Casi un millón de catalanes no podrán encender la calefacción este invierno
Entidades sociales alertan de que la pobreza energética aumenta por la crisis y el encarecimiento de tarifas
Casi un millón de personas no podrán encender la calefacción este invierno en Catalunya porque no la pueden pagar, una pobreza energética que ya afecta a más del 13 % de la población, según las entidades sociales, que temen que este tipo de pobreza siga en aumento.
Para denunciar esta situación, varias entidades sociales, entre ellas Ecoserveis, Red para la Soberanía Energética, Alternativa Verde, Fundación ABD, Día de la Tierra, Eurosolar Catalunya y Grupo de Científicos y Técnicos por un Futuro No Nuclear han convocado para mañana por la noche una manifestación con velas en la plaza de Sant Jaume.
En un manifiesto conjunto, las entidades denuncian que la llegada de temperaturas más bajas marcará "el principio de una época en la que muchos hogares no podrán afrontar unas condiciones de vida con un mínimo de bienestar debido, entre otras causas, al derroche energético y a unas políticas públicas que inciden en la marginación de las personas con menos recursos".
DESEMPLEO
"Con más de un 23% de la población activa en paro y la considerable reducción salarial que está sufriendo buena parte de la población (7% de media), las continuas subidas de las facturas de electricidad y gas están siendo dramáticas en multitud de hogares catalanes, que aún no se enfrentan a un desalojo", añade el manifiesto.
Las entidades también denuncian "los deficientes sistemas de calefacción y aislamiento de numerosas viviendas", lo que agrava la situación de pobreza energética, considerada cuando una familia no puede mantener una temperatura de 18 grados en su hogar en invierno o una de 25 en verano.
SUBIDAS DE TARIFAS
Las entidades auguran que "esta situación previsiblemente se verá agravada por las últimas subidas de la electricidad, que ya suponen un 80% más de lo que se pagaba hace 10 años por el mismo consumo, mientras el nivel adquisitivo no deja de bajar, sin que desde las administraciones públicas se busquen soluciones para las familias con menos ingresos".
"El progresivo proceso de mercantilización de la energía, promovido intensamente incluso desde instancias públicas, ha conducido a una situación en la que las administraciones eluden su función de garantizar el bienestar mínimo de la población y de, al mismo tiempo, penalizar los derroches de los bienes comunes como la energía", denuncia el manifiesto.
Por ello, exigen "el acceso a la energía de la población en condiciones adecuadas mediante políticas públicas que garanticen un mínimo a las personas empobrecidas y que penalicen los derroches y acaparamientos de energía". También piden que "se acaben los abusos de las compañías eléctricas y que se eliminen las barreras a que la ciudadanía pueda generar su propia energía".
