LA POLICIA DESTAPA EN UN INFORME LAS MENTIRAS DE FRANCISCO CAMPS

La Policía destapa en un informe las mentiras de Francisco Camps

La policía judicial de Valencia remite un escrito al juez Castro con las gestiones que realizaron para entregar al expresidente valenciano su citación como testigo del caso Nóos

La Policía Nacional de Valencia ha remitido un oficio al juez que instruye el caso Noos, José Castro, para dar cuenta de las labores que los agentes llevaron a cabo durante la jornada del pasado 16 de noviembre para localizar a Francisco Camps y que declarara como testigo por los contratos que la administración pública valenciana concedió a Iñaki Urdangarin. Los agentes estuvieron por espacio de 20 minutos llamando a la puerta de su domicilio pero nadie abrió la puerta. Camps aseguró en las páginas de ABC que ese fin de semana no se movió de casa.

Primero lo intentaron en el teléfono en el número de móvil que el propio Francisco Camps dejó en el juzgado. Le llamó la secretaria judicial del juzgado de instrucción número tres de Palma y también la policía pero el expresident valenciano no cogió el teléfono y no respondió a los mensajes. El juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach querían que prestara declaración el fin de semana del 15 de noviembre por escrito y en calidad de testigo por los contratos de la administración pública valenciana con Iñaki Urdangarin pero finalmente no hubo suerte.

Según el oficio, firmado por el jefe de la brigada de la policía judicial de Valencia, a las cinco de la tarde del sábado 16 de noviembre, los agentes recibieron la orden de ir a buscar a Camps a su domicilio. Allí "estuvieron llamando en repetidas ocasiones al timbre" sin obtener respuesta. Para evitar el error, los policías también llamaron a las dos puertas vecinas, cuyos inquilinos aseguraron que la vivienda contigua era la de Francisco Camps. "En el lugar se estuvo 20 minutos intentándolo reiteradamente y sin éxito", concluye el informe. La policía deja en evidencia a Camps porque aseguró, después de la polémica, que estuvo en su casa todo el fin de semana.

El exdirector de Cacsa envenena la rama valenciana del caso Nóos

Jorge Vela, exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la sociedad que participó en la contratación del Instituto Nóos para organizar tres jornadas de la Valencia Summit a cambio de 3,6 millones de euros ha entregado al juez Castro correos electrónicos para demostrar que el Ayuntamiento de Valencia y el conseller Gerardo Camps estaban encima de las negociaciones. El escrito presentado por los letrados de Vela señala que los contratos con Urdangarin "estaban cerrados a priori desde el primer convenio con un papel predominante del Ayuntamiento de Valencia" y que el interlocutor principal con el Instituto Nóos fue Jaume Mata.

Así se desprende de uno de los correos electrónicos en el que el asesor de la secretaría de eventos le dice a una responsable de Cacsa que "las directrices del conseller -supuestamente Gerardo Camps- fueron claras, hacer lo que haga el Ayuntamiento". Y es que Valencia se perfilaba en los buenos años del Instituto Nóos como la tierra prometida de Iñaki Urdangarin que llegó a enviar una carta al entonces presidente, Francisco Camps, en la que aseguraba que quería convertir a Valencia "en el Davos del deporte y las ciudades, en la referencia mundial en la organización de grandes eventos deportivos". Carta fechada en abril de 2004 y que también se ha incorporado ahora al sumario.

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EE.UU. : ALERTA POR UNA NUEVA BURBUJA INMOBILIARIA

Estados Unidos, en alerta por una nueva burbuja inmobiliaria

Estados Unidos está frente a la perspectiva de un nuevo auge de la especulación inmobiliaria.

En septiembre, y en comparación con 2012, el aumento interanual de los precios fue de un 12,8%. En algunos estados como California o Nevada el alza ha sido de 20%.

El índice Case Shiller –que elabora el recientemente galardonado premio Nobel de Economía Robert J. Shiller– hizo sonar la alarma en abril cuando calculó que el ritmo del aumento de la vivienda había alcanzado su nivel máximo desde el feroz estallido de la burbuja en 2007-2008.

Shiller no es solo un premio Nobel. Fue uno de los pocos que predijo el colapso de las hipotecas subprime o de alto riesgo un año antes de que precipitaran la caída del Lehman Brothers y la recesión mundial de 2008.

Y la señal de alarma más poderosa fue la voz de un funcionario del banco central estadounidense, el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Richard Fisher: "Estoy empezando a ver señales en todo el país de que estamos entrando, una vez más, en una burbuja inmobiliaria", afirmó.

Las ruinas circulares

La tan citada frase de Karl Marx sobre la historia – ocurre como tragedia y se repite como farsa – viene al caso.

La crisis financiero-inmobiliaria del 2008 se centró en las hipotecassubprime, concedidas muchas veces a gente que ni siquiera tenía trabajo.

