Dilma: "Mi obligación es oír la voz de las calles"
En una nueva jornada de protestas y bajo
presión, prometió dialogar con "todos los sectores"
Abrumada y sorprendida por las
protestas que estremecen al país y alarmada por los estallidos de violencia,
prometió, por cadena nacional, que convocará a gobernadores y alcaldes a un
pacto para mejorar el transporte e invertir más en educación, salud y seguridad.
Afirmó también que las fuerzas de seguridad no permitirán la destrucción del
patrimonio público.
"Como presidenta, tengo la obligación tanto de oír la voz de las calles como
de dialogar con todos los sectores, pero todo dentro de los principios de la ley
y del orden, indispensables para la democracia", señaló la mandataria.
Frente a los crecientes reclamos de mejores servicios públicos, críticas a la
corrupción y a los despilfarros de dinero en estadios para la actual Copa de las
Confederaciones y el Mundial del próximo año, Rousseff señaló que reunirá a
gobernadores y alcaldes de las principales ciudades brasileñas para elaborar un
plan nacional de movilidad urbana,
que privilegie el transporte
público ; que destinará el 100% de los recursos de la explotación petrolera
a la educación, y que traerá miles de médicos del exterior para ampliar la
atención en todos los rincones del país.
"El mensaje de las calles es pacífico y democrático. Reivindica un combate
sistemático a la corrupción y al desvío de recursos públicos. Todos me conocen;
en eso no voy a ceder", subrayó, en referencia a su aplaudido historial de echar
a los ministros denunciados por sobornos.
Su discurso, muy medido, de tono calmado, grabado antes y de apenas diez
minutos, llegó 24 horas después de que
Brasil se estremeciese con
manifestaciones en todo el país , de las que participaron más de un millón
de personas. Las protestas surgieron hace más de dos semanas en rechazo de la
suba en las tarifas de transporte -medida revertida el miércoles ante la presión
popular-, y ahora se ampliaron a un sinfín de reivindicaciones. Si bien la
mayoría de las protestas fueron pacíficas, muchas terminaron en represión y
vandalismo.
"Esa violencia promovida por una pequeña minoría no puede manchar un
movimiento pacífico y democrático. No podemos convivir con esa violencia que
avergüenza a Brasil", dijo. Y advirtió: "Les aseguro: vamos a mantener el
orden".
El discurso fue el corolario de un día en el que el gobierno se mostró muy
preocupado por el incierto alcance de las marchas, que ayer tuvieron un nuevo
capítulo.
Ya temprano, al reunirse en Brasilia con el Comité Organizador de la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ), que tendrá lugar en Río de Janeiro entre el 22 y
28 de julio, con la participación del papa Francisco, el secretario general de
la presidencia, Gilberto Carvalho, reconoció que el esperadísimo evento podría
verse alterado por este ambiente generalizado de convulsión social.
"Tenemos una serie de complicaciones y preocupaciones. Lo que está ocurriendo
puede tener un reflejo en la Jornada. Tenemos que estar preparados", indicó,
aunque el comité organizador aclaró que la agenda del Papa se mantiene
inalterada.
Tras su reunión con los líderes católicos, Carvalho no dudó en acusar a la
prensa de alentar el fuerte sentimiento antipartidario que se respiró en la
mayor parte de las manifestaciones en todo el país. "La prensa tuvo un papel al
estimular un tipo de moralismo en el sentido despolitizado y un tipo de
antipolítica que lleva a esto que ocurre", dijo.
Desde el comienzo, el día estuvo marcado por una gran expectativa en torno a
cuál sería la reacción de las autoridades a los desmanes y abusos que ocurrieron
anteanoche luego de las masivas manifestaciones en Río de Janeiro, San Pablo,
Brasilia y decenas de otras ciudades. Esas protestas dejaron cientos de heridos
y
los primeros dos muertos de
estas semanas de reclamos y marchas, que hicieron que el mundo se preguntara
"qué le sucede" a la potencia latinoamericana.
En Río, después de la gigantesca manifestación que congregó a más de 300.000
personas, grupos radicales de izquierda y de derecha provocaron y se enfrentaron
a la policía mientras a su paso destrozaban mobiliario público. En la confusión,
delincuentes saquearon tiendas y robaron a muchos manifestantes que intentaban
volver a sus casas.
Al final, la fuerza policial desplegó un enorme número de efectivos en la
zona, con vehículos blindados y fuerte armamento, para dar "cacería" a los
revoltosos y criminales en medio de aterrorizados ciudadanos. El resultado fue
una feroz batalla que duró hasta la madrugada.
Ante estos renovados estallidos de violencia que opacaron una movilización
cívica histórica, el Movimiento Pase Libre, motor de las protestas iniciales,
decidió ayer suspender todas sus manifestaciones. "Consideramos que grupos
conservadores se infiltraron en los actos para defender propuestas que no nos
representan", señaló Rafael Siqueira, dirigente de este grupo de izquierda.
De cualquier forma, el ánimo en todo el país era aún de suma agitación, y si
bien no había protestas planeadas para el día, decenas de miles de personas
respondieron espontáneamente a las convocatorias efectuadas a través de Facebook
y Twitter para que saliesen de nuevo a las calles. Hubo manifestaciones -mucho
más pequeñas y fragmentadas que las del lunes y anteayer- en Río, San Pablo y
Belo Horizonte, así como en una veintena de ciudades menores
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