El Gobierno intenta desactivar una grave crisis diplomática con China
Pekín se queja al embajador español por el proceso en la Audiencia Nacional
Al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, le ha estallado en las manos un imprevisto e indeseado conflicto diplomático. Y precisamente con el país en el que España había puesto los ojos como un nuevo El Dorado asiático para las empresas españolas: China, la segunda potencia económica del mundo, llamada a desbancar a la primera en algunos años.
La decisión de la Audiencia Nacional de dictar una orden de busca y captura contra cinco miembros de la nomenclatura china —incluidos el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng—, como presuntos responsables de un delito de genocidio contra el pueblo tibetano, ha hecho montar en cólera a las autoridades de Pekín. No es para menos, pues esta orden, tramitada a través de Interpol, implica que podrían ser detenidos si salen de su país.
El Ministerio chino de Asuntos Exteriores convocó este pasado miércoles al embajador español en Pekín, Manuel Valencia, para trasladarle su “fuerte malestar”. Al mismo tiempo, el director general para América del Norte, Asia y Pacífico del Ministerio español de Asuntos Exteriores, Ernesto Zulueta, recibió en Madrid al encargado de negocios de la embajada china, a petición suya. El mensaje que trasladaron los diplomáticos españoles a sus interlocutores chinos fue el mismo: en España hay división de poderes y el Ejecutivo no puede interferir en decisiones judiciales. “No parece que quedaran muy convencidos”, admiten fuentes diplomáticas.
Las autoridades chinas no se limitaron a quejarse en privado. El portavoz de la diplomacia china, Hong Lei, expresó en rueda de prensa su “firme rechazo a las instituciones españolas que, ignorando la posición de Pekín y siendo inconsistentes con declaraciones previas, manipulan este asunto”. Incluso deslizó una sutil advertencia: “Esperamos que las partes relevantes en España tomen con seriedad la preocupación china y no hagan nada que dañe a este país o la relación entre China y España”.
El Gobierno español se lo toma muy en serio. Recién llegado de Estados Unidos —donde acompañó a los Príncipes de Asturias en su visita a California y Florida—, Margallo convocó ayer una reunión de urgencia en su departamento para abordar esta crisis, que hoy podría discutir el Consejo de Ministros.
No es la primera vez que las autoridades chinas discuten con las españolas las consecuencias del proceso abierto en la Audiencia Nacional a raíz de la querella presentada en 2006 por asociaciones de apoyo al Tíbet.
Después de que, el pasado 8 de octubre, la misma Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia acordara imputar a Hu Jintao —presidente de China desde 2003 a 2013 y antecesor de Xi Jinping—, expertos de los respectivos ministerios de Asuntos Exteriores debatieron el caso. La parte china alegó la “inmunidad soberana” de sus exmandatarios, pero la legislación española solo reconoce tal privilegio a los jefes de Estado en ejercicio.
Lo cierto es que Hu Jintao no está en busca y captura debido a que aún no se le ha notificado su imputación. Las fuentes consultadas estiman que es difícil que se le pueda notificar a corto plazo si las autoridades chinas se niegan a darse por enteradas.
La orden de detención sí incluye, en cambio —además de al expresidente Jiang Zemin y al exprimer ministro Li Peng—, a Quiao Shi, exjefe de la seguridad china y responsable de la policía armada popular; Chen Kuiyan, secretario del Partido Comunista en Tíbet entre 1992 y 2001; y Peng Pelyun, ministra de Planificación Familiar en los ochenta.
El margen de maniobra que tiene el Gobierno para desactivar la crisis es muy limitado. Fuentes jurídicas recordaron que la Sección Cuarta ha actuado en contra del criterio del fiscal y del propio instructor, Ismael Moreno. No es la primera vez que lo hace: ya en abril pasado reabrió la causa por el genocidio en el Tíbet, que el juez había archivado provisionalmente.
En teoría, no cabe recurso contra la orden de detención de los dirigentes chinos. Sólo podría plantearse, según las mismas fuentes, un recurso de súplica ante los mismos magistrados, con nulas posibilidades de prosperar. Pero no se descarta intentar que este recurso lo examine el pleno de la Sala de lo Penal.
Fuentes gubernamentales también barajan una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para limitar el alcance de la jurisdicción universal. Pero una reforma de este tipo ya se hizo en 2009. Y se pusieron dos condiciones para admitir una querella: que haya un español implicado y que los tribunales del propio país no hayan investigado los hechos. En este caso se dan ambas condiciones, pues la querella está firmada por Thubten Wangehen, un tibetano nacionalizado español; y las autoridades chinas ni siquiera reconocen la ocupación del Tíbet.
El conflicto con Pekín llega para el Gobierno español en el peor momento. Este año se cumple el 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países y, con ese pretexto, se lanzó una ofensiva para estrechar lazos económicos. Margallo visitó China en junio pasado y en septiembre debía haberlo hecho Mariano Rajoy, quien suspendió el viaje a última hora al no poder coincidir con el presidente Xi Jinping. La visita del jefe del Gobierno español solo quedó temporalmente aplazada, pero es difícil que se lleve a cabo mientras no se supere el actual conflicto.
Esta por ver si este tendrá repercusiones en las importantes relaciones económicas bilaterales. China se ha convertido en el segundo tenedor de deuda española tras Francia (posee en torno al 20% de la deuda en manos de extranjeros); un emisor creciente de turistas (177.000 en 2012, un 55% más que el año anterior); y un socio comercial notable aunque desequilibrado: en 2012, las importaciones sumaron 17.631 millones y las exportaciones 3.765, con una tasa de cobertura de solo el 21,3%, aunque mejor que la de años anteriores. Unas 600 empresas españolas están implantadas en China y cada vez son más las firmas chinas que desembarcan en España.
Para las autoridades de Pekín se había convertido casi en un tópico definir a España como “el mejor amigo de China en la Unión Europea”. Ahora corre el riesgo de dejar de serlo.
