Los recortes ahogan la prevención y extinción de incendios forestales
- Sindicatos y asociaciones profesionales protestan por la reducción de plantillas y medios para luchar contra los fuegos
- Las organizaciones ecologistas hacen hincapié en la necesidad de centrarse en la prevención
- Los últimos fuegos registrados este verano han tenido lugar en Benaguasil (Valencia) y Almorox (Toledo)
Los incendios forestales son un problema recurrente año tras año en España. Todos los veranos, cientos de hectáreas de pastos y bosques son devoradas por las llamas, lo que en ocasiones supone una grave destrucción de medios naturales, que tardan años en recuperarse. Ante esta situación, las políticas de extinción y también de prevención se muestran fundamentales para evitar y limitar el daño causado por los incendios. Sin embargo, estas políticas también han sido afectadas por la crisis económica.
Los últimos fuegos registrados este verano han tenido lugar en Benaguasil (Valencia) y Almorox (Toledo). En esta última localidad, la Guardia Civil contempla la posibilidad de que haya sido provocado, pues en las inmediaciones de este municipio se han producido cuatro fuegos en los últimos cinco días. El año pasado fue uno de los peores de los últimos 20 en cuanto a incendios forestales, con casi 210.000 hectáreas quemadas (un 82,9% más que la media de las superficies afectadas en los últimos diez años, según datos del Ministerio de Agricultura). Sindicatos y organizaciones ecologistas ya protestaron contra la reducción de personal e inversión en tareas de prevención y extinción de incendios en 2012. Una reducción que Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, cifra en un 30% de media con respecto a 2011 –a nivel autonómico–. El tajo llegó incluso al 50% con respecto al mismo año en algunas comunidades como Castilla y León.
Sin embargo, las partidas destinadas a la lucha contra incendios, lejos de recuperarse, continúan disminuyendo en 2013. Pese a que el Ministerio de Agricultura ha incrementado su presupuesto para la partida de incendios forestales en un 23%, su dispositivo contará conocho aviones menos que en 2012. En cualquier caso, el Estado central tan solo presta apoyo a las comunidades autónomas, de las que depende el grueso de la financiación de los medios y el personal contra los incendios. Y en los presupuestos regionales, los fondos con respecto a 2012 se han visto reducidos en un 15% de media, llegando incluso a la disminución del 30% del presupuesto en Castilla y León, según datos aportados por UGT. En este sentido, Comisiones Obreras ya protestó en junio por los recortes, y además denunció que “este año se ha reducido de manera importante el número de personas por retén”, equipos contraincendios contratados especialmente para la campaña de verano.
Menos inversión en medios materiales
CCOO también denuncia la disminución de “la inversión en medios materiales, apreciándose un envejecimiento del parque automotor, que no puede mantenerse por falta de fondos, ni reponerse por falta de inversión”. En este sentido, la federación gallega del sindicato denuncia que algunos de estos vehículos “superan los quince años”, y que su kilometraje llega a superar en ocasiones los 300.000 kilómetros. También insiste en la importancia de este tema la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza en Aragón (AAPNA), que afirma que los vehículos “son la herramienta básica” para la realización de su labor.
En este ámbito, AAPNA –cuyo ejemplo es exportable a otras regiones–, califica la situación de su parque móvil de “precaria”. “La custodia y vigilancia del medio ambiente aragonés no puede llevarse a cabo convehículos sobrepasados de kilómetros y cuyo estado general es lamentable”, señalan. Estas carencias condicionan en gran medida su trabajo, ya que este “se desarrolla en un entorno sin calles ni carreteras, ni por supuesto transporte público, y con grandes distancias”. “Somos la policía del medio ambiente. Despoja a un policía de su transporte, ponlo en medio del campo y piensa: ¿qué puede hacer?”, apunta un portavoz de la asociación.
Las plantillas también han sufrido el efecto de las limitaciones presupuestarias impuestas especialmente por las comunidades autónomas. La Junta de Castilla-La Mancha, por ejemplo, presentó el pasado octubre un Expediente de Regulación de Empleo para convertir en trabajadores fijos-discontinuos (tan solo 8 meses) a 1.789 trabajadores fijos del servicio de extinción y prevención de incendios. Este ERE, sin embargo, fue anulado en abril por los tribunales tras una denuncia de CCOO. Igualmente, la empresa pública Gestión Ambiental de Navarra (GAN), que se encarga de tareas como la selvicultura o la ordenación y planificación forestal –labores que contribuyen a la prevención de incendios–, acaba de anunciar un EREque afectará a 50 empleados, de los 125 con los que cuenta la empresa.
Y aunque las cifras puedan resultar frías, estos recortes se traducen en hechos concretos. Heraldo de Aragón se hacía eco en mayo de la situación que sufrían varios agentes forestales de esa comunidad, que no podían llenar el depósito de sus vehículos de trabajo en determinadas gasolineras –por segunda vez en medio año– por el retraso en el pago por parte de la Diputación General de Aragón, circunstancia que se torna más grave al haber ocurrido en plena temporada de verano. Por su parte, CCOO de Galicia denuncia que la Xunta ha firmado un convenio para sustituir 33 puntos de vigilancia profesionales por “radioaficionados y usuarios de vehículos de motor, a pesar de que en verano está prohibido el uso de éstos en el monte”. Este acuerdo es rechazado por el sindicato, cuyo portavoz en el colectivo de agentes forestales, Alejandro Rodríguez, afirma que están a favor de que “participen todos los voluntarios que quieran”, pero sin sustituir al equipo de profesionales.
No sólo escasez de medios y personal
No obstante, hay más problemas que la escasez de medios y personal. Uno de los más denunciados es el deficiente enfoque de los planes antiincendios de las diferentes administraciones, más centrados en la extinción que en la prevención, como denuncian varias organizaciones ecologistas. De esta manera, en el informe “Bosques vulnerables a grandes incendios”, WWF concluye que "entre 2001 y 2012 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente destinó una media aproximada de 50 millones de euros al año a dispositivos de extinción, frente a los 18 millones de euros derivados a tratamientos preventivos. En 2011 y 2012 apenas se destinaron 9 millones de euros en prevención, lo que supone una reducción del 76% respecto a lo invertido en 2008 y 2009. Los presupuestos dedicados a extinción se han mantenido más o menos constantes durante estos años".
Para WWF, los planes de prevención deben centrarse en tres puntos: reducir el uso urbano de los montes, exigir a los municipios o viviendas ubicados en zonas forestales que desarrollen planes de evacuación y defensa frente a los incendios (que incluyan protocolos para el control de la vegetación) e integrar las actividades agrícolas y el pastoreo del ganado en los programas de prevención, con el fin de controlar la aparición de pasto, que arde fácilmente. Greenpeace también hace hincapié en la necesidad de una mayor prevención, y propone fomentar la ordenación de los montes y desarrollar el uso de la biomasa con fines energéticos.
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