| Los fondos para pagar el paro se acabarán en octubre, si no baja el coste mensual | |
| Las prestaciones podrían generar un agujero presupuestario de 6.000 millones este año | |
De esta forma, si el gasto mensual no baja, los 26.993
millones de euros asignados para pagar las prestaciones por desempleo se
terminarán en torno a octubre, ya que no bastan ni para pagar diez nóminas. No
obstante, el Gobierno espera que el coste del desempleo empiece a reducirse en
los próximos meses, tras la rebaja de las prestaciones a partir del sexto mes.
Aunque esta predicción se cumpla, lo cierto es que será
complicado que el gasto en prestaciones por desempleo no se desborde, como ha
ocurrido en la mayoría de los años de la crisis. Si el coste mensual se
mantiene, el gasto en todo el ejercicio rondará los 33.000 millones de
euros, con una desviación de casi 6.000 respecto al presupuesto elaborado.
El Fogasa podría
quedarse sin dinero en julio
Pero si el Gobierno ha calculado mal la nómina de los
parados, mucho peor lo ha hecho con la estimación de pagos del Fogasa. El
Ejecutivo redujo un 30 por ciento su asignación anual hasta los 843 millones de
euros y sólo en el primer trimestre del ejercicio, ya se han consumido 364
millones.
De esta forma, si el gasto mensual continúa en torno a los
120 millones, el Fondo de Garantía Salarial se quedará vacío
aproximadamente en julio. Es decir, tendría que aprobarse un crédito extra para
cubrir los pagos de salarios e indemnizaciones de las empresas en quiebra
durante la segunda mitad del año.
De continuar los gastos en los niveles de ahora, el fondo
necesitaría unos 1.456 millones de euros, generando un agujero de unos 400
millones de euros.
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jueves, 11 de abril de 2013
EL DINERO DEL PARO SE ACABARA EN OCTUBRE
PRIMAVERA CALIENTE EN ESPAÑA, LA POLICIA YA HA AVISADO
La Policía ya ha avisado al Gobierno: se avecina una primavera 'caliente' en la calle
El director general de la
Policía, Ignacio Cosidó, y la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes (EFE)
Los servicios de información
de la Policía han advertido al Gobierno de que el orden público puede verse
gravemente alterado en los próximos meses como consecuencia del malestar
social derivado de la crisis. Según los datos proporcionados por las fuerzas de
seguridad, las movilizaciones de protesta contra las políticas de austeridad del
Ejecutivo y, en general, por el deterioro de la situación económica
experimentarán en las próximas semanas un repunte que puede afectar seriamente
al orden público y dificultar la acción del gabinete de Mariano Rajoy.
El propio director general de la Policía, Ignacio Cosidó, admitió ayer en la inauguración de la I Convención de Mandos de la Policía que “vienen momentos complicados en los próximos meses, incluso más que los que hemos tenido hasta ahora”. Cosidó pidió a los agentes su colaboración para tratar de contener las concentraciones que se avecinan y aseguró que la situación será en lo que resta de 2013 peor que en 2012, aunque matizó que las previsiones del Gobierno son que “2014 sea mejor que 2013 y que 2015 sea aún mejor que 2014”.
La alerta ya ha sido transmitida a Moncloa, según confirman fuentes policiales consultadas por este diario. Los servicios de información han detectado un aumento de la movilización de los grupos que han estado liderando hasta ahora las marchas contra los recortes del Gobierno y contra la actual ley hipotecaria, sobre todo, y también la reactivación de elementos radicales de la extrema izquierda que podrían contribuir al deterioro de la paz social. Desde las convocatorias de Rodea el Congreso, en los pasados meses de septiembre y octubre, estas corrientes han permanecido relativamente aletargadas.
La llegada del buen tiempo, un factor clave
El inicio de las movilizaciones puede venir acompañado del buen tiempo, un factor al que los expertos confieren una trascendencia determinante por su capacidad para activar protestas en espacios públicos. Así ha ocurrido en ocasiones anteriores. El 15-M, por ejemplo, se desarrolló en un cálido mes de mayo. Aunque la primavera astronómica ya ha comenzado, en la capital el frío se resiste a marcharse. Y la Policía cree que cuando esto ocurra, comenzará a arreciar la expresión del descontento en las calles.
Al Gobierno le preocupa que las marchas aisladas que se han ido sucediendo hasta ahora provoquen un efecto llamada que cristalice en un movimiento de protesta generalizado que incluso ponga en duda el respaldo social de Rajoy, a pesar de la mayoría absoluta que obtuvo en las urnas en las elecciones generales de noviembre de 2011. Que la acción de la policía sea proporcionada será clave para evitarlo, pero el Ministerio del Interior ya ha demostrado algunas dudas en el caso de los escraches, la campaña de acoso contra cargos del PP para exigirles su respaldo a la dación en pago, considerada sólo un anticipo de la primavera que se acerca.
Contradicciones en el Ministerio del Interior
Aunque en un primer momento el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aseguró ayer que se prohibirán las concentraciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a menos de 300 metros de las viviendas particulares de los dirigentes del Partido Popular, el ministro, Jorge Fernández Díaz, rectificó sólo unas horas después estas palabras afirmando que no se ha dado ninguna consigna específica a los agentes sobre la distancia a la que deberá situarse el perímetro de seguridad de los domicilios. Tan sólo que será un margen “prudencial”, en consonancia con Cosidó, que también había considerado que se trataba de una cifra meramente “orientativa”. Sin embargo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) divulgó una orden del día anterior enviada por la Secretaría de Estado de Seguridad a las comisarías de toda España con la instrucción firme de aplicar la distancia de 300 metros en todos los casos de escrache.
El objeto de las contradicciones que experimentó ayer el departamento de Interior, con hasta tres versiones distintas, es sólo anecdótico, pero ilustra el celo que está poniendo el Gobierno en evitar soliviantar los ánimos de los organizadores de las coacciones a diputados y cargos del PP. De hecho, hasta el momento, la mayoría de las intervenciones policiales se han limitado a identificar a los participantes en las concentraciones que ya han tenido lugar frente a más de una quincena de viviendas de dirigentes populares, entre ellas la de la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, un incidente que ha causado enorme inquietud en Moncloa.
La ayuda de la Policía
Martínez aprovechó ayer la presencia de más de 300 mandos policiales en la convención que celebró el cuerpo en las dependencias de Canillas en la capital para recordar que, pese a las numerosas manifestaciones que ha registrado España en los últimos meses por el deterioro de la situación económica, los primeros 18 meses de la legislatura han trascurrido sin grandes contratiempos en el campo de la seguridad. Pero Martínez pidió ayuda a los responsables de la Policía para afrontar los próximos meses. “Hay actuaciones de la policía que son más populares que otras, pero ese no debe ser el criterio que guíe nuestra actuación, sino el criterio de la legalidad”, afirmó el secretario de Estado de Seguridad. “¿Qué país seríamos si dejáramos que mandaran los que gritan más alto en lugar de los que han sido democráticamente elegidos?”, se preguntó.
Cosidó subrayó que hasta ahora no “se ha producido ningún incidente grave en las miles de manifestaciones” que se han celebrado en los últimos meses en España. “Confiamos en una actuación profesional y equilibrada de la policía en el mantenimiento de la paz social. La convicción que tenemos es que 2013 va a ser un año muy díficil. Estamos en uno de los momentos más complicados de la crisis económica y fiscal”, remachó el director general de la Policía.
El ministro del Interior fue más contundente. “La policía es la que tiene que poner a cada uno en su sitio con la ley en la mano. La policía es la que está garantizando el cumplimiento de la ley, el orden público, la convivencia y la seguridad ciudadana”, afirmó el ministro. Y recordó: “Todos tenemos derecho a manifestarnos y a no manifestarnos. Que la mayoría silenciosa no ceda el paso a la minoría ruidosa”. El resultado del choque se conocerá en las próximas semanas.
miércoles, 10 de abril de 2013
LA FINANCIACION DE LOS PARTIDOS ES DE 83%, ES PAGADA POR EL ESTADO
La financiación de los partidos, al descubierto. El 83% de sus ingresos proceden de subvenciones del Estado
Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/politica/082793/la-financiacion-de-los-partidos-al-descubierto-el-83-de-sus-ingresos-proceden-de-subvenciones-del-estado
Los 'papeles de Bárcenas' o el 'escándalo Amy Martin' en la Fundación Ideas del PSOE han sembrado importantes dudas acerca de la financiación de los partidos. Un estudio demuestra que el 83 por ciento de los ingresos de todas las formaciones políticas en España procede de los fondos del Estado.
