EL 21% de IVA a comedores escolares provocará 22.500 despidos en septiembre
Aplicar un 21 % de IVA a los servicios de comedores
escolares puede suponer 22.500 puestos de trabajo menos el próximo septiembre a
no ser que el Gobierno les exima de dicho impuesto, contra el que representantes
educativos, sindicales y políticos han presentado ya una queja ante la Comisión
Europea.
Esa cifra de posibles despidos la han denunciado a Efe el portavoz de Educación de CiU en el Congreso, Martí Barberá, y el presidente de la Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo (Foesc), Josep Oriol.
Ambos han criticado la "contradicción" que supone que el Gobierno, a través de los cambios introducidos en la Ley del IVA, exima unos servicios en los colegios e institutos y otros no cuando hasta hace tres años todas las actividades con monitores estaban exentas porque se entendía que eran dentro del ámbito educativo.
En la actualidad, no tributan servicios de monitores como los de atender los traslados del centro al comedor o ayudar durante la comida si es a menores de 6 años y se realizan a través del propio centro o de una entidad sin ánimo de lucro.
En cambio, se exige el tipo 21 % si la custodia es a escolares más mayores o si dichos trabajos los llevan a cabo empresas externas sin carácter social.
Barberá ha opinado que subir el IVA al coste de una actividad complementaria escolar va contra la "equidad" de las familias, pues solo será en los colegios privados donde se podrá mantener contratado al personal necesario.
El Gobierno cree que se trata de tareas que no están incorporadas a los planes de estudio y, por tanto, se les aplica el IVA, ha explicado el diputado catalán, que ha calificado esta consideración de "versión perversa" de la norma.
La diferenciación que hace el Ejecutivo por edad se recoge en una respuesta escrita a Barberá, a la que ha tenido acceso Efe, y en la que se recuerda también que si, como es lo más común, los servicios extraescolares los hacen sociedades mercantiles, se aplicará el 10 % de IVA si se trata de menores de 6 años y el 21 % a más mayores, tanto en tareas de comedor, recreos y aulas matinales y de tarde.
En su respuesta el Gobierno subraya que no entiende "procedente" ampliar más exenciones dado "el amplio campo de aplicación de la exención en materia educativa".
Desde el sector empresarial, Oriol ha asegurado "no entender" los distintos IVA según la edad de los escolares.
Tampoco comprende que la escuela pública, "donde es más habitual que el alumnado tenga poder adquisitivo más bajo", haga frente al 21 % IVA al tener que externalizar el servicio con una empresa de catering, pues la función pública no permite que los maestros trabajen como monitores.
En cambio, en la privada y concertada no tienen ese problema, pues los mismos profesores pueden hacer esos trabajos, con el ahorro del citado impuesto.
Oriol ha vaticinado la pérdida de empleos debido a que "en este momento de crisis no hay margen para que las empresas asuman ese IVA".
Barberá y Oriol han recordado que el pasado día 11 se presentó una queja ante la Comisión Europea (CE) para investigar por qué España hace "una interpretación restrictiva" de lo recomendado por ella, es decir, que cualquier actividad dentro del ámbito educativo esté exenta.
El Ministerio de Hacienda anunció el pasado mes que si la CE considera que España debe modificar el gravamen a los comedores escolares estaría dispuesta a ello, y precisamente hoy el ministro Cristóbal Montoro debe responder a una pregunta parlamentaria de la diputada Soledad Cabezón (PSOE) sobre si piensa eliminarlo.
La denuncia ante la CE está respaldada por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y los sindicatos UGT y CCOO.
Asimismo, el PSOE ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para que se revise la interpretación del artículo 20 de la Ley del IVA al producir "contradictorias interpretaciones".
Esa cifra de posibles despidos la han denunciado a Efe el portavoz de Educación de CiU en el Congreso, Martí Barberá, y el presidente de la Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo (Foesc), Josep Oriol.
Ambos han criticado la "contradicción" que supone que el Gobierno, a través de los cambios introducidos en la Ley del IVA, exima unos servicios en los colegios e institutos y otros no cuando hasta hace tres años todas las actividades con monitores estaban exentas porque se entendía que eran dentro del ámbito educativo.
En la actualidad, no tributan servicios de monitores como los de atender los traslados del centro al comedor o ayudar durante la comida si es a menores de 6 años y se realizan a través del propio centro o de una entidad sin ánimo de lucro.
En cambio, se exige el tipo 21 % si la custodia es a escolares más mayores o si dichos trabajos los llevan a cabo empresas externas sin carácter social.
Barberá ha opinado que subir el IVA al coste de una actividad complementaria escolar va contra la "equidad" de las familias, pues solo será en los colegios privados donde se podrá mantener contratado al personal necesario.
El Gobierno cree que se trata de tareas que no están incorporadas a los planes de estudio y, por tanto, se les aplica el IVA, ha explicado el diputado catalán, que ha calificado esta consideración de "versión perversa" de la norma.
La diferenciación que hace el Ejecutivo por edad se recoge en una respuesta escrita a Barberá, a la que ha tenido acceso Efe, y en la que se recuerda también que si, como es lo más común, los servicios extraescolares los hacen sociedades mercantiles, se aplicará el 10 % de IVA si se trata de menores de 6 años y el 21 % a más mayores, tanto en tareas de comedor, recreos y aulas matinales y de tarde.
En su respuesta el Gobierno subraya que no entiende "procedente" ampliar más exenciones dado "el amplio campo de aplicación de la exención en materia educativa".
Desde el sector empresarial, Oriol ha asegurado "no entender" los distintos IVA según la edad de los escolares.
Tampoco comprende que la escuela pública, "donde es más habitual que el alumnado tenga poder adquisitivo más bajo", haga frente al 21 % IVA al tener que externalizar el servicio con una empresa de catering, pues la función pública no permite que los maestros trabajen como monitores.
En cambio, en la privada y concertada no tienen ese problema, pues los mismos profesores pueden hacer esos trabajos, con el ahorro del citado impuesto.
Oriol ha vaticinado la pérdida de empleos debido a que "en este momento de crisis no hay margen para que las empresas asuman ese IVA".
Barberá y Oriol han recordado que el pasado día 11 se presentó una queja ante la Comisión Europea (CE) para investigar por qué España hace "una interpretación restrictiva" de lo recomendado por ella, es decir, que cualquier actividad dentro del ámbito educativo esté exenta.
El Ministerio de Hacienda anunció el pasado mes que si la CE considera que España debe modificar el gravamen a los comedores escolares estaría dispuesta a ello, y precisamente hoy el ministro Cristóbal Montoro debe responder a una pregunta parlamentaria de la diputada Soledad Cabezón (PSOE) sobre si piensa eliminarlo.
La denuncia ante la CE está respaldada por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y los sindicatos UGT y CCOO.
Asimismo, el PSOE ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para que se revise la interpretación del artículo 20 de la Ley del IVA al producir "contradictorias interpretaciones".