Ahora el sector social que más está alimentando la burbuja es el de ingresos altos y medio altos por medio de las llamadas jumbo mortgages o hipotecas gigantes.

La regulación del mercado hipotecario estadounidense estipula que los préstamos estándares para un hogar de familia no pueden superar los US$417.000, límite que, para áreas más caras como Nueva York o Los Ángeles, aumenta a US$625.000.

Si se quiere tomar un préstamo por encima de esa cifra se entra en el reino de las "jumbo", que normalmente exigen una tasa de interés más alta (por lo general, 0,25% más).

Pero ahora los bancos están promocionando hipotecas jumbo a 30 años que cuestan menos que los préstamos para la familia estándar.

Peter Zalewski, de Condo Vultures, consultora del mercado inmobiliario en Florida, señala que es una especulación más acotada.

"En la anterior burbuja maestros, bomberos, empresarios, taxistas, todos estaban metidos en el mercado. Lo que vemos ahora son nichos: las propiedades que valen alrededor del millón de dólares, por ejemplo, a las que acceden los muy ricos estadounidenses o extranjeros y los inversores institucionales", señaló a BBC Mundo.

No todos son iguales

"En la anterior burbuja maestros, bomberos, empresarios, taxistas, todos estaban metidos en el mercado. Lo que vemos ahora son nichos: propiedades que valen alrededor del millón de dólares, por ejemplo, a las que acceden los muy ricos"

Peter Zalewski, consultor inmobiliario

Así, se trata de una burbuja con una clara distribución geográfica.

En ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Miami y Washington la presión sobre los precios es mucho mayor que en otras zonas del país. En Sacramento, por caso, el aumento superó el 34,1%; en Las Vegas, el 33,3% o en Riverside, California, el 31%.

Pero la consultora inmobiliaria Zillow calcula que todavía no se puede hablar de una burbuja a nivel nacional porque la gente en promedio está gastando un 13% de sus ingresos en pagos hipotecarios, muy por debajo del 20% de otras épocas.

Esta relación gastos-ingresos es fundamental porque crea un "colchón" capaz de amortiguar repentinas subidas de las tasas de interés que pueden desequilibrar el presupuesto individual y hacer peligrar los pagos.

Zillow señala, sin embargo, que este promedio nacional cambia radicalmente en las zonas calientes del mercado.

En lugares como San Francisco o San José los pagos hipotecarios superan la mitad de los ingresos.

Aún así, la consultora calcula que el próximo año habrá una moderación de los aumentos que no superaría el 3,8%.

La Reserva, el actor principal

Más allá de si esta proyección es acertada, su impacto económico y social dependerá de un actor clave. Sea tragedia o farsa, la historia de las burbujas de los últimos 15 años ha tenido un protagonista principal: la Reserva Federal (el banco central estadounidense).

En la crisis subprime el crédito barato -y una regulación inexistente- alentaron la estampida de los precios. En la actual, a las tasas de interés por el suelo, se le ha añadido el llamadoQuantitative Easing, la flexibilización cuantitativa o emisión electrónica de dinero.

Con esta emisión, que ha sido este año de alrededor de US$80.000 millones mensuales, el banco central adquiere activos financieros de los bancos para que estas entidades tengan más fondos para prestar a productores y consumidores aceitando mediante el crédito la reactivación económica.

Según un cálculo, la Reserva Federal posee hoy el 12% de las hipotecas del país.

El vicepresidente de la financiera HSH.Com, Keith Gumbinger, señala que su intervención ha sido clave para sostener el mercado hipotecario.

"Con tasas de interés a los precios de hoy y la flexibilización cuantitativa, la Reserva Federal ha aportado liquidez y ha revivido el mercado hipotecario", indicó Gumbinger a BBC Mundo.

Pero también está jugando con fuego. En una economía como la estadounidense la línea divisoria entre un fuerte aumento de precios y una burbuja es muy fina.

La crédito-adicción

La Reserva Federal es parte de un modelo económico que viene luchando con una nueva patología: la crédito-adicción.

En 1978 un salario medio estadounidense equivalía a unos US$48.000 (en valores actuales). Hoy es de US$33.000.

Si el consumo estadounidense siguió siendo un motor del crecimiento en estas décadas fue en buena parte gracias a la tarjeta de crédito alimentada por tasas muy bajas.

La crisis subprime de 2007-2008 marcó un límite a esta patología económica de la vida cotidiana.

Según el vicedirector del Center for Economic and Policy Research de Washington, Dean Baker, el sistema no ha cambiado.

"El crecimiento de los últimos diez años se ha basado en burbujas. Es asombroso que la Reserva Federal no lo haya visto. El sistema regulatorio apenas ha cambiado", le dijo Baker a BBC Mundo.

