Los sindicatos UGT y CC.OO. se financiaron con fondos públicos destinados a trabajadores que perdían su empleo
Cada día que pasa
el horizonte judicial para los sindicatos UGT y CC.OO. en la trama de los ERE
fraudulentos pinta más negro. En el último auto de la juez Mercedes Alaya, por
el que envió el pasado martes a prisión provisional al dueño de la mediadora
Uniter, la titular del juzgado de instrucción número seis de Sevilla va aún más
lejos y apunta a que los sindicatos pudieron financiarse irregularmente a través
de los fondos públicos destinados a garantizar una renta hasta su jubilación a
los trabajadores que perdían su empleo.
«Los sindicatos, además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular», advierte Alaya. La instructora mantiene la tesis de que se produjo un «saqueo de las arcas andaluzas» con la «connivencia» de sindicatos, mediadoras y «cargos públicos de la Junta de Andalucía».
Los responsables de las mediadoras Uniter y Vitalia, José González Mata y Antonio José Albarracín, respectivamente, han metido esta semana más presión a los sindicatos, después de que la juez decidiera ahondar en la investigación de los pagos de las mediadoras atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Tanto González Mata como Albarracín, en sus interrogatorios como imputados ante la juez que instruye el caso, dibujaron un panorama en el que UGT y CC.OO. habían ejercido de auténtico «lobby» en la trama, capaces de bloquear por sí solos la firma del ERE de una empresa si sus «brokers» no tomaban parte en las prejubilaciones subvencionadas por la Junta de Andalucía. A cambio obtenían una jugosa contraprestación económica que podía oscilar entre el 0,5% y el 1% del coste total del ERE.
«La empresa le exigía a la mediadora que le pagase ese importe y no tenían más opción: o lo pagabas o no hacía la operación», afirmó Albarracín. El exdirectivo de Vitalia compareció ayer de nuevo ante la juez acusado de un nuevo delito de blanqueo de capitales a través de su empresa familiar Permar 21. La juez le acusa de desviar a la empresa que regentaba con su esposa, María José Marcos Ferríz, las ganancias de las sobrecomisiones, que empleó en adquirir ocho inmuebles.