El estudio, al que ha tenido acceso El Confidencial Digital, es obra de Mikel Buesa, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y uno de los firmantes de la petición al Gobierno de reformar la normativa sobre partidos políticos, presentada la semana pasada por la asociación Reconversión, liderada por Alejo Vidal-Quadras.
En el informe, se explica que durante el periodo que va de 2007 a 2012, las subvenciones del Estado a los partidos políticos han supuesto para todas las formaciones –salvo UPyD- más de tres cuartas partes de su financiación. En concreto, el porcentaje se eleva, de media, al 83 por ciento.
Por el contrario, las cuotas de los afiliados tienen una participación menor en la financiación de los partidos. El promedio es, en el período ya señalado, de una quinta parte, por lo que sin contar a UPyD esa media no alcanzaría ni el 15 por ciento de las subvenciones a los partidos políticos.
Además, el informe incluye un cuadro en el que se recoge los ingresos de los cuatro principales partidos nacionales de 2007 a 2012, donde se destaca el cerca de millón y medio de euros recibido por el PP en 2011:
Más dinero para campañas electorales
Además de analizar cuánto dinero reciben los partidos por parte del Estado y por parte de sus afiliados, el informe de Buesa también compara las subvenciones públicas que reciben las formaciones antes de unas elecciones, tanto para la campaña electoral como para el envío de papeletas a los votantes.
El estudio revela que, en la campaña para las elecciones generales de noviembre de 2011, el Estado dotó a los partidos de un total de 57,2 millones de euros, de los cuales el 54,7 por ciento correspondió a la subvención de los gastos ordinarios y el 45,3 por ciento a la subvención por envíos domiciliarios.
El reparto de esas subvenciones se realizó en función de los escaños logrados y por el número de votos obtenidos en las circunscripciones en las que los partidos alcanzaron representación parlamentaria.
Ese sistema favoreció a los principales partidos (PP y PSOE) y a los partidos nacionalistas dominantes en Cataluña y País Vasco, como CiU, PNV, y Amaiur. Así lo refleja el siguiente gráfico:
Por otra parte, el informe explica que este tipo de subvenciones del Estado a los partidos acaban cubriendo el 88 por ciento de los gastos electorales de las formaciones que logran escaños. Este es el cuadro de ingresos y gastos de los últimos comicios:
Petición de reforma al Gobierno
Este estudio realizado por Mikel Buesa ha sido uno de los principales argumentos de la asociación Recoversión para presentar una petición al Gobierno para que cambie el actual sistema de financiación de los partidos.
Esa petición, presentada el pasado jueves en la Delegación del Gobierno de Madrid, incluye medidas como la realización periódica de auditorías externas a los partidos, la financiación de los partidos a través de las cuotas a sus afiliados, o la obligatoriedad de celebrar elecciones primarias en los partidos para elegir al candidato a las elecciones.
Los 'papeles de Bárcenas' o el 'escándalo Amy Martin' en la Fundación Ideas del PSOE han sembrado importantes dudas acerca de la financiación de los partidos. Un estudio demuestra que el 83 por ciento de los ingresos de todas las formaciones políticas en España procede de los fondos del Estado.
El estudio, al que ha tenido acceso El Confidencial Digital, es obra de Mikel Buesa, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y uno de los firmantes de la petición al Gobierno de reformar la normativa sobre partidos políticos, presentada la semana pasada por la asociación Reconversión, liderada por Alejo Vidal-Quadras.
En el informe, se explica que durante el periodo que va de 2007 a 2012, las subvenciones del Estado a los partidos políticos han supuesto para todas las formaciones –salvo UPyD- más de tres cuartas partes de su financiación. En concreto, el porcentaje se eleva, de media, al 83 por ciento.
Por el contrario, las cuotas de los afiliados tienen una participación menor en la financiación de los partidos. El promedio es, en el período ya señalado, de una quinta parte, por lo que sin contar a UPyD esa media no alcanzaría ni el 15 por ciento de las subvenciones a los partidos políticos.
Además, el informe incluye un cuadro en el que se recoge los ingresos de los cuatro principales partidos nacionales de 2007 a 2012, donde se destaca el cerca de millón y medio de euros recibido por el PP en 2011:
Más dinero para campañas electorales
Además de analizar cuánto dinero reciben los partidos por parte del Estado y por parte de sus afiliados, el informe de Buesa también compara las subvenciones públicas que reciben las formaciones antes de unas elecciones, tanto para la campaña electoral como para el envío de papeletas a los votantes.
El estudio revela que, en la campaña para las elecciones generales de noviembre de 2011, el Estado dotó a los partidos de un total de 57,2 millones de euros, de los cuales el 54,7 por ciento correspondió a la subvención de los gastos ordinarios y el 45,3 por ciento a la subvención por envíos domiciliarios.
El reparto de esas subvenciones se realizó en función de los escaños logrados y por el número de votos obtenidos en las circunscripciones en las que los partidos alcanzaron representación parlamentaria.
Ese sistema favoreció a los principales partidos (PP y PSOE) y a los partidos nacionalistas dominantes en Cataluña y País Vasco, como CiU, PNV, y Amaiur. Así lo refleja el siguiente gráfico:
Por otra parte, el informe explica que este tipo de subvenciones del Estado a los partidos acaban cubriendo el 88 por ciento de los gastos electorales de las formaciones que logran escaños. Este es el cuadro de ingresos y gastos de los últimos comicios:
Petición de reforma al Gobierno
Este estudio realizado por Mikel Buesa ha sido uno de los principales argumentos de la asociación Recoversión para presentar una petición al Gobierno para que cambie el actual sistema de financiación de los partidos.
Esa petición, presentada el pasado jueves en la Delegación del Gobierno de Madrid, incluye medidas como la realización periódica de auditorías externas a los partidos, la financiación de los partidos a través de las cuotas a sus afiliados, o la obligatoriedad de celebrar elecciones primarias en los partidos para elegir al candidato a las elecciones.
ANDALUCIA EXPROPIARA VIVIENDAS A LOS BANCOS
Andalucía expropiará viviendas a los bancos para impedir desahucios
La Junta multará hasta con 9.000 euros las viviendas vacías de las entidades financieras
La Administración autonómica persigue dinamizar el parque de alquiler
Casi un año ha tardado el Gobierno
andaluz de coalición de PSOE e Izquierda Unida en aprobar una medida de
fuerte impacto social. La huella de IU impregna de cabo a rabo el decreto ley de
Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda
aprobado ayer por el Consejo de Gobierno.
Dos aspectos destacan del proyecto, que entrará en vigor a partir del jueves cuando se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Por un lado, la expropiación del uso de la vivienda a los bancos, durante un máximo de tres años, en caso de desalojos de familias que cumplan con una serie de requisitos y estén en riesgo de exclusión social. Por otro, el fomento del alquiler de viviendas vacías a través de un sistema de penalización en el que se multará con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles.
Dos aspectos destacan del proyecto, que entrará en vigor a partir del jueves cuando se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Por un lado, la expropiación del uso de la vivienda a los bancos, durante un máximo de tres años, en caso de desalojos de familias que cumplan con una serie de requisitos y estén en riesgo de exclusión social. Por otro, el fomento del alquiler de viviendas vacías a través de un sistema de penalización en el que se multará con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles.
“Hoy decimos basta, hasta aquí hemos llegado”, tronó ayer la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), cuando presentó el decreto que puso de contrapunto a la ley hipotecaria que se tramita en el Congreso.
Cortés, que dirige una consejería sin la potencia inversora de otras épocas por las sucesivas amputaciones presupuestarias, ha centrado desde el primer día su gestión en la lucha contra los desahucios. En Andalucía, una media diaria de 46 familias viven esta situación. Desde 2007, se han producido en la comunidad 86.000 desahucios.
En Andalucía hay entre 700.000 y un millón de viviendas vacías, según datos de la Junta, de las que la mitad son propiedad de personas jurídicas (bancos y empresas inmobiliarias). El decreto deja fuera de las sanciones a las personas físicas propietarias de pisos vacíos, a los que se les planteará un paquete de incentivos, sobre todo de carácter fiscal, para que pongan sus casas en alquiler. También se creará un Registro de Viviendas Deshabitadas.
