LOS OBISPOS ESCONDEN EL DESTINO DE LOS 11.000 MILLONES QUE RECIBEN DE DINERO PUBLICO

Los obispos pretenden ocultar el destino de los 11.000 millones que reciben de dinero público

La Conferencia Episcopal percibirá a lo largo de 2013, sólo por la casilla que los contribuyentes pueden marcar en su declaración del IRPF, alrededor de 280 millones de euros. Pero eso apenas son las migajas del trozo que a la Iglesia le corresponde del suculento pastel de los Presupuestos Generales del Estado. Si se tienen en cuenta todas las subvenciones y bonificaciones fiscales, el privilegiado tratamiento que España concede a la religión católica tiene un impacto en las cuentas del Reino cercano a los 11.000 millones, el 1% del PIB, según diversas fuentes consultadas

Aunque esa apreciable suma de dinero sale del bolsillo de todos, la Conferencia Episcopal no suele informar periódicamente a la opinión pública sobre su destino, salvo en líneas generales y sólo por lo que se refiere a la asignación tributaria. De hecho, la última memoria que está a disposición de los interesados en su página web data de 2010. Pese a ello, el portavoz de los obispos, Juan Antonio Martínez Camino, manifestó recientemente a la prensa que "la transparencia es un modo ordinario de funcionamiento en las cuestiones económicas de la Iglesia".

El dinero que recibe de la asignación tributaria cuadruplica la subvención a partidos y sindicatos

Por otra parte, los medios de comunicación que controla el episcopado llevan tiempo embarcados en una campaña contra el uso opaco que hacen de las subvenciones, en particular, los partidos políticos y los sindicatos. Esas subvenciones, en cualquier caso, son bastante menores que los fondos obtenidos por la jerarquía católica a través de la asignación tributaria y que sirven para cubrir su actividad ordinaria. La subvención estatal a los partidos depende de los resultados electorales y el año pasado rondó los 53 millones. La de los sindicatos no llega a la mitad, según datos oficiales.
Vías de financiación

Un informe de la entidad laicismo.org sostiene que la principal vía de financiación de la Iglesia son los conciertos educativos, que en 2012 costaron a las arcas públicas del orden de 3.900 millones de euros, con los que se mantienen 2.400 centros privados. La compensación por la asistencia sanitaria prestada en sanatorios, orfanatos, dispensarios y asilos se aproxima a los 2.700 millones. El tercer capítulo por su cuantía es el dedicado a la conservación de las 103 catedrales y los 280 museos propiedad de la Iglesia, con un montante de 700 millones de euros.

El resto del dinero hasta 8.500 millones en números redondos corresponde a los salarios de los profesores de religión, al pago de los capellanes que siguen prestando sus servicios en las cárceles, en los hospitales, en las universidades y en las fuerzas armadas, a las ayudas para la celebración de eventos como la Jornada Mundial de la Juventud y a las transferencias que reciben las dos grandes ONG católicas: Cáritas y Manos Unidas. El culto y el clero ordinario se sufragan con cargo a los 280 millones de euros de la asignación tributaria.

Beneficios fiscales

El ahorro que suponen los beneficios fiscales es más difícil de calcular: laicismo.org lo cifra en unos 2.500 millones anuales, mientras que un estudio de la Fundación Primero de Mayo lo rebaja hasta 700. Una buena parte procede del IBI, que no recae sobre los lugares de culto (templos, capillas, conventos), ni sobre oficinas parroquiales, seminarios o universidades eclesiásticas. La vigente ley de Haciendas Locales y la jurisprudencia permiten que también se acojan a esa exención los centros de enseñanza de carácter religioso sujetos al régimen de conciertos.

La Iglesia se ahorra anualmente 2.500 millones en impuestos

La Iglesia está exenta del IRPF, salvo si los rendimientos proceden de explotaciones económicas o ganancias de capital; así como de los impuestos de Sucesiones y Donaciones y de Transmisiones Patrimoniales, cuando se trata de bienes destinados al culto, a la sustentación del clero y al ejercicio de la caridad. Contra la opinión de la Comisión Europea, tampoco le afectaba el IVA hasta 2006, lo que suponía una merma de recaudación para el Estado de 25 millones de euros anuales.

Todas estas ventajas, que no disfruta ni de lejos ninguna otra confesión religiosa, quedaron consagradas en un acuerdo entre España y la Santa Sede firmado en 1979, poco después de que se aprobara la Constitución. Desde 2006, la Conferencia Episcopal tiene la obligación de elevar al Gobierno un informe anual con el destino dado a la asignación tributaria, que sin embargo no se hace público. "Lo tienen las instituciones competentes", dijo hace poco el portavoz de los obispos. Cuando entre en vigor la ley de Transparencia, en la que se ha incluido a la Iglesia, mantener la opacidad no le será tan fácil.
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EL ESTADO GASTA EN UNA SEMANA 840 MILLONES DE DINERO PUBLICO PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS PRIVADAS

El Estado gasta en una semana 840 millones de dinero público en ayudar a empresas privadas

En mitad de la crisis el Estado compra una participación de referencia en la tecnológica Indra y se hace con varios aeropuertos mediante AENA.

Indra ha buscado el socorro del Estado ante 'la maldición bankia' que hunde el precio de las acciones.

Abertis ha pedido a AENA colaborar en dar salida rápida a sus aeropuertos.

Para algunas cosas, el Estado aún tiene dinero. En apenas siete días, el Estado ha cerrados dos operaciones millonarias para comprar activos privados a otras compañías, también españolas. Se trata de la compra por parte de la sociedad estatal SEPI, paraguas de las participaciones industriales del Estado, de un paquete accionarial a Indra por valor de 337 millones de euros. A esta operación, anunciada el viernes, hay que sumar la de la compra del aeropuerto londinense de Luton por parte de AENA, que se ha hecho con el quinto aeródromo británico por tamaño con un gasto de 502 millones de euros.

