeto de malos tratos, palizas, humillaciones, vejaciones o torturas", señala. No obstante, el organismo asegura que dentro de este grupo se encuentran aquellas quejas que son tramitadas a través de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, "y en las que la falta de un relato concreto impide el inicio de actuaciones ante la Administración penitenciaria".
Los restantes casos, prosigue la institución, son los que recogen "las quejas en las que el nivel de detalle del relato recibido permite el inicio de actuaciones y la subsiguiente petición de información a la Administración".
El informe considera que "es necesario que la Administración avance" en el objetivo de luchar contra los malos tratos en prisión que si bien considera que son "excepcionales" sí cree que" empañan la imagen de este servicio público". "Para ello resulta esencial que se continúe trasladando un mensaje claro acerca de la disfuncionalidad e inadmisibilidad de estas prácticas, asumiendo la adopción de medidas organizativas que, colaborando a tal fin, reduzcan riesgos", conluye.
