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lunes, 16 de diciembre de 2013

EE.UU. AYUDARA A MILITARES TERRORISTAS EN SIRIA


EEUU reiniciará ayudas militares a terroristas en Siria

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Washington habla de restablecer “rápidamente” la ayuda militar no letal al autodenominado Ejército Libre Sirio (ELS), suspendida esta semana cuando el Frente Islámico se hizo con el control de sus instalaciones. 

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, aseguró el domingo a la cadena norteamericana ABC que las ayudas militares a los grupos armados podrían restablecerse “rápidamente”. 

El pasado miércoles EE.UU. y Gran Bretaña suspendieron, de manera temporal, la ayuda militar “no letal” a los grupos armados que operan en el norte de Siria, es decir, al autodenominado Ejército Libre Sirio (ELS). Ayuda que, no obstante, se restablecerá en breve. 

“Pero creo que la gente quiere ser cuidadosa, tener las reuniones que debamos sostener y asegurarnos de que podamos avanzar de manera cuidadosa. Nadie quiere reconstruir un depósito para que vuelva a ser tomado”, declaró Kerry. 

Una de las reuniones de las que habló el jefe de la Diplomacia estadounidense es la Conferencia Internacional de Paz Ginebra II sobre Siria, prevista para el 22 de enero de 2014. 

De cualquier manera, John Kerry enfatizó en que “nadie quiere implicarse en una guerra en Siria”, recordando que en este país árabe impera el caos con todo tipo de implicaciones, de ahí que apueste, aunque sus declaraciones lo contradigan, por resolver este conflicto a través de las vías diplomáticas. 

Washington, de hecho, menciona el diálogo como solución para Siria, pero apoya, junto a varios países occidentales y regionales como Catar, Turquía y Arabia Saudí, a los terroristas que tratan de derrocar al presidente Bashar al-Asad, atizando así un conflicto que ya dura más de dos años y medio, y en el que han muerto cientos de personas.
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BRASIL: OBREROS DE LA CONSTRUCCION DE LOS ESTADOS DE FUTBOL ANUNCIAN UNA HUELGA NACIONAL



Los obreros de los estadios del Mundial de Brasil 2014 anuncian una huelga nacional




Los obreros responsables de la construcción de las instalaciones para el Mundial de fútbol 2014 han anunciado una huelga nacional debido al aumento de muertes causadas por accidentes laborales.



El sindicato de los trabajadores de la construcción de Brasil critica las condiciones de seguridad en las obras y apela a dos incidentes fatales ocurridos el sábado pasado. Ambas muertes se produjeron en el estadio Arena Amazonia, en la ciudad de Manaos, la capital del estado de Amazonas, que albergará cuatro partidos durante el evento del próximo año. Por ahora el trabajo en el Arena Amazonia se encuentra en suspenso. 

Las autoridades de Brasil han gastado 262 millones de dólares en estas obras. 

En total, cinco personas han muerto durante la construcción de las instalaciones del Mundial de Brasil. 

El Gobierno solo muestra la parte bonita de las obras y se olvida de aquellos que las realizan


"Una huelga general sería ideal para mostrar la realidad que nadie quiere ver", dice el presidente del sindicato de los trabajadores de la construcción de Amazonia, Cicerón Custodio, citado por el diario 'G1'. 

"El Gobierno solo muestra la parte bonita de las obras y se olvida de aquellos que las realizan. Este lunes vamos a estar ahí, exigiendo nuestros derechos como trabajadores y exponiendo esta realidad", afirma Custodio. A él le parece que las tragedias ocurren porque faltan técnicos de seguridad en las instalaciones. "El Ministerio de Trabajo tiene que abandonar sus sillas y auditar las obras, incluso cuando se trabaja por la noche", cree el presidente del sindicato. 

Mientras tanto, la Procuraduría de Amazonas ha criticado duramente las condiciones laborales en la construcción del estadio en Manaos. 

Anteriormente la FIFA declaró que "la seguridad de los trabajadores es la máxima prioridad" para el organismo rector del fútbol, ​​así como para los organizadores del Mundial de Brasil. Sin embargo, las familias de los dos hombres que murieron en el estadio Arena Amazonia el sábado pasado informan que los jóvenes tenían que trabajar siete días a la semana para que el nuevo estadio en Manaos estuviera listo para el 15 de enero. 