No todos coinciden. Analistas como Keith Gumbinger opinan que el sistema regulatorio es mucho más estricto, pero otros aseguran que aún si así fuera, la burbuja seguirá creciendo.

"El capitalismo tiene esa capacidad creativo-destructiva. Hay mucha gente viendo cómo encontrarle la vuelta a la regulación. Es nuestra historia desde los años 20 en adelante: el boom seguido de implosión. No va a cambiar", indicó a BBC Mundo Peter Zalewski, de Condo Vultures.

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41 MILLONES DE EUROS PARA QUE EL GOBIERNO NOMBRE A DEDO A 837 ASESORES

41 millones de euros para que el Gobierno nombre a dedo a 837 asesores

La Fundación Ciudadana Civio pide que se publiquen en el BOE los nombramientos de asesores de los ministros y del presidente del Gobierno

La ley no obliga a hacer públicos los nombres de los cargos de confianza de los políticos ni a exigir titulaciones específicas al personal eventual

Los políticos tienen libertad para elegir a quién de su confianza seleccionan como asesor durante el desempeño de funciones públicas. Esos trabajadores eventuales son de "confianza o asesoramiento personal" y también un cuerpo que engrosa la Administración Pública de manera opaca, ya que la legislación no obliga a publicar los nombres de los cargos elegidos a dedo.

El Gobierno –incluidos ministerios y agencias– tiene un total de 837 trabajadores designados a dedo que cuentan con un presupuesto de 41,46 millones de euros. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta quiénes son los benefactores de esa partida. Hasta agosto de este año, Mariano Rajoy ha gastado un 8,8% más en este tipo de contrataciones frente al 2,1% de caída que sufrieron los funcionarios de esta Administración.

El presidente dispone de un total de 245 asesores designados a dedo bajo el paraguas denominado "personal eventual", que se define como aquel que, "con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial". Rajoy tiene 53 asesores directos más que José Luis Rodríguez Zapatero, que contrató a 192 trabajadores de este tipo.

El Gobierno no tiene que dar explicaciones sobre estas contrataciones en las que se incluye a personas que no poseen ninguna titulación académica. Los Presupuestos Generales del Estado de 2013 apuntaban que 68 asesores del presidente no tenían graduado escolar. El Ejecutivo se defendió alegando, en una respuesta parlamentaria dirigida a UPyD, que para el nombramiento del personal eventual "no se exige el requisito de estar en posesión de titulación alguna".

La Fundación Ciudadana Civio ha lanzado una petición en la que solicita a Mariano Rajoy que los nombramientos del personal eventual se publiquen en el BOE. Civio expresa que se debe dar a conocer también el currículum de estos empleados que "trabajan para nosotros". "Tenemos derecho a saber quiénes son", argumenta la plataforma, que recuerda que sí se publican los nombramientos de altos cargos mientras que los ciudadanos no pueden saber quiénes asesoran a sus representantes, ni el tiempo en el que lo hacen, ni si están preparados para ello. 

Los nombramientos opacos de personal eventual no son exclusivos a nivel estatal: las comunidades autónomas y las corporaciones locales tampoco tienen la obligación de dar a conocer quiénes están trabajando en la Administración por ser de la confianza de los representantes públicos.

El sindicato de funcionarios CSIF calcula que existen unos 19.000 puestos de trabajo con estas características, de los que 16.000 forman parte de las corporaciones locales. El salario medio de estos empleados asciende a 50.000 euros, lo que conlleva un gasto público de 1.000 millones de euros, según publicó ABC.

Civio pone como ejemplo a Ángel Carromero, el líder de Nuevas Generaciones del PP condenado en Cuba por el homicidio de dos disidentes en un accidente de tráfico, que es uno de los 213 asesores en los que Ana Botella se gasta un total de nueve millones de euros.

Algunas comunidades autónomas son algo más transparentes y muestran cuántos cargos eventuales tienen y su dedicación, como La Rioja, aunque no desvela los nombres de sus miembros de confianza, que ascienden a 46. Cataluña se lleva la palma en grado de transparencia al tener un portal dedicado a esta información: publica el nombre, el cargo y el salario anual de los altos cargos y del personal eventual.

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ANULADO EL GRUPO POLICIAL ANTICORRUPCION DEL CASO NOSS

Descabezado el grupo policial anticorrupción del ‘caso Nóos’

Queda una sola inspectora al frente del equipo, de las tres policías que había hasta ahora

El grupo de la Policía Judicial de Delincuencia Económica de la comisaría de Baleares –la unidad que lleva el peso de la investigación de los escándalos de corrupción y que indaga en especial el caso Nóos- ha quedado descabezado, con su cúpula minimizada. Al frente del equipo de 12 policías ha quedado una sola inspectora, la jefa del grupo, de las tres destinadas hasta ahora, todas ellas especializadas en cuestiones económicas, tramas financieras y análisis fiscales.