Para que los bancos, las inmobiliarias o las entidades de gestión patrimonial pongan en arrendamiento su depósito de viviendas, la Junta emplea el método del palo más que el de la zanahoria, al establecer un régimen disciplinario que contempla sanciones muy graves, graves y leves.
En el caso de las muy graves, se penaliza con hasta 9.000 euros a las entidades financieras que tengan viviendas vacías. El decreto —que la Junta no hizo público en su integridad ya que tan solo facilitó un resumen porque estaba ultimando su redacción—, no recoge qué pasa cuando un banco pone en alquiler una vivienda al precio que estime conveniente y no logra arrendarla. “Eso no exime de que no sea considerada una vivienda vacía”, dijo Fomento.
La recaudación de las multas se destinará a políticas de vivienda y al patrimonio público de suelo de la Administración. De la regulación quedan exentas las segundas residencias, las de recreo y las afectadas por la legislación turística.
Para dar una solución “inminente” a los lanzamientos, la Junta podrá expropiar a las entidades jurídicas el uso de inmuebles en procedimientos de desahucio en casos de “emergencia social”. Se trata de una medida excepcional que se aplicará durante un máximo de tres años y siempre que los afectados reúnan, entre otros, estos requisitos: que el desalojo genere una situación de exclusión social, contrastada por los Ayuntamientos, que la vivienda hipotecada sea la habitual, y que se acredite una situación de empobrecimiento sobrevenido desde la etapa en la que se concedió el préstamo. Como tope, los que se beneficien de esta medida no podrán superar tres veces el Iprem (532 euros mensuales).
Esta iniciativa se aplicará en el último tramo del proceso de ejecución hipotecaria. Es decir, cuando las entidades bancarias ya han embargado la casa y esta ha sido subastada y adjudicada al propio banco. En estos casos, la Junta pagará al año a la entidad el 2% del justiprecio en el que se haya adjudicado la vivienda. Fomento tiene contabilizadas 119 familias, que han pedido su mediación en las oficinas provinciales abiertas hace cuatro meses, que podrían acogerse a esta solución.
Según Cortés, el decreto, que se tramitará como proyecto de ley en el Parlamento autónomo, no corre peligro de ser impugnado. Lo dijo con estas palabras: “Garantía jurídica plena como la luna llena”. Para el PP andaluz, la Junta “copia” las iniciativas de Rajoy sobre la función social de la vivienda, aunque con “el radicalismo” de IU, opinó la diputada popular Alicia Martínez, quien apuntó “dudas jurídicas”.
ÉL ARZOBISPO DE VALENCIA VENDE TERRENOS DE UNA FELIGRESA QUE ERA PARA HACER UN TEMPLO
El Arzobispado de Valencia vendió a una constructora de viviendas los terrenos que le donó un fiel para hacer un templo en honor de San Jerónimo Hermosilla
Carlos Osoro, actual arzobispo de Valencia
San Jerónimo Hermosilla, santo riojano de la iglesia
católica, se quedó sin templo en la provincia de Valencia por la especulación urbanística del Arzobispado
de la provincia.
El Tribunal Supremo ha condenado ahora a esta institución a devolver las donaciones que le hizo un parroquiano de Gandía, José Pascual R.F., que incluían dos solares para elevar una iglesia en honor al referido Jerónimo Hermosilla, un dominico nacido en Santo Domingo de la Calzada que fue decapitado en Vietman en el siglo XIX. Tras la muerte del fiel, la institución eclesiástica no cumplió los deseos del donante y optó por vender el terrerno a una constructora para edificar viviendas.
La Sala Civil del Supremo ha desestimado el recurso del Arzobispado de Valencia contra la sentencia que le condenó a devolver a la familia del donante todo el dinero obtenido con la compraventa de los terrenos, más los 345.402 euros que el mismo fiel les dió en efectivo en limosnas a lo largo de su vida, y otros bienes, acciones y derechos recibidos tras su muerte en cuantía de 120.000 euros. Todo ello con los intereses legales de las cantidades en metálico que deben ser reintegradas, desde la fecha de la donación, si derivan de áquella, y desde la fecha del fallecimiento del testador, las relativas a los bienes heredados.
El 13 septiembre 1993, José Pascual, que no tenía hijos ni otros herederos forzosos, otorgó testamento abierto en el que instituyó como único y universal heredero de sus bienes al Arzobispado de Valencia, si bien determinando el destino de dichos bienes a la construcción de un futuro complejo parroquial dedicado a San Jerónimo Hermosilla.
En concordancia, el 28 septiembre del mismo año, ambas partes convinieron en documento privado, un contrato o compromiso de donación de dos solares, referenciados ya en el testamento, en favor de la Archidiócesis de Valencia, así como la donación de una cantidad de dinero, que se reconoce ya entregada; todo ello, con idéntico destino en orden a la construcción del templo y sus anejos para actividades pastorales.
El Tribunal Supremo ha condenado ahora a esta institución a devolver las donaciones que le hizo un parroquiano de Gandía, José Pascual R.F., que incluían dos solares para elevar una iglesia en honor al referido Jerónimo Hermosilla, un dominico nacido en Santo Domingo de la Calzada que fue decapitado en Vietman en el siglo XIX. Tras la muerte del fiel, la institución eclesiástica no cumplió los deseos del donante y optó por vender el terrerno a una constructora para edificar viviendas.
La Sala Civil del Supremo ha desestimado el recurso del Arzobispado de Valencia contra la sentencia que le condenó a devolver a la familia del donante todo el dinero obtenido con la compraventa de los terrenos, más los 345.402 euros que el mismo fiel les dió en efectivo en limosnas a lo largo de su vida, y otros bienes, acciones y derechos recibidos tras su muerte en cuantía de 120.000 euros. Todo ello con los intereses legales de las cantidades en metálico que deben ser reintegradas, desde la fecha de la donación, si derivan de áquella, y desde la fecha del fallecimiento del testador, las relativas a los bienes heredados.
El 13 septiembre 1993, José Pascual, que no tenía hijos ni otros herederos forzosos, otorgó testamento abierto en el que instituyó como único y universal heredero de sus bienes al Arzobispado de Valencia, si bien determinando el destino de dichos bienes a la construcción de un futuro complejo parroquial dedicado a San Jerónimo Hermosilla.
En concordancia, el 28 septiembre del mismo año, ambas partes convinieron en documento privado, un contrato o compromiso de donación de dos solares, referenciados ya en el testamento, en favor de la Archidiócesis de Valencia, así como la donación de una cantidad de dinero, que se reconoce ya entregada; todo ello, con idéntico destino en orden a la construcción del templo y sus anejos para actividades pastorales.
El 22 octubre de 1993, José Pascual otorgó escritura pública de donación de la parcela de terreno, integrada por los anteriores solares, en favor del Arzobispado de Valencia. La donación es calificada de pura y simple, si bien respecto de la petición de excepciones fiscales se expresa que la finca donada se destinaría a la construcción de un templo.
José Pascual falleció el 3 febrero 1996, procediéndose posteriormente por el Arzobispado de Valencia a la venta de dicha parcela a una constructora de viviendas.
La deriva especuladora del Arzobispado les ha salido por la culata en este caso. El Supremo confirma la sentencia de la Audiencia de Valencia que declaró nulas las donaciones y la institución de heredero realizadas a favor del Arzobispado, por el incumplimiento de la condición de la construcción del templo de San Jerónimo Hermosilla, condenando al Arzobispado a devolver tanto el dinero obtenido por la venta de la finca donada como el dinero metálico recibido del donante.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Orduña Moreno, resuelve la cuestión de si eran aplicables al caso las exigencias formales del artículo 633 del Código Civil (escritura pública) para la validez de la donación cuando en ésta se había establecido una carga que no había sido instrumentada claramente en dicha escritura.
Se declaró probado en la instancia que, tanto en el testamento abierto como en los documentos de compromiso de venta de solares celebrados con anterioridad a la escritura pública de donación, se establecía que el destino de los bienes debía ser la construcción de un complejo parroquial, si bien en la escritura pública no se había recogido esta carga, salvo en la parte relativa a la petición de excepciones fiscales, en las que se señalaba el destino.
El Arzobispado pretendió en su recurso que se declarase que esta condición, al no estar en la escritura pública, era ineficaz, con lo que eran válidas las donaciones.
