Bolivia promulgó una ley para atraer la
inversión extranjera
La ley promulgada este viernes por el Poder Ejecutivo apunta a dar un nuevo marco a las inversiones extranjeras después de un largo período de nacionalizaciones que incluyó a los sectores de hidrocarburos, comunicaciones y minería.
Respecto de las empresas de capital extranjero, el gobernante señaló que el Estado dará las condiciones para que tengan garantizadas sus utilidades, aunque aclaró que la nueva ley "no sólo es instrumento para la ganancia sino también para el desarrollo".
Los capitales extranjeros "nos pedían seguridad jurídica para garantizar la ganancia y la plata, pero para nosotros la seguridad jurídica es para garantizar la vida humana", explicó Morales.
La ley "no sólo es instrumento para la ganancia sino también para el desarrollo"
El gobierno boliviano subrayó que el incentivo a la inversión tiene tres objetivos: impulsar sectores productivos estratégicos, generar empleo y equilibrar la inversión en las regiones del país, tomando en cuenta los recursos naturales y áreas de producción de cada departamento.
En 2006, durante su primer mandato, Morales estatizó los hidrocarburos abriendo un largo periodo de nacionalizaciones.
El mandatario dijo, sin embargo, que esa política, lejos de ahuyentar la inversión privada, rindió frutos y destacó que en 2005, un año antes de asumir el poder, la inversión extranjera, era de 221 millones de dólares, mientras que el año pasado llegó a 1.750 millones.
La nueva legislación establece además que toda controversia de negocios se resolverá bajo la normativa nacional y no en tribunales internacionales donde "siempre gana el privado y no el Estado", señaló.
Desde que asumió en 2006, Morales nacionalizó una veintena de empresas extranjeras, principalmente de los sectores de hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad.
En algunos de estos casos, la falta de un acuerdo sobre una justa compensación llevó a los afectados a recurrir a instancias internacionales de arbitraje o resolución de controversias.
Según datos de la Procuraduría, Bolivia enfrentaba hasta diciembre pasado demandas internacionales reclamando indemnizaciones por las nacionalizaciones por un total de 1.870 millones de dólares.FUENTE