El juez José Castro, que culmina la pieza interna del caso Nóos, con la posible imputación de la infanta Cristina por blanqueo de capitales, días a atrás apremió en una providencia a esa unidad de la Policía Judicial. El instructor se dirigió a los mandos de la comisaría –también a la Agencia Tributaria- para que concluyan los informes que les tiene encomendados.

José Castro afirmó que la tardanza de la policía y de Hacienda en la entrega de esos análisis dilataba y retrasaba la culminación de la instrucción. Teóricamente, el exceso de trabajo, la carencia de medios personales y la acumulación de encomiendas judiciales saturan esas unidades policiales y tributarias.

En la Fiscalía Anticorrupción se desconocía este lunes el recorte de elementos directivos en la unidad policial de Delincuencia Económica con la que trabaja directamente. No obstante, desde la fiscalía se precisó que no hay cuestiones esenciales pendientes de investigación en el caso Nóos. Tras las consultas desarrolladas, el Ministerio Público sí reconoció que se ha quitado a dos inspectoras, aunque aseguró que ninguna de las dos tenía entre manos temas ligados al asunto de Nóos. El fiscal ya ha concluido que no hay datos para imputar a la hija del Rey.

Un portavoz de la jefatura superior de Baleares, al plantearse la salida de las dos inspectoras de Delincuencia Económica, explicó a EL PAIS que ha habido "movimientos internos, cambios de inspectoras entre unidades”, que situó dentro de la “normalidad” de las reorganizaciones operativas y de las peticiones de nuevos destinos.

Dos de las policías expertas en anticorrupción y con rango interno han sido destinadas a otras unidades de la comisaría de Palma de Mallorca que dirige, tras la llegada del PP del Gobierno, el jefe superior de Policía, Antonio Emilio Jarabo de la Peña. Este jefe policial, de confianza del equipo del Ministerio de Interior, había trabajado anteriormente en una zona turística de Canarias. Con anterioridad estuvo en las unidades de los antiguos grupos antidisturbios, los llamados botas, en lenguaje interno.

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EL GOBIERNO RECULA Y REBAJA A UN TERCIO LAS SANCIONES MAS DURAS DE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD

Interior recula y rebaja a un tercio las sanciones más duras de la Ley de Seguridad

El Ministerio del Interior ha decidido rebajar considerablemente la contundencia de la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana tras la polémica que generó la semana pasada la revelación de los preceptos más controvertidos del texto. Según ha podido saber El Confidencial, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ha revisado el borrador inicial del anteproyecto para reducir la calificación de las infracciones y recortar el importe de las multas correspondientes. Aproximadamente un tercio de las infracciones que en un principio eran consideradas muy graves pasarán a ser simplemente graves y muchas de las graves se convertirán en leves.

Los cambios que ha realizado Interior en los últimos días son numerosos y suponen un claro paso atrás en las aspiraciones iniciales de Fernández Díaz. El borrador original de la Ley de Seguridad Ciudadana calificaba 21 comportamientos como muy graves, es decir, sujetos a multas administrativas que podían oscilar entre los 30.001 euros y los 600.000. Pero, tras las correcciones que se ha visto obligado a realizar Interior, el texto (aún sujeto a matizaciones) incluye ahora menos de una decena de conductas de la máxima gravedad. Las que abandonan esa categoría pasan a convertirse en infracciones graves, justo en el escalón inferior. Y, a su vez, parte de las infracciones graves han sido rebajadas a la consideración de leves, las de menor relevancia. Así, en la versión más actualizada del anteproyecto, el régimen sancionador de la ley se compone de menos de una decena de infracciones muy graves, 30 graves y 19 leves.

Cambios en los artículos más polémicos  
Estos ajustes tendrán una importante traducción práctica. En un primer momento, Interior calificó como infracción muy grave la celebración de manifestaciones no comunicadas o prohibidas en las inmediaciones del Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. Se trata de una conducta que no persigue la actual Ley de Seguridad Ciudadana, del año 1992, pero Interior quiso incluirla en su propuesta para evitar nuevas concentraciones como las celebradas por los movimientos del 15-M en las inmediaciones de la Cámara Baja.
Más de mil personas se concentran frente al Congreso de los Diputados. (EFE)Con el borrador inicial de Interior, los organizadores de una manifestación de este tipo se exponían a multas de hasta 600.000 euros, una sanción que fue duramente criticada por los partidos de la oposición y numerosas plataformas sociales. Finalmente, Interior ha escuchado las críticas, aunque sólo parcialmente. No elimina esa infracción, pero la rebaja de muy grave a grave. Con el nuevo texto, convocar una protesta en las inmediaciones del Congreso se castigará con multas de hasta 30.000 euros.

