Le quitan el paro y pierde hasta la casa por un error
administrativo
TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias aceptó en días pasados el desesperado recurso de un trabajador que, un buen día de hace cuatro años fue a buscar trabajo y, por mor de un error administrativo, acabó perdiendo hasta la casa. Esta es su historia.
“Nunca había estado en el paro. Por eso buscaba empleo siempre que podía, aunque me quedase más de año y medio de prestación”. Así arranca su relato Hernán, un obrero que el 26 de enero de 2009 se presentó en una pequeña empresa de Las Chafiras donde buscaban a un soldador. “Éramos tres, así que el capataz nos pidió que soldáramos una pequeña pieza de prueba para saber quién lo hacía mejor. Cuando me tocó a mí, me tocaron en la espalda: era la inspectora”.
No hubo manera de convencerla, a pesar de la insistente negativa tanto por parte de Hernán (“¡Iba vestido de calle! ¿Quién se pone a soldar vestido de calle?”).
En el acta puso que hasta había reconocido que “estaba a prueba”, dando por hecho que se encontraba ante una infracción muy grave que tanto el jefe de Inspección como la Dirección General de Trabajo ratificaron posteriormente: Hernán no solo perdió lo que le restaba de prestación sino que tuvo que devolver lo cobrado desde aquel infortunado día de la prueba, mientras que la empresa fue sancionada.
“Lo peor es que la prueba era para un trabajo de un mes, y para colmo la empresa cerró al poco tiempo. Todo fue peor desde entonces”, se lamenta Hernán, superviviente de una espiral de adversidades que pasan por la enfermedad de su esposa, que a los dos meses sufrió una parálisis que le ha dejado en situación de dependencia, y la imposibilidad de pagar la hipoteca, lo que a finales del año pasado se tradujo en desahucio.
“No quisimos armar lío, sino que recogimos y nos fuimos: vivíamos con los 400 euros de ella nada más”. Lo del empleo ya sabemos todos cómo está en Canarias, una de las regiones con más paro de Europa.
Pero durante tanto infortunio, algunos rayos de sol. Hernán y su mujer descubren con asombro que Trabajo no lo emplea en la cerrajería donde hizo la prueba sino en otra de Valle San Lorenzo cuyo propietario también se llama Hernán.
A partir de ahí, la actitud de los funcionarios cambia y la misma inspectora que genera el desastre es quien indica un día a la mujer de Hernán que debe recurrir y dónde para evitar que la decisión sea firme, ante la imposibilidad de dar marcha atrás.
Al solicitar abogado de oficio, les cae en suerte la letrada tinerfeña Beatriz Pérez Báez, que defiende con tanto tino el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La sentencia da la razón a Hernán en la forma y en el fondo. En la forma porque todas las comunicaciones de la Inspección se realizan a una dirección inexacta de ese piso de San Isidro sobre el que ahora han perdido todos los derechos.
En el fondo, porque si bien el acta de la Inspección goza de presunción de veracidad, no basta con proclamar que Hernán fue sorprendido en un trabajo remunerado sin aportar prueba alguna de que tal afirmación se adecua a la realidad.
“BUSCAREMOS UN RESARCIMIENTO”
Para la abogada tinerfeña Beatriz Pérez Báez, el caso de Hernán supone todo un éxito “no ya en lo profesional, que siempre es bien recibido que te aprecie un recurso el Tribunal Superior de Justicia, sino porque esta decisión revoca una resolución injusta que ha causado notorios perjuicios a mi defendido”. Cuestionada acerca de las consecuencias de esta sentencia, Pérez Báez explica “lo fundamental es que no admite recurso, con lo cual sus efectos deben ser inmediatos y hay que volver justo a la situación en la que nos encontrábamos cuando se tomó la resolución revocada, es decir, cuando se le denegó la prestación a mi defendido e incluso se le obligó a devolver dinero. En principio, no esperó que la Administración ponga dificultades porque en realidad entiendo que son conscientes de su error y, de cualquier modo, ahí está la decisión del Tribunal para despejar cualquier duda”. Sobre el problema del desahucio, que se antoja una consecuencia de la retirada de la prestación por desempleo a Hernán, la abogada se muestra más prudente. “Es más complejo y hay que estudiar el tema en profundidad para no dar pasos en falso. De cualquier modo, el primer paso ya está dado”, recuerda Beatriz Pérez Báez, la abogada del turno de oficio que, para bien de Hernán, le fue asignada en su día.
