La Audiencia de Madrid cierra el paso a que los jueces investiguen a la
banca
- El tribunal anula las actuaciones del juez Silva, que deberá reiniciar ahora
el 'caso Blesa'
- Anticorrupción reclama no indagar sobre las preferentes para no dañar a los
perjudicados
La Audiencia de Madrid cerró ayer el paso a que los jueces puedan investigar
las malas prácticas bancarias, sobre todo en las cajas de ahorros, al exigir que
el juez instructor deba ceñirse en las actuaciones al "único y exclusivo hecho
denunciado", "con soporte acreditativo" y sin que "sean suficientes los indicios
de notoriedad".
La ponente de los seis autos, por los que se anula el caso Blesa, la
magistrada de la Sección 30 María Rosa Quintana San Martín, determina que
"no
se puede reabrir el procedimiento sin nuevos elementos de prueba, pues esa
duplicación de oportunidades en favor de la acusación resulta incompatible con
la interdicción de someter al inculpado a un doble juicio penal".
La magistrada dice que el proceso "se ha convertido en una causa general, en
busca de responsables -al parecer Miguel Blesa de la Parra y Gerardo Díaz
Ferrán- de la crisis económica que atravesamos y su castigo; eso sí, por una
serie de delitos aún en fase de investigación".
El caso Blesa
Así,
la
Audiencia Provincial de Madrid anula las actuaciones sobre el crédito de 26,6
millones de euros que, bajo la gestión de Blesa, Caja Madrid concedió de
forma presuntamente irregular a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y
consejero entonces de la entidad. Y se da la paradoja de que las actuaciones se
retrotraen al auto de sobreseimiento provisional de 9 de febrero de 2010, lo que
supone que la acusación podrá presentar las pruebas y nuevos indicios, que al
inicio no se conocían, cuya falta ha dado lugar a la suspensión de lo actuado
por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José
Silva.
La Audiencia falla que esta retroacción
"lleva aparejada la de las otras
actuaciones que de él se derivan", lo que supone que desaparece la
recusación que habían planteado las defensas de los dos imputados contra el
juez.
Los autos de la Audiencia de Madrid dicen que no hay pruebas suficientes,
olvidando así el informe pericial realizado por KPMG en el que se demuestra que
Díaz Ferrán otorgó como garantías acciones de Marsans que ya estaban hipotecadas
-Blesa ni siquiera lo comprobó- y propiedades que no se visitaron para su
tasación.
La ponente de los seis autos, además, anula las actuaciones al considerar que
el contrato de préstamo por los 26,6 millones fue aportado por primera vez a la
causa no por el denunciante, sino por el denunciado Gerardo Díaz Ferrán, cuando
prestó declaración ante el instructor como imputado el 5 de diciembre de 2012,
después de la primera y la segunda reapertura.
También, anula las diligencias sobre el seguimiento de las comunicaciones de
Miguel Blesa al considerar que no era "suficientemente grave" la presunta
comisión de un delito societario como "para justificar tal limitación de los
derechos y tal injerencia indiscriminada en el patrimonio y personas de los
implicados y sus empresas o personas con ellas relacionadas.
Además, considera que estas diligencias,
"que suponen un sacrificio
desproporcionado de derechos fundamentales" se adoptó en forma de
providencia y no de auto, que debería ser la forma en la que debería haberse
emitido por el juez Silva.
Por otra parte, anula la diligencia por la que se le prohibía salir del
territorio nacional y se le retiraba el pasaporte a Díaz Ferrán. Considera la
magistrada de la Audiencia Provincial que esta medida no se adoptó por el riesgo
de fuga, ya que el imputado ya estaba en la cárcel por otro caso distinto, sino
porque la versión dada en descargo (dijo haber devuelto el importe del préstamo)
le resultó inverosímil al juez.
El próximo día 25, otra Sección, la número 15, decidirá si anula también la
investigación por la que Blesa está en prisión -las irregularidades y el
sobreprecio pagado por el City National Bank of Florida. El sindicato Manos
Limpias, que ejerce la acusación popular, insistió sin embargo ayer en que la
nulidad decretada no supone la puesta en libertad del expresidente de Caja
Madrid, adelantando además que aportará nuevas pruebas que permitan reabrir el
proceso sobre el crédito a Díaz Ferrán, al que el juez devolvió además el
pasaporte.
Cierre a las preferentes
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido, por otro lado, a la Audiencia Nacional
que
anule
la decisión del juez Fernando Andreu de investigar la comercialización de
preferentes porque supondría crear un "paradigma de macro-causa
ingobernable" que generaría una "grave desprotección a las víctimas".
En sus recursos de apelación contra los autos en el que el magistrado admitía
a trámite varias querellas por este asunto, el fiscal pide que lo resuelva el
pleno
"dada la trascendencia de las cuestiones que deben debatirse".
Los escritos van dirigidos a la sección tercera de la sala de lo penal de la
Audiencia Nacional, la misma que ordenó a Andreu investigar las preferentes e
incorporarlo a la causa en la que instruye la fusión y salida a bolsa de Bankia,
si bien al admitir las querellas el juez decidió abrir una pieza separada con
ellas.
FUENTE
