Texas a Washington: "La ejecución de mexicanos es asunto nuestro, no vuestro"
Édgar Arias Tamayo se convirtió el jueves pasado en el tercer mexicano ejecutado en el estado de Texas desde 2008. Pese a las demandas de Washington, Texas continúa actuando a su antojo e ignorando cualquier objeción al respecto.
"Cada ciertos años, Texas inicia el proceso de ejecución de un convicto mexicano condenado a muerte. Después, el Gobierno mexicano y el Departamento de Estado de EE.UU. se oponen. Luego, Texas se encoge de hombros y sigue adelante", señala un artículo publicado en la revista 'Foreign Policy'.
Es cierto que Tamayo y los dos ciudadanos mexicanos que fueron ejecutados en años anteriores cometieron actos atroces. Tamayo fue encarcelado hace 20 años por asesinar a tiros a un agente de la Policía que le detuvo por robo. José Medellín y Humberto Leal García fueron ejecutados en 2008 y 2011, respectivamente, ambos por cargos de violación y asesinato.
Sin embargo, la oleada de críticas se debe a que a ninguno de los tres se le notificó su derecho a recibir asistencia consular tras su detención.
Según las autoridades mexicanas y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, se trata por lo tanto de una violación del artículo 36 de la Convención de Viena, sobre relaciones consulares, que establece que los extranjeros tienen derecho a ponerse en contacto y consultar con funcionarios consulares de su país cuando son detenidos. Además, el propio Departamento de Estado del país norteamericano aclara que por ley, EE.UU. está obligado a informar de sus derechos a los ciudadanos extranjeros detenidos.
'Caso Avena'
El hecho de que a algunos ciudadanos mexicanos no se les estén notificando sus derechos preocupa al Gobierno mexicano desde hace tiempo. De hecho, en 2003 presentó una denuncia contra EE.UU. ante la CIJ que incluía los nombres de 51 ciudadanos mexicanos condenados a pena de muerte en la nación vecina que supuestamente no fueron informados de su derecho a la asistencia consular. Medellín, Leal García y Tamayo figuraban en esa lista.
El fallo de la CIJ pasó a conocerse como 'caso Avena', dado que el primero en la lista de sentenciados era Carlos Avena Guillén, un hombre condenado en 1980 y cuya situación no estuvo en conocimiento de México hasta 1991.
En 2008 y 2011, las autoridades judiciales de Texas ignoraron la orden de la CIJ que señalaba que EE.UU. debía revisar cuidadosamente las condenas decenas de mexicanos juzgados sin haber tenido la debida asistencia consular y ejecutó a Medellín y a Humberto Leal.
"El Departamento de Estado lamenta la decisión de continuar con la ejecución de Tamayo sin esa revisión y reconsideración", señaló Marie Harf, portavoz del Departamento de Estado esta semana. Harf insistió en que "el cumplimiento de EE.UU." con sus obligaciones internacionales a raíz del 'caso Avena' era "fundamental para nuestra capacidad de asegurar el acceso consular y la asistencia a nuestros ciudadanos que son arrestados o detenidos por gobiernos extranjeros".
"No importa de dónde sea usted.... si comete un crimen de este tipo en Texas, está sujeto a nuestras leyes estatales, incluyendo un juicio justo por un jurado y la pena máxima", afirmó por su parte Lucy Nashed, una portavoz del gobernador del estado, Rick Perry, a la agencia AP.
Texas tiene previsto ejecutar a otro reo mexicano, Ramiro Hernández Llanas, el próximo 9 de abril.
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