La justicia declara improcedente el
despido de la tripulación del 'Fortuna'
Los diez tripulantes del «Fortuna», el barco regalado a la Familia Real al que el Rey renunció en mayo, fueron despedidos de forma improcedente y tendrán que ser indemnizados con un total de 1,23 millones de euros, según el fallo dictado hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
La sala de lo social del alto tribunal balear ha estimado la demanda de despido colectivo interpuesta por la tripulación del último «Fortuna» y ha condenado al pago de la indemnización a la empresa adjudicataria del mantenimiento y gestión del buque, Unión Naval Valencia, y a Patrimonio Nacional, titular de la embarcación.
El fallo establece que la empresa naviera y el organismo público estatal tendrán que pagar a los tripulantes de manera solidaria, lo que supone que cada una de estas entidades abonará 617.720 euros que se repartirán entre los despedidos en función de sus años de servicio.
En el juicio celebrado hace dos semanas en Palma tanto Unión Naval Valencia como Patrimonio Nacional aceptaron los hechos planteados por los diez empleados demandantes, cuyas indemnizaciones oscilan entre los 185.000 y los 54.000 euros.
Los tripulantes desistieron de su pretensión inicial de exigir la readmisión a parte de Patrimonio Nacional al asumir que no existía un centro de trabajo en el que integrarse para realizar tareas similares a las que venían ejerciendo.
La sentencia establece que los tripulantes estaban contratados por Unión Naval Valencia, adjudicataria del contrato de mantenimiento del yate del Rey desde 2011, pero todos venían prestando sus servicios en el barco desde años atrás para las diferentes empresas que se habían hecho cargo de este servicio.
Era Patrimonio Nacional la entidad de la que los empleados dependían de manera funcional, e incluso su salario veía determinado por el presupuesto anual para el yate que aprobaba el organismo estatal.
Por todo ello, el tribunal dictamina que se producía una cesión ilegal de trabajadores por parte de la empresa adjudicataria en favor de la sociedad pública, deja sin efecto la extinción de los contratos mediante expediente de regulación de empleo (ERE) que realizó Unión Naval Valencia y ordena la indemnización solidaria de los trabajadores despedidos de forma improcedente.
Los diez tripulantes perdieron sus empleos cuando en la pasada primavera Don Juan Carlos renunció al uso del yate que en el año 2000 le regaló la Fundación Turística y Cultural de las Islas Baleares, una entidad constituida por destacados empresarios del archipiélago para sufragar la construcción de la embarcación.
Este «Fortuna», que costó unos 18 millones de euros, sustituyó a otro yate del mismo nombre que donó a la Familia Real española en 1979 el Rey Fahd de Arabia Saudí, y varios de los trabajadores despedidos habían estado empleados en ambos barcos.
La sentencia establece que los tripulantes estaban contratados por Unión Naval Valencia, adjudicataria del contrato de mantenimiento del yate del Rey desde 2011, pero todos venían prestando sus servicios en el barco desde años atrás para las diferentes empresas que se habían hecho cargo de este servicio.
Era Patrimonio Nacional la entidad de la que los empleados dependían de manera funcional, e incluso su salario veía determinado por el presupuesto anual para el yate que aprobaba el organismo estatal.
Por todo ello, el tribunal dictamina que se producía una cesión ilegal de trabajadores por parte de la empresa adjudicataria en favor de la sociedad pública, deja sin efecto la extinción de los contratos mediante expediente de regulación de empleo (ERE) que realizó Unión Naval Valencia y ordena la indemnización solidaria de los trabajadores despedidos de forma improcedente.
Los diez tripulantes perdieron sus empleos cuando en la pasada primavera Don Juan Carlos renunció al uso del yate que en el año 2000 le regaló la Fundación Turística y Cultural de las Islas Baleares, una entidad constituida por destacados empresarios del archipiélago para sufragar la construcción de la embarcación.
Este «Fortuna», que costó unos 18 millones de euros, sustituyó a otro yate del mismo nombre que donó a la Familia Real española en 1979 el Rey Fahd de Arabia Saudí, y varios de los trabajadores despedidos habían estado empleados en ambos barcos.
