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martes, 14 de enero de 2014

ESPAÑA: UNA DIPUTADA DEL PP PROCESADA DE PREVARICACION Y FALSEDAD DOCUMENTAL


La diputada del PP procesada pone su cargo a disposición del partido

El Tribunal Superior considera que enchufó a un profesor "para dar satisfacción al director del conservatorio" de Betanzos


El fiscal acusa a una diputada del PP de prevaricación y falsedad documental
La diputada del PP gallego María Dolores Faraldo Botana engrosa la nómina de cargos políticos que desfilarán por el banquillo de los acusados. El 4 de febrero tendrá que declarar para responder por los dos posibles delitos, uno de prevaricación administrativa y otro de falsedad documental, que le imputa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por la contratación irregular de un profesor para el conservatorio municipal durante su etapa como alcaldesa de Betanzos, la pasada legislatura.
 Un auto de procesamiento dictado ayer por la Sala de lo Civil y Penal pone en apuros al PP gallego, que salió en defensa de la presunción de inocencia cuando la fiscalía formalizó su acusación contra la política popular. El fiscal, Carlos Mariscal de Gante, le atribuyó “malicia” para “burlar la ley” y enchufar a un profesor “de espaldas al pleno” y a sabiendas de que incurría en una ilegalidad.
El juez instructor, José Antonio Ballestero, se adhiere ahora a las tesis de la Fiscalía y expone que Faraldo apadrinó la contratación ilegal para “satisfacer los deseos” del director del conservatorio que reclamaba a un empleado como asistente de viento y madera. Lo contrató —dice el magistrado— “verbalmente”, sin proceso selectivo y a sabiendas de que era “imposible jurídicamente” porque no había “plaza vacante ni presupuesto” para pagar a un maestro más.
La exregidora de Betanzos explicó ayer a este diario que se siente “muy tranquila” ante el proceso que ahora se abre y recalca que el próximo día 4 acude “a una declaración indagatoria, no a un juicio”. “Actué correctamente porque así se contrataba, antes de llegar yo [a la alcadía], a policías locales, profesores de la guardería y personal de la radio”, replica Faraldo, que, sin embargo, acatará lo que decida el PP sobre su caso. “Estoy a lo que digan los Estatutos y el partido”, concluyó.
Sin haberse pronunciado aún formalmente sobre el caso de Faraldo, fuentes del PP admiten que el código ético la obliga al ser procesada a poner su escaño a disposición del partido. Por mucho menos, la dirección del PP gallego apresuró la salida de otros dos parlamentarios, Pablo Cobián y Javier Escribano, en el otoño de 2011, cuando el TSXG notificó a la Cámara la apertura de dos investigaciones, los casos Campeón y Arena. Médico de profesión y pupila política del exconselleiro Xaime Pita, Faraldo (Betanzos, 1959) fue la regidora brigantina de 2007 a 2011 tras ocupar varios cargos en la Administración autonómica ligados a la sanidad. Durante años, sujetó las riendas de la Secretaría de Organización del PP coruñés y pasó por la Diputación como vicepresidenta y, desde noviembre de 2012, con las últimas elecciones autonómicas, tenía asiento en O Hórreo.
Ya en octubre, la Fiscalía remitió a la Sala de lo Civil un duro escrito de acusación que exponía, sin ambages, que la regidora de Betanzos habría prevaricado, supuestamente, al autorizar una contratación ilegal. Para el fiscal quedaba claro que fue la propia Faraldo quien “instruyó” al maestro enchufado sobre cómo debía facturar ilegalmente sus minutas al consistorio. Aunque este impartía clases como un profesor más, las cobró como “reparador de instrumentos” desde octubre de 2009 hasta diciembre de 2010, con pagos que autorizaba la propia alcaldesa.
La primera denuncia llegó al juzgado de Betanzos en marzo de 2011 a instancias del propio Ayuntamiento. El alto tribunal gallego también procesa al director del conservatorio, J.A.F., por tráfico de influencias, y al profesor enchufado, A.G.N., por falsear documentos mercantiles, pero deja fuera de la causa la contratación de otras dos profesoras de folclore a través de una empresa externa y la recolocación laboral de cuatro peones que también denunció el consistorio.