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jueves, 16 de enero de 2014

ESPAÑA: EL CONSTITUCIONAL PROHIBE LA LEY ANDALUZA QUE PODIA EXPROPIAR VIVIENDAS


El Constitucional suspende la ley andaluza que 

permitía expropiar viviendas


se-alquila
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley andaluza 4/2013, de 1 de octubre, “de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda”, la llamada ley antidesahucios.
La ley andaluza permitía, hasta ahora, expropiar temporalmente una vivienda cuando una familia en riesgo de exclusión iba a ser desahuciada. El Constitucional puede mantener la suspensión, al menos, durante cinco meses y, posteriormente, decidir si la prorroga o resuelve el fondo del asunto.
Mediante esta resolución, el Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Andalucía, que dispondrán de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
El Pleno acuerda también la suspensión automática de la norma recurrida al haber invocado el Gobierno en su recurso la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución (“El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”).
La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.
La ley ahora recurrida derogó el Decreto 6/2013, de 9 de abril, conocido como “decreto antidesahucios”, que también fue impugnado por el Gobierno. El recurso contra dicho decreto, que fue admitido a trámite el 11 de julio de 2013, está pendiente de resolución por el Pleno del TC.

sábado, 14 de septiembre de 2013

VENEZUELA: MADURO EXPROPIO INSTALACIONES DE PEPSI


Maduro expropió instalaciones de Pepsi 

en Venezuela

La franquicia de la compañía multinacional repudió "la toma ilegal" de su agencia en el estado Vargas. "Deben respetarse las leyes", señaló un comunicado

Pepsi Cola de Venezuela expresó su rechazo a "la toma ilegal" de su agencia ubicada en el estado Vargas por parte de la Procuraduría local del gobierno de Nicolás Maduro, luego de que esta institución ordenara la expropiación de las instalaciones.
"Pepsi-Cola Venezuela rechaza la toma ilegal de su agencia ubicada en Catia La Mar por parte de la Procuraduría del estado Vargas", señaló un comunicado de la empresa que hace referencia a la concreción de una medida del gobierno regional anunciada en enero pasado.
A principios de 2013, la empresa venezolana de la multinacional estadounidense sostuvo un debate con el gobierno de Maduro luego de que le fueran confiscadas 9.000 toneladas de azúcar bajo la acusación de acaparamiento. Dicho producto le fue devuelto después de que la empresa comprobara que éste es su principal materia prima y fue adquirido de forma legal.
El comunicado explica que las partes, Pepsi Cola y Gobernación de Vargas, aún están en "fase de tramitación del arreglo amigable" acordado el pasado 15 de mayo en el que se establecieron condiciones, que aún no se cumplen en su totalidad, para completar el proceso de expropiación "sin traumas".
La asesora legal de Pepsi Cola, Carla Hernández, fue citada en el texto en defensa de que la empresa no se puede mudar del lugar "sin contar con la licencia de la comunidad" y sin contar con las medidas de seguridad para poder operar en la zona en la que fue reubicada.
"Esto es un atropello que innecesariamente pone en riesgo el abastecimiento de nuestros productos y cientos de puestos de trabajo en el estado Vargas. Las expropiaciones no se hacen por vías de hecho, sino conforme a la Constitución y las leyes", dijo Hernández, según el documento.
La firma asegura haber honrado "todos los acuerdos" y dice seguir dispuesta a llevar el proceso a término, "pero deben respetarse las leyes y las condiciones acordadas" y sostiene que la Gobernación de Vargas, dirigida por el oficialista Jorge García Carneiro, "no ha cumplido".