Según el sitio web del Arena Amazonia, el trabajo está completado en un 92%
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UNA JUEZ IMPIDE INVESTIGAR A LA FARMACEUTICA CELTIFARMA POR TRAFICO DE FARMACOS


Una juez impide investigar un nuevo caso de tráfico de fármacos en Galicia

El grupo Antidrogas de la Guardia Civil perseguía una supuesta trama similar a la de Dorribo vinculada a la firma Celtifarma


Los agentes antidroga de la Guardia Civil de Lugo tenían sólidas sospechas de lo que se iban a topar dentro del almacén de Celtifarma en Monforte, pero una juez recién llegada, Vanesa García de Paz, titular del número 2 de Instrucción, les negó la orden de entrada y registro, imprescindible para acceder a las instalaciones. Según ella, no tenía competencia para dar tal permiso porque la sede social de la empresa estaba en Madrid. Sin embargo, la fiscalía recurrió la decisión, y la sala de lo Penal del Supremo acaba de dictar sentencia: era la nueva juez de Monforte, procedente de otro en un pueblo tinerfeño, la que tenía que haber facilitado el trámite a los agentes. Celtifarma tenía montado su negocio a orillas del Cabe, pese a que en el Registro Mercantil apareciesen diversos domicilios en otras localidades como A Coruña y Madrid.
Lo de la capital de España, a pesar de que aparece como domicilio de varias sociedades del grupo, compuesto entre otras por Gerifarma y Farmatrust, no era más que un simple buzón al que alguien, “varias veces al mes”, como indica el fallo, acudía a recoger la correspondencia. Fuentes vinculadas a la investigación aseguran que las consecuencias de aquella decisión tomada hace aproximadamente un año por la juez fueron demoledoras para una operación que aspiraba a destapar otrocaso Dorribo: una supuesta trama de exportación de medicamentos, incluidos psicofármacos, captados fraudulentamente en boticas asociadas para ser vendidos con un amplísimo margen de beneficio en otros países donde las medicinas no están subvencionadas como en España.
Según explican estas personas, la juez no solo no dio la orden de registro, sino que denegó la identificación del titular de una línea de teléfono a la que los agentes debían seguir el rastro para confirmar “los hechos delictivos de los que había tenido conocimiento la comandancia de Lugo”. Y por si fuera poco, consideran que alguien aprovechó la información facilitada por los investigadores a los juzgados para alertar a los propietarios de la sociedad Celtifarma.
La misma sospecha la mantiene el grupo político Independientes de Lemos, que el viernes pasado publicó una nota en la que hablaba de un supuesto “chivatazo” y denunciaba que, tras denegar la juez el registro, “esa misma noche los propietarios de la empresa farmacéutica Celtifarma, SL, desvalijaron las instalaciones para borrar todas las pruebas posibles”. Los agentes querían descubrir si la empresa estaba cometiendo un delito contra la Hacienda Pública y otro contra la salud, por tráfico ilegal de estupefacientes y psicotrópicos. Las mismas fuentes relacionadas con el caso explican que los psicofármacos que supuestamente se estaban mandando a terceros países desde Monforte contendrían “opiáceos” y que por eso la operación había sido encomendada al EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas).
Los agentes creen que el lorazepam se sacaba de España y se vendía más caro
Dentro del recinto, un bajo con entrada por varias calles que ocupa casi toda una manzana en plena ciudad de Monforte, sospechaban que iban a encontrar grandes partidas de medicamentos adquiridos en España con subvención por oficinas de farmacia (supuestamente también de fuera de Galicia), listos para ser sacados del país y vendidos en Europa a un precio mucho más alto. Entre estas cajas preparadas para la exportación fraudulenta, el EDOA esperaba poder incautarse de miles de envases de medicamentos como el lorazepam y el alprazolam, muy demandados en el mercado negro, que servirían de prueba para imputar a los socios de la marca de tráfico de estupefacientes además del delito contra la Hacienda Pública.
La Guardia Civil seguía la pista de estas sustancias a raíz de una inspección administrativa que se llevó a cabo en una farmacia de Marín, presuntamente asociada en la comisión del delito con los dueños de la planta monfortina. Pero la Xunta llevaba todavía más tiempo detrás del rastro del almacén del que era administrador único el empresario Javier López Domínguez. En junio de 2012, la Consellería de Sanidade ya había acordado prohibir provisionalmente la actividad de Celtifarma y en cuestión de cuatro meses vio razones suficientes para abrir dos expedientes sancionadores a la firma. Como consecuencia, el Colegio de Farmacéuticos de Lugo enviaba una circular a todos los colegiados pidiéndoles que no realizasen transacciones con ese almacén.
A finales del año pasado, después de visitar la nave monfortina y encontrar indicios de su relación con la farmacia pontevedresa (más de dos mil envases de antidepresivos marcados con su nombre), un inspector de Sanidade con base en Vigo se presentaba en la botica y se precipitaban los acontecimientos. La titular de la farmacia le aseguraba, no obstante, que si sus medicamentos estaban en la nave de Celtifarma sería por error, porque la empresa lucense le había realizado en tiempos “servicios logísticos”: guardaba los fármacos en Monforte y se los iban enviando a través de Azkar a medida que los necesitaba, contó para defenderse.
También en aquellas fechas, con motivo de las dos investigaciones abiertas por la Xunta, el secretario general técnico de Sanidade, Antonio Fernández-Campa, presentaba a Rocío Mosquera un motivo de abstención, por el que legalmente no podía asumir la instrucción de los expedientes a Celtifarma, y la conselleira se veía obligada a designar a otra alto cargo del departamento para el caso. La Xunta nunca quiso dar más detalles sobre el asunto amparándose en que el tema estaba “judicializado” (precisamente unas diligencias penales iniciadas en el Juzgado 2 de Monforte). Pero las mismas personas relacionadas con la investigación que fueron consultadas por este diario aseguran que “existía un interés muy grande en llegar al fondo del caso Celtifarma por parte, sobre todo, de la secretaria general de Sanidad”. Pilar Farjas era conselleira en 2011 y había sido llamada a declarar como testigo cuando cayó la trama de Nupel con el lucense Jorge Dorribo a la cabeza.

