El presidente del Constitucional pagó cuotas de militante del PP
Pérez de los Cobos hizo el abono al partido en 2011 cuando ya era magistrado
La Constitución prohíbe la afiliación política y exige “total independencia
El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, está incluido en el listado de donantes y afiliados del PP entre 2008 y 2011, cuyas aportaciones sirven para sufragar los gastos del partido. De los Cobos fue elegido magistrado del alto tribunal el 29 de diciembre de 2010.
El listado en el que aparece De los Cobos está en un documento que forma parte del sumario del caso Bárcenas, y en el mismo se señala tanto el nombre de la persona que contribuyó a la financiación del partido como el número de su Documento Nacional de Identidad y la cantidad aportada. En el caso del presidente del alto tribunal fueron 37,14 euros por año, cantidad que, según varios afiliados consultados, coincide exactamente con la cuota mínima que paga los militantes populares en la ciudad de Barcelona.
La portavoz oficial del presidente del Constitucional se ha negado, en reiteradas ocasiones, a dar ningún tipo de explicación alegando que Pérez de los Cobos sigue así “la práctica constante” de este tribunal, es decir, la de no hacer ningún tipo de valoración, pese a que en este caso no se trata de una cuestión que ataña al orgnaismo sino a su presidente.
Los jueces y magistrados tienen prohibido, por ley, pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Así, lo refleja el artículo 395 de la ley Orgánica del Poder Judicial: “No podrán los Jueces o Magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos”.
Además, la Constitución, en su artículo 127, señala que “los jueces y magistrados así como los fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos”. Y, en el punto 2 del mismo artículo, añade que “la ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial” y señala que este régimen “deberá asegurar la total independencia de los mismos”.
El Constitucional siempre se ha considerado como un tribunal politizado debido a que parte de sus miembros son propuestos por los partidos políticos. Pero magistrados que han ejercido en ese tribunal han subrayado a este periódico que “jamás han conocido un precedente de un magistrado militante porque no lo permite taxativamente la ley”.
Además de por la ley fundamental, el alto tribunal está regulado por una ley orgánica propia que reproduce otro artículo de la Constitución, el 159, en el que se marcan las incompatibilidades propias de los miembros del Constitucional. La condición de magistrado es incompatible con “el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos”, dice específicamente, pero añade que “los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial”. Es decir, estar afiliado a un partido y ser magistrado del Constitucional es incompatible. “Es una causa de incompatibilidad clarísima”, aseguran varios constitucionalistas consultados por este periódico.
Sin embargo, fuentes jurídicas cercanas al actual presidente aseguraron ayer que los letrados del propio tribunal sustentan que la literalidad de la norma indica que la incompatibilidad se daría solo en el caso de que desempeñara una función directiva en un partido político, y no por estar simplemente afiliado de base al Partido Popular.
Las aportaciones económicas de Pérez de los Cobos al PP reflejadas en el documento aportado a la causa de los papeles de Bárcenas coinciden con su tarea ya de magistrado en el Constitucional, al menos a finales de 2010 y durante 2011.
La propuesta del PP para que Francisco Pérez de los Cobos fuera magistrado por la cuota que designa el Senado se desveló el 29 de septiembre de 2010, con tres años de retraso por la ausencia de consenso entre PP y PSOE para proponer candidatos. En octubre de 2010, el Senado dio el visto bueno a su candidatura.
El ahora presidente del Constitucional fue nombrado magistrado en diciembre de 2010, motivo por el que tuvo que dejar su puesto de director del departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid. En ese año realizó uno de los documentados ingresos de 37,14 euros al PP.
El 11 de enero de 2011, Pérez de los Cobos tomó posesión de su cargo de magistrado. Y el pasado 19 de junio, después de 17 meses como miembro del alto tribunal, fue elegido presidente del Constitucional. Es decir, en tres años pasó de ser catedrático de Trabajo a máximo responsable del más alto tribunal español. Lo hizo logrando una votación unánime, con el apoyo tanto del sector conservador como del progresista.
La ausencia de una explicación por parte de Pérez de los Cobos ha imposibilitado que desmienta si sigue al corriente en estos momentos del pago de las cuotas como miembro del PP, más allá de los pagos documentados.
“Cuando concurriere causa de incompatibilidad en quien fuere propuesto como magistrado del Tribunal, deberá, antes de tomar posesión, cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hiciere en el plazo de diez días siguientes a la propuesta, se entenderá que no acepta el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional”, señala la ley. Según diversas fuentes, Pérez de los Cobos no presentó ninguna causa de compatibilidad por su afiliación política.
Sin embargo, sí se planteó una posible incompatibilidad posteriormente, en abril de 2012, cuando fue elegido miembro de la Comisión de Expertos en Aplicaciones de Convenios y Recomendaciones de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), ya que la condición de magistrado en el Constitucional también es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico. En ese caso, él mismo recabó una consulta que acabó determinando la posibilidad de mantener ambos cargos.
Con la misma aportación de pago de 37,14 euros anuales que Pérez de los Cobos, el listado del PP certifica los ingresos efectuados por otras 400 personas en 2008. La mayoría de ellas son de Barcelona, ciudad en la que el magistrado vivió en su época como catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma, entre 1996 y 2007. En 2009 fueron algo menos, un total de 367, que se redujeron a 266 en 2010 y a 253 en 2011.
EL PAÍS ha consultado con algunas de las personas que aparecen en el listado y todas ellas coinciden en señalar que el pago de los 37,14 euros corresponde a la cuota mínima anual de afiliación en la ciudad de Barcelona. En los años 90, la cuota mensual era de 500 pesetas (3 euros) y fue actualizándose hasta la cantidad de 37,14 anuales (515 pesetas al mes) que se ha cobrado en la década del 2000. “Solo puede ser la cuota”, dijeron dos de esas personas, argumentando que ninguno de ellos aporta más al PP.
El listado de donantes y afiliados del PP, con 287.103 apuntes, forma parte del sumario del caso Bárcenas. Cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias por el supuesto cobro de sobresueldos por parte de los miembros de la cúpula del PP, requirió información a la Agencia Tributaria, al Tribunal de Cuentas y al propio PP. Los documentos aportados por Hacienda incluyen tanto donantes como afiliados pero no todos, sino aquellos que, tal como está previsto en la ley, se desgravaron su aportación. Los militantes consultados coinciden en señalar la desgravación y el porqué figuran en la documentación de Hacienda.
El Partido Popular ha admitido la veracidad de los datos que contiene el documento, pese a que fuentes oficiales insisten en que la elaboración no es propia, y se la atribuyen a la propia Agencia Tributaria conforme a las desgravaciones presentadas.
