Hollande sentencia la ley de Sarzoky contra la piratería digital
“No habrá más cortes de Internet decididos por un juez”, anuncia Cultura
El Gobierno socialista de Francia que preside François Hollande ha dictado la
sentencia de muerte de la ley Hadopi, una de las más duras del mundo para evitar
las descargas ilegales de contenidos. Lo que no habían conseguido los
legisladores norteamericanos con los proyectos SOPA y PIPA, lo consiguió el
anterior Gobierno conservador de Nicholas Sarkozy con Hadopi, también conocida como la ley de los tres avisos, por
la que al tercero el ciudadano se quedaba sin conexión a Internet.
La ley Hadopi tiene sus días contados, según el anuncio de la ministra de Cultura, Aurelie Filippetti. “Para los internautas no habrá más cortes de Internet decididos por un juez”, porque supone un “atentado grave contra una libertad [la del acceso a Internet] reconocida por el Consejo Constitucional”, declaró. Tampoco ha habido tantos. Solo tres condenas en dos años (la más grave de 150 euros de multa).
La ley Hadopi, junto a otras similares que se desarrollaron o se intentaron desarrollar hace unos años, como las norteamericanas SOPA y PIPA, fueron muy criticadas por el creador de la WWW, Tim Berners-Lee, que, en una carta a Scientific American, llegó a acusar a estos países de coartar la libertad de las personas como hacen China y otras dictaduras.
La decisión de Francia llega con el Informe Lescure, llamado así porque ha sido realizado por el expresidente de Canal +, Pierre Lescure, que promueve nuevas medidas en el campo audiovisual. El estudio, de 500 páginas, propone modificar el sistema antipiratería digital vigente en Francia para que ningún internauta llegue a verse privado de su conexión a Internet, como sucede con la actual ley, de 2009, que fue redactada por Denis Olivennes, brazo derecho de Lescure en su etapa en Canal +, pero que, al parecer, mantenía otro punto de vista respecto a esta ley.
El informe plantea mantener las cartas de advertencia e incluso las multas, pero no la privación de conexión. Además, anima a reducir sensiblemente las sancione económicas, pasando del tope de 1.500 euros de la actual legislación a un máximo de 60 euros, que es el precio de un abono anual en una plataforma legal para escuchar música en línea.
Otra de las propuestas del informe —encargado por el Ejecutivo de Hollande para desarrollar nuevas herramientas que contribuyan a financiar los contenidos culturales— consiste en gravar con un nuevo impuesto a fabricantes y vendedores de ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes y televisiones con conexión a Internet. Esa tasa sería, según la ministra de Cultura, “extremadamente pequeña” y serviría para alimentar “una especie de cuenta de apoyo a las industrias creativas: la música, el cine, la fotografía y el videojuego, que crean empleo en Francia”.
El informe también aboga por reducir de 36 a 18 meses el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la llegada de una película a las salas de cine y su explotación en pago por visión.
El documento —que es el resultado de nueve meses de trabajo y cientos de entrevistas con distintos agentes del sector cultural francés— busca actualizar el concepto de “excepción cultural”, nacido en los años ochenta para que los grandes distribuidores de bienes culturales aportasen parte de sus beneficios a la creación.
La nueva batería de medidas que estudiará el Gobierno francés pretende adaptar ese espíritu al siglo XXI y a los gigantes de la distribución, como los estadounidenses Amazon, Google o Apple. Se trata de que quienes fabrican y venden los aparatos que reproducen textos, vídeos o audios aporten un canon digital que refuerce la industria cultural francesa.
Comisión polémica
• Sanciones. El modelo español no persigue al usuario, a diferencia del francés. Sí va contra las webs que sirvan enlaces o contenidos sujetos a derechos de autor.• Ley. El órgano encargado de la persecución de esas páginas es la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, creada por la ley Sinde-Wert. Cuenta con un vocal de la secretaría de Estado de Cultura, y con representantes de Industria, Presidencia y Economía.
• Contenidos. El procedimiento administrativo-judicial se inicia únicamente a instancia de parte y prevé la intervención de un juez cuando la web se niegue a la retirada de los contenidos al ser requerida.
• Casos. La comisión resolvió en su primer año 30 casos. El anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual prevé dotar al órgano de más medios.
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