Interior planea dotar a la Policía de un registro de multados por desobediencia
Dice que es necesario para castigar la reincidencia y que la Agencia de Protección de Datos impondrá limitaciones
El convocante de una manifestación tendrá que condenar hechos violentos si no quiere ser castigado con 30.000 euros
Protestar ante la sede de un partido en la jornada de reflexión se multará con 600.000 euros
"Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana". Este es el nombre elegido provisionalmente por el Ministerio del Interior para el nuevo fichero policial que pretende implantar a través de la Ley de Seguridad Ciudadana. El departamento de Jorge Fernández Díaz defiende que su creación es necesaria para poder "apreciar la reincidencia de los infractores".
Hasta ahora, la Policía podía conocer si un ciudadano tenía antecedentes penales o solo policiales consultando en su propia base de datos. Según el plan de Interior, no hará falta tener antecedentes por conductas castigadas en el Código Penal sino que una simple infracción administrativa introducirá la identidad del ciudadano en el nuevo fichero.
Fuentes del Ministerio consideran fundamental la aportación que haga la Agencia de Protección de Datos, en orden a no dañar derechos constitucionales. Sin embargo, no planean dar marcha atrás en su propuesta. Las fuentes consultadas consideran que con las limitaciones al derecho de acceso o cancelación será suficiente.
El borrador de la nueva Ley castiga como falta muy grave haber cometido previamente otras tres de carácter grave en un plazo de dos años. Estas últimas están castigadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros y las muy graves con sanciones administrativas de entre 30.001 y 600.000 euros.
El artículo de la reincidencia es el séptimo y último de los incluidos en las sanciones muy graves. Estas han pasado a ser seis frente a las 21 que recogía el borrador presentado por el Ministerio la semana pasada. En estos días, según una fuente oficial del Ministerio, se han producido decenas de aportaciones de varios ministerios, como Hacienda o Sanidad, aunque ha sido el de Justicia el que ha hecho el mayor número y las más relevantes aportaciones. Sin embargo, según publicó eldiario.es, fue Moncloa quien, más allá de las matizaciones técnicas, ordenó suavizar los aspectos más polémicos de la ley tras la airada reacción de partidos y movimientos sociales al primer borrador.
En el primer texto de Interior se castigaba con hasta 600.000 euros convocar una protesta ante el Congreso no comunicada a la Delegación del Gobierno. Ese primer borrador causó una gran indignación entre partidos y movimientos sociales e Interior se vió obliado a retrasar la presentación del texto al Consejo de Ministros del pasado viernes. Según las fuentes consultadas, el borrador de este viernes fue modificado en cuestiones menores hasta última hora de la noche de ayer.
Convocatorias en redes sociales
En el nuevo texto, convocar por cualquier método -incluidas las redes sociales-, una protesta ante el Congreso de los Diputados supondrá una falta leve, castigada con entre 100 y 1.000 euros de multa. Ahora bien, si durante esa protesta se producen alteraciones graves de la seguridad ciudadana, sus autores pueden ser responsables de una infracción grave, que eleva las multas hasta los 30.000 euros. Esa sanción se impondrá siempre que la gravedad de los hechos no constituya delito, como en el resto de las conductas tifipificadas en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
"Sólo serán castigados los violentos", dijo tras el Consejo de Ministros el titular de Interior, Jorge Fernández Díez. Sin embargo, eldiario.es ha consultado a un portavoz oficial del Ministerio implicado directamente en la redacción del texto que aseguró que los convocantes podrán ser sancionados con infracción grave si la protesta deriva en alteración de la seguridad ciudadana y ellos no se han desmarcado o condenado claramente de esos actos. Esa fuente oficial dejó abierta a la "casuística" la aplicación final de este supuesto.
Otro artículo del proyecto sanciona como falta muy grave, castigada con hasta 600.000 euros, manifestarse durante la jornada de reflexión o la electoral, siempre que la intención sea "coactiva". Consultado el Ministerio a este respecto, la misma fuente oficial explicó que una protesta como la del 15-M en la Puerta del Sol en 2011 no tiene esa "intención coactiva". Por contra, la misma fuente advirtió que ese supuesto sí se dió en las manifestaciones ante la sede del Partido Popular en la jornada de reflexión del 13 de marzo de 2004.
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