El director de Telemadrid es imputado por prevaricación y malversación en el ERE
- José Antonio Sánchez Domínguez está acusado de cinco delitos.
- La querella fue presentada por CC OO.
- El ERE se saldó con el despido de 861 trabajadores.
La imputación, dictada en un auto con fecha del pasado 16 de abril, es consecuencia de la aceptación de la querella presentada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO.
En la misma, el sindicato asegura que Sánchez sustituyó a trabajadores de la plantilla de Telemadrid que estaban siendo despedidos en el ERE por otros de empresas privadas que contrató en paralelo a tal efecto. Así, mientras la dirección de la cadena justificaba las bajas en motivos económicos, contrataba a personal para realizar las mismas funciones.
Contrato urgente sin publicidad
Entre otras, Telemadrid gastó 547.433,86 euros en adjudicar aTelefónica los servicios de emisión de la señal de Telemadrid y de LaOtra (su segundo canal), así como la producción y realización de los programas informativos. Según reconoció por escrito el jefe de área de Relaciones Laborales del ente, Fernando Cepeda, la televisión pública no podía garantizar sus emisiones ni la producción propia. Por ello, el contrato con Telefónica se hizo por vía de urgencia y sin publicidad.Los querellantes alegan que Telemadrid no podía usar está fórmula porque las circunstancias (quedarse sin personal para emitir) no eran ni imprevisibles ni no imputables a la propia cadena, como exige la Ley de Contratos Públicos.
Al contrario, fue la dirección la que ejecutó los despidos y contrató, casi al mismo tiempo, a una empresa que le dio el servicio por un precio que excedía el coste de ejecución con medios propios. “Si lo hubiesen hecho los trabajadores de la casa, que ocupaban esos puestos, habría salido mucho más barato”, asegura un representante de los afectados por el ERE a 20minutos.
CC OO advierte, además, de que estas incorporaciones se realizaron sin informar al Comité de Empresa —obligación que impone el Estatuto de los Trabajadores—. Los servicios que antes eran realizados por la plantilla fueron adjudicados a empresas privadas en condiciones de “clandestinidad”, según la querella.
Además de la vía penal, el sindicato ha llevado los hechos a la Inspección de Trabajo.
El pasado 9 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya declaró el ERE no ajustado a derecho. La cadena no tendrá que readmitir a sus trabajadores. El Gobierno regional, que preside Ignacio González, mantiene su intención de privatizar el ente, por lo que ha preferido aumentar las indemnizaciones de los 20 días por año a los 45 que permite la sentencia como alternativa a la readmisión