Tanto la SEPI como AENA defienden que las operaciones no aumentarán la deuda. En el primer caso, la Sepi asegura que no pedirá financiación y que la operación se hará con fondos de recientes desinversiones, la de la venta de Hispasat y la de una participación de EADS. En el caso de los aeródromos, AENA, que es 100% de capital público, ha cerrado la operación gracias a la financiación de AXA, una aseguradora internacional con la que ha acudido en consorcio para hacer la adquisición. Un importe así, 840 millones de euros, equivale a todo el tijeretazo cometido en educación en 2012.

Llama la atención además que los dueños anteriores de estos activos también eran sociedades españolas. En el caso de Indra, Bankia (ahora nacionalizada) era la propietaria y Abertis, la empresa catalana, era la dueña de Luton. Abertis anunció hoy mismo una opa sobre una concesionaria de autopistas brasileña, negocio en el que se quiere centrar en adelante y por el que se está saliendo a toda velocidad de sus inversiones en aeropuertos, una desinversión para la que ha pedido a AENA que le eche una mano.

En el caso de Indra, sus gestores han sido los que han pedido que sea el Gobierno el que tomara el control de esta abultada participación, que equivale a una quinta parte del capital de la compañía, para intentar escapar del precedente de desinversión que han supuesto las otras ventas de Bankia. La vuelta de la tecnológica al amparo financiero del Estado (era pública hasta 1999) puede suponer una tregua en el “brutal acoso”, según fuentes de analistas bursátiles, que sus acciones han sufrido durante los meses, por un lado, por la actuación de los operadores bajistas y, por otro, de los fondos de capital riesgo estadounidense que en los últimos meses sobrevuelan el mercado español, en busca de gangas, dada la debilidad de la cotización de muchas de las firmas emblemáticas españolas.

El principal señuelo sobre el que los fondos especulativos han puesto su mirada es el paquete de participaciones industriales de Bankia. La antigua agrupación de cajas convertida en banco y posteriormente nacionalizada, sufre la presión de Bruselas para que se deshaga de su paquete de acciones industriales, y aunque tiene de plazo hasta final de 2014, el aliento en la nuca de la acción coordinada de los operadores bajistas en bolsa y de los fondos especulativos, han convertido el día a día de la propia Bankia y de las empresas en que participan en un verdadero infierno.

Fuentes financieras recuerdan que Bankia ha logrado colocarla a Indra al Estado con un descuento del 2,4%, esto es, que han logrado deshacerse de la acción a mejor precio que en bolsa. La puesta en el mercado de una participación tran grande hubiera ahogado la cotización, aunque se especuló con una colocación escalonada.

Buitres sobre Bankia

La voz de alarma se produjo hace poco más de un mes con la venta “desordenada y a contracorriente” del 12% que Bankia tenía en IAG, el grupo resultante de la fusión de Iberia y British Airways. Esta participación del banco nacionalizado en el grupo aéreo internacional se había convertido en la única garantía con la que contaba el Gobierno español y el Ministerio de Fomento, ante los planes del consejero delegado de IAG, Willie Walsh, de reconvertir la antigua aerolínea de bandera en una empresa especializada en tráficos de bajo coste. Esta estrategia ha sido cuestionada por la ministra de Fomento Ana Pastor ya que, de hecho, supone la reducción a la mínima expresión del papel de Iberia como líder del tráfico transoceánico entre Latinoamérica y Europa y, a la vez, el ocaso del aeropuerto de Madrid-Barajas y su costosa Terminal 4, como puerta de embarque entre ambos contientes.

Para evitar que Indra pudiera seguir los pasos de Iberia, el Gobierno, la SEPI y la dirección de Bankia han diseñado esta operación que, según fuentes de la tecnológica, dan una perspectiva de tranquilidad después de varios meses de grandes presiones en los mercados. La decisión se ha recibido con un alza del 9% en los mercados. BBVA ha sido la entidad encargada de tutelar la operación. Desde la SEPI, el director de participadas del departamento de Defensa, Bartolomé Lora, insiste en que aún no se ha tomado una decisión sobre el futuro de Indra. "Somos el instrumento de política industrial del Estado y se nos ha pedido la intervención", resume Lora.

Además, el lunes Liberbank, la entidad resultante de la suma de diversas cajas como Cajastur o Caja Castilla-La Mancha, anunció que ha encargado a Société Generale el mandato de verder el 5% que también posee en la tecnológica. Lieberbank es una de las entidades que  ha necesitado ayudas públicas para salir adelante. En este caso sí se hará por el procedimiento de colocación acelerada, por el que se diluirá la participación en el mercado entre manos invisibles. Cabe destacar, que Liberbank venderá a un precio mucho mejor gracias al anuncio de la entrada del Estado en el capital. En un solo día sus acciones valen casi un 10% más que si lo hubiera tratado de vender el viernes.

Por su parte, AENA defiende la compra de aeródromos en el extranjero, además de Luton también cerró la semana pasada la compra del aeropuerto de Cali en Colombia, por cuatro millones de euros, como vía para enriquecer a la compañía antes de privatizarla. La teoría es que con activos internacionales la compañía gana atractivo para luego venderla. Lo cierto es que Abertis ha estado atenta en ofrecerle a AENA estos activos. Ambas compañías, una pública y otra privada, han sido socias en numerosas aventuras empresariales y tienen un pasado de intercambios de negocios con solera.

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