INDEMNIZACION DE 80.000 EUROS A UN PACIENTE CONTAGIADO DE SIDA EN UNA TRANSFUSION


Indemnizan con 80.000 euros a un 


paciente contagiado del sida en una 


transfusión


El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha condenado a la Conselleria de Sanidad por contagiar a un paciente de sida mediante una transfusión sanguínea. Se le diagnosticó leucemia y se le trató realizándole quimioterapia y transfusiones.


Indemnización de 80.000 euros a un paciente con leucemia contagiado del sida en una transfusión
La sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha condenado a la Conselleria de Sanidad a pagar 80.000 euros a un paciente con leucemia al que se le contagió el sida en una transfusión, según consta en la sentencia. Inicialmente, el Consell Jurídic Consultiu propuso una indemnización de 6.000 euros para este joven.
El paciente tuvo persistentes problemas de carácter físico sin explicación aparente.
De esta forma, el tribunal valenciano ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el joven, representado por el abogado Manuel Mata, contra la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Conselleria de Sanidad.
El recurrente, con 21 años, acudió al Hospital General Universitario de Valencia donde se le diagnosticó leucemia aguda de alto riesgo, y se le trató de esta enfermedad desde el 14 de octubre de 2005 hasta el 23 de octubre de 2006. Fue tratado por el servicio de Hematología y Hemoterapia con quimioterapia y administración de múltiples hemoderivados, todos procedentes del Centro de Transfusiones.
El 25 de noviembre de 2005 se le realizó una transfusión sanguínea de hematíes y unidades de plaquetas, y con carácter previo se le realizaron multitud de pruebas sin que presentara sintomatología de padecer ninguna infección vírica.
Donante implicadoEn octubre de 2008, cuando remitió el linfoma, el paciente tuvo persistentes problemas de carácter físico sin explicación aparente, y varios ingresos en urgencias no relacionados, al parecer, con la enfermedad que padecía, lo que motivó que se le realizaran diversas pruebas hasta dar positiva la serología para el VIH.
El 6 de febrero de 2009 se le confirmó al joven que había contraído una enfermedad muy grave. El Centro de Transfusiones, ante la presunta transmisión del sida como consecuencia de la transfusión, realizó una investigación y detectó un donante implicado en la unidad por seroteca, y cuya sangre se utilizó para el recurrente.
Ante ello, el abogado del joven presentó un recurso y mantuvo que éste, enfermo de leucemia en remisión, resultó contagiado de VIH con la consiguiente alteración de la vida familiar, social y sexual, recibiendo además una medicación que le ocasionó multitud de efectos secundarios, y todo ello como consecuencia de un funcionamiento "anormal" de la Administración, a la que reclamaba una indemnización de 900.000 euros.
Alegó que existió relación de causalidad entre las transfusiones y la infección de VIH; que el Centro de Transfusiones utilizó técnicas ajustadas a la legalidad pero no aquellas más modernas que se utilizaban en otras comunidades y evitaban el riesgo de contagio; y que no se le facilitó consentimiento informado.
Mala praxisFrente a ello, el letrado de la Conselleria de Sanidad se opuso a la demanda por entender que, pese a admitir que el origen del contagio era la transfusión realizaba, no se daban los requisitos necesarios para que pudiera declararse la responsabilidad patrimonial de la Administración, ya que la técnica empleada en aquellas fechas "era acorde a los protocolos internacionales" y "acorde al alcance de la ciencia".
A la vista de todos los argumentos y pruebas aportadas, el tribunal valenciano comparte "íntegramente" los razonamientos y pretensiones del recurrente, en cuanto a la mala praxis y correlativa infracción de la 'lex artis' en el contagio que se produjo.
A este respecto, considera que se desvirtúa la tesis de la Administración al sostener que las pruebas que se realizaron fueron acordes con el estado de la ciencia en esa fecha "pues la norma en vigor exigía expresamente la práctica de los controles que sin duda, en este supuesto en concreto, no se realizaron correctamente". Y ello "conduce a afirmar que se produjo una mala praxis por parte de la Administración sanitaria".
Ello "denota" una infracción de la 'lex artis' que "en ningún caso puede ser amparada en el estado de la ciencia, siendo obligación de la Administración ajustarse de inmediato al cumplimiento de los requisitos exigidos por el RD 1088/2005". Por ello estima el recurso y fija una indemnización de 80.000 euros, pese a que se solicitaron 900.000 euros.