Fotografiar a policías deja de ser “muy grave”
Otro de los comportamientos sancionables que Interior ha decidido incluir en su anteproyecto es la grabación de los agentes encargados de mantener el orden público, una novedad que también ha sido denostada con vehemencia. En concreto, en el primer borrador, tomar imágenes de funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante manifestaciones o protestas que puedan vulnerar su derecho al honor o poner en riesgo su integridad se consideraba una infracción muy grave, sujeta también a multas de hasta 600.000 euros. Sin embargo, en la última versión del articulado, esta conducta ha sido transformada en grave.
Interior también incluyó en el anteproyecto sanciones para los insultos a policías. En concreto, su primer texto consideraba una infracción de nivel grave “amenazar, coaccionar, injuriar o vejar” a agentes de la autoridad encargados del mantenimiento del orden público. Pero, en la versión más reciente de la ley, la persecución de esta conducta también se ha visto modificada. Se convierte en una infracción leve, multada con un importe máximo de 1.000 euros.

Al Consejo de Ministros del viernes
No ha sufrido ningún cambio la prohibición de provocar desórdenes públicos en eventos culturas o deportivos, solemnidades, oficios religiosos o reuniones numerosas; o celebrar manifestaciones en infraestructuras consideradas críticas, como aeropuertos o centrales nucleares. El texto que maneja en estos momentos Interior mantiene la calificación de muy grave para ambas infracciones, castigadas por tanto con multas de hasta 600.000 euros.

El texto aún está en proceso de elaboración y puede sufrir nuevas modificaciones antes de ser presentado en el Consejo de Ministros. Interior quería elevarlo al gabinete el pasado viernes, pero fue aplazado a última hora por decisión de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, que exigió que se pulieran sus puntos más controvertidos. Fuentes de Interior consultadas por este diario aseguran que, finalmente, el anteproyecto será presentado en el Consejo de Ministros de este viernes. 
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PACTO DE SILENCIO DE PP Y PSOE PARA NO REVELAR EL PRESIDENTE DEL CGPJ

PP y PSOE escenifican un ‘pacto de silencio’ para no revelar el presidente del CGPJ

Ni Gobierno ni oposición sueltan prenda de quién es el elegido para presidir el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo. Ayer nombraron a los doce vocales que quedaban por designar para formar parte del nuevo órgano de los jueces. Sin embargo, el hermetismo es absoluto respecto al nombre del nuevo presidente con la intención de que parezca que son los vocales quienes eligen a su presidente y no que se trata de una imposición, cuando en realidad el nombre ya está pactado.

Desde hace días se da por hecho que será Carlos Lesmes, magistrado del Tribunal Supremo, hombre de confianza del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y persona con cargos políticos en la época de José María Aznar.

Sin embargo, dentro del propio Alto Tribunal la elección de Lesmes no está tan clara. Algunas fuentes hablan como futuro presidente de Ángel Calderón, actual presidente de la Sala de lo Militar del Supremo, cuyo nombre alcanzó mucha repercusión cuando le tocó estudiar la recusación planteada por el ya exjuez Baltasar Garzón a varios magistrados en la causa de la Memoria Histórica.

Son varios los nombres los que han sonado: Manuel Marchena, Juan Saavedra, Pablo Lucas, Jorge Rodríguez Zapata… pero son todo quinielas y rumores. Los principales partidos políticos, PP y PSOE, mantienen públicamente el silencio sobre la persona elegida.
Entre los últimos rumores se ha llegado a decir que incluso podría haberse pactado un fiscal para el cargo después de haber dejado al CGPJ sin ningún miembro de la carrera fiscal dentro del órgano, algo hasta ahora insólito.

Un sistema que roza la ilegalidad
Algunas fuentes jurídicas consideran que esta actuación es escandalosa porque deja en evidencia el sometimiento desde el principio de los vocales designados al poder judicial. Incluso estiman que este comportamiento va en contra de la ley, que dice claramente que el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ será propuesto por los vocales, por mayoría de tres quintos de sus miembros en la propia sesión constitutiva del mismo, y será refrendado por el presidente del Gobierno.
Previsiblemente, será a principios de la próxima semana cuando los vocales juren su cargo ante el Rey y ocupen sus nuevos puestos. En la primera reunión que tengan deberán votar el nombre del presidente, aunque previamente ya se habrá pactado, como ha ocurrido en todos los consejos.
A partir de ahí, deberán elegir a los cinco vocales que formen la Comisión Permanente y que serán los únicos que estén en el órgano de forma exclusiva y que rotarán anualmente. El resto seguirán en sus puestos de trabajo, exceptuando reuniones de pleno.

El magistrado Carlos Lesmes. (EFE)Entre los primeros asuntos que el nuevo CGPJ tendrá que resolver está el nombramiento de dos magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la prórroga de Pablo Ruz como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, una vez que se ha confirmado que Miguel Carmona, el titular natural, se marcha como juez de enlace a Londres.

