EL EFECTO CRIMEA SE CONTAGIA A OTRAS PROVINCIAS DE UCRANIA

El fervor separatista de Crimea podría 

contagiarse a otras regiones pro rusas de 

Ucrania

En ciudades como Donetsk, Lugansk y Jarkov hay una mayoría de rusohablantes que se identifican con el gobierno de Moscú. Si bien las posibilidades de convocar a un referéndum son escasas, los estallidos populares allí ponen en jaque a las autoridades interinas de Kiev

Las autoridades de Kiev permanecen en alerta ante el temor de que el referéndum de Crimea, que se celebró este domingo 16 de marzo y en el que se resolvió la independencia con respecto a Ucrania y la anexión a Rusia con 96,6% votos a favor, alimente una ola separatista entre los sectores pro rusos y rusohablantes del país.

Ucrania formó parte de la Unión Soviética y está dividida políticamente en dos, entre los sectores más proclives a Moscú y aquellos más cercanos a Occidente. De hecho, esto es lo que provocó las manifestaciones de principio de año que finalizaron con decenas de muertos y la destitución del mandatario Viktor Yanukovich.

El domingo, día en que la península de Crimea dirimía su futuro, en las ciudades de Jarkov, la segunda más poblada del país, Donetsk, Lugansk y Odessa, sobre el mar Negro, hubo distintos tipos de movilizaciones pro rusas.

En Donest, más de 3.000 personas que llevaban banderas rusas y coreaban consignas como "Viva Rusia" y "Viva Putin" intentaron asaltar la sede de la Fiscalía regional y del Servicio de Seguridad (SBU, ex KGB).

En Jarkov, también hubo marchas pro rusas en la plaza Lenin y frente al consulado de Rusia, donde los congregados pidieron el envío de "tropas de paz" de Moscú, según informaron los medios locales. En la Plaza de la Libertad de esa ciudad, y pese a la prohibición de las autoridades, otro grupo celebró una especie de simulacro de referéndum para "la federalización de Ucrania".

En estas dos ciudades, murieron tres personas debido a los enfrentamientos, de los que participaron manifestantes armados. El ministro de Interior ucraniano, Arsen Avakov, subrayó que las "formaciones armadas deben abandonar las calles" de las ciudades ucranianas.

"¿No entienden que cualquier tiroteo provocado será utilizado como pretexto para la agresión y la ocupación del país?", preguntó a quienes se oponen al desarme de los grupos radicales. Y agregó que invita a los "más activos y combativos a enrolarse en la Guardia Nacional".

Manifestación pro rusa en Odessa

En Odessa, más de 5.000 personas tomaron las calles en apoyo al referéndum de Crimea y en contra de las nuevas autoridades de Ucrania. También había  puestos para juntar firmas para descentralizar el poder de Kiev y que el ruso sea considerado una segunda lengua oficial.

Ante este escenario, el primer ministro provisional, Arseni Yatseniuk, había pedido a los observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) que enviaran delegados a las regiones del este y el sureste del país cercanas a Rusia.

"Quiero decirle la población de Ucrania que el Estado ucraniano encontrará a todos los instigadores del separatismo y la división que se protegen detrás de los militares rusos. En uno o dos años, los hallaremos a todos y los juzgaremos. La tierra arderá bajo sus pies", disparó Yatseniuk ante la ola secesionista.

La votación de Crimea, que profundiza la crisis en Ucrania, fue declarada ilegal e ilegítima por el gobierno de Kiev, así como por los Estados Unidos y la Unión Europea, que anunciaron sanciones inmediatas. En cambio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya firmó el decreto en el que acepta la anexión de la península al territorio ruso.
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ITALIA ELIMIINA LAS PROVINCIAS

El Gobierno de Italia elimina las provincias

Italia elimina las provincias. El Ejecutivo de coalición de Italia, que preside el socialdemócrata Enrico Letta, ha aprobado un proyecto de ley constitucional por el que se suprimen las 107 administraciones provinciales de régimen común, eliminando, incluso, la palabra "provincia" de la Constitución.

El objetivo es, según ha explicado el propio Letta tras el Consejo de Ministros, "salvaguardar" los puestos de trabajo y recuperar la confianza de la ciudadanía. "Era necesario pararse, empezar de cero y volver a empezar con un ordenamiento justo, es decir, con la abolición de la palabra provincia de la Constitución", ha asegurado.

"Obviamente nos damos cuenta de que esta medida es muy fuerte, porque interviene sobre la Constitución, pero sabemos que no se puede hacer de otro modo. Hacemos una invitación al Parlamento a tener en cuenta la urgencia", agregó.

SEIS MESES

Este proyecto de ley, que da un plazo de 6 meses desde su entrada en vigor a las regiones para la supresión de las divisiones administrativas provinciales, suprime la palabra "provincia" de los trece artículos de la Constitución que la contienen, como el 114, que quedará del siguiente modo: "La República está constituida por municipios, regiones y el Estado".

Posteriormente, una vez que el Constitucional publique las motivaciones de la anulación de la anterior reforma, una ley se encargará de repartir las funciones que hasta ahora tenían las provincias o bien entre los Ayuntamientos o en un ente que coordine distintos municipios sin coste añadido para las arcas públicas. Letta explicó que en el caso de las provincias que tienen a corto plazo algún tipo de cita para renovar sus cargos electos y que no hayan sido intervenidas por el Estado por algún motivo habrá algún tipo de regulación específica.

12.000 MILLONES AL AÑO

Las administraciones provinciales italianas, que cuentan con 61.000 empleados, cuestan al Estado unos 12.000 millones de euros al año y tienen en su nómina a 4.014 consejeros con varios centenares de asesores a su trabajo, toda vez que sus presidentes cobran entre los 4.000 y los 6.000 euros mensuales.
El Ejecutivo tecnócrata de Monti, llamado en noviembre de 2011 a gobernar Italia en un momento en el que el país se encontraba en el punto de mira de los mercados, aprobó diferentes medidas en el ámbito de la reorganización de las provincias entre 2011 y 2012, para aliviar los costes de la administración y sanear las cuentas.

Pero el Tribunal Constitucional se pronunció ahora, en concreto, sobre los recursos presentados por las regiones italianas contra el decreto conocido como 'Salva-Italia', aprobado en diciembre de 2011, con el que se modificaron los órganos de Gobierno de las provincias y se redujo sus competencias.
Y también anuló el decreto aprobado en julio de 2012, que preveía reducir a la mitad el número de provincias, a través de la fusión de aquellas que no cumplieran determinados requisitos como los de tener una extensión de 2.500 kilómetros cuadrados o al menos 350.000 habitantes.

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