ESPAÑA: HACIENDA RECLAMA 122 MILLONES AL GRUPO DE CAFE MARCILLA POR FRAUDE


Hacienda exige 122 millones a una multinacional holandesa por fraude

La inspección ha levantado actas al grupo de Marcilla, Hornimans y Natreen


La Agencia Tributaria española reclama a la matriz del café Marcilla o el té Hornimans, la holandesa Douwe Egberts Coffe & Tea Southern Europe, un total de 122 millones de euros en concepto de impuestos atrasados, intereses de demora y dos multas millonarias por fraude fiscal. Hacienda llevó a cabo dos investigaciones fiscales sobre las cuentas de la empresa, antes parte del conglomerado Sara Lee. Las pesquisas, que abarcan los ejercicios de entre 2003 y 2009, consideran que la compañía dedujo indebidamente gastos financieros que le permitieron sortear pagos millonarios en su factura con el fisco español. La multinacional batalla en los tribunales contra la decisión española, porque sostiene que tenía derecho a las deducciones.
La primera investigación, que comenzó en 2007 y se llevó a cabo sobre las cuentas de 2003 a 2005, concluyó que la compañía había evitado pagar 50,5 millones de euros del impuesto de sociedades. Además, la Agencia Tributaria le exigía 14 millones en concepto de intereses por esa deuda y le impuso una multa de un millón de euros. Debía pagar también otros 373.000 euros para regularizar sus pagos de IVA. La compañía recurrió los pagos de esos impuestos, primero ante el Tribunal Económico Administrativo Central, y después ante la Audiencia Nacional, donde sigue pendiente de sentencia.
En cuanto a la segunda investigación, hace referencia a los ejercicios de 2005 a 2009. De nuevo, la Agencia Tributaria acusó a la compañía de evitar el pago de impuestos multimillonarios en España. Le reclamó en total 39,7 millones de euros por el impuesto de sociedades y otros 8,9 millones en intereses de demora. Además, según consta en el informe de auditoría de sus cuentas de 2012, la firma PwC recuerda que en mayo de 2013 la compañía recibió la resolución del segundo expediente sancionador, que le impone una nueva multa económica, en este caso, de 7,7 millones de euros. Douwe Egberts Coffe & Tea Southern Europe también ha recurrido estos pagos.
La multinacional batalla en los tribunales contra la decisión española
La compañía presentó en 2010 avales frente a Hacienda por los 64 millones de euros correspondientes a la primera inspección y pagó en 2012 los 48,6 millones reclamados en la segunda investigación. Aun así, mantiene su pelea en los juzgados. Un portavoz de la empresa explica que el caso hace referencia a las deducciones que la empresa aplicó por haber creado en Barcelona la oficina regional para todo el sur de Europa. Al abrir esta sede en España, trasladó a este país las sociedades de los países vecinos, lo que supuso una carga económica importante, para lo que pidió un préstamo intergrupo. La compañía consideró que esa carga financiera podía deducírsela del impuesto de sociedades, igual que el alquiler del edificio que arrendó en Barcelona para sus trabajadores. Hacienda, sin embargo, pone en duda esa operación y le exige 122 millones de euros. La compañía se muestra confiada en que finalmente podrá defender su derecho a estas deducciones y está dispuesta a llegar al Supremo.
No es la primera vez que la multinacional holandesa batalla con Hacienda por el pago de impuestos en España. En 1997 ya sufrió una inspección fiscal sobre la contabilidad de entre 1990 y 1993. La sociedad peleó hasta el Tribunal Supremo, pero finalmente tuvo que pagar 11,3 millones de euros por irregularidades, también en el impuesto de sociedades.
Y España no es el único país que tiene a la empresa bajo la lupa. Según el informe de gestión de 2012, mantienen también litigios con el fisco francés, que inspeccionó sus cuentas de 2008 a 2012. La filial gala de la multinacional ha acordado pagar para regularizar su situación 1,7 millones de euros en total, aunque parte de la negociación sigue en curso.
No es la primera vez que la multinacional holandesa batalla con Hacienda por el pago de impuestos en España
La organización societaria de la antigua empresa de consumo Sara Lee parece hoy un laberinto. La compañía, compuesta por distintas familias de productos, ha sufrido continuas mutaciones desde los noventa. Divisiones que cambiaron de manos, marcas que pasaron a la competencia y escisiones. En 2011, el gigante estadounidense Sara Lee se partió en dos. Una de esas mitades, que aglutinaba marcas de infusiones y cafés, acabó tomando el nombre de una de sus filiales, la holandesa Douwe Egberts Master Blenders 1753, especialista en este sector. Los negocios de Marcilla y Hornimas quedaron primero bajo el paraguas de la sociedad llamada Sara Lee Southern Europe, que ahora ha cambiado su denominación social a Douwe Egberts Coffe & Tea Southern Europe.
Al margen de sus problemas con el fisco, la matriz de Marcilla tiene abierta otra brecha en los tribunales españoles: la compañía reconoce en su informe de 2012 que el 21 de diciembre de 2011 fue demandada por Nestlé, por vulnerar sus patentes de cápsulas de café, ya que Marcilla comercializa monodosis compatible con cafeteras de Nestlé.