Ruz fue prorrogado como sustituto de Carmona a finales de julio por un plazo de seis meses, por lo que el Consejo en enero tendrá que decidir si este juez sigue en el juzgado que instruye el caso Gürtel o los ‘papeles de Bárcenas’, entre muchos otros.
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INVESTIGADORES ENCUENTRAN GENES PARA CURAR EL PARKINSON

Encuentran genes que podrían ayudar a curar Parkinson



Un grupo de investigadores estadounidenses ha conseguido encontrar genes que al activar o silenciarlos se puede avanzar en el tratamiento de las enfermedades de movimientos involuntarios, como el Parkinson. 

"Hemos descubierto una red de genes que puede regular la eliminación de las mitocondrias disfuncionales, abriendo la puerta a nuevas dianas terapéuticas para la enfermedad de Parkinson y otros trastornos". 

Así lo ha declarado el autor del estudio, Richard Youle, del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS, en sus siglas en inglés). 

El equipo de investigadores aplicó la tecnología del ARN de interferencia (ARNi) y analizó unos 22 mil genes. 

Posteriormente, encontró al menos cuatro genes llamados TOMM7, HSPAI1L, bag4 y SIAH3, los cuales pueden ayudar a la labor de Parkin, una proteína que etiqueta las mitocondrias dañadas como residuos. 

Youle ha asegurado que este descubrimiento mejorará la comprensión de la enfermedad de Parkinson y otros trastornos neurológicos. 

Durante el desarrollo del proyecto, los científicos han observado que al inhibir los genes TOMM7 y HSPAI1L se desactiva también el proceso de encontrar las mitocondrias dañadas, al contrario cuando han activado bag4 y SIAH3, han logrado mejorar la capacidad de etiquetación de Parkin. 

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el tiempo a una incapacidad progresiva, a consecuencia de la destrucción de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra. 
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ACUERDO EN PANRICO: PACTAN DESPIDO DE 745 TRABAJADORES Y REDUCCION DE SALARIO DEL 18%

Acuerdo en Panrico: los sindicatos pactan el despido de 745 trabajadores y rebajas salariales del 18%

La dirección de Panrico y los sindicatos han alcanzado esta madrugada un acuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que contempla el despido de 745 trabajadores de los 4.000 que componen la plantilla y una rebaja salarial de hasta el 18% para el resto.

La mesa negociadora ha elevado a acuerdo el preacuerdo al que llegaron ambas partes la semana pasada -el segundo de la negociación- y que la plantilla de la fábrica de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) rechazó en asamblea el pasado sábado, día 23, según han explicado a Efe fuentes conocedoras de la última reunión.

Acuerdo definitivo y vinculante

Este acuerdo, alcanzado en el último día de negociación del ERE, es definitivo y vinculante, por lo que no será sometido nuevamente a la votación de la plantilla.

El documento pactado establece que la compañía, que por ahora no se ha pronunciado sobre dicho acuerdo, aplicará un máximo de 745 extinciones de contratos, lo que supone aproximadamente el 18% de la plantilla, formada por unos 4.000 trabajadores.

Los despidos se llevarán a cabo entre este mismo año y 2016, si bien en función de la evolución del negocio las extinciones en los años 2015 y 2016 podrían realizarse o no.

Por su parte, las indemnizaciones alcanzarán los 25 días de salario por año trabajado, con un máximo de 14 mensualidades.

Además, debido a la "grave situación financiera" de la compañía, que está en preconcurso de acreedores, Panrico podrá abonar dichas indemnizaciones en un plazo máximo de 18 meses desde la fecha de despido.

Rebaja salarial del 18% a los que se quedan

A los trabajadores que continúen en la empresa se les aplicará una rebaja salarial de hasta un máximo del 18% para las nóminas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año.

Esta reducción será de un máximo del 15% para los años 2014, 2015 y 2016, ejercicios en los que se podrá revisar semestralmente el porcentaje a la vista de la evolución de la compañía, de forma que si no se cumplen los objetivos de ebitda fijados, la reducción salarial para el siguiente semestre será del 18%.

Prescindirá de 300 autónomos

En un principio, Panrico, propiedad del fondo estadounidense Oaktree, planteó a los sindicatos una extinción de 1.914 empleos, casi la mitad de la plantilla, y una reducción salarial de entre el 35 y 45%.

El fabricante de Donuts, además, llegó ayer a un acuerdo con los representantes de los trabajadores autónomos de su red de distribución para prescindir de 300 repartidores y aplicar al resto una rebaja salarial del 15%.

En este caso, Panrico ha reducido la cifra de afectados de 600 a 300, mientras que la rebaja salarial que sufrirán los cerca de 1.500 autónomos que mantengan sus puestos de trabajo pasará del 25 al 15%.

