José Ignacio Pérez Villamil, magistrado
del TSJA: “No somos iguales ante la ley,
el primero el rey”
El magistrado José Ignacio Pérez Villamil (Luarca, 1952), uno de los que juzga a los políticos aforados en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), considera que la clase política goza de privilegios inaceptables y lamenta que no todos seamos iguales ante la ley. Como ciudadano confiesa que es un indignado más. Es uno de los fundadores de la asociación Jueces para la Democracia. Por Dani Ripa y Xuan Cándano.
La reforma del poder judicial parece incrementar la dependencia de la judicatura del poder político, incumpliendo las promesas del propio ministro de Justicia.
La Constitución establece un Estado de derecho y una división de poderes. Pero el judicial es incómodo, porque controla la actividad y comportamientos sociales, la legalidad de la acción de los Gobiernos, y juzga aquellos comportamientos de políticos que tengan una relevancia jurídico-penal. Hay una tendencia natural del poder ejecutivo a controlar al judicial. Puede ser entendible desde una visión corta del Estado, pero no es una visión responsable propia de un estadista en el largo plazo. El mantenimiento del Estado de derecho se basa en la distinta función que la Constitución establece para los distintos poderes del Estado. Este proyecto de Gallardón trata de alguna forma de controlar el órgano de gobierno de los jueces. En cuanto a la reforma del Código procesal penal, siendo necesaria, ya que data del siglo XIX, me parece que tiene un problema grave, ya que otorga la investigación casi en exclusiva al ministerio fiscal, apartando a los jueces. Eso no es malo ni bueno, pero lo que pasa es que, según su propio estatuto orgánico, el ministerio fiscal en España depende jerárquicamente del poder que lo nombra, que es el ejecutivo. Dice ese estatuto que el fiscal actúa bajo los principios de unidad y jerarquía y al fiscal general del Estado lo propone el Gobierno y lo nombra el rey, con lo cual depende del ejecutivo. La investigación quedaría capitidisminuida. Los jueces funcionamos bajo el principio de independencia, afortunadamente para los ciudadanos y el Estado de derecho, mientras que el fiscal funciona bajo el principio de dependencia, sin negar que son ciudadanos preparadísimos que intentan hacer su labor bajo el principio de legalidad. Pero todos sabemos, y hay muestras recientes, que llegados a ciertos estadios de la investigación criminal en relación a ciertas personas que pueden incurrir en conductas delictivas, el ministerio fiscal, en cuanto cúpula o institución, puede incurrir en una cierta pasividad. Además, esta reforma limita de manera extremadamente notable el ejercicio de la acción popular por parte de la ciudadanía, recogido en la propia Constitución. La acción popular es una forma de participación ciudadana en la justicia, que además ha dado un gran resultado, y es un ejercicio muy sano por parte de la ciudadanía para depurar determinadas conductas, sobre todo cuando el ministerio fiscal se mantiene inactivo. Hay muchos ejemplos recientes. Por ejemplo, la condena del juez Garzón por el Tribunal Supremo se debe al ejercicio de la acción popular, independientemente de quien la haya ejercido.
Las tasas que acaban de entrar en vigor, ¿demuestran que hay una justicia para ricos y otra para pobres?
De alguna manera sí. El ideal, como con la sanidad o educación, es que la justicia sea igual para todos. Pero no todos somos iguales, porque nacemos diferentes, unos en un sitio, otros en otro, y dentro del primer mundo unos nacen más iguales que otros. Y con la justicia sucede lo mismo. Aunque los jueces tratamos de lograr una solución justa con independencia de quien sean las partes. La resolución que tenemos que hacer es a lo largo de un proceso y eso viene predeterminado, primero, porque puedas iniciarlo. Pero la ley de tasas no facilita precisamente el acceso a la justicia a los menos favorecidos económicamente, todo lo contrario, lo imposibilita, mientras que la gran banca, las grandes empresas energéticas, tienen la sartén por el mango y cuentan con grandes servicios jurídicos integrados dentro de su presupuesto y ya descuentan esos costes, por lo que la ley de tasas no les afecta para nada. Esa ley sí que afecta al ciudadano consumidor, ya que no vas a entablar un pleito contra la suministradora eléctrica para reclamar 300 euros que crees que te han estafado cuando te van a costar las tasas 200. La justicia no es igual para todos porque ya no es igual en el inicio. No es lo mismo 200 euros para un consejo de administración de un gran banco que para un ciudadano. Tampoco es lo mismo en el desarrollo del proceso, los que más medios tienen pueden gozar de los mejores abogados y medios jurídicos, y eso al final determina la solución que el juez o el tribunal va a ofrecer. No somos iguales ni ante la justicia, ni ante la educación, sanidad, etc…
Privilegios y hartazgo ciudadano
La percepción de la ciudadanía ante el Caso Nóos va también por ahí, la Monarquía goza de privilegios.
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