EL PADRE DEL FUTBOLISTA MESSI, INVESTIGADO POR BLANQUEO DE DINERO DE LA DROGA


Investigan al padre de Messi por blanqueo de dinero de la droga

  • Examinan su relación con una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico

  • La Guardia Civil cree que cobraba entre el 10y el 20% de comisión para que jugaran su hijo

  • Este hecho provocó que Messi, Alves Pinto y Mascherano fueran interrogados por la UCO





Messi, en el partido benéfico Amigos de Messi contra el Resto del...
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investiga desde hace meses una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y en el epicentro de los movimientos hay un nombre que destaca como pieza clave del puzzle: Jorge Messi, padre de uno de los mejores futbolistas del mundo.
La investigación está bajo secreto de sumario. Acaba de comenzar, según fuentes cercanas al caso. Por el momento se ha tomado declaración a varias personas en el juzgado que dirige la instrucción, el número 51 de Madrid, y también en Barcelona, donde han prestado testimonio cuatro futbolistas ante la UCO: Leo Messi,Dani Alves, Pinto y Mascherano, todos jugadores del Barça.
La instrucción del caso, que dirige el juez Eduardo López-Palop, el mismo que lleva el sumario del Madrid Arena, está tomando tal cariz que lo más probable es que acabe en la Audiencia Nacional, ya que la trama tiene ramificaciones internacionales, además de haber operado en más lugares de España, no sólo en Madrid.
El caso comenzó a raíz de unas investigaciones de la UCO en las que se descubrió que eventos con fines benéficos, como los partidos denominados Amigos de Messi, así como conciertos de rockcelebrados por estrellas musicales sudamericanas, podrían serutilizados por importantes narcotraficantes para blanquear ingentes sumas de dinero. Aún no hay cifras muy concretas, pero estaríamos hablando de millones de euros.

LOS CONSEJEROS DE CAJA MADRID DEL PSOE E IU, APOYARON LA COMPRA QUE LLEVO A LA CARCEL A BLESA


Romero (PSOE) y Moral (IU) defendieron ante otros consejeros la compra que llevó a Blesa a prisión

La compra de un banco en Florida desató una discusión en el consejo de administración: Moral Santín (IU) y Antonio Romero (PSOE) se posicionaron a favor de Blesa
El presidente de Caja Madrid consiguió forzar la unanimidad en una reunión tensa
El juez envió a Blesa a prisión provisional por "gestión aberrante" en este caso, con el que la caja perdió unos 500 millones