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CANADA: APRUEBAN PRODUCCION DE SALMON TRANSGENICO A GRAN ESCALA

Canadá aprueba la producción de salmón transgénico a gran escala

Canadá ha aprobado la producción a gran escala de huevos de salmón híbrido, convirtiéndose en el primer animal modificado genéticamente en el mundo que ha logrado llegar tan cerca de los supermercados y de las mesas de los consumidores.

El Departamento del Gobierno de Canadá responsable de coordinar las políticas y programas ambientales en el país había concedido a la empresa de biotecnología estadounidense AquaBounty Technologies el permiso para exportar hasta 100.000 huevos de peces transgénicos al año de un criadero en la isla canadiense de Prince Edward a la selva panameña, donde se criarán hasta su estado adulto, conveniente para la venta, informa 'The Guardian'. 

De acuerdo con los medios locales, la aprobación reciente abre el camino a AquaBounty para aumentar la producción del salmón híbrido en previsión de una eventual aprobación de las autoridades estadounidenses, el principal objetivo de la empresa transgénica.  

La compañía espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA por sus siglas en inglés) tome su decisión sobre la venta de salmón modificado en un futuro próximo, mientras que la empresa tiene otras 30 especies de peces transgénicos actualmente en desarrollo. 

Tras aprobar la producción a escala comercial de este tipo de animal que estaría destinado a la producción de alimentos, el Gobierno canadiense, por su parte, admitió que su decisión representa un alto riesgo para el salmón salvaje del Atlántico, en caso de que algún espécimen transgénico logré escaparse y quede en libertad.  

No obstante, el portavoz de Medio Ambiente de Canadá ha asegurado que no se va a permitir a corto plazo la venta o el consumo de huevos de salmón modificado genéticamente en el país. 

"Hay medidas estrictas en el lugar para prevenir la liberación de este pez en la cadena alimentaria, el pescado y los huevos genéticamente modificados aún no están aprobados en Canadá para fines de consumo humano", declaró. 

Sin embargo, la aprobación limitada ya representa una gran victoria para AquaBounty, que ha luchado durante 20 años para que el salmón transgénico llegue a las mesas de los consumidores. Desde hace varios años AquaBounty ha estado criando un híbrido del salmón Chinook del Pacífico y una criatura de aletas radiales llamada eelpout y diseñada para crecer el doble y mucho más rápido que un salmón tradicional, con carácter experimental.  

Según la coordinadora de la Red de Acción Canadiense de Biotecnología, Lucy Sharratt, la decisión del Gobierno de Canadá de la semana pasada hizo más fácil para AquaBounty avanzar hacia la producción comercial del pez transgénico a gran escala. 

"Este es un paso concreto que nos acerca a la realidad de tener a peces modificados genéticamente en nuestros platos y por desgracia, es un paso realmente dramático", advirtió Sharratt. "Es una primicia mundial, y tiene un potencial impacto global significativo para nuestro medio ambiente y desastroso para nuestros ecosistemas acuáticos", añadió. 

Para que el producto entre en el mercado AquaBounty aún debe obtener varios permisos más por parte de los dos países norteamericanos. Sin embargo, la decisión tomada por las autoridades canadienses es el primer caso para la aprobación de la producción a escala comercial de un animal modificado genéticamente. 
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PRIVATIZACION DE LA SANIDAD BENEFICIA A CARGOS PUBLICOS IMPUTADOS EN CORRUPCION

El afán privatizador del PP en Sanidad beneficia a sus cargos públicos de Madrid

No sólo los exconsejeros Lamela y Güemes están imputados por presunta prevaricación en la "externalización" de seis hospitales de la comunidad. La puerta giratoria la usó también el director de Hospitales, Antonio Burgueño, y a la actual viceconsejera, Patricia Flores, se la acusa de fraude

Javier Fernández Lasquetty promete no hacerlo pero, con los antecedentes que hay en su departamento, no sería de extrañar que, una vez fuera de la Consejería de Sanidad de Madrid, terminara trabajando para una empresa privada relacionada con la Sanidad. Es más, no sería de extrañar que terminara trabajando para una empresa privada que gestione uno de los hospitales que él mismo haya "externalizado",en caso de que consiga llevar su plan a buen término. 

Ese sería su futuro más probable si se decidiera a seguir la senda de sus predecesores en el cargo, grandes expertos en eso del "yo me lo privatizo, yo me lo como". Desde hace años, las privatizaciones sanitariasllevadas a cabo por el Gobierno del PP han terminado beneficiando a sus propios cargos públicos. A día de hoy, algunos de ellos siguen comiendo de la llamada puerta giratoria, incluso a pesar de estar imputados.

Prueba de ello ha sido el último caso polémico,el del Ministerio de Sanidad, que ha contratado a la compañía Business Assessment Plans and Projects Healthcare, propiedad del exconsejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela, para cambiar la gestión de uno de los dos hospitales que dependen del departamento de Ana Mato; el de Melilla (el otro es el de Ceuta).