La sentencia recuerda la doctrina de la Sala sobre la exigencia de especial forma para la donación de un bien inmueble, que se aplica fundamentalmente en los supuestos en los que existe una escritura pública de compraventa que resulta ser simulación de una donación, considerando en estos casos que la forma de escritura pública de la compraventa no convalida la donación.
El ponente señala que esta doctrina tenía una limitación que se puntualizó en la reciente sentencia de la Sala de 16 de enero de 2013, en la que se decía que “dicha interpretación puede resultar no determinante en aquellos supuestos en donde la causa donandi, como causa digna de tutela, venga integrada en otros hechos esenciales que diferencien la causa de pedir hacia otros ámbitos de aplicación del Derecho, particularmente del Derecho de sucesiones”.
Este supuesto se produce en el recurso de casación resuelto, en el que la causa donandi resultaba del testamento del donante, causalizando todos los contratos celebrados posteriormente.
Se valora también que en la parte de la escritura pública de donación relativa a la solicitud de excepciones fiscales, se contempla el destino de la donación, hecho que, en una labor de interpretación, determina la voluntad real del donante.
UN JUEZ ESTIMA QUE MILES DE HIPOTECAS SON NULAS, POR ABUSIVAS
España: Un juez de Lanzarote estima que miles de hipotecas pueden ser nulas por abusivas
El juez que ya ha anulado una hipoteca por contener intereses moratorios abusivos cree que las razones que han llevado a su decisión se pueden aplicar a miles de casos en toda España, porque se derivan de una sentencia del Supremo y porque ese tipo de cláusulas son habituales en los préstamos.
El juez de Primera Instancia número 4 de Arrecife (Lanzarote), Juan José Cobo Plana, ha adelantado, en una entrevista con Efe, que se dispone a anular todos los procedimientos de ejecución hipotecaria en los que halle intereses de demora superiores al 16%.
Anular entre 50 y 80 procedimientos
Cobo se prepara para anular en los próximas semanas entre 50 y 80 procedimientos de ejecuciones hipotecaria contra particulares que tiene pendientes en su Juzgado, tras haber fallado ayer a favor de una pareja a punto de ser desahuciada de su casa por no pagar a su banco las cuotas del préstamo de compra.Ha subrayado que se ha limitado a aplicar una reciente sentencia del Tribunal Supremo (del pasado 22 febrero) sobre los intereses de demora que, como reproduce el mismo criterio que otra anterior, ya constituye “jurisprudencia de obligado cumplimiento para todos los jueces”.
Este magistrado reconoce que él era de los jueces que, en procedimiento hipotecario, “seguían el manual, sin discutirlo”, porque “la ley está ahí y, mientras no se cambie, no se puede hacer nada”.
Un cambio esencial
Sin embargo, precisa, se ha producido un cambio: el nuevo criterio del Supremo sobre la usura en los intereses de demora.“El Supremo decía hasta ahora -explica- que, así como los intereses convencionales sí pueden considerarse usurarios en el caso de que sean muy altos, los intereses moratorios eran una especie de castigo, de sanción a quien incumple, que se han pactado libremente y que tienes que aguantar”.
“Y si has pactado -añade- el 30%, como en realidad no es una cláusula del contrato, sino una sanción o una pena que te imponen por no cumplir, era perfectamente válido”.
Sin embargo, precisa, la sentencia del Alto Tribunal en la que él se apoya falla que cobrar un 22% de intereses de demora es usura y que eso provoca no solo la nulidad de esa cláusula en particular, sino de todo el préstamo y, con él, la hipoteca que lo garantiza.
Ahora están “libres de cargas”
El caso que este juez examinó en su resolución de ayer contenía unos intereses de demora del 19%, muy por encima de los intereses generales que rigen en el resto de la práctica bancaria.Cobo Plana explica que anular la hipoteca, como él hizo ayer, implica que la casa de la pareja que estaba en el procedimiento de ejecución “queda libre de cargas” y el banco ahora solo puede reclamarle “la deuda principal, sin intereses”, pero por el procedimiento ordinario.
Este magistrado resalta que los intereses de demora que cobraba el banco a estos clientes por retrasarse en el pago no son algo excepcional, sino constituyen una práctica habitual en las hipotecas, donde el retraso en pago de las cuotas suele estar penalizado con entre un 19 y un 22%.
Su auto sostiene que, concebir los intereses de demora como un castigo al incumplidor, “carece de sentido de actualidad”, porque los ciudadanos no dejan de pagar sus hipotecas por “culpa o negligencia”, sino porque han perdido el empleo como consecuencia de una crisis que, en parte, han provocado los propios bancos.
“Pensar en diez años atrás en todo el sistema económico es pura prehistoria: vivimos en un momento en el que cuando alguien deja de pagar un préstamo hipotecario, no es por culpa suya. El 99% de las personas que dejan de pagar es porque se han quedado sin empleo y, a diferencia de otras épocas, no van a conseguir otro por mucho que lo intenten”, argumenta Cobo Plana.
“No tiene ningún sentido imponer que las entidades financieras, que son en parte responsables de esta situación de crisis, se beneficien de intereses moratorios, concebidos como una sanción a un señor que no tienen ninguna culpa de lo que ha pasado”, recalca.
El juez Cobo Plana dice que es “importante” que los afectados por procedimientos de ejecución hipotecaria conozcan esta nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo, hablen con sus abogados y puedan plantear ese motivo de oposición
Y cuando se le pregunta a cuántos podría ser aplicable, sentencia: “El Consejo General del Poder Judicial calcula que hay 20.000 ejecuciones de vivienda en toda España. Si se siguiera (esta jurisprudencia) en todos los juzgados, serían las 20.000″.
OTRO SUICIDIO POR LA CRISIS ECONOMICA
España: Una pareja de Santiago de Compostela se suicida por “motivos económicos”
Un hombre y una mujer han sido hallados en la tarde de este martes muertos por impactos de bala en la misma habitación de una vivienda en Santiago de Compostela. Los indicios hallados por la Policía apuntan a un “suicidio concertado” entre ambos.
Junto a los cuerpos se encontró una nota manuscrita en la que las dos personas explicaban la razón por la que decidieron quitarse la vida y que apuntan a “motivos económicos”, según fuentes policiales.
Los cuerpos han sido localizados en una habitación de un domicilio en la calle Lisboa, del barrio compostelano de Fontiñas.
Al lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Nacional, que ha abierto una investigación, aunque los primeros indicios apuntan a un suicidio pactado entre la pareja.
Los fallecidos, un hombre de unos 50 años, y una mujer de unos 35, presentaban impactos de arma de fuego y se hallaban juntos en la misma habitación del domicilio.
GUERRA DE COREA LISTO PARA EMPEZAR
EE.UU: Corea del Norte, lista para un ataque
EE.UU. cree que Pyongyang ha terminado las preparaciones para el lanzamiento de misiles balísticos y puede atacar en cualquier momento.
Según datos de servicios de inteligencia, Corea del Norte ha terminado las preparaciones para el lanzamiento, informa la CNN.
El martes el almirante Samuel Locklear, jefe del mando estadounidense del Pacífico, aseguró que Corea del Norte había instalado un misil de medio alcance en la costa oriental del país.
“Un misil tipo Musudan ha sido transportado a la costa oriental”, dijo Locklear ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado.
El misil tipo Musudan, conocido también como Taepodong X, tiene un alcance de entre 5.000 y 5.500 kilómetros, lo que significa que podría alcanzar las base estadounidense en Guam, añadió.
Los misiles y la capacidad nuclear de Corea del Norte representan una amenaza para EE.UU., agravada por la personalidad impredecible e “impetuosa” de su joven líder, añadió en su discurso el funcionario.
EL VATICANO DESCARGA MATERIAL PORNOGRAFICO
Revelan que en el Vaticano descargan material pornográfico
El portal TorrentFreak, un blog dedicado a recopilar las últimas noticias del protocolo BitTorrent y de intercambio de archivos, ha publicado un listado con los temas más descargados en la Ciudad del Vaticano, que alberga la Santa Sede.
A pesar de que la piratería no es muy alta en la ciudad-estado, el análisis realizado advirtió una curiosa tendencia. Las estadísticas demuestran que en el Vaticano sienten cierta predilección por las series de televisión, la música y algunos que otros éxitos de cine en cartelera. Asimismo, en la lista de géneros descargados la pornografía ocupa los lugares 8, 13 y 14.