El exconsejero de Bankia José Antonio Moral Santín, a su salida de la Audiencia Nacional donde acudió a declarar el 12 de septiembre de 2012 ante el juez Fernando Andreu, que instruye el caso sobre la mencionada entidad. EFE/Paco Campos
Miguel Blesa no estuvo solo en el impulso de la operación por la que acabó siendo enviado a prisión preventiva por parte de juez Elpidio Silva, luego apartado del caso. Desde luego no formalmente, porque la iniciativa fue aprobada por unanimidad, algo habitual en los consejos de administración de Caja Madrid. Pero tampoco en el debate interno: varios consejeros le mostraron su apoyo explícito en el momento crucial para dar luz verde a la operación, a pesar del escepticismo prudente de otros, que terminaron por votar también a favor. Entre los que más apoyaron a Blesa estuvo José Antonio Moral Santín, el hombre de IU en el consejo de Caja Madrid, y Antonio Romero, del PSOE. 
El acta de la reunión del Consejo de Administración de Caja Madrid del 14 de abril de 2008, a la que ha tenido acceso eldiario.es a través de los correos de Blesa, es más larga e intensa de lo habitual. Porque hubo debate. Sobre la mesa, la propuesta del presidente de entidad de comprar el City National Bank of Miami, un banco de Florida. Es la decisión por la que el juez Elpidio Silva acabaría por mandar a prisión preventiva al presidente de la caja argumentando una "gestión aberrante" de los recursos de la entidad pública. Según el juez, la caja pagó demasiado por un banco que no lo valía y se causaron unas pérdidas de 500 millones de euros a Caja Madrid. Según el auto que lo mandaba a prisión provisional, Blesa no realizó un análisis “mínimamente solvente de viabilidad y de riesgo asumible” y se pagó “un sobreprecio”, lo que supone haber incurrido en "ignorancia deliberada”.
Aquella mañana de abril, la compra del City National era el primer punto del día. Miguel Blesa se empleó a fondo para garantizar la autorización del consejo y tomó la primera palabra: señaló, según el acta, que "entre los objetivos estratégicos" estaba la "presencia internacional" de la caja y que la operación que se presentaba iba en esa línea para entrar en "el mercado americano", calificado como "uno de los más solventes". Blesa cedió la palabra entonces a su director de Desarrollo Internacional e Inversiones Especiales, Rafael Sánchez Lozano, al que invitó al Consejo para que explicara las virtudes del preacuerdo de compra del 83% de la entidad estadounidense por un importe de 927 millones de dólares. También se expusieron algunos "temas fiscales" que en el acta no se detallan pero que repercutirían en "importantes ahorros para la Caja".
El primer consejero en tomar la palabra para mostrar su escepticismo es Estanislao Rodríguez-Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda con Aznar y miembro del consejo por recomendación de Esperanza Aguirre, no precisamente la mejor amiga de Blesa. Ya en una reunión previa sobre este mismo asunto, había alertado de que el precio por un banco tan pequeño como decían los datos era demasiado "elevado". También expresó sus dudas sobre "los beneficios fiscales" de tener un banco en Miami. En el consejo, Rodríguez Ponga volvió a insistir en que sería necesaria una opinión experta de un tercero ante de dar luz verde a la compra. Lo mismo opinió otro consejero, Fernando Baquero, representante de CCOO dentro de la caja.
El escepticismo moderado de estas y otras voces en el consejo fue contrarrestado por opiniones al rescate de las intenciones de Blesa. Entre ellas destaca en el acta la intervención de José Antonio Moral Santín, que hizo una intervención parecida a la del presidente: calificó la operación como "estratégica" y dió su conformidad a la misma.
Moral Santín aparece con frecuencia en los correos de Miguel Blesa a los que ha tenido acceso eldiario.es. Esa correspondencia le dibuja como un "aliado" de la presidencia, en palabras textuales de las personas de confianza del presidente, jugando un papel determinante en las tensiones internas de poder. Por su parte, Miguel Blesa nombró a Moral Santín, su vicepresidente durante todo su mandato, en los consejos de Mapfre y Cibeles, el hólding de la entidad.
Otro representante de la oposición en el consejo, Antonio Romero, también dijo que la propuesta de Blesa encajaba perfectamente en la estrategia marcada por Caja Madrid para su crecimiento y se mostró "radicalmente en contra", dice el acta, de acudir a un tercero para que valorara la iniciativa. Romero es también definido en los correos de Blesa como un "confidente" y "aliado fiel".
En cuanto al debate sobre si el precio del City National Bank era excesivo, Moral Santín dice, según el acta, que "los bancos son bienes singulares que requieren de una metodología de precios también singular". Moral no ve mal que se le pregunte a un tercero para calmar al escepticismo, pero insiste: "no duda", dice el acta, de la "corrrección" de la operación "desde el punto de vista jurídico".
Blesa dice que quiere "un juez imparcial" y afirma que no se arrepiente "de nada"
Miguel Blesa (EFE)
En ese momento, Blesa interviene para taponar esa vía. Quiere salir de la reunión con el apoyo oficial de la entidad: dijo que ir a consultar a un tercero sobre el precio del banco era "extemporáneo" y que "el proyecto se traía al Consejo para su aprobación sin condición ninguna", según el acta. Pide directamente la unanimidad de sus consejeros para apoyar su proyecto.
Tras esta contundente intervención de Blesa, se sucedieron de nuevo las opiniones, esta vez más matizadas: todos los consejeros que habían mostrado su escepticismo cedieron y anunciaron su voto a favor a regañadientes. Moral Santín volvió a expresar su "conformidad con el presidente" y confió en que se atendieran las solicitudes "que resulten razonables, como se ha hecho siempre".
Se produjo la votación y Caja Madrid quedó oficialmente autorizada "por unanimidad" para comprar el City National Bank of Miami por el precio que había calculado el equipo de Blesa y sin pedir ninguna ayuda externa para comprobar si era una inversión razonable. En mayo de 2013, Bankia decidía desahecerse de él y venderlo al banco chileno Banco de Crédito e Inversiones (BCI) por unos 683,1 millones de euros.

ESPAÑA: SANIDAD DISCRIMINA A MUJERES SOLAS Y LESBIANAS PARA LA REPRODUCCION ASISTIDA


Sanidad deja fuera de la reproducción asistida a mujeres solas y lesbianas

El proyecto publicado por el Ministerio de Sanidad unifica "a la baja" los criterios para acceder a los tratamientos
Los requisitos incluyen la "existencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva" o "un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales" sin usar anticonceptivos 
La ministra de Sanidad, Ana Mato, ya lo había advertido: "La falta de varón no es un problema médico"
La FELGTB y la Asociación de Madres Solteras por Elección denuncian un trasfondo "ideológico"