Lamela, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007, fue uno de los líderes de la campaña contra el doctor Montes por las sedaciones en el Hospital Severo Ochoa. En la actualidad trabaja como consejero para Assignia Infraestructuras, la compañía a la que él mismo adjudicó la gestión de los servicios privatizados del hospital del Tajo, en Aranjuez, a través de una concesión de la Comunidad de 270 millones de euros. Cuando se destapó la noticia, Mato le pidió explicaciones sobre la legalidad de la situación, pero también afirmó estar "segura" de que Lamela cumplía "todas las normas de compatibilidad". 

Por otro lado, Lamela también constituyó el Madrid Centro Médico (MCM) —Madrid Medical Destination en el mercado internacional—; una asociación para potenciar el turismo sanitario "de excelencia" está formada por los principales hospitales privados de Madrid y entre cuyos clientes están Capio Sanidad —ahora IDC Salud—, Clínica La Luz y MD Anderson.

Como él, su sucesor Juan José Güemes, consejero de Sanidad entre 2008 y 2010, también acabó trabajando para una empresa privada (Unilabs), integrada en Capio. ¿El problema? Capio es una de las máximas beneficiarias de la privatización sanitaria en Madrid. Y, de hecho, es una de las empresas imputadas, junto a Ribera Salud y Asisa, por el juez del juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero. 

En ese mismo caso, la actual viceconsejera, Patricia Flores, también está imputada, así como el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; ambos, por un presunto delito contra la Hacienda Pública, fraude y malversación de caudales públicos. Se les acusa, según el auto publicado el pasado 31 de octubre, por no haber controlado la facturación intercentros, así como por haber concedido —presuntamente— una subvención encubierta por la amortización de obras.

El actual director general de Hospitales, imputado en la actualidad, trabajó ante en Adeslas, Capio y Ribera Salud 

El caso de Burgueño es otro de los más sonados de puerta giratoria. Aunque, en esta ocasión, funcionó al revés: del sector privado al cargo público. Burgueño fue director asistencial de la Adeslas entre 1990 y 2001 y colaboró en la creación del polémico modelo Alzira, inaugurado, en 1999, en la localidad valenciana del mismo nombre con el hospital de La Ribera (Ribera Salud). También trabajó para Capio en la traslación del modelo valenciano al hospital madrileño de Valdemoro. Además, su hijo —informa El País— continúa ligado a Ribera Salud, una de las compañías que, además de estar ya presente en la privatización madrileña, aspira a hacerse con la gestión de los hospitales del Sureste (Arganda) e Infanta Leonor (Vallecas).

De todos ellos, el único que dimitió de su cargo como consejero de Unilabs fue Güemes. La compañía —integrada en el grupo Capio— compró el 55% de la Unión Temporal de Empresas, a la que els citado exconsejero adjudicó el servicio público de análisis en seis hospitales de la comunidad. Justo los seis hospitales que ahora intenta privatizar —si la Justicia le deja— el actual titular de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty. Porque los tribunales madrileños han decretado la suspensión cautelar de la medida, que adjudicaba la gestión del Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Sureste y del Tajo a las empresas Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo. A día de hoy, el proceso está paralizado hasta que se resuelva la recusación del juez encargado del mismo, Francisco Gerardo Martínez Tristán, casado con una consejera del PP y recién elegido miembro del Consejo General del Poder Judicial .

Defensores de la "eficiencia" de lo privado

Mientras, ni la expresidenta Esperanza Aguirre ni su sucesor, Ignacio González, han abierto la boca al respecto. Aunque ambos defienden las privatizaciones que la primera impulsó y el segundo continuó. Prueba de ello fueron unas de las últimas declaraciones de Aguirre en televisión, donde defendió que "la empresa privada es más eficaz que la pública" y comparó la privatización sanitaria con la de los servicios de recogida de basura en plena huelga de los trabajadores de éstos últimos.

A su sucesor, González, todo le parecía "bien" cuando supo la dimisión de Güemes, a pesar de que había defendido su continuidad como asesor de Unilabs. Defendía entonces que "la ley de incompatibilidades en España es suficiente dura", igual que ahora defiende el sistema de "ahorro" propuesto por Lasquetty y que su Ejecutivo aprobó hace casi un año.

De igual manera se expresa con asiduidad quien también fue consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 1999 y 2003. José Ignacio Echániz, actual titular del ramo en Castilla-La Mancha y secretario de Sanidad del PP, apuesta siempre por "dar voz y voto" al sector privado en la reforma sanitaria que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Mato. Curiosamente, su hermana Teresa Echániz trabaja para Capio, aunque esta empresa aclaró aPúblico que el contrato se inició "después de que su hermano dejara de ser consejero de Aguirre y antes de que lo fuera de Cospedal".

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