Un policía nacional, expulsado del cuerpo por violar a una prostituta
Otro agente, destinado a la comisaría de Alcorcón, también abandona el colectivo por dedicarse a vender drogas
El Consejo de la Policía (máximo órgano rector del cuerpo) decidió ayer la expulsión de un agente condenado en sentencia firme por detener ilegalmente y violar a una prostituta en la colonia Marconi (Villaverde). Otro compañero suyo corrió la misma suerte por vender cocaína y dedicarse a cobrar deudas pendientes del tráfico del estupefaciente, según explicaron fuentes de la institución.
El agente Víctor M. G., adscrito a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), fue condenado por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Madrid como autor de un delito de agresión sexual en concurso medial con otro de delito ilegal. Le impusieron una condena de 10 años y 6 meses de prisión.
Los jueces consideraron probado que el agente acudió en su vehículo particular alrededor de las 23.20 a la calle de Bascuñuelos, donde contactó con una prostituta, Nancy P. Le dijo que estaba de manera irregular en España y que tenía que llevarla a comisaría. La inmovilizó con unas bridas por las muñecas y la metió en el asiento trasero de su coche.
En lugar de dirigirse a la comisaría, el agente ahora condenado paró en un lugar apartado y oscuro, donde obligó a la mujer a quitarse la ropa. El agente empezó a tocarle los pechos. Después la violó bucal, anal y vaginalmente. La víctima logró escapar desnuda. Fue ayudada por un taxista que pasaba por la zona. La trasladó a Getafe, donde denunció lo que le había sucedido.
El agente declaró durante el juicio que se avergonzaba de haber ido “de putas”. También destacó que había trabajado en el País Vasco en la lucha antiterrorista y que sentía verse en la cárcel cuando siempre ha luchado por los derechos de la gente. El tribunal no aceptó estos argumentos y lo condenó.
Otro agente, este de la comisaría de Alcorcón, Javier M. S., también fue expulsado tras haber sido condenado por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial a cuatro años de prisión. Los magistrados le consideraron culpable de vender y distribuir cocaína a pequeña escala. En el registro que se hizo de su vivienda se le decomisaron una balanza de precisión, 5.015 euros en efectivo y dos cuadernos con anotaciones de personas que le debían dinero derivado de dicho tráfico. Por ello, también fue acusado de dedicarse a cobrar deudas impagadas de su ilícito negocio. El agente había sido suspendido cautelarmente de sus funciones el 28 de agosto de 2009.
El tercer caso importante estudiado por el Consejo de la Policía fue el de José David G. P., destinado a la comisaría de Móstoles, que fue condenado a seis años de prisión por un delito de lesiones, entre otros. El órgano rector de la Policía Nacional decidió apartarlo del servicio durante tres años. Según consta en el expediente, el agente llamó la atención a unos jóvenes el 1 de diciembre de 2006, cuando estaban golpeando un contenedor.
Pese a que estaba fuera de servicio, exhibió la pistola y una barra metálica extensible. Lo que no sabía el policía es que los jóvenes eran militares del Ejército de Tierra y le exigieron que se identificara. El policía guardó las armas y salió corriendo. Los militares le alcanzaron y se entabló un forcejeo. El funcionario sacó la barra y golpeó a uno de los jóvenes. Le causó importantes lesiones que tardaron 104 días en curar. Al final, le produjo una pérdida de visión en ese ojo del 85%.