Sanidad exigirá ser "mujer estéril" para acceder a la reproducción asistida
La ministra de Sanidad, Ana Mato, lo advirtió tras el Consejo Interterritorial del pasado verano en el que se fijó la nueva cartera básica de servicios sanitarios: las "razones médicas" serán un requisito indispensable para que las mujeres puedan acceder a tratamientos de reproducción asistida.
Ahora, con el proyecto sobre la mesa, se confirma lo esperado. La nueva cartera deja fuera a mujeres sin pareja y a parejas de lesbianas porque, como también mencionó la ministra tras la reunión con los consejeros autonómicos, "la falta de varón no es un problema médico".
Con esta nueva cartera, Sanidad se ha encargado de unificar los criterios de acceso a los tratamientos de reproducción asistida. En el texto anterior, el de 2006, este asunto se solucionaba con un escueto "problemas de fertilidad" u otra "indicación clínica". Y es esta "indicación clínica" la que permitía a las comunidades autónomas aplicar sus competencias para decidir si atendían o no a mujeres sin hombre. Con el nuevo proyecto, según la vocal de igualdad de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales(FELGTB), Isabel Gómez, "la igualdad viene a la baja".
Los requisitos principales para acceder a estos tratamientos pasan por la "existencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva, constatada tras el correspondiente protocolo diagnóstico", o la "ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos".
Pero hay más. Tener un hijo previo y sano o la existencia de alguna patología que pueda suponer un peligro para la mujer durante el embarazo son supuestos que pueden dejar fuera a candidatas.  Además, la existencia de una situación documentada que "pueda interferir de forma grave sobre el desarrollo de la descendencia" será "sometida a consideración de un Comité de ética asistencial", señala el proyecto. 

Parejas heterosexuales fértiles

Desde la FELGTB, consideran que el ministerio "se ha cubierto las espaldas para no hablar de esterilidad por la incompatibilidad de gametos". Esto es, que, en ocasiones, entre parejas heterosexuales fértiles los gametos no son compatibles, por lo que no se produce el embarazo. "Si a esa mujer fértil no le piden que se cambie de novio, ¿por qué a mí sí me exigen que me cambie de pareja?", se pregunta Gómez.
La presidenta de la Asociación de Madres Solteras por Elección, Pilar Castellano, lamenta que, con el requisito de mantener relaciones sexuales durante un año, las mujeres sin pareja "se quedan fuera". Además, denuncia otro impedimento de la nueva cartera. "Exigen que, en el caso de donantes anónimos, estos estén registrados en el Registro Nacional de Donantes, que ya estaba previsto en la ley de 2006, pero que no existe".
La responsable de la Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad de CCOO, Ana Herraz, hace hincapié en otro punto: "En el proyecto argumentan que el impacto de género es nulo, cuando los requisitos contravienen a estas mujeres". Así, ha puesto de manifiesto lo que ella considera una contradicción del Gobierno del PP. "No permiten ser madres a quienes quieren serlo y a quienes deciden libremente no serlo se las limita con leyes como la reforma de la ley del aborto".
El secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Fertilidad, el doctor José Antonio Castilla, ha matizado que, "si las mujeres tienen una causa de esterilidad clara, sí tendrían acceso", aunque no tengan pareja o sean lesbianas. Pero reconoce que "es poco frecuente" porque "lo normal es no tener causas definitivas".
Por ejemplo, como explica el doctor, si una mujer sin pareja masculina no tiene ovarios o le faltan las trompas, sí podría someterse a estos tratamientos. Sin embargo, "si no existe una causa de esterilidad extrema, no va a ser clasificada nunca como estéril, puesto que no va a estar 12 meses manteniendo relaciones con un hombre".
Tanto la FELGTB como la Sociedad Española de Fertilidad ha mantenido reuniones con representantes del ministerio para tratar este asunto, algo que también solicitó la Asociación de Madres Solteras por Elección aunque, según indica Castellano, no han obtenido respuesta.

"Población de alta eficiencia"

En esas reuniones, el doctor Castilla explica que manifestaron que las mujeres solteras y lesbianas "son una población de alta eficiencia" en estos tratamientos porque son fértiles, aunque reconoce que "los recortes podrían haber sido mucho mayores", si se rebajan en más los ciclos o la edad. Y es claro en un asunto: "Han sido sólo para ellas".
Según los calculos de Sanidad, si estos requisitos hubiesen estado vigentes en 2012, el ministerio habría dejado de gastar unos 53 millones de euros. Aunque esta cantidad corresponde a la disminución del límite de edad, que pasa a estar en los 40 años en el caso de la fecundación in vitro o inseminación artificial con semen de donante; y en 38, con semen de la pareja.
No obstante, las comunidades autónomas tienen potestad para ampliar esta cartera de servicios con cargo a sus propios presupuestos. Con este proyecto, que aún está pendiente de alegaciones, se "crea un marco legislativo para respaldar a aquellas que decidan excluir" a estas mujeres, aclara el doctor Castilla.
Tanto Gómez como Castellano coinciden en que este nuevo recorte en los servicios sanitarios "se basa en la ideología". "Existe voluntad de discriminación", denuncia la vocal de igualdad de la FELGTB. "Si estas técnicas no curan nada, sino que permiten tener hijos, deberíamos estar todas bajo el mismo rasero", exige Castellano.

domingo, 15 de diciembre de 2013

ESPAÑA OCULTA: MUEREN UNA NIÑA Y SUS PADRES QUE SE ALIMENTABAN DE ALIMENTOS CADUCADOS


Mueren intoxicados una niña y sus padres, que se alimentaban de comida caducada


Entrada del Hospital Universitario de Valme, en Sevilla, donde han fallecido los afectados (Efe).

