Los estudiantes universitarios de 27 años a quienes se les ha alargado la
carrera —o han decidido proseguir sus estudios o preparar una oposición— han
recibido una mala noticia este martes. El
Real
Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes que se ha publicado en el BOE les
excluye como beneficiarios de la cartilla sanitaria de sus
padres. Y si no trabajan o han trabajado anteriormente, el Sistema de
Salud les niega la cobertura a no ser que paguen su asistencia sanitaria.
Para ser beneficiarios deberán ser "menores de 26 años" o
tener "una discapacidad en grado igual o superior al 65%""
No van
a tener ningún problema, su asistencia la van a tener garantizada",
comenta a
20minutos.es un portavoz del Ministerio de Sanidad, que no
especifica, sin embargo, si esa 'asistencia garantizada' tendrá que ser pagada
posteriormente por el paciente.
El artículo 1 del Real Decreto ha establecido los nuevos requisitos para que
una persona tenga derecho a recibir asistencia sanitaria en España con cargo a
fondos públicos. Se establecen cuatro supuestos: primero, ser
"
trabajador afiliado" a la Seguridad Social; segundo, ostentar
la "
condición de pensionista"; tercero, percibir una
"
prestación o subsidio de desempleo"; o cuarto, "
haber
agotado el desempleo y figurar como demandante en la oficina
correspondiente".
En resumen, si un residente en España
no es trabajador, pensionista,
parado o extrabajador en búsqueda activa de empleo... no tendrá la
condición de asegurado ni podrá recibir, en consecuencia, asistencia sanitaria
con cargo al Sistema Público de Salud.
Límite de ingresos
Hasta la fecha, las personas que no cumplían estos supuestos tenían una
opción alternativa: figurar como beneficiarios de la cartilla sanitaria
de otra persona que sí cumpliese alguna de estas condiciones. Una
solución a la que solían acogerse los conyúges que no cotizaban a la Seguridad
Social y los descendientes que tampoco trabajaban por estar estudiando.
Pero ahora el ministerio de Sanidad ha puesto un límite de edad a estos
descendientes para que puedan acogerse a la cartilla de un familiar. Deberán ser
"
menores de 26 años" o tener "
una discapacidad en grado
igual o superior al 65%". Preguntado el Ministerio sobre este supuesto
—descendientes mayores de 26 años que no cumplan los cuatro criterios de
cobertura previstos—, un portavoz del departamento dirigido por la ministra
Ana Mato asegura que "el
punto 3 del articulado responde a esta pregunta".
Quedan dos meses para discutir el articulado con las
ComunidadesEn este tercer apartado, efectivamente, se considera que en el
caso de que no se cumplan ninguno de los supuestos establecidos, "las personas
de nacionalidad española, o de algún Estado de la UE (...) podrán ostentar la
condición de
asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de
ingresos determinado reglamentariamente".
Pero en Sanidad aún se desconoce cuál será este límite de ingresos para que
estos descendientes de 27 años, que antes podían estar cubiertos por la cartilla
sanitaria de sus progenitores, puedan acceder a la condición de asegurado.
"Quedan dos meses para discutir el articulado con las Comunidades,
hay
muchos puntos que deben desarrollarse aún", admiten en el
Ministerio.
Rentistas... y opositores
¿No dispondrá entonces de cobertura un estudiante que disponga de una renta
generada por una herencia, o por un alquiler inmobiliario? "
Si no
cumplen con las condiciones del decreto, tendrán que regularizar su
situación con respecto a los cuatro supuestos, o
carecerán de
cobertura", apuntan desde Sanidad. Y carecer de cobertura, según el
artículo 5 del Real Decreto-ley aprobado, supondrá "el pago de la
correspondiente prestación".
Precisamente a este respecto, el secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba,
ha reprochado este martes la modificación de la condición de asegurado al
Gobierno de Mariano Rajoy y haber dejado fuera del Sistema de Salud a los
estudiantes de más de 26 años —ha puesto como ejemplo a los opositores— y a los
rentistas. "
Su amigo rentista debe estar bufando", le ha dicho
a Rajoy recordándole un argumento que usó el presidente contra el impuesto de
patrimonio.
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