Conforme a un sondeo realizado en 2012 por un instituto religioso, uno de cada cinco clérigos confesó haber visitado páginas web de contenido erótico en los últimos 6 meses, mientras que el 16% de los encuestados indicó que “prefería no responder a la pregunta sobre el uso personal” de ese tipo de páginas.
EN ALEMANIA YA EMPIEZAN LOS DESAHUCIOS
Hispan Tv: Los desahucios se propagan por Europa y Alemania, a pesar de ser el motor de la unión, también se resiente.
Hoy, muchos berlineses se han levantado más temprano de lo habitual. Alrededor de las 6 mañana empezaban a llegar a la calle Aroser 92 para protestar, por tercera vez, contra el desalojo de Rosemarie. Se trata de una mujer de avanzada edad y enferma, que se ha retrasado con el pago del alquiler.
A pesar del frío y las bajas temperaturas, jóvenes y no tan jóvenes siguen aglutinando esfuerzos para protestar contra la injusta situación y no se han dejado intimidar, por la presencia de los 150 policías desplazados a la zona.
La plataforma de stop desahucios de Berlín ha tomado como ejemplo las sentadas de los afectados por la hipoteca en España, con los que mantienen contacto.
Un virus que parece extenderse. La canciller debería tomar medidas, si no quiere que los desalojos también enfermen sus comicios.
Más de dos horas se ha estado luchando para intentar evitar el desahucio pero esta vez no se ha podido conseguir.
lunes, 8 de abril de 2013
LAS PRUEBAS QUE IMPLICAN A LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO, POR CORRUPCION
La esposa del presidente del Congreso movió millones en negro con un banco de su familia que acabó intervenido
Blanca de la Mata, esposa de Jesús Posada, manejó 180 millones de pesetas en
dinero negro en 1988 a través de unos pagarés diseñados para esquivar a
Hacienda. Al cambio actual, descontada la inflación, equivalen a 2,5 millones de
euros
La familia política de la tercera autoridad del Estado gestionó a finales de los ochenta cientos de millones en efectivo mediante un banco del que eran accionistas: Eurocapital. Quebró en 1991, fue intervenido por el Banco de España y en él se descubrió una multimillonaria caja negra
Jesús Posada confirmó en un primer momento a eldiario.es que su esposa había regularizado con Hacienda esos millones, pero después lo ha negado
La familia política de la tercera autoridad del Estado gestionó a finales de los ochenta cientos de millones en efectivo mediante un banco del que eran accionistas: Eurocapital. Quebró en 1991, fue intervenido por el Banco de España y en él se descubrió una multimillonaria caja negra
Jesús Posada confirmó en un primer momento a eldiario.es que su esposa había regularizado con Hacienda esos millones, pero después lo ha negado
El presidente del Congreso, Jesús Posada, y su esposa, Blanca de la Mata, en
la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag, en San Lorenzo del Escorial en septiembre
de 2002. EFE/CHEMA MOYA/nr
Cheques al portador llenos de ceros. Dinero negro. Un banco con
contabilidad en B que acabó quebrado, que tuvo que ser intervenido y que dejó un
agujero de 17.000 millones de pesetas. Y en medio de toda esta trama, una
familia aristócrata y multimillonaria con fuertes conexiones con la política:
los De la Mata y Pobes, dueños de una de las principales distribuidoras de
bebidas alcohólicas de España. La redacción de eldiario.es ha podido acceder a
una
relevante documentación inédita que demuestra la implicación de Blanca de la
Mata y Pobes –la esposa del hoy presidente del Congreso, Jesús Posada–, su madre
y sus hermanos en el manejo sistemático de dinero negro y en uno de los mayores
escándalos financieros de esa época: el caso Eurocapital.
España, 1988. La conciencia fiscal es escasa entre los más ricos.
Las grandes fortunas del país acuden de forma masiva a un refugio para el dinero
negro ideado por el propio Gobierno, de la mano del socialista Miguel Boyer, que
prefiere que al menos el capital no huya del país. Es una suerte de paraíso
fiscal sin salir de casa: unos pagarés del Tesoro opacos para el fisco, que no
tenían retención, que no pagaban impuestos, que apenas generaban rentabilidad y
que solo servían para mantener el dinero a mano, sin tener que guardarlo en el
colchón o fuera de España. El Estado vendía esos títulos y no hacía preguntas
sobre el origen del dinero.
Entre los millonarios que se benefician de estos pagarés se
encuentra Blanca de la Mata y Pobes, la esposa de Jesús Posada, que usó este
escondite fiscal de manera sistemática y continuada para evitar el pago de
impuestos durante el final de la década de los ochenta, según demuestra la
documentación a la que ha accedido eldiario.es.
La mujer de la hoy tercera autoridad del Estado es hija de Hilario
Pobes, marqués de Vargas, un título que ha heredado su hermano Pelayo. Entre
otras empresas, la familia es dueña de una importante bodega de vino y de una de
las mayores distribuidoras de bebidas
alcohólicas de España: Varma SA. Tras la muerte del padre, en 1976, Blanca y
sus hermanos tomaron las riendas del grupo. Según la documentación a la que ha
tenido acceso eldiario.es, toda la familia utilizó de forma constante y
sistemática estos opacos pagarés del Tesoro para esconder grandes sumas en
efectivo que, aparentemente, salían de las cuentas de la empresa familiar.
Blanca de la Mata no solo recurría a este refugio para el dinero
negro a través de Varma SA, una empresa que dirigía como miembro del consejo de
administración. También lo hacía a título individual, comprando estos pagarés en
un momento, 1988, en el que su marido, Jesús Posada, era el consejero de Fomento
en la Junta de Castilla y León bajo las órdenes de José María Aznar; al año
siguiente le sustituiría como presidente autonómico cuando Aznar fue designado
por Manuel Fraga como nuevo líder de la derecha española.
Todas las operaciones de Blanca de la Mata y sus hermanos se hacían
a través de una sociedad de inversión: Eurocapital. Durante 1988, la esposa de
Posada llegó a pedir a esta firma que invirtiera alrededor de 188 millones de
pesetas en estos pagarés opacos. Al cambio actual, una vez tenida en cuenta la
inflación, la cifra equivaldría a 2,5 millones de euros.
La bancarrota de Eurocapital
En 1991, esta sociedad de inversión protagonizó uno de los mayores
escándalos financieros de la época al quebrar
ella y su filial, el Banco
Europeo de Finanzas. El "chiringuito financiero" –como lo definieron en esos
años– fue intervenido por el Banco de España, que descubrió una contabilidad B
con una caja negra por valor de 5.000 millones de pesetas.
Una vez saneado, el banco fue vendido por una peseta a Unicaja.
Las operaciones con dinero negro en pagarés de Blanca de la Mata en
1988
En los años previos a la quiebra, esta entidad financiera tenía a
los Mata y Pobes entre sus principales accionistas: eran dueños de un 20% del
banco. El cuñado de Posada, José Manuel de la Mata, se sentaba en su consejo de
administración. Toda la familia a título individual y las distintas empresas del
grupo Varma SA utilizaban a Eurocapital para canalizar el dinero negro en estos
pagarés del Tesoro. Tras la quiebra, el Banco de España inhabilitó
al cuñado del presidente del Congreso con tres años sin poder ejercer ningún
cargo en una entidad financiera y le condenó a pagar una multa de un millón de
pesetas.
Jesús Posada reconoció a la redacción de eldiario.es que su mujer, con la que está
casado en régimen de separación de bienes, se había acogido a una regularización
fiscal posterior para normalizar la situación. Así lo señaló en el transcurso de
una reunión con la redacción de eldiario.es celebrada el 4 de
abril en Madrid, en la cafetería de un hotel cercano al Congreso de los
Diputados. Posada insinuó que nunca le gustó el escarceo financiero de su
familia política: "Me alegré de que dejaran ese tipo de inversiones y se
dedicaran solo a su negocio de importación de bebidas, que es lo que mejor saben
hacer".
Pocas horas después, el presidente del Congreso cambió de versión
y, a través de un portavoz oficial, corrigió telefónicamente su primera
explicación para matizar que todos los fondos de su familia política procedían
de "dinero en A" y que nunca hubo regularización fiscal alguna.
