Securitas y Prosegur preparan recortes en sus plantillas en vísperas de asumir competencias públicas
La Ley de Seguridad Ciudadana, que permitirá a los agentes privados vigilar el exterior de las cárceles y detener en la calle, entrará en vigor en los próximos meses. Sin embargo, dos de las mayores compañías del sector, Prosegur y Securitas, preparan un ERE y el descuelgue del convenio colectivo, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).
"Estas decisiones injustas y abusivas se producen en vísperas de la nueva Ley de Seguridad Privada, actualmente en trámite en el Senado", advierte el sindicato, con experiencia en este sector privado y al que no le "parece razonable" que "por un lado se amplíen las competencias a estos trabajadores y por otro se les rebajen las retribuciones y condiciones de trabajo".
Securitas emplea a unas 22.000 personas en España, mientra que la plantilla de Prosegur ronda los 28.000 trabajadores.
"Prosegur ha comunicado hoy mismo su intención de iniciar el procedimiento de Despido Colectivo, así como la modificación sustancial de condiciones e inaplicación del convenio en todos los centros de la empresa", anuncia CSIF. Por su parte, "Securitas también ha anunciado a sus trabajadores su intención de 'descolgarse' del convenio colectivo" por la situación económica y productiva de la empresa.
"En los últimos 15 años, los trabajadores del sector han sufrido una pérdida del 25 por ciento de su poder adquisitivo", calcula CSIF, que denuncia un intento de "competencia desleal" de estas empresas