Una intoxicación alimentaria ha provocado la muerte de tres miembros de una misma familia, un hombre de 61 años, su mujer de 50 y su hija de 14, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad mediante un comunicado. Otra hija, de 13 años, se encuentra ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con pronóstico reservado y con náuseas y vómitos.

Fuentes de la investigación dijeron a Efe que los afectados vivían de la recogida de cartones y se alimentaban de comida caducada que le regalaban. Según las primeras indagaciones, los afectados cenaron anoche pescado y poco después comenzaron a sentirse mal. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha mostrado su "dolor y consternación" por estas muertes.


La portavoz municipal, Miriam Burgos, ha señalado que "la familia residía en Alcalá desde hacía algunos años pero no era usuaria habitual de los servicios sociales de la ciudad, aunque este año en el mes de octubre el padre (el hombre fallecido de 61 años) solicitó el salario social".

El caso está bajo secreto de sumario, por lo que la portavoz ha pedido prudencia para que la justicia pueda seguir su cauce habitual y sea la que clarifique los hechos. "Desde el Ayuntamiento se pide respeto y que no se hagan especulaciones hasta que no se levante el secreto de sumario y se conozcan las verdaderas causas del dramático suceso", añade el comunicado.

Estos hechos han activado la Alerta de Salud Pública, de modo que el equipo de Salud Pública de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha realizado una muestra epidemiológica en el domicilio. Las muestras se encuentran bajo investigación judicial y serán analizadas para determinar las causas de la intoxicación.

No obstante, fuentes de la investigación señalaron a Efe que están abiertas todas las posibilidades sobre las causas del fallecimiento.

FUENTE

ESPAÑA: GOLDMAN SACHS TIENE MILES DE VIVIENDAS DE VPO A 67.000 EUROS


Goldman Sachs acapara miles de viviendas de protección oficial a 67.000 euros


Goldman Sachs acapara miles de viviendas de protección oficial a 67.000 euros


“Un fondo de inversión buitre no viene a hacer obra social, sino a ganar dinero y hacer negocio”. Así resume Mariano, la situación en la que se encuentra tras conocer el pasado mes de octubre que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) había vendido su piso, donde estaba de alquiler, junto a otros 2.938 a Goldman Sachs, el fondo de inversión que gestionará estas viviendas a través de dos empresas, Azora y Encasa Cibeles.
Mariano es uno de los afectados, pero hay muchos más por barrios de Madrid como el de La Ventilla o Vallecas. Se trata de familias que vivían en pisos de protección oficial, muchos con derecho a compra y subvencionados, que ven cómo ahora el IVIMA deja en manos de un fondo de inversión.
Los afectados, además denuncian que Goldman Sachs ha hecho negocio con esta adquisición. “Compró, en una subasta, un lote de cerca de 3.000 viviendas por un valor de 201 millones de euros, cuando el precio de mercado era de más de 300 millones”, aseguran. La media de cada piso le salió a un precio cercano a los 67.000 euros y ahí está el negocio.
Por ejemplo, por una vivienda de 50 metros cuadrados en La Ventilla se pagaban unos 550 euros al mes. El derecho a compra estaba establecido en 70.000 euros al que había que aplicar el coeficiente de actualización del 1,5%, en total cerca de 90.000 euros. Pues bien, ahora la nueva empresa aplicará un coeficiente del 2% lo que hará que el precio se dispare, en algunos casos, hasta los cerca de 140.000 euros, más impuestos. Más del doble del dinero que Goldman Sachs pagó por cada vivienda de media.
Si los arrendados no hacen frente a la opción de compra, tendrá que entregar las llaves, independientemente de todo el dinero que haya pagado ya (la mitad del alquiler aproximadamente se dedicaba a esa opción de compra). En 2014 unos 400 inquilinos se verán en esa situación, otros tendrán más tiempo.
Los afectados también denuncian que “en Vallecas ya hay gente que, por su situación económica pagan un alquiler muy bajo, de 100 ó 150 euros, y a los que se les ha comunicado que el piso vale tanto y que si no pagan esa cantidad, tienen que irse ya”.
Ante esta situación muchos de los afectados se han reunido en una manifestación esta misma mañana para exigir que se cumplan cuatro puntos muy concretos: “que se paralice el proceso de subasta y venta; que se respeten las condiciones iniciales de los contratos; que se impida la especulación  y que se garanticen las subvenciones al alquiler a aquellos que lo necesiten por sus condiciones de renta o circunstancias personales”.