Sin embargo, los clientes de Eurocapital sí regularizaron
su situación con Hacienda, según relatan las hemerotecas de la época. De
forma general, y sin relación con esta firma de inversión, las fortunas que
invirtieron en este tipo de pagarés se acogieron a la amnistía fiscal de 1991,
ideada por Carlos Solchaga para poner fin a esta práctica.
Uno de los cheques a nombre de Blanca de la Mata
Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, Blanca de la Mata, sus hermanos
y su madre manejaron sorprendentes cantidades de dinero en efectivo o en cheques
al portador durante esos años, entre 1988 y 1991. Llama especialmente la
atención un cheque nominativo por valor de 153 millones de pesetas que recibió
la esposa del dirigente conservador a cargo de las cuentas de Varma SA y que,
según los certificados de Eurocapital, se invirtió de forma íntegra en estos
opacos pagarés del Tesoro. Un portavoz de la empresa asegura que esos talones
tuvieron como origen la venta de un 30% de Varma SA a la bodega francesa Rémy Martin. Este
diario no ha podido confirmar la operación ni tampoco que la compraventa se
realizara con dinero en A.
Cómo se guardaba el dinero negro
El mecanismo para mantener el dinero lejos de la vista de Hacienda
era relativamente sencillo. De la Mata encargaba a Eurocapital que comprara
pagarés del Tesoro. La mujer de Posada pagaba en efectivo o con cheques. La
rentabilidad media que conseguía era del 8,30%, muy por debajo del interés de
mercado en ese momento. En 1988, el precio del dinero en España era del 11% y
los bancos ofrecían productos financieros legales con rentabilidades
garantizadas de hasta el 18%. La única ventaja que tenía esta inversión tan poco
rentable es que ese dinero quedaba escondido de los inspectores fiscales, no
pagaba impuestos y generaba unos pequeños rendimientos que no existirían si los
billetes se guardasen en una caja fuerte.
Cuando el plazo fijado vencía –entre un día y tres o cuatro meses
como máximo–, De la Mata volvía a reinvertir sus millones más el interés
conseguido en nuevos pagarés del Tesoro, aunque en ocasiones sacaba una parte de
los rendimientos en efectivo. Ese dinero simplemente desaparecía.
Este subterfugio fiscal fue puesto en marcha por
Miguel Boyer en 1984 como último reducto del dinero negro, tras la primera
gran reforma tributaria de la democracia. Economía planeaba ir reduciendo poco a
poco los pagarés en circulación, de forma que este resquicio
legal y fiscal desapareciera más adelante. Sin embargo, el plan inicial
nunca se cumplió y la bola de dinero negro creció y creció hasta alcanzar en
1990 los 3 billones de pesetas. Finalmente, Solchaga promulgó una amnistía
fiscal en 1991 y canjeó esos pagarés opacos por deuda pública especial, que sí
estaba ya legalizada.
A este programa también se le bautizó como Pagarés Borrell porque
se entendía que el secretario de Hacienda de la época, Josep Borrell, era uno de
los mentores de la idea. Entonces se le calificó como “amnistía parcial”: una
estratagema autorizada por el Estado para esconder el dinero negro. Sin embargo,
a diferencia de una auténtica amnistía, si los inspectores fiscales encontraban
estos pagarés, podían actuar con toda la maquinaria del Estado contra sus
propietarios. Es decir, si en el curso de una investigación se localizaban estas
sumas, Hacienda pedía su parte correspondiente y penalizaba a su dueño como a
cualquier otro defraudador. Igual que si el dinero negro se hubiese encontrado
en una caja fuerte.
Precisamente el secretario general de Hacienda entre 1984 y 1987,
Juan Francisco Martín Seco, escribió en su libro “La farsa neoliberal”,
publicado en 1995 (Temas de Hoy), cómo se ideó y se mantuvo este sistema. “Por
su naturaleza, los pagarés del Tesoro irían exclusivamente a manos de los
tenedores de dinero negro, porque cuando se tratase de inversiones legales no
habría razón alguna para no invertir en otros activos más rentables”, explica el
exalto cargo socialista en el texto.
Era un monopolio estatal del dinero negro: el Estado era el único
que podía emitir estos pagarés. Y la disculpa para justificar este sistema fue
que obligar a todos los ricos del país a regularizar de golpe su dinero habría
supuesto una fuga masiva de capitales; una suerte de debacle. Del uso que se
hacía de estos instrumentos había pocas dudas, hasta el punto de que Josep
Borrell llegó a pregonar en su momento las virtudes de esta inversión para los
defraudadores: "Si la gente fuera racional, quienes tienen
grandes cantidades de dinero negro comprarían pagarés del Tesoro ahora".
El País Vasco, que se rige por su régimen foral y tiene una
fiscalidad propia, copió la idea del Gobierno central y al principio de los
noventa también se lanzó a emitir activos ocultos. La esposa de Posada también
se apuntó a esta posibilidad y, entre 1989 y 1991, Blanca de la Mata invirtió 53
millones de pesetas en pagarés de la Diputación de Álava. Era un modelo igual de
opaco, pero mucho más lucrativo. En 1990, la rentabilidad media que logró la
esposa del presidente del Congreso con la Diputación alcanzó el 13%.
Fueron precisamente durante esos tres años, de 1989 a 1991, cuando
Jesús Posada presidió la Junta de Castilla y León. Ya llevaba más de una década
en política.
LOS ROBOS EN GRANJAS, AUMENTAN UN 30%, EL HAMBRE SE MANIFIESTA EN ESPAÑA
Valencia: Los robos en granjas aumentan un 30% en la Comunitat por el alto precio de la carne
Fuente: http://www.lasprovincias.es/v/20130406/comunitat/robos-granjas-aumentan-comunitat-20130406.html
El aumento de los precios de la carne ha disparado los robos en las granjas de la Comunitat Valenciana. Miles de cerdos, conejos, gallinas y corderos, entre otros animales, acaban cada semana en manos de ladrones ante la impotencia e indefensión de los afectados.
Desesperados, indignados y hartos, los granjeros de varias comarcas de las provincias de Valencia y Castellón ya no saben qué hacer para frenar la oleada de asaltos. La Unió de Llauradors i Ramaders y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) cifran en un 30 por ciento el aumento de los robos en las explotaciones avícolas y ganaderas en el último trimestre.
La crisis económica y el alto precio de la carne de estos animales, superior al de los productos agrícolas, parecen ser dos de los detonantes de la ola de asaltos. Las granjas de cerdos son el objetivo principal de los delincuentes, por el mayor valor de su carne en el mercado, aunque tampoco se salvan las instalaciones de pollos, conejos y ovejas, así como las colmenas.
Hace un mes y medio, un grupo de ladrones robó 56 colmenas, con un valor aproximado de 5.000 euros, en una finca particular situada en pleno monte en el término de Gilet. Un cazador vio dos vehículos sospechosos en la zona, pero la Guardia Civil no pudo identificar a los delincuentes.
«Cuidamos las abejas durante todo el año para que nos roben la miel cuando estamos a punto de recogerla», se queja Miguel Ángel Navarro.
«Mis colmenas están marcadas con mis iniciales y el número de registro apícola. Es muy difícil que puedan venderlas», añade Navarro, que no sufría un robo de miel desde hace 15 años. «Aquella vez fue un ratero y yo mismo lo pillé, pero ahora son grupos organizados que actúan con total impunidad», afirma el apicultor con gran enojo.
Los ladrones de granjas actúan por toda la geografía de la Comunitat Valenciana, aunque La Unió de Llauradors i Ramaders ha detectado un mayor número de delitos en las comarcas de la Vall d'Albaida y la Ribera -en la provincia de Valencia- y en zonas del interior de Castellón.
En algunos casos degollaron a los animales en pocos minutos en las mismas instalaciones, y luego los limpiaron, quitaron las tripas o despellejaron -en el caso de los conejos-, por lo que los granjeros afectados deducen que los ladrones cometen los robos para el consumo propio y venta inmediata de la carne.
Las granjas más asaltadas suelen estar cerca de una carretera. Los ladrones utilizan sus propios coches o furgonetas para transportar los animales muertos sin ningún control sanitario. En los últimos meses, la Guardia Civil ha descubierto en varias ocasiones cerdos muertos dentro del maletero de un automóvil.