Hernán, junto a su abogada, Beatriz Pérez Báez. /
SERGIO MÉNDEZ
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias aceptó en días pasados el desesperado recurso de un trabajador que, un buen día de hace cuatro años fue a buscar trabajo y, por mor de un error administrativo, acabó perdiendo hasta la casa. Esta es su historia.
“Nunca había estado en el paro. Por eso buscaba empleo siempre que podía, aunque me quedase más de año y medio de prestación”. Así arranca su relato Hernán, un obrero que el 26 de enero de 2009 se presentó en una pequeña empresa de Las Chafiras donde buscaban a un soldador. “Éramos tres, así que el capataz nos pidió que soldáramos una pequeña pieza de prueba para saber quién lo hacía mejor. Cuando me tocó a mí, me tocaron en la espalda: era la inspectora”.
No hubo manera de convencerla, a pesar de la insistente negativa tanto por parte de Hernán (“¡Iba vestido de calle! ¿Quién se pone a soldar vestido de calle?”).
En el acta puso que hasta había reconocido que “estaba a prueba”, dando por hecho que se encontraba ante una infracción muy grave que tanto el jefe de Inspección como la Dirección General de Trabajo ratificaron posteriormente: Hernán no solo perdió lo que le restaba de prestación sino que tuvo que devolver lo cobrado desde aquel infortunado día de la prueba, mientras que la empresa fue sancionada.
“Lo peor es que la prueba era para un trabajo de un mes, y para colmo la empresa cerró al poco tiempo. Todo fue peor desde entonces”, se lamenta Hernán, superviviente de una espiral de adversidades que pasan por la enfermedad de su esposa, que a los dos meses sufrió una parálisis que le ha dejado en situación de dependencia, y la imposibilidad de pagar la hipoteca, lo que a finales del año pasado se tradujo en desahucio.
“No quisimos armar lío, sino que recogimos y nos fuimos: vivíamos con los 400 euros de ella nada más”. Lo del empleo ya sabemos todos cómo está en Canarias, una de las regiones con más paro de Europa.
Pero durante tanto infortunio, algunos rayos de sol. Hernán y su mujer descubren con asombro que Trabajo no lo emplea en la cerrajería donde hizo la prueba sino en otra de Valle San Lorenzo cuyo propietario también se llama Hernán.
A partir de ahí, la actitud de los funcionarios cambia y la misma inspectora que genera el desastre es quien indica un día a la mujer de Hernán que debe recurrir y dónde para evitar que la decisión sea firme, ante la imposibilidad de dar marcha atrás.
Al solicitar abogado de oficio, les cae en suerte la letrada tinerfeña Beatriz Pérez Báez, que defiende con tanto tino el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La sentencia da la razón a Hernán en la forma y en el fondo. En la forma porque todas las comunicaciones de la Inspección se realizan a una dirección inexacta de ese piso de San Isidro sobre el que ahora han perdido todos los derechos.
En el fondo, porque si bien el acta de la Inspección goza de presunción de veracidad, no basta con proclamar que Hernán fue sorprendido en un trabajo remunerado sin aportar prueba alguna de que tal afirmación se adecua a la realidad.
“BUSCAREMOS UN RESARCIMIENTO”
Para la abogada tinerfeña Beatriz Pérez Báez, el caso de Hernán supone todo un éxito “no ya en lo profesional, que siempre es bien recibido que te aprecie un recurso el Tribunal Superior de Justicia, sino porque esta decisión revoca una resolución injusta que ha causado notorios perjuicios a mi defendido”. Cuestionada acerca de las consecuencias de esta sentencia, Pérez Báez explica “lo fundamental es que no admite recurso, con lo cual sus efectos deben ser inmediatos y hay que volver justo a la situación en la que nos encontrábamos cuando se tomó la resolución revocada, es decir, cuando se le denegó la prestación a mi defendido e incluso se le obligó a devolver dinero. En principio, no esperó que la Administración ponga dificultades porque en realidad entiendo que son conscientes de su error y, de cualquier modo, ahí está la decisión del Tribunal para despejar cualquier duda”. Sobre el problema del desahucio, que se antoja una consecuencia de la retirada de la prestación por desempleo a Hernán, la abogada se muestra más prudente. “Es más complejo y hay que estudiar el tema en profundidad para no dar pasos en falso. De cualquier modo, el primer paso ya está dado”, recuerda Beatriz Pérez Báez, la abogada del turno de oficio que, para bien de Hernán, le fue asignada en su día.
