La Policía desarticula
una trama que defraudó 21 millones en subvenciones para el empleo en Andalucía
En noviembre de 2011 se desarticuló el primero de ellos, llevándose a cabo once registros y 14 detenciones en Santiago de Compostela, en A Proba do Caramiñal (ambas en La Coruña), en El Puerto de Santa María (Cádiz) y en el País Vasco.
Recientemente se ha cerrado la tercera fase de esta investigación en la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, con la colaboración de la ONIF Agencia Tributaria, se ha procedido al arresto de ocho personas más y a la práctica de cinco registros domiciliarios.
Entre los detenidos figuran empresarios cuya misión sería ocultar los beneficios obtenidos mediante el cobro irregular de las subvenciones. Contaban para ello con el apoyo de un gestor de activos en Suiza encargado de "colocar" el dinero en paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública.
Al parecer, los arrestados disfrutaban de un "elevado nivel económico", especialmente el máximo responsable de la organización que residía habitualmente en una de las urbanizaciones más "exclusivas" de la Comunidad de Madrid, a pesar de tener fijada su residencia en Luxemburgo.
Además de las detenciones, se ha procedido al embargo de diversos bienes muebles e inmuebles en varios lugares de España, entre los que destacan viviendas de lujo, y a la congelación de activos financieros en el extranjero.
La investigación ha sido desarrollada por la Brigada Central de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDYCO de Sevilla, el GOIT y los Guías Caninos y la ONIF de la Agencia Tributaria.
FUENTE
- Hay implicados empleados públicos cuya
función sería facilitar de forma irregular la concesión de los fondos a
los responsables de las mercantiles.
- Hay un total de 31 detenidos en la trama.
La Policía Nacional da por desarticulada, con un
total de 31 detenciones, una trama que supuestamente obtuvo de forma
ilícita 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo
en Andalucía.
Según ha detallado el Cuerpo Nacional de Policía en un
comunicado, 50 empresas solicitaban las ayudas, y responsables y
funcionarios de la Diputación de Cádiz y el Ministerio de Industria
presuntamente facilitaban la concesión y expertos desviaban los fondos a
paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública.
El conglomerado mercantil beneficiario de estos fondos
se iba a instalar supuestamente en la Bahía de Cádiz, zona con un plan
específico de ayudas para el fomento empresarial. Otra partida de 26
millones de euros fue autorizada, aunque finalmente el dinero no se
llegó a transferir. El principal investigado tenía fijado su domicilio
en Luxemburgo, aunque residía realmente en "una de las urbanizaciones
más exclusivas de Madrid".
Explica la Policía que el entramado investigado se
sustentaría en tres pilares. En primer lugar existía, supuestamente, un
grupo de empresarios encargado de formalizar todos los trámites requeridos
legalmente para la solicitud de este tipo de subvenciones. Posteriormente, entraban
en escena una serie de empleados públicos cuya función sería la facilitación
de forma irregular de la concesión de los fondos a los responsables de las
mercantiles. Finalmente, un segundo grupo de empresarios se encargaría de
ocultar los beneficios para defraudar a la Hacienda Pública.
El entramado empresarial y la estructura de solicitud
de las subvenciones pretendía, aparentemente, la instalación de las empresas en
un polígono industrial de nueva creación en la localidad de Alcalá de los
Gazules (Cádiz) llamado 'La Palmosilla', "a día de hoy inexistente".
CREADAS PARA DEFRAUDAR
La investigación tiene su origen en el año 2011, tras
presentarse una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla por parte de la Agencia
IDEA, perteneciente a la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de
Andalucía. A raíz de esta comunicación, los agentes iniciaron sus pesquisas
sobre un entramado empresarial que se habría creado con la única finalidad de
solicitar ayudas económicas a la propia Consejería de Innovación y Ciencia y al
Ministerio de Industria, para el fomento empresarial.
Las primeras informaciones obtenidas por los
investigadores confirmaron que desde 2008 fueron creadas 50 sociedades
administradas o representadas prácticamente por las mismas personas, apreciándose
una especial concentración durante los años 2009 y 2010. Además, los policías
detectaron dos grupos de empresarios, el de los "gallegos" y el de
los "madrileños", apareciendo en ambos numerosas personas en calidad
de testaferros.
En noviembre de 2011 se desarticuló el primero de
ellos, llevándose a cabo once registros y 14 detenciones en Santiago de
Compostela, en A Proba do Caramiñal (ambas en La Coruña), en El Puerto de Santa
María (Cádiz) y en el País Vasco.
RESPONSABLES Y EMPLEADOS
PÚBLICOS
Agrega la Policía que, en octubre de 2012, las
informaciones obtenidas durante la investigación propiciaron la detención de
nueve funcionarios adscritos a la Diputación de Cádiz y al Ministerio de
Industria. En ese momento también fueron imputados dos responsables del
Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz.
Recientemente se ha cerrado la tercera fase de esta
investigación en la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, con la colaboración
de la ONIF Agencia Tributaria, se ha procedido al arresto de ocho personas
más y a la práctica de cinco registros domiciliarios.
Entre los detenidos figuran empresarios cuya misión
sería ocultar los beneficios obtenidos mediante el cobro irregular de las
subvenciones. Contaban para ello con el apoyo de un gestor de activos en Suiza
encargado de "colocar" el dinero en paraísos fiscales para defraudar
a la Hacienda Pública.
Al parecer, los arrestados disfrutaban de un
"elevado nivel económico", especialmente el máximo responsable de
la organización que residía habitualmente en una de las urbanizaciones más
"exclusivas" de la Comunidad de Madrid, a pesar de tener fijada su
residencia en Luxemburgo.
Además de las detenciones, se ha procedido al embargo
de diversos bienes muebles e inmuebles en varios lugares de España, entre los
que destacan viviendas de lujo, y a la congelación de activos financieros en el
extranjero.
La investigación ha sido desarrollada por la Brigada
Central de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central de la Comisaría General de
Policía Judicial, Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDYCO de Sevilla, el
GOIT y los Guías Caninos y la ONIF de la Agencia Tributaria.
ia+ n e �; �A durante los años 2009 y 2010. Además, los policías
detectaron dos grupos de empresarios, el de los "gallegos" y el de los
"madrileños", apareciendo en ambos numerosas personas en calidad de testaferros.En noviembre de 2011 se desarticuló el primero de ellos, llevándose a cabo once registros y 14 detenciones en Santiago de Compostela, en A Proba do Caramiñal (ambas en La Coruña), en El Puerto de Santa María (Cádiz) y en el País Vasco.
RESPONSABLES Y EMPLEADOS PÚBLICOS
Agrega la Policía que, en octubre de 2012, las informaciones obtenidas durante la investigación propiciaron la detención de nueve funcionarios adscritos a la Diputación de Cádiz y al Ministerio de Industria. En ese momento también fueron imputados dos responsables del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz.Recientemente se ha cerrado la tercera fase de esta investigación en la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, con la colaboración de la ONIF Agencia Tributaria, se ha procedido al arresto de ocho personas más y a la práctica de cinco registros domiciliarios.
Entre los detenidos figuran empresarios cuya misión sería ocultar los beneficios obtenidos mediante el cobro irregular de las subvenciones. Contaban para ello con el apoyo de un gestor de activos en Suiza encargado de "colocar" el dinero en paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública.
Al parecer, los arrestados disfrutaban de un "elevado nivel económico", especialmente el máximo responsable de la organización que residía habitualmente en una de las urbanizaciones más "exclusivas" de la Comunidad de Madrid, a pesar de tener fijada su residencia en Luxemburgo.
Además de las detenciones, se ha procedido al embargo de diversos bienes muebles e inmuebles en varios lugares de España, entre los que destacan viviendas de lujo, y a la congelación de activos financieros en el extranjero.
La investigación ha sido desarrollada por la Brigada Central de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDYCO de Sevilla, el GOIT y los Guías Caninos y la ONIF de la Agencia Tributaria.
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