El pasado martes, una patrulla de la Guardia Civil interceptó un vehículo sospechoso con tres ocupantes en una carretera de Genovés. Los agentes hallaron cinco puercos muertos en los asientos traseros y el maletero del turismo. Los individuos, que fueron detenidos y puestos a disposición judicial, acababan de robar los animales en Benigànim. Uno de ellos tiene antecedentes por un delito similar.
Además de la pérdida de los cerdos, aves o conejos, los granjeros tienen que reparar los daños que causan los ladrones en puertas, vallas y ventanas. «A veces cuesta más arreglar los destrozos que el valor de los cuatro animales que se llevan», explica José Solera, responsable de la sección de cunicultura y avicultura de AVA-ASAJA. «Y cuando presentas tres denuncias en un año ya tienes problemas con el seguro, porque te suben la póliza o no te la renuevan», sostiene Solera.
Los ganaderos sospechan que algunos robos los cometen grupos organizados que tienen los medios de transporte adecuados -sobre todo en el caso de los cerdos- y venden con facilidad la carne. Estas bandas controlan incluso el engorde de los animales para asaltar las granjas días antes del traslado de los cerdos al matadero; es decir, cuando más peso tienen los puercos y, por tanto, más valor. Los ganaderos afectados ya no saben qué hacer porque los ladrones aprovechan cualquier mínima ausencia para robar.
En Carlet, por ejemplo, José Ayllón, descubrió que habían asaltado su granja durante la hora de la comida. «Nos vigilan y saben cuando entramos y salimos. No tenemos apenas vida familiar porque pasamos el día prácticamente en la granja para que no nos roben», asevera Ayllón.
El aumento de los precios de la carne ha disparado los robos en las granjas de la Comunitat Valenciana. Miles de cerdos, conejos, gallinas y corderos, entre otros animales, acaban cada semana en manos de ladrones ante la impotencia e indefensión de los afectados.
Desesperados, indignados y hartos, los granjeros de varias comarcas de las provincias de Valencia y Castellón ya no saben qué hacer para frenar la oleada de asaltos. La Unió de Llauradors i Ramaders y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) cifran en un 30 por ciento el aumento de los robos en las explotaciones avícolas y ganaderas en el último trimestre.
La crisis económica y el alto precio de la carne de estos animales, superior al de los productos agrícolas, parecen ser dos de los detonantes de la ola de asaltos. Las granjas de cerdos son el objetivo principal de los delincuentes, por el mayor valor de su carne en el mercado, aunque tampoco se salvan las instalaciones de pollos, conejos y ovejas, así como las colmenas.
Hace un mes y medio, un grupo de ladrones robó 56 colmenas, con un valor aproximado de 5.000 euros, en una finca particular situada en pleno monte en el término de Gilet. Un cazador vio dos vehículos sospechosos en la zona, pero la Guardia Civil no pudo identificar a los delincuentes.
«Cuidamos las abejas durante todo el año para que nos roben la miel cuando estamos a punto de recogerla», se queja Miguel Ángel Navarro.
«Mis colmenas están marcadas con mis iniciales y el número de registro apícola. Es muy difícil que puedan venderlas», añade Navarro, que no sufría un robo de miel desde hace 15 años. «Aquella vez fue un ratero y yo mismo lo pillé, pero ahora son grupos organizados que actúan con total impunidad», afirma el apicultor con gran enojo.
Los ladrones de granjas actúan por toda la geografía de la Comunitat Valenciana, aunque La Unió de Llauradors i Ramaders ha detectado un mayor número de delitos en las comarcas de la Vall d'Albaida y la Ribera -en la provincia de Valencia- y en zonas del interior de Castellón.
En algunos casos degollaron a los animales en pocos minutos en las mismas instalaciones, y luego los limpiaron, quitaron las tripas o despellejaron -en el caso de los conejos-, por lo que los granjeros afectados deducen que los ladrones cometen los robos para el consumo propio y venta inmediata de la carne.
Las granjas más asaltadas suelen estar cerca de una carretera. Los ladrones utilizan sus propios coches o furgonetas para transportar los animales muertos sin ningún control sanitario. En los últimos meses, la Guardia Civil ha descubierto en varias ocasiones cerdos muertos dentro del maletero de un automóvil.
El pasado martes, una patrulla de la Guardia Civil interceptó un vehículo sospechoso con tres ocupantes en una carretera de Genovés. Los agentes hallaron cinco puercos muertos en los asientos traseros y el maletero del turismo. Los individuos, que fueron detenidos y puestos a disposición judicial, acababan de robar los animales en Benigànim. Uno de ellos tiene antecedentes por un delito similar.
Además de la pérdida de los cerdos, aves o conejos, los granjeros tienen que reparar los daños que causan los ladrones en puertas, vallas y ventanas. «A veces cuesta más arreglar los destrozos que el valor de los cuatro animales que se llevan», explica José Solera, responsable de la sección de cunicultura y avicultura de AVA-ASAJA. «Y cuando presentas tres denuncias en un año ya tienes problemas con el seguro, porque te suben la póliza o no te la renuevan», sostiene Solera.
Los ganaderos sospechan que algunos robos los cometen grupos organizados que tienen los medios de transporte adecuados -sobre todo en el caso de los cerdos- y venden con facilidad la carne. Estas bandas controlan incluso el engorde de los animales para asaltar las granjas días antes del traslado de los cerdos al matadero; es decir, cuando más peso tienen los puercos y, por tanto, más valor. Los ganaderos afectados ya no saben qué hacer porque los ladrones aprovechan cualquier mínima ausencia para robar.
En Carlet, por ejemplo, José Ayllón, descubrió que habían asaltado su granja durante la hora de la comida. «Nos vigilan y saben cuando entramos y salimos. No tenemos apenas vida familiar porque pasamos el día prácticamente en la granja para que no nos roben», asevera Ayllón.
PRESIDENTE DEL CONGRESO, IMPLICADO EN OTRO CASO DE CORRUPCION
Acaba de saltar un nuevo escándalo de corrupción exclusiva del eldiario.es
ESTE SEÑOR ES EL SINVERGUENZA
QUE ECHABA DEL CONGRESO A LOS DE STOP DESAHUCIOS AL GRITO DE " ECHARLOS YA COÑO
" Y COMO TANTOS OTROS USAN LA PALABRA DEMOCRACIA COMO
GAS"Cheques al portador llenos de ceros. Dinero negro. Un banco con contabilidad en B q...ue acabó quebrado, que tuvo que ser intervenido y que dejó un agujero de 17.000 millones de pesetas. Y en medio de toda esta trama, una familia aristócrata y multimillonaria con fuertes conexiones con la política: los De la Mata y Pobes, dueños de una de las principales distribuidoras de bebidas alcohólicas de España. La redacción de eldiario.es ha podido acceder a una relevante documentación inédita que demuestra la implicación de Blanca de la Mata y Pobes –la esposa del hoy presidente del Congreso, Jesús Posada–, su madre y sus hermanos en el manejo sistemático de dinero negro y en uno de los mayores escándalos financieros de esa época: el caso Eurocapital."
http://www.eldiario.es/
EL FISCAL, DEFIENDE A LA INFANTA CRISTINA, QUE COSAS
El Fiscal, el defensor de la Infanta Cristina.
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En nuestro Estado y en nuestra sociedad son otros los que sufren a diario la discriminación. No los miembros de la Familia Real, que tienen asegurada su vida y sus bienes y, afortunadamente, salvo el Rey, no son inviolables.
--------------------------
Por Carlos Jimenez VIllarejo.
...
El recurso que el Fiscal ha formulado contra el Auto del Juez de Instrucción acordando que la Infanta Cristina declare como imputada no se ajusta bien a la función que al Fiscal le corresponde en el proceso penal. Pretende, sin conseguirlo, desvirtuar las fundadas razones de aquella resolución.
En su afán de oponerse a dicha decisión judicial, parte de un presupuesto falso, como es que ya no es el momento de que el Juez Instructor acuerde una resolución de ese alcance. Parece desconocer que durante la instrucción de un proceso- que no está concluido – es el Juez y solo el Juez el único habilitado, de conformidad con el Art. 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para llamar a una persona como imputada, a fin de garantizarle el derecho de defensa. Pero hace una equivocada interpretación del principio acusatorio. Llega a sostener, sin citar ni un solo precepto legal, que “no se entiende el sentido de la imputación realizada por el órgano judicial” y añade, con una arrogancia innecesaria, que la aplicación del principio acusatorio “conllevará el sobreseimiento de la causa respecto de Doña Cristina de Borbón y Grecia”, cuando está pendiente la instrucción completa de la causa, la resolución del recurso por el Tribunal y, además, concurren otras acusaciones.
