Las eléctricas insisten en subir la parte regulada de la tarifa más del 20 %
Las compañías hacen oídos sordos a los sacrificios pedidos por el ministro de Industria y piden la aplicación de los denominados peajes de acceso
La situación económica apremia a todos, y en el sector eléctrico, mientras el ministro de Industria habló de un reparto de sacrificios entre «consumidores, operadores y Administraciones», las compañías no se dan por aludidas y persisten en sus demandas. El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, ha propuesto atajar la escalada del déficit de tarifa -que ya supera los 24.000 millones de euros, y amenaza con aumentar otros 5.000 millones este año-, con la aplicación paulatina de dos subidas del 10 % cada una en la parte regulada de la tarifa, también denominada peajes de acceso.
Resulta imposible, por ahora, calcular el impacto de esta propuesta en los consumidores: los peajes representan el 50 % de la variación que se aplica cada trimestre, mientras el otro componente es el precio de la electricidad en el mercado mayorista, que suele oscilar en función de las cotizaciones del petróleo y el gas y de los contratos de suministro a medio plazo. El 1 de abril es la fecha decisiva que permitirá comprobar las intenciones de un Gobierno que, pese a las sentencias contrarias del Supremo, optó por congelar el recibo de la luz en el arranque de año, pero que debe afrontar los cambios necesarios, y seguramente aplicar nuevas alzas, para que el déficit de tarifa acumulado -diferencia entre los costes reconocidos y los ingresos- no siga creciendo.
Aumento de los peajes
Montes defendió los aumentos paulatinos de los peajes y argumentó que el recibo de la luz «podría incluso bajar» si se excluyeran los costes ajenos al sistema, en la presentación de un informe encargado por Unesa, que analiza la evolución económica financiera del sector entre 1998 y el 2010. La principal conclusión de este trabajo es que la rentabilidad obtenida por las empresas eléctricas por la explotación de sus recursos, que se limitaba al 4,5 %, está por debajo de los costes financieros, que superan el 6,3 % y siguen creciendo.
