La Iglesia perderá el privilegio que le dio Aznar para adueñarse de propiedades
MADRID // El Consejo de Ministros aprobó ayer la modificación de la Ley Hipotecaria franquista, de 1946, que Aznar había amoldado a gusto de la Conferencia Episcopal en 1998. El cambio de hace 16 años permitió que la Iglesia registrase como suya cualquier propiedad que careciese de dueño legal, sin tener que rendir cuentas ni pedir permiso a la Administración. Los únicos requisitos eran que ésta abonase una cantidad de entre 20 y 30 euros por el trámite y que un arzobispo diese fe de que el inmueble pertenecía a la Iglesia. Esto es, la modificación de Aznar equiparó la voz del clérigo a la de la Administración.
Cuando un ciudadano quiere registrar una propiedad familiar que no figura en el registro, debe presentar pruebas. La administración investiga el pasado del inmueble y el proceso tiene un largo recorrido burocrático. Hasta ahora, la Iglesia estaba exenta de esto, pero la modificación aprobada ayer “homogeneiza los requisitos, de forma que esta institución pasará a equipararse al resto de la sociedad y las inscripciones de su propiedad se trasladan al procedimiento normal de inmatriculación”, explica de forma escueta, en su penúltimo párrafo, la nota de prensa que emitió el viernes por la tarde el Ministerio de Justicia.
De hecho, el Gobierno no ha querido hacer mucho ruido y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha citado la modificación en la rueda posterior al Consejo de Ministros.
Abolir este privilegio de la Iglesia ha sido una de las grandes reivindicaciones de organizaciones como Europa Laica o la Plataforma de defensa del patrimonio navarro. Ésta última documentó en el libroEscándalo monumental la inmatriculación (es el nombre técnico de la apropiación) de 1.087 propiedades sólo en Navarra. Entre ellas había muchas iglesias, pero también fincas, garajes, huertos, campos, casas de maestros municipales e, incluso, un frontón.
Este privilegio se había convertido en un problema para centenares de municipios en la última década, desde Alicante hasta Cáceres o León. La mayoría, pequeñas localidades, cuyos ayuntamientos y vecinos habían construido, financiado y mantenido propiedades abandonadas durante décadas y muy deterioradas.
No obstante, de las entre 4.500 y 5.000 propiedades que diversas fuentes calculan que la Iglesia podría haber inmatriculado en estos años, las de Navarra serían las más numerosas. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la Catedral de Pamplona, cuyas obras su sufragaron siglos atrás, durante años, con fondos públicos.
También es llamativa la inmatriculación que realizó de la Mezquita de Córdoba.
¿Y qué dijo la Iglesia cuando el libro de la plataforma navarra destapó el escándalo? El Arzobispado de Pamplona y Tudela entendió que la mayoría de las 1.087 propiedades que inmatriculó habían sido una “obra y expresión admirable de las comunidades cristianas de los pueblos, que libre y voluntariamente, y con encomiable esfuerzo, quisieron crear y mantener esas instituciones y servicios”. “La historia les debe, sin duda, una merecida gratitud“, aseguró a través de un comunicado en 2008. “Si quieren reclamar, los reclamantes deberían llevar al arzobispado a los tribunales. No queremos nada que no sea nuestro“, instó por su parte el ecónomo diocesano y delegado episcopal para el patrimonio, Javier Aizpún. “Hasta ahora, ninguno lo ha hecho”, se defendió, sin hacer referencia a los grandes gastos que acarrea el proceso judicial de reclamación para un ciudadano o un pequeño municipio.