El Fiscal, ante el llamamiento judicial de la Infanta, ha cambiado de posición. Ahora sí estamos ante las auténticas estructuras del poder, que desde luego no representaban Urdangarin y los demás imputados. Si hasta ahora había apoyado plenamente la instrucción del proceso, ahora -reiterando mecánicamente los criterios mantenidos hace un año-, los catorce indicios de culpabilidad de la Infanta se le antojan “circunstancias inocuas, inconsistentes y equívocas” o “meras sospechas personales” que no permiten deducir una “conducta reprochable penalmente”. Pero conviene recordar, como hace el Instructor, que la prueba por indicios, además de estar ampliamente admitida por la jurisprudencia, consiste precisamente en la acumulación de datos, que si bien cada uno de ellos por si mismo no permiten fundamentar una atribución de responsabilidad, “valorados en conjunto”, como hace el Juez, con criterios racionales y deductivos autorizan a fundamentar la responsabilidad penal, siempre desde la provisionalidad que es propia de un acto de imputación. Y, mas aún, cuando ,como en este caso, el conjunto de los indicios conducen a una razonable conclusión. ¿Cómo puede admitirse que la Infanta Cristina esté formalmente presente en diversas entidades y actos institucionales y sociales que guardan directa relación con la actividad delictiva de su marido y otros socios de este, hasta el punto de ser advertida de ello por el Rey, y, durante tres largos años, pudiera ser completamente ajena a cuanto acontecía a su alrededor? ¿Por qué y para qué fue nombrada para dichos cargos si su presencia era tan irrelevante? ¿O era para favorecer un trato privilegiado para los negocios del Instituto Nóos por particulares y Administraciones Públicas? Es, exactamente, lo que parece que trata de esclarecer el Juez.
Ante estos interrogantes, que justifican plenamente la decisión judicial, es incomprensible que el Fiscal alegue que la convocatoria de la Infanta vulnera la igualdad ante la ley y que es objeto de un “trato discriminatorio”. Debería explicar el Fiscal por cuál de los supuestos previstos en el Art. 14 de la Constitución atribuye, nada menos que a un Juez, que ha tratado discriminatoriamente a la Infanta Cristina. Porque es, sin duda, una afirmación temeraria. En nuestro Estado y en nuestra sociedad son otros los que sufren a diario la discriminación en todos los ámbitos de su vida. Pero, de ninguna manera, los miembros de la Familia Real. Que, por razones dinásticas, tienen asegurada su vida y sus bienes y afortunadamente, salvo el Rey, no son inviolables.
Carlos Jiménez Villarejo fue Fiscal Anticorrupción
COREA DEL NORTE PREPARA OTRA PRUEBA NUCLEAR
Corea del Norte parece estar preparándose para realizar una cuarta prueba nuclear subterránea en Punggye-ri, el mismo lugar donde llevó a cabo su tercer ensayo, según informó el periódico ‘JoongAng Ilbo’, citando a una fuente del Gobierno surcoreano.
“Hemos detectado un aumento de actividad del personal y transporte en el túnel del sur del polígono de ensayos nucleares Punggye-ri, donde el régimen ha trabajado en el mantenimiento de las instalaciones desde su tercera prueba nuclear en febrero”, señaló el funcionario. “Las actividades parecen ser similares a las que precedieron la tercera prueba, por lo que estamos vigilando el sitio de cerca”, agregó.
Sin embargo -dijo- “estamos analizando si de verdad es la preparación para una prueba adicional o es sólo para presionar a Seúl y Washington”.
El funcionario agregó esta actividad ha sido monitoreada desde la semana pasada.
Según informó la agencia Yonhap este domingo, Corea del Sur considera también que su vecino del norte podría emprender acciones de provocación, incluyendo el ensayo de un ataque con misiles, posiblemente el miércoles 10 de abril.
El pasado 12 de febrero Corea del Norte realizó con éxito su tercera prueba nuclear, durante la cual detonó un artefacto atómico compacto de gran poder destructivo. Los dos anteriores ensayos se realizaron en los años 2006 y 2009.
WHATSAPP PODRIA SER COMPRADA POR GOOGLE
WhatsApp podría ser comprada por Google por 1.000 millones de dólares
Según se indica en Digital Trends, las dos compañías ya estarían en negociaciones y que la compra ya ha arrancado, por lo que no estamos en la fase de simplemente ver las posiciones que tienen cada una de las compañías. Además, la fuente indica que la información la ha conocido por fuentes internas de Google. Parece ser, por lo tanto, que la adquisición podría no dilatarse mucho en el tiempo.
En lo que se refiere a la cantidad que se está manejando, los 1.000 millones de dólares, no deja de ser curioso que parece que se está convirtiendo es un “estándar” en este tipo de operaciones, ya que esta fue la cantidad que en su momento la propia Google por YouTube y que Facebook abonó para hacerse con WhatsApp. Sinceramente, la aplicación de mensajería puede valer este precio por la cantidad de usuarios que tiene.
Razones para la compra
La más importante es que Google no se puede quedar fuera de un mercado como el de la mensajería…. Y aunque tiene servicios que pueden evolucionar bien (incluso los rumores de nombres como Babble se han disparado) la compra de WhatsApp le permitiría posicionarse como el primero de la clase de un plumazo. De esta forma consigue deshacerse de la competencia y “taponaría” el avance de servicios como Line o MessageMe. Sólo en pensar la cantidad de usuarios que tiene la aplicación (por encima de los 250 millones, ya que hace unos años ya se indicaban estas cifras en medios como The Guardian) hablamos de unos números mareantes.
Por lo tanto, esta posible compra sería un jarro de agua fría para aquellos que intentan posicionarse en el mercado de la mensajería (como por ejemplo Joyn), ya que de confirmarse la compra de WhatsApp por parte de Google, puede darse que esta se integre en Android directamente en un tiempo, lo que sería una estocada “hasta la bola” para la competencia. Y en esto de las grandes compras ya sabe a lo que juega.
De confirmarse este movimiento sería realmente impactante para el sector de la movilidad, ya que colocaría a Google en una posición privilegiada ya que aumentaría sus opciones de servicios para los usuarios móviles y se haría con una de las aplicaciones que mayor cantidad de usuarios tienen en la actualidad. Eso sí, habría que ver si el que WhatsApp funcionaría de la misma forma, como por ejemplo sin anuncios, ya que la publicidad es una de las fuentes de ingresos de los de Mountain View… la verdad es que esta unión (bien pagada, por cierto) sería todo un terremoto. ¿Qué opináis?
Vía: Movil Zona
domingo, 7 de abril de 2013
EL LUJOSO TREN DE VIDA DE LOS EURODIPUTADOS
El fabuloso tren de vida de los eurodiputados
Viajes
de lujo a China, un fin de semana a Azerbaiyán, con helicóptero incluido,
esquiar con la familia en los Alpes…¡Gratis total! Estas tentadoras ofertas que
reciben los eurodiputados (54 españoles) de las multinacionales tienen su
precio.
“Los
parlamentarios reciben orientaciones sobre su voto”, afirma el eurodiputado
austriaco,
Ante
estas graves denuncias de presunto cohecho hacia algunos colegas, La
Celosía trató de recoger las opiniones de los 54 eurodiputados españoles sin
resultado. “Gracias por su mensaje. En estos momentos estamos fuera de la
oficina con acceso limitado a los mensajes de correo electrónico hasta el 8 de
abril”, fue la respuesta del servicio automático de los diputados Juan F. López
Aguilar (PSOE) y Pilar del Castillo y Santiago Fixas (PP). Tampoco se pudo
obtener la opinión de Pablo Zalba (PP), vicepresidente de la Comisión en la que
trabaja el eurodiputado austriaco.
Los
datos publicados
en los medios de comunicación revelan como un eurodiputado
ingresa del orden de 10.000 euros mensuales (6.000 de
salario+4.000 de libre disposición para sus
gastos). Sólo
cuatro europarlamentarios españoles
votaron a favor de dejar de volar en primer clase para ahorrar dinero al
contribuyente (Oriol Junqueras, de ERC, Raul Romeva, de ICV, Ramon Tremosa de
CiU y Rosa Estarás